Domingo, noviembre 18, 2018
Estrictamente Personal

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La bomba de Zambada

Raymundo Riva Palacio

El testimonio de Luis Zambada, El Rey, en el segundo día del juicio en contra de Joaquín El Chapo Guzmán, está lleno de cargas nucleares. Como testigo de la Fiscalía contra quien fue su socio durante lustros, reconoció en la Corte Federal de Brooklyn cómo controló durante casi toda la primera década de este siglo, el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México, mediante el pago de sobornos a funcionarios de la PGR y de la Policía de Caminos. No lo reveló Zambada, hermano del líder del Cártel del Pacífico, Ismael El Mayo Zambada, pero su testimonio, si se quiere llegar al fondo de lo que dijo, podría llegar a tocar a los ex procuradores Eduardo Medina Mora, actualmente ministro de la Suprema Corte de Justicia, y a Marisela Morales, que recientemente presentó su renuncia como cónsul en Milán.

Para entender la raíz de estos vínculos hay que remontarse al 22 de octubre de 2008, cuando en un operativo en Lindavista, agentes de la Policía Federal detuvieron a El Rey Zambada, junto con su hijo y 15 miembros del cártel. Los agentes seguían su pista como el jefe de plaza, que había puesto precio a la cabeza de varios de los comandantes de la Policía Federal. Asesinos de bandas contratados por el Cártel del Pacífico mataron en mayo de ese año a Roberto Velasco, director de Investigaciones Criminales de la Secretaría de Seguridad Pública, que llevaba años tras la pista de El Chapo Guzmán. Ese mismo mes ejecutaron a Édgar Millán, coordinador de Inteligencia y Operativos contra el Crimen Organizado de la misma dependencia. En la lista funcionarios sentenciados se encontraban Luis Cárdenas, coordinador de Inteligencia de la Policía Federal, y Gerardo Garay, quien remplazó a Millán.

Garay le ganó la carrera a Zambada, y encabezó el operativo que lo detuvo. Las intercepciones de su teléfono mostraron que El Rey pidió, en el momento del enfrentamiento con los federales. que lo rescatara Édgar Bayardo, un mando medio en la Policía Federal que recibía 25 mil dólares mensuales del Cártel del Pacífico por protección. Bayardo no pudo hacer nada porque Garay y su equipo actuaron con mayor velocidad e impidieron que intercediera por Zambada. Una semana después, Bayardo fue detenido por su presunta vinculación con la organización criminal.

Bayardo se convirtió en testigo protegido de la PGR y le reportaba directamente a Medina Mora. El entonces procurador y Morales, quien en ese entonces era subprocuradora para Investigaciones Especiales contra la Delincuencia Organizada, utilizaron a Bayardo para que declara contra Garay y lo inculpara de estar ligado a El Rey Zambada. La PGR lo detuvo por esa declaración en diciembre de ese año, hasta que cuatro años después, un juez lo exoneró por falta de pruebas. Bayardo corrió con diferente suerte. El 1 de diciembre de 2009, todavía como testigo protegido bajo el manto de Medina Mora, fue asesinado en un Starbucks en la colonia del Valle. Un mes antes, había aparecido muerto –dijeron que fue suicidio-, el hijo de El Rey Zambada.

Eran ajustes de cuentas contra Zambada, que formaba parte de algo más grande, la implosión en el Cártel del Pacífico, que comenzó cuando los hermanos Arturo y Héctor Beltrán Leyva, que trabajaban para El Rey Zambada, rompieron con él y con el resto de los líderes criminales, incluido Guzmán, a quienes acusaron de haber delatado a su hermano Alfredo, El Mochomo, detenido en Hermosillo en enero de 2008. Los Beltrán Leyva arrebataron al Cártel del Pacífico el control del

aeropuerto y todo el lucrativo corredor del trasiego de drogas sintéticas y cocaína que cruzaba Morelos y Guerrero. Aquella guerra tuvo su pico en mayo de ese año, cuando en un solo fin de semana hubo más de 60 asesinatos de miembros y familiares del Cártel del Pacífico, adjudicados a los Beltrán Leyva.

