Jueves, julio 27, 2017
ESTATALES

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CHILPANCINGO. El diputado Héctor Vicario Castrejón, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso local, advirtió que hay “intereses” para politizar la reforma a la Ley 701.

Sin precisar nombres, declaró que “hay quienes no se aguantan las ganas de sacar ventajas políticas de una ley”; sin embargo, dijo que el Poder Legislativo aprobará una ley para todos los guerrerenses.

“Lo que menos se requiere es que se politice. Se necesitan acuerdos, que estoy seguro que vamos a lograr, porque el gobernador Héctor Astudillo, las diputadas y diputados de este Congreso así lo hemos demostrado”, dijo.

El legislador priista respondió cuando se le preguntó sobre la propuesta de elevar a rango constitucional el reconocimiento del Sistema de Seguridad y Justicia Comunitario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).

Cabe recordar que la semana pasada, promotores de la CRAC se reunieron en privado con diputados de la bancada del PRI, a quienes hicieron esa propuesta, además de ampliar el catálogo de derechos indígenas.

Al respecto, Vicario Castrejón adelantó que en la reforma a la Constitución y en la Ley que habrá de sustituir a la 701, se establecerá lo que marca la norma en general, y “nada que esté por encima de la Ley Suprema”.

Pero consideró que se deben ir generando las condiciones para el desarrollo que las comunidades tengan a la par de la propia sociedad, sin obedecer a presiones sociales o políticas.

Explicó que la ley 701 está dirigida a las comunidades indígenas, y que en ese contexto ningún otro grupo puede ampararse en ella para armarse, esto en referencia a los grupos de autodefensa del FUSDEG y la UPOEG.

“Nadie puede aprovecharse, y menos los delincuentes, de esta ley, para crear grupos armados que operan al amparo de esta ordenanza”, sostuvo, y agregó que “no hay que confundir la ley que habrá de sustituir a la 701, que va dirigida a las comunidades indígenas, con otros temas de grupos que hoy pretenden ejercer la justicia en su propia mano”, agregó.

Informó que las comisiones de Justicia y de Asuntos Indígenas y Afromexicanos analizan las propuestas y buscan enriquecerlas, para que sus únicas limitantes de la nueva ley sean las financieras y las señaladas en la Constitución General.

“Lo que queremos, junto con el Ejecutivo del estado, es una ley actualizada, armonizada con las leyes generales, sobre todo una ley que propicie el desarrollo de las comunidades”, explicó.

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CHILPANCINGO. El diputado Ernesto Fidel González Pérez (PRD), presidente de la Comisión de Turismo en el Congreso local, pidió al gobierno estatal esclarecer cómo se han invertido los 90 millones de pesos que aprobó el Congreso para la promoción turística de Acapulco para este año.

También demandó al secretario de Fomento Turístico en el estado, Ernesto Rodríguez Escalona, que precise el costo de la campaña de promoción turística que pondrá en marcha para los principales destinos de Guerrero en esta temporada de verano.

Rodríguez Escalona informó el lunes en conferencia de prensa que por instrucciones del gobernador Héctor Astudillo Flores, iniciarán una “campaña intensiva de promoción turística” para Guerrero, tanto en radio y televisión con cobertura nacional.

Sin embargo, se reservó el costo de esa campaña al señalar que se está revisando los convenios del fideicomiso que tienen el propósito de promocionar los principales destinos de esta entidad.

Al respecto el legislador local del PRD consideró necesario que precise el “monto que se va a invertir en esa campaña” porque hasta el momento desconocen cuánto han gastado del fideicomiso de promoción turística.

Comentó que la Comisión de Turismo del Poder Legislativo desconoce los momentos y el impacto de la promoción turística que hasta ahora ha hecho la Sefotur, a nivel nacional e internacional.

Agregó que esa información ya la pidieron a Rodríguez Escalona por escrito, mediante exhortos parlamentarios y de manera verbal y que hasta el momento no se las ha proporcionado.

“No ha habido respuesta, hemos sido consecuentes con el secretario en apoyarlo, siempre contribuir en las acciones que realizan pero no es correcto que se oculte la información”, opinó el diputado del PRD.

González Pérez agregó que tampoco se ha elaborado ni aprobado el reglamento de la Ley de Turismo, pese a los exhortos que ha aprobado el Congreso al respecto.

“Hemos planteado también que se reactive el 50 por ciento de descuento en el peaje de la autopista del Sol por el socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca”, sostuvo, lo cual ha disminuido la presencia de turismo en Acapulco y otros destinos de esta entidad.

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CHILPANCINGO. El líder del grupo de autodefensa de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, dijo que el gobernador Héctor Astudillo Flores es “un tonto o no sabe lo que dice” y advirtió que mientras las autoridades de los tres niveles y el Ejército no garanticen la seguridad de la población, no van a dejar las armas.

El activista indígena consideró que los señalamientos del mandatario en el sentido de que las guardias comunitarias, entre ellas la UPOEG, están vinculadas con el narco, se trata de una estrategia para debilitarlos “porque vienen las elecciones de 2018”, indicó.

Por ello, anunció la conformación de un consejo estatal de autoridades comunitarias -similar al esquema que dirige a la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC)- para evitar el desarme anunciado por el gobierno y la desarticulación de su movimiento en el contexto del proceso electoral del próximo año.

Incluso, Plácido Valerio rompió un pacto que tenía con el gobernador Astudillo al afirmar que no entregará a ninguno de los miembros de la UPOEG, acusados por autoridades ministeriales de asesinar a siete personas, entre ellas dos niños y tres mujeres, el pasado 9 de junio en San Pedro Cacahuatepec, zona rural del puerto de Acapulco.

“Está suspendido el acuerdo, porque no soy chaquetero para entregar a ningún compañero, porque a mí no me gustaría que me entregaran. Sería un mal mensaje que yo mande de traición que golpea a todos ustedes”, indicó Plácido Valerio y remató:

“Los grandes capos se empezaron a traicionar unos a los otros y ahora como se han hecho pedazos, todos son jefes y todos están muriendo”.

Así lo dijo, durante una reunión de la UPOEG realizada ayer en Playa Tortuga del municipio de Marquelia, en la región de la Costa Chica.

En el lugar, acordaron que en septiembre próximo deberá estar conformado el Consejo Estatal de Autoridades Comunitarias del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), para confrontar la intención de desarme de las policías comunitarias que anunció Héctor Astudillo desde abril pasado.

En su discurso, el líder de la UPOEG dijo que su organización armada “afectó intereses muy fuertes” por asumir las funciones de seguridad en poblados de Acapulco, la Costa Chica, Centro y la Sierra de la entidad.

“Ya están chingando mucho de que Bruno y la narcoUPOEG, es sano que venga el Consejo porque nadie puede ser vitalicio en el poder”, expresó Plácido Valerio.

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CHILPANCINGO. El gobernador Héctor Astudillo Flores envió desde hace tres meses una iniciativa de decreto al Congreso local con el propósito de reformar la Constitución estatal para desarmar e impedir que las guardias comunitarias sigan desempeñando funciones de seguridad como prevenir, investigar y castigar delitos mediante esquemas internos de justicia popular.

De esta manera, el mandatario pretende inhabilitar no solo a los grupos de autodefensa que acusó de estar infiltrados por el narco, sino también a la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), que operan en la región de Costa Chica y la Montaña.

Así como contrarrestar el efecto expansivo de los grupos de autodefensa que fueron alentados, armados y equipados por el exgobernador Ángel Aguirre Rivero y actualmente siguen proliferando en las siete regiones ante el vacío de autoridad de esta entidad colapsada por la narcoviolencia, impunidad y corrupción gubernamental.

El argumento jurídico de la iniciativa de Astudillo para desarmar a las guardias comunitarias es señalar que las leyes locales que amparan a los grupos de autodefensa se contraponen con las disposiciones legales del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNP), que entró en vigencia el año pasado a nivel nacional, indica la última reforma del instrumento jurídico publicada en el Diario Oficial de la Federación en junio de 2016, refiere el documento oficial consultado porApro.