Esa escisión redefinió los territorios y las batallas de las organizaciones criminales en México, y tras la captura de Zambada, los Beltrán Leyva, que tenían alto poder de fuego, se quedaron con la plaza. De ellos nacieron Guerreros Unidos y Los Rojos, y el fortalecimiento de Los Zetas, sus enemigos históricos con quienes se aliaron para enfrentar al Cártel del Pacífico. El Chapo nunca rompió con El Mayo Zambada, quien lo protegió y financió durante muchos de sus años en fuga, pero su hermano y sus sobrinos son ahora testigos de los fiscales en Estados Unidos.

La implosión en el Cártel del Pacífico alteró también las redes de protección institucional que recibía a nivel federal y estatal. Dentro de la cadena de detenidos a finales de 2008, tras la captura de El Rey Zambada, estuvo Javier Herrera Valles, ex comisionado de la Policía Federal, que había salido de la Policía de Caminos. Herrera Valles fue acusado de trabajar para El Mochomo Beltrán Leyva, y lo encarcelaron durante tres años, hasta que también fue puesto en libertad por falta de pruebas por parte de la PGR. Herrera Valles reapareció públicamente como secretario de Seguridad Pública de Nayarit en 2017, pero duró escaso un año en el cargo. Desde entonces, no se sabe nada de él.

El testimonio de El Rey Zambada abarca una década fundamental en la historia de los cárteles mexicanos. Fueron los años de la consolidación del Cártel del Pacífico, que reclutó a funcionarios en todos los niveles, inclusive en la Presidencia de la República bajo el mandato de Vicente Fox, y su expansión en ese sexenio que llevó a que a finales de 2006, el presidente Felipe Calderón iniciara la guerra contra las drogas. Esta historia probablemente terminará de escribirse en Brooklyn.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

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El juicio a El Chapo

Raymundo Riva Palacio

El juicio de Joaquín El Chapo Guzmán arrancó en la Corte Federal de Brooklyn de forma estridente. Jeffrey Lichtman, su abogado defensor, reconoció que su cliente sí era narcotraficante –siempre dijo en México que era agricultor- pero de baja ralea, bajo las órdenes de Ismael El Mayo Zambada, quien paga sobornos a dos presidentes mexicanos, a jefes militares y policiales y a agentes de la DEA, para que no sea capturado, mientras que el fiscal Adam Fels sacó de la nada una revelación extraordinaria: el asesinato del cardenal Juan José Posadas Ocampo en Guadalajara en 1993, fue cometido por el gobierno de Carlos Salinas. En la presentación de sus argumentos iniciales, quedó claro que en el banquillo de los acusados también están los gobiernos de México.

El escándalo en México está reducido a posiciones políticas, donde el discurso y la retórica a favor y en contra de las viejas imputaciones de vinculación de los cárteles de la droga con los gobiernos mexicanos, se han desgastado. Pero las imputaciones que mostraron las declaraciones de los abogados en Brooklyn, donde se anticipa la presentación de más de 300 mil documentos de evidencias, cientos de grabaciones telefónicas, y testigos protegidos, que aportarán los fiscales –simultáneamente al de Brooklyn participan de Miami y del Departamento de Justicia- y la defensa de El Chapo, abrirán una puerta muy grande en la relación del crimen organizado con funcionarios mexicanos a lo largo de los años y deberá obligar al próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, a investigarlos para determinar si hay sustento o no en las acusaciones.

No es solamente la defensa del narcotraficante sinaloense la que abrirá esa Caja de Pandora en tribunales donde no tiene influencia ni capacidad para obstruir el gobierno federal, sino que los fiscales, en una Corte abierta, ventilarán las miserias institucionales de México. El juicio de Guzmán no es el final de una carrera criminal, sino el principio que por años hemos esperado muchos mexicanos para saber el grado de protección que tuvo del gobierno. En febrero de 2014, días después de la segunda captura de El Chapo, escribí en El País de Madrid:

El Chapo Guzmán logró evadir a policías y militares en buena parte gracias a las luchas entre los funcionarios durante los gobiernos panistas. En el Gobierno de Vicente Fox, en al menos tres ocasiones agentes federales estuvieron a horas de capturarlo, pero en dos ocasiones las indiscreciones de funcionarios ayudaron a que se escapara, y en otra, la falta de una autorización para que se procediera a detenerlo, le permitió huir. En el de Felipe Calderón, los conflictos intramuros que tenían como su arena pública la prensa, impidieron el objetivo. En una ocasión, cuando se seguía una pista muy segura y se había detenido a quien conocía su bitácora, dentro del mismo gobierno se boicoteó la búsqueda cuando revelaron a la prensa en qué andaban los agentes federales”.