El documento refiere que el Ejecutivo decidió reformar la Constitución local, luego de que el 3 de marzo de 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió la recomendación 9/2016 por el caso de la detención de la líder del grupo de autodefensa de Olinalá, Nestora Salgado García, donde se comprobó que las autoridades estatales y federales violaron los derechos humanos de los guardias comunitarios de la misma forma como ellos (comunitarios) lo hicieron al retener de manera ilegal a presuntos delincuentes.

La iniciativa de Astudillo para el desarme de las policías comunitarias y los grupos de autodefensa fue remitida al Congreso en abril pasado y actualmente se mantiene congelada en la comisión de Asuntos Constitucionales, que encabeza el diputado local priista Cuauhtémoc Salado Romero.

El viernes 21, el gobernador Astudillo admitió públicamente que las guardias comunitarias que operan en las siete regiones de la entidad están infiltradas por el narco.

Ello, después de que el lunes 17 la agencia Apro dio a conocer un informe del gobierno federal donde se indica que algunos grupos de autodefensa son “paramilitares vinculados con el narco”, entre ellos señala a la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (UPOEG) –que opera en Acapulco y las regiones de Costa Chica, Centro y la Sierra–, La Tecampanera de Teloloapan, El Movimiento Adrián Castrejón de Apaxtla, Paz y Justicia de Chilapa, Movimiento por la Paz de San Miguel Totolapan, y las guardias comunitarias que tienen presencia en la franja minera del río Mezcala.

Al respecto, el mandatario reconoció que los grupos de autodefensa que operan en las regiones Centro, Acapulco, Costa Grande, Tierra Caliente, zona Norte y la Sierra “solo pelean territorios para imponer su hegemonía, no defienden a la población y lo que procede será enfrentarlos”, advirtió.

Por ello, dijo que los grupos de autodefensa vinculados con el narco no deben existir, y defendió la permanencia de las organizaciones armadas que se ajustan a la Ley estatal 701, sobre el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación, como en el caso de la CRAC-PC.

No obstante, la iniciativa de decreto que envió al Congreso pretende desarmar tanto a la CRAC-PC, así como al resto de los grupos de autodefensa.

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IRZA

CHILPANCINGO. El reconocimiento de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en la Constitución Política de Guerrero, no está garantizado.

Pese a que la iniciativa tiene el respaldo de los diputados del PRD y Movimiento Ciudadano, los legisladores de la bancada del PRI sólo ofrecieron analizarla sin comprometerse a votarla a favor.

Líderes de organizaciones sociales encabezados por los promotores de la CRAC, de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, se reunieron este jueves con diputados del PRI encabezados por su coordinadora Flor Añorve Ocampo.

En el encuentro demandaron que la figura de la CRAC-PC se reconozca en la Constitución mediante una reforma, en la cual también se amplíen los derechos de los pueblos indígenas.

Abel Bruno Arriaga, del Consejo de Comunidades Damnificadas de la región Montaña, sugirió que la CRAC-PC se debe reconocer constitucionalmente como una “institución que imparte y procura justicia”.

Indicó que el sistema comunitario de la CRAC ha reducido la incidencia delictiva en sus zonas de influencia a través de su propio mecanismo de impartición de justicia a los delincuentes, denominado “reeducación”.

Agregó que ese sistema está al margen de las llamadas “policías ciudadanas” o “grupos de autodefensa”, que sólo han confundido a la población porque “todas se dicen policías comunitarias, pero actúan de forma sospechosa, y no hay mejor forma de garantizar el sistema de seguridad comunitaria que reconociéndolo a nivel constitucional”.

Sabás Aburto Espinobarros, coordinador de consejeros y vocero de la CRAC, dijo que la UPOEG y el FUSDEG sólo han “empañado” el nombre del sistema comunitario, y consideró que están “planeados para que nos perjudiquen”.

En esta reunión, efectuada en la sala “José Francisco Ruiz Massieu” de la sede del Congreso local, también pidieron a los diputados del PRI ampliar los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas en la Constitución, sobre todo los básicos, como alimentación, salud y vivienda.

Pero también en materia de derechos político-electorales, en los cuales cada comunidad o municipalidad pueda nombrar a sus autoridades y diputados en asambleas comunitarias, incluso con la figura de la revocación de mandato y la creación de nuevos municipios.

En respuesta, los diputados del PRI sólo se comprometieron a analizar la propuesta, la cual se encuentra en comisiones.

La legisladora Flor Añorve Ocampo dijo que impulsarán una ley moderna y de avanzada de acuerdo a los tiempos que vive el estado, pero nada más.

Sin embargo, informaron que el dictamen sobre la citada reforma será turnado al pleno hasta después de que se instale el tercero y último año de ejercicio de la actual Legislatura local, el próximo 13 de septiembre en sesión pública y solemne, por la declaratoria de los “Sentimientos de la Nación”.

Aburto Espinobarros y Bruno Arriaga informaron que en ese lapso buscarán el acompañamiento de otros frentes de lucha, que realizarán foros de información para dar a conocer su propuesta a la población y movilizaciones pacíficas en esta capital, para pedir que se hagan valer sus propuestas, las cuales, dijeron, surgieron de las asambleas comunitarias que realizaron a principios de este año.

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CHILPANCINGO. A casi tres años de abandono, el 80 por ciento del mobiliario y equipo de oficina del ex Instituto de Educación Básica y Normal (Ineban) se encuentra en deplorables condiciones.

Jorge Antonio Cisneros Salinas, integrante de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) en la zona Centro, confirmó que escritorios, sillas, sillones, computadoras e impresoras, entre otros, se encuentran destruidos gracias a que la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG) tiene en el olvido a ese edificio.

Precisó que la pérdida económica es millonaria, incalculable, y agregó que lo que está en buenas condiciones lo están trasladando a las oficinas alternas de la SEG.

Cisneros Salinas refirió que la Secretaría de Protección Civil  (SPC) del estado y  expertos en temblores determinaron que dicho inmueble “no es apto” para que se siga utilizando como oficinas, debido a que sus estructuras se encuentran seriamente afectadas.

Sin embargo, dijo que la SEG ha evadido la reconstrucción del edificio y prefiere rentar oficinas alternas para las distintas dependencias del sector educativo, gastando sumas millonarias.

Reveló que se están gastando aproximadamente 60 millones de pesos mensuales por concepto de renta de al menos 50 propiedades, lo que contradice la versión de la SEG, en el sentido de que no hay dinero para reconstruir el ex Ineban.

Jorge Antonio Cisneros Salinas, profesor cetegista, explicó que tienen cerca de tres años planteando la reconstrucción del edificio, luego de que la CETEG entregó esas oficinas a la Secretaría de Educación Guerrero, que mantuvieron tomadas por muchos meses tras los acontecimientos de Iguala en 2014.

“Hemos dicho en repetidas ocasiones que no lo tenemos tomado, estamos aquí porque es punto de concentración, queremos defender nuestro centro de trabajo, los poco más de dos mil trabajadores estamos trabajando, pero en sedes alternas”, aclaró.

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CHILPANCINGO. Por falta de “voluntad política y compromiso moral”, los alcaldes siguen incumpliendo con la Ley de Transparencia en Guerrero, principalmente los de la región Montaña.

Roberto Rodríguez Saldaña, comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Itaigro), dijo que los ediles siguen renuentes a entregar la información pública que les solicitan.

Citó los casos de las autoridades de Mártir de Cuilapan (Apango), Cocula, y Cutzamala de Pinzón, a quienes se les iniciarán sanciones administrativas y económicas si no liberan la información solicitada.

En entrevista, también comentó que la mayoría de los ayuntamientos no han cumplido con el diseño, construcción y publicación de sus portales oficiales de internet, en los cuales deben mantener su información pública.