En el arranque de la guerra contra las drogas del gobierno de Calderón, los operativos federales realizados en la frontera norte tenían un patrón extraño que nunca fue aclarado. Las fuerzas de seguridad, sin importar si la incidencia delictiva era relevante o no, operaban contra el cártel que predominaba en la región, como el de Tijuana o el de Juárez, y los neutralizaba. Como consecuencia sistemática de esa acción, la facción de Guzmán del Cártel del Pacífico -o Sinaloa-, pasaba a ocupar y dominar la plaza. Cuando llegó Peña Nieto al gobierno, hubo cambios importantes en el penal del Altiplano, en Almoloya, donde estaba recluido Guzmán.

La Comisión Nacional de Seguridad, que para entonces ya había sido absorbida por la Secretaría de Gobernación, logró que se retirara el Ejército de la vigilancia y seguridad perimetral de la cárcel de máxima seguridad, sustituyéndola por el CISEN, que instaló un equipo de monitoreo permanente dentro del penal, con réplicas en el cuartel general del servicio de inteligencia civil, y uno en la oficina del entonces secretario Miguel Ángel Osorio Chong. En paralelo, se cancelaron los protocolos de seguridad en el penal, se dejó de dar mantenimiento a los seis diferentes tipos de sensores subterráneos, se relajaron las restricciones para las visitas al penal, y se rechazaron todas las peticiones de las autoridades carcelarias para que lo cambiaran de celda o de penal. El Chapo no se escapó antes de esa cárcel, porque no fue detenido antes.

Tras su fuga y recaptura, la organización criminal ascendente fue el Cártel Jalisco Nueva Generación, que se expandió y fortaleció al mismo tiempo, pero con diferente potencia, que Los Zetas, Los Caballeros Templarios y el propio Cártel de Sinaloa, gracias a ocho meses de gracia que les dio el gobierno de Peña Nieto de no combatirlos. Le llamaron estrategia, pero la consecuencia fue que la organización que se surgió de forma autónoma de la facción que controlaba El Chapo Guzmán.

El Cártel Jalisco Nueva Generación se convirtió en una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo durante el sexenio de Peña Nieto, y aunque en los últimos meses han buscado capturar a sus líderes, los esfuerzos han sido inútiles. La vez que estuvo más cerca el Ejército de capturar a su jefe, Nemesio Oseguera, El Mencho, fue el 1 de mayo de 2015, cuando se realizó un operativo en Jalisco, que también fracasó porque policías federales en Guadalajara le advirtieron que iban por él.

La relación de altos funcionarios de diversos gobiernos con el crimen organizado ha emergido de manera fragmentada y particular. Nunca como un fenómeno sistémico. El juicio de El Chapo nos permitirá asomarnos a esa realidad mexicana que, como afirmó Lichtman, “pondrá los pelos de punta”.

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¿Adiós derechos humanos?

Raymundo Riva Palacio

El Mando Especial que quiere el presidente Andrés Manuel López Obrador para enfrentar la delincuencia en todo el país, encuentra en la Ley de Seguridad Interna que está discutiendo la Suprema Corte de Justicia, su marco de referencia, con la legalización de soldados y marinos en las tareas de seguridad pública y militares coordinando a toda la autoridad civil. El único problema es que desde el ángulo de los defensores de derechos humanos, viola los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 30 y 31 de la Constitución. Es decir, 20 artículos constitucionales.