Rodríguez Saldaña informó que el plazo para eso venció el pasado 4 de mayo y que a partir de ahora iniciarán un proceso de verificación para determinar cuántos y cuáles incumplieron con ese mandato, quienes tendrán hasta enero del próximo año para subsanar cualquier observación.

“La Ley de Transparencia nos obliga a estar más pendientes de cada una de las obligaciones que tienen ellos en cuanto al cumplimiento de tener la información disponible”, comentó.

Explicó que los alcaldes, principalmente de la región Montaña, pretextan la falta de internet para la publicación de sus portales de internet; sin embargo, dijo que hay alternativas para que cumplan con ese mandato.

Uno de ellos, agregó, es que en Chilpancingo utilicen sus oficinas alternas para alimentar sus portales de internet conforme avancen sus mandatos y acciones de gobierno.

Pero también a través de un periódico mural los ayuntamientos puedan informar a los ciudadanos sobre las acciones que realizan, sobre todo en materia de obra pública y del ejercicio financiero.

“Ellos deben buscar la forma de transparentar su información. El hecho de no tener internet no significa que no pueden tener su página web, pueden crearla desde acá (en Chilpancingo), y en el caso del Ayuntamiento pueden establecer un periódico mural en donde puedan estar difundiendo cada una de las obras que están realizando”, sostuvo.

De acuerdo con el también académico de la Universidad Autónoma de Guerrero, tienen el reto de que a partir del 2018 todos los ayuntamientos cumplan con sus portales de internet y con la información pública disponible en ello, además de cumplir con su área física de transparencia, para que éste determine la clasificación de la información que puede ser pública, reservada o confidencial.

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CHILPANCINGO. La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Coddehum), consideró que desde hace al menos una década los penales de la entidad se han poblado más por delincuentes del orden federal, que del orden común.

Ramón Navarrete Magdaleno, presidente de ese organismo autónomo, dijo que eso dificulta la tarea real que tienen encomendados los sistemas penitenciarios de entregar a la sociedad a personas con capacitación para el trabajo, con una mentalidad distinta a la que tenían cuando entraron a reclusión, es decir, rehabilitadas.

“Se trataría de gente productiva  que se incorpore a las tareas de la sociedad, como la cultura y la política, entre otras,  o todo lo que una persona puede hacer en la sociedad y por la sociedad”, dijo.

Insistió en que tienen identificado que a partir de hace más de una década los penales  del estado “empezaron a poblarse por delincuentes del orden federal”, a partir de la oleada de la delincuencia organizada.

Dijo que durante el combate a la delincuencia los penales se fueron llenando de sentenciados del orden federal, lo que complica porque “no tenemos en el estado un penal de carácter federal”.

Dijo que en los penales de Guerrero están recluido criminales de alta peligrosidad y que las cárceles no cuentan con las condiciones de seguridad para contener a delincuentes que están las 24 horas del día pensando en cómo van evadir la acción de la justicia”, señaló.

Navarrete Magdaleno señaló que esto es un problema complejo que se reproduce en Guerrero, que no es propio del estado, pero que se está generando sobre todo en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Acapulco, que es donde está el mayor número de internos del orden federal.

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CHILPANCINGO. La dirigencia del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que militantes de diversos municipios de la entidad celebran la posible construcción del Frente Amplio Democrático (FAD), que anunció su dirigente nacional Ricardo Anaya, para dar respuesta a los guerrerenses a través de un gobierno de coalición.

Marco Antonio Maganda Villalva dijo en conferencia de prensa que si se concreta la coalición no sólo será con partidos políticos, sino que también se convocará a la sociedad civil y a los distintos liderazgos de organizaciones sociales y civiles en la entidad, para enfocarse a resolver las necesidades de los guerrerenses, principalmente en materia de seguridad.

Dijo que crearán una Comisión encargada de realizar un estudio para conocer si existen condiciones de sumarse al Frente Amplio Democrático, aquí en Guerrero, que anunció su dirigente nacional o puedan ir en candidaturas comunes en algunos de los municipios de la entidad.