El Mando Especial, forma parte de la estrategia de seguridad pública que se espera anuncie este miércoles López Obrador, le otorga a los militares autoridad sobre los cuerpos de seguridad civiles, y le asigna tareas que corresponden únicamente al ministerio público. La Ley fue publicada por el presidente Enrique Peña Nieto en el Diario Oficial el 21 de diciembre de 2017, para regular y blindar a las Fuerzas Armadas para que puedan actuar como policías, pero decidió no aplicarla hasta que se pronunciara la Suprema Corte de Justicia. La Ley provocó impugnaciones sobre su legalidad. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar, dijo el lunes, al iniciar el debate, que las impugnaciones se revolverán mirando siempre por la cabal vigencia de los derechos humanos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una de las seis entidades que la impugnaron, señala que los artículos objetados pueden vulnerar los derechos a la seguridad jurídica, al acceso a la información pública y principio de máxima publicidad, a la protección de datos personales, a la consulta previa de las comunidades indígenas, la libertad de expresión, la libertad de asociación, el principio de inmediatez en la puesta de disposición, el principio de la legalidad, el principio pro persona y el principio de progresividad. “Las Fuerzas Armadas no pueden, por sí mismas, intervenir en asuntos de la competencia de autoridades civiles, aunado a que resulta imprescindible la solicitud por parte de las propias autoridades civiles para su participación”, señala.

“La Ley que ahora se impugna contempla la participación de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la diferencia radica en que la Ley de Seguridad Interior habilita a las Fuerzas Armadas para que puedan actuar por sí; es decir, sin mediar petición de apoyo por parte de la autoridad civil, aunado a que la autoridad que dirigirá y coordinará las acciones que permitan la permanencia y la continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional, será un comandante de las Fuerzas Armadas designado por el presidente de la República, subordinando a las autoridades civiles bajo la coordinación de la autoridad militar designada”.

En este espacio se publicó ayer que el modelo que desea el presidente López Obrador implementar en 265 regiones de alta incidencia delictiva en el país, es la creación de unidades de 300 a 600 elementos cada una, donde los policías federales, los estatales y en aquellos casos donde haya confianza, los municipales, además de la policía de investigación criminal y los ministerios públicos federales y locales, estarán bajo la coordinación de un militar, quien dirá qué investigar, a quién investigar, cuándo, cómo y de qué forma se arma el caso y se presenta ante el juez que determine, lo que contraviene la Constitución, además, en tres de sus artículos. De alguna manera, arrastra López Obrador lo que construyó el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, como una opción a su fallida estrategia de seguridad pública.

Desde diciembre de 2016, se advirtió en este espacio lo siguiente: “Si existe una debilidad institucional y las policías estatales y municipales son los eslabones mas vulnerables de la seguridad pública, es porque quienes ahora buscan apresurar la Ley de Seguridad Interna, son quienes, en función de sus necesidades políticas de corto plazo, sacrificaron la profesionalización de las policías. Se puede argumentar que intentan cubrir sus errores y deficiencias con otro error aun mayor y sin punto de retorno.

“La discusión encabezada por el gobierno y el PRI para que se dictamine la Ley de Seguridad Interna, también es hipócrita. Frenar la profesionalización de las policías alargó el tiempo de los militares en las calles. A esa negligencia que permitió actividades criminales, ahora quieren sumar la atrocidad de militarizar el país. Una vez mas hay que insistir. La solución al problema no es la Ley de Seguridad Interna, sino un nuevo modelo policial en el país que profesionalice esos cuerpos. Ya han sido suficientemente irresponsables –por las consecuencias humanas, sociales y políticos causados-, para que vuelvan a caer en el mismo error. La simulación sólo ahonda los problemas, y eleva costos y tiempos para su solución”.

Los asesores de López Obrador en el campo de la seguridad pública, quieren llevar al presidente electo por el mismo camino del error que Peña Nieto. López Obrador ha comprado la idea y quiere profundizarla violentando la Constitución o cambiándola, como le dijo al secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, cuando le señaló que su plan estaba fuera del marco de la ley. Si Peña Nieto estuvo mal, lo que quiere el presidente electo es todavía peor. La subordinación del poder civil al militar, mediante el Mando Especial no es una ocurrencia. Es una estrategia de la que se va a arrepentir ante la censura y condena de quienes defienden los derechos humanos en México y el mundo.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

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 “Cambiemos la Constitución”

Raymundo Riva Palacio

Si la ley se atraviesa en su camino, el próximo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está dispuesto a cambiarla. Por ejemplo, en materia de seguridad pública, donde López Obrador inspiró su estrategia en el modelo que se aplicó en la Comarca Lagunera en 2014, donde se creó un Mando Especial para atender las necesidades en esa región metropolitana compartida por Coahuila y Durango. Esa estrategia remplazó al Modelo Coahuila, que inició el gobernador Humberto Moreira, donde toda la seguridad pública quedó al mano de 16 jefes militares, la mayoría generales en retiro, apoyados por más de 190 militares que, recuerda Javier Garza, quien dirigió El Siglo de Torreón en los años calientes, “fue un fracaso”.

“El Mando Especial es lo que más se acerca al concepto que quiere la Ley de Seguridad Interior, pero tiene su misión bien acotada y definida, ajustada a una realidad local”, agrega Garza. Tras el desastre del Modelo Coahuila, el Mando Especial llevó a un brigadier general al frente de la coordinación de las policías estatales en la región metropolitana que abarca a dos estados, y ha dado buenos resultados. López Obrador quiere llevarla mucho más allá, en términos legales, en las 265 regiones de alta incidencia delictiva en el país, donde quiere colocar a un militar al frente de todas las instituciones de procuración y administración de justicia, con lo cual ampliaría el control militar sobre la seguridad pública y todas las instituciones vinculadas a ella, como nunca ha existido en tiempos de paz en México.

López Obrador pretende que un mando militar coordine no sólo a las policías federal, estatal y en donde haya confianza, también la municipal, sino también las investigaciones y subordine a la Policía Ministerial y al ministerio público federal y local. El modelo de control militar sobre todo lo que tiene que ver con la seguridad pública fue expuesto por el presidente electo en una reunión con el secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, al detallarle los planes que tenía. El general Cienfuegos le dijo que eso no podría realizarse porque violaría la Constitución, pero el presidente electo respondió “cambiemos la Constitución”.

La forma tan determinante como la planteó López Obrador, apoyado en un Congreso a modo, le daría la vuelta a la violación de varios artículos constitucionales. El 21, que establece: “La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público”. El 16, que señala: “No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito”. Y el 129: “En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.

La idea de López Obrador es que mediante esas 265 células de 300 elementos mínimo cada una, aunque en la mitad de ellas, por la alta presencia delictiva, la integrarán 600 se abata la delincuencia. “Serán fuerzas de tarea rápidas para atacar inmediatamente la delincuencia”, confió uno de los arquitectos del modelo. “Con esto bajaremos rápidamente la incidencia delictiva”. Se desconoce si la demora en presentar la estrategia de seguridad esté relacionada con la conciliación del plan con la Constitución, que no sólo levantó los ojos del secretario de la Defensa, sino provocó oposición dentro del próximo gabinete del presidente López Obrador. Las voces discordantes fueron las de la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ex ministra de la Suprema Corte de Justicia, que observó la violaciones constitucionales, y el próximo subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien alertó los riesgos que conlleva esa instrumentación en su campo.

Subordinar todas las instancias del Estado Mexicano al Ejército, abre la puerta del infierno en materia de derechos humanos y contraviene el artículo 1 de la Constitución, que señala: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.

Dentro de todo el aparato político en torno de López Obrador, Encinas es quien más crítico ha sido de la participación del Ejército en la seguridad pública, con críticas muy fuertes a su actuación en Tlatlaya y Ayotzinapa. El 25 de agosto, en una entrevista con Proceso, Encinas afirmó que a partir del próximo 1 de diciembre habrá un “cambio de paradigma en la relación de las Fuerzas Armadas en el país”, con el propósito de “acabar con la impunidad de las tropas que hayan cometido abusos contra la población”. El plan, como lo concibe López Obrador, eliminará la existencia de los abusos, cuando los hubiera, al ser el mando militar el que determinaría qué se investiga, cómo se investiga, quién investiga, cuándo y contra quién.

Este es el mundo de las dictaduras, no de las democracias. Se entiende la urgencia para combatir la criminalidad, y la necesidad del presidente López Obrador de cumplir con su promesa de acabar con la violencia en 36 meses. La declaración fácil y superficial que introduce presión a su palabra política, no debe estar por encima de las posibilidades reales y objetivas para lograr ese propósito. Es un error lo que quiere hacer, del cuál él se arrepentirá por las consecuencias que provocará.

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Los arrebatos de Riobóo

Raymundo Riva Palacio

José María Riobóo es un ingeniero con una experiencia amplia. Cuarenta y siete años de historia profesional, incluyen su participación en obras como las línea 9 y B del Metro y la cimentación de los segundos pisos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México. Es un profesional altamente reconocido, que formó parte del Comité de Seguridad Estructural después del terremoto de 1985. Riobóo ha sido desde hace más de una década el principal asesor del hoy presidente electo en temas de construcción, pero su nombre no es reconocido por el público en general como un respetado ingeniero en estructuras, sino como el hombre detrás de la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco y el resplandor de Santa Lucía como la futura terminal. En este campo, a menos que sepa algo que el mundo desconoce, está allanando el camino al mayor ridículo y costo que pueda tener López Obrador en el próximo futuro.

La semana pasada acompañó a López Obrador a recorrer la Base Militar de Santa Lucía, donde el presidente electo grabó un mensaje repitiendo los argumentos de su asesor a favor de esa instalación, y aplastando de nueva cuenta el proyecto de Texcoco, que será cancelado una vez que asuma legalmente el poder. Fueron días de gloria pública para Riobóo, quien en las vísperas concedió una entrevista a la prensa al salir de la casa de la transición, sin desperdicio alguno y que, si las cosas no salen como él las pronostica, el espejo de su vergüenza eterna y una daga en la credibilidad y confiabilidad de López Obrador serán sus compañeras de vida.

Riobóo dijo en esa entrevista que Mitre “dice lo que quiere, (y) no hace falta”. El ingeniero se refería a la Corporación Mitre, que se fundó en 1958 como una empresa privada que desde su nacimiento estuvo vinculada con el Pentágono. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes la contrató para el análisis y rediseño del espacio aéreo en lo que iba a ser el aeropuerto en Texcoco y concluyó que la operación simultánea del actual aeropuerto “Benito Juárez” y Santa Lucía, no era viable.

El resumen del reporte entregado se lo presentó Mitre el 17 de agosto pasado a López Obrador, a Riobóo, al futuro jefe de Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, a los siguientes secretarios de Comunicaciones y de Hacienda, Javier Jiménez Espriú y Carlos Urzúa, y a quien designó el presidente electo como el responsable de la obra en Santa Lucía, Sergio Samaniego. Nunca le gustó el resultado a Riobóo.

–Para usted, ¿Mitre no es confiable?, preguntó la prensa.

–Para mí, no, respondió.

–¿Ustedes no tendrán que ver nada con Mitre?, replicó la prensa.

–Todo lo contrario, contestó. Mitre se debe a sus antiguos patrones.

Riobóo probablemente pensaba que los “patrones” son el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, pero se equivoca. El estudio de Mitre, que sí contrató el gobierno, lo realizó su Centro para el Desarrollo de Sistemas Avanzados de Aviación, que es financiado por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), que se encarga de la regulación aeronáutica de ese país y que trabaja conjunta y estrechamente con la Organización de Aviación Civil Internacional, que reglamente la navegación aérea en el mundo. Mitre sigue siendo una empresa privada sin fines de lucro, y sus patrones actuales, si se define por “patrones” a quienes financian sus estudios, son el Departamento de Transporte de Estados Unidos, del que depende la FAA, el de Seguridad Interna y el Pentágono.

La descalificación de Riobóo ha ido de la mano de la de Jiménez Espriú, quien dos días después de la consulta sobre la cual López Obrador apoyó su anuncio de cancelación de Texcoco, afirmó: “Santa Lucía no necesita más estudios para su realización. Está confirmado que Santa Lucía y el aeropuerto ‘Benito Juárez’ funcionan. Lo que se tiene que hacer es la construcción del sistema aéreo para que se definan las rutas. Son cosas de detalle”. El Centro les había informado semanas antes lo contrario.

“Debido a la significativamente capacidad limitada de los procedimientos y la interferencia entre el flujo de tráfico de y para el AICM (el actual aeropuerto) y SL (la base militar)… el plan resultaría en la creación de un aeropuerto y un sistema aeroespacial severamente congestionado y complicado, que causaría retrasos y problemas de operaciones que impediría satisfacer la demanda de aviación a largo plazo en la Ciudad de México”, afirmó el reporte. Es decir, podrían existir los dos aeropuertos, pero no sólo sería inviable la operación simultánea, sino hacer que funcionen los dos, sin la dualidad, generaría más congestión y saturación que en la actualidad.

Mitre informó la semana pasada que un nuevo aeropuerto en Santa Lucía tardaría 10 años en estar concluido. “Es un berrinche”, reviró Riobóo descalificando una vez más a la principal empresa de seguridad aérea en el mundo. “Así lo veo, una patada de ahogado”. Su corajina puede costar muy cara. Al adelantar que Mitre no será consultado ni contratado para hacer un nuevo estudio sobre navegación y seguridad, abre la puerta para que la FAA no certifique a Santa Lucía como aeropuerto seguro.

Entonces, todas las rutas con destino a México en operación simultánea “Benito Juárez” y Santa Lucía contempladas en el Convenio Bilateral de Servicios Aéreos con Estados Unidos podrían ser cancelados. Y si la FAA lo hace, lo más seguro es que el resto de las aerolíneas internacionales sigan su ejemplo, gracias al arrebato de Riobóo y la tolerancia de López Obrador.

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ESTRICTAMENTE PERSONAL

La balcanización mexicana

Raymundo Riva Palacio

La plaza pública en México está destruida. La arena para debatir temas y confrontar ideas ha sido remplazada por la descalificación, el insulto, la denigración y hostilidad. Las normas de convivencia están trastocadas, y aunque las amenazas retóricas aún no se trasladan a la calle, al paso que vamos, no tardará. ¿Quiénes serán los primeros en ser linchados por la muchedumbre? Cada quien tendrá sus candidatos y la coyuntura la dará posiblemente el espacio y el tiempo. Ante tal posibilidad, habrá división una vez más, entre quienes festejen y animen a la profundización del odio, y quienes lo condenen porque eso lleva a la coartación de las libertades.

Pero no estamos en un momento en que las libertades civiles y de expresión importen a mucho. Vivimos una transición hacia un estadio que sabemos cuándo comenzará pero no cuándo ni cómo terminará. Los prolegómenos de lo que viene no son alentadores, y evocan lo conflictos que se viven en otras naciones donde la corriente antisistémica llevó al poder a políticos que entienden el mandato popular como la orden suprema, por arriba de las instituciones y las leyes. Los espejos de Donald Trump en Estados Unidos, Viktor Orbán en Hungría, o Jair Bolsonaro en Brasil, dibujan lo que podría ser nuestro futuro si no nos detenemos a reflexionar si caminar la misma ruta tendrá más costos que beneficios.

En esta fragmentación explica la balcanización mexicana, donde prevalece la división. No hay construcción de puentes, sino destrucción. No hay acercamiento para saber cómo nos percibimos, sino alejamiento a partir del juicio a priori que lo diferente es veneno. Las palabras cargan resentimiento, frustración y encono. No hay territorios claros, al mezclarse puntos de vista que nunca buscan coincidir sino excluir a los otros. Los sentimientos y el estómago dominan la razón, aunque habría que preguntarse si a alguien le importa hoy en día la razón. La arena pública se ha convertido en una especia des cuadrilátero de boxeo tailandés.

Julio Hernández, columnista político de La Jornada por toda una generación, reprodujo hace unas semanas las críticas que le habían hecho a la banda sueca de heavy metal Marduk por su talante racista y neo nazi, citando las frases entre comillas. Los ataques contra él en Twitter fueron tan agresivos y masivos, que respondió: “Creo que pierdo demasiado tiempo tratando de explicar lo que son las comillas y reiterando que estoy en contra de la censura de #Marduk. Cada vez se vuelve más difícil tuitear. Mucha desinformación, rispidez y polarización”. Javier Lozano, el polémico político fue atacado por los francotiradores anónimos en Twitter cuando criticó la legalidad de la consulta ciudadana sobre el aeropuerto en Texcoco, con epítetos como “analfabeta”, “pendejo”, “bastardo”, “mercenario”.

La ignorancia a veces toca los límites de la sandez, como cuando una vez una señorita lanzó una perorata a partir de la información que le había dado su medio de cabecera, el Deforma. Hay muchos que no sólo están desinformados y exudan ignorancia, sino se asumen como portadores de la verdad y pontifican contra quienes piensan de manera diferente. Cada vez más los argumentos que utilizan para lanzar fuego por la boca, se parecen a los arrebatos del presidente Donald Trump y sus seguidores de la extrema derecha, al utilizar le mismo método: cuando los cuestionamientos los colocan en contradicción, la salida es decir que todo el pasado era peor, y cuando se difunden opiniones incómodas o difieren de lo que perciben como su realidad, hablan de la posverdad. Sin importar colores, religiones o ideologías, el rencor anima su rechazo contra todo lo que muestra grises. El mundo para ellos es distinto, y reaccionan con virulencia cuando alguien se atreve a desafiarlos.

Kurt Andersen escribió “Fantasyland: How America Went Haywire: A 500-Year History” (“Fantasilandia, Cómo Estados Unidos Se Desordenó: Una Historia de 500 años”), en donde alega que cada estadounidense se encuentra sobre un espectro en algún lugar entre los polos de lo racional y lo irracional. “Nosotros, los estadounidenses, creemos, realmente creemos, en lo sobrenatural y lo milagroso, en el Diablo en la Tierra, en los reportes de viajes recientes a y desde el cielo, y en una historia de la creación de la vida instantánea hace varios miles de años”, observó.

“Creemos que el gobierno y sus conspiradores están escondiendo todo tipo de mostruos y verdades sobrecogedoras sobre asesinatos y extraterrestres, la génesis del Sida, los ataques del 11 de septiembre, los peligros de las vacunas y muchos más. Y todo esto era verdad antes de que nos familiarizáramos con los términos de post factual y posverdad, antes de que eligiéramos un presidente con una asombrosamente abierta mente sobre teorías conspiracionistas, sobre lo que es verdad y lo que es falso, y la naturaleza de la realidad. Estados Unidos ha mutado a Fantasilandia. ¿Qué tan expandida es esta promiscua devoción a lo que no es verdad? Cada tribu y feudo y cada principado y región de Fantasilandia, súbitamete tiene una forma sin precedente para instruir, sacar de quicio, mobilizar creyentes, y seguir reclutando más”.

¿Suena conocido? La fragmentación en Estados Unidos es la balcanización mexicana, donde se viven distintas realidades y se ataca con furia aquella con la que no se concuerda. Esta sociedad está en riesgo de quiebra, aunque haya quien dispute el alegato. Pero para ganarlo tiene que demostrar que la violencia política que se vive, la lucha de clases que se extiende, la división entre el pueblo bueno y el pueblo malo, es una verdad alterna que no existe, porque lo prevalece es la concordia y el acuerdo. ¿Alguien lo creería? Yo tampoco.

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Santa Lucía debe morir (y II)

Raymundo Riva Palacio

La pregunta que muchos se hacen, incluidos colaboradores de Andrés Manuel López Obrador, es si convertir en aeropuerto civil la Base Militar de Santa Lucía es una alternativa real. Fue un error cancelar Texcoco, dijo uno de los principales defensores públicos de López Obrador, pero ahora Javier Jiménez Espriú, tendrá que demostrar que lo que dijo al presidente electo es verdad. Jiménez Espriú, el próximo secretario de Comunicaciones, fue el principal vocero en la defensa de Santa Lucía y la muerte de Texcoco. La viabilidad técnica y financiera se verá con los estudios, pero desde el punto de vista de desarrollo económico, Santa Lucía parece una opción destinada a morir.

En el texto anterior se planteó como hipótesis de trabajo lo que tendría que invertir un japonés para viajar de Tokio a Silao, donde se encuentra el aeropuerto de El Bajío, donde hay mucha inversión japonesa, de operar simultáneamente Santa Lucía y el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México. Serían 19 horas de viaje, tres horas más de las que tienen que invertir actualmente. Si ese fuera el caso, ¿valdría la pena que un japonés volara a la Ciudad de México? Hoy en día hay vuelos de Narita a esta ciudad con escala. En todas las opciones