Señaló que también conformarán otra comisión de adhesiones para buscar a los liderazgos y a todos aquellos que quieran sumarse al blanquiazul en Guerrero, con miras a buscar una candidatura para los comicios del 2018.

Maganda Villalva reconoció que en las elecciones pasadas en Guerrero, no alcanzaron ni siquiera el 10 por ciento de la votación que habían obtenido en otros periodos electorales, motivo por el que ahora se someterán a las designaciones de la Comisión Permanente Nacional.

Pero señaló que como Comisión Permanente Estatal tratarán de buscar a las y los mejores personajes que tengan arraigo entre la población y representación popular, para lograr el triunfo en las alcaldías, diputaciones locales, federales y senadurías en los comicios del 2018 en Guerrero.

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CHILPANCINGO. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, advirtió este martes aquí que grupos de la delincuencia organizada “azuzan” a las comunidades guerrerenses para que no permitan el ingreso de las fuerzas policiacas de los tres niveles de gobierno a sus territorios a combatir la violencia.

“Si piden la salida de un grupo institucional de seguridad, es porque seguramente creen que se les abrirá la puerta para hacer sus fechorías y actuar al margen de la ley, y eso no lo podemos permitir”, afirmó.

Acompañado por la secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, y el gobernador Héctor Astudillo Flores, aseguró que en todo el estado hay presencia de las fuerzas federales para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Osorio Chong y Robles Berlanga encabezaron al norte de esta capital un encuentro con beneficiarios del programa “Un Cuarto Más” y pusieron en marcha la estrategia “Pintura en Fachadas”, en beneficio de los vecinos de la colonia Tatagildo.

En conferencia de prensa, al término del evento oficial efectuado en la cancha de futbol de la colonia Capellanía, Osorio insistió en su rechazó al surgimiento y operación de policías ciudadanas o grupos de autodefensa.

Dijo que la protestad de la seguridad recae exclusivamente en las fuerzas policiacas de los tres niveles de gobierno y que “bajo ninguna razón” se permitirá que la sociedad tome las armas, porque se caería en la “anarquía, a la que algunos quisieran que llegáramos”.

Informó que recientemente han estado dialogando con esos grupos que operan principalmente en la región Centro,  y aseguró que lo seguirán haciendo para mantener la tranquilidad de los ciudadanos.

Sobre la riña en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Las Cruces, en Acapulco, con saldo oficial de 28 internos asesinados, indicó que se está investigando, pero aseguró que informarán con “claridad” qué sucedió.

Mencionó que trabajan coordinadamente con los gobiernos estatales para que los recursos que se destinan al sistema penitenciario se apliquen correctamente, en el ánimo de evitar hechos como ese.

“Cada penal es complejo, pero tenemos que trabajar más en el tema de corrupción dentro de los penales; cómo (los internos) van haciéndose de las autoridades y después actuando en autogobiernos y riñas que tampoco podemos permitir”, dijo.

El gobierno federal no va a abandonar a Guerrero
Respecto a la incidencia delictiva en Guerrero, particularmente en Chilpancingo, cuya ciudad fue declarada como la tercera más violenta del país, de acuerdo con el INEGI, Osorio afirmó: “No vamos a abandonar ni a dejar solo ni a Chilpancingo ni a Guerrero, por convicción y por instrucción del presidente Enrique Peña Nieto”.

Agregó que los programas que hoy pusieron en marcha están orientados a reforzar las estrategias de seguridad, porque consideró que la violencia e inseguridad no sólo se resolverá con más policías y armas, sino que en esas acciones se requiere también la participación activa de la sociedad.

“Chilpancingo está dentro de esta estrategia y seguiremos trabajando para resolver esta inseguridad con las instancias federales, pero no sólo se trata de pensar en más cuerpos de seguridad para resolverla, sino aplicar cada factor.

“Sí hay contundencia en nuestras acciones de seguridad respecto a ir por los delincuentes, pero sobre todo también reforzar la prevención, y son los (rubros) que hemos abordado en este evento”, indicó.

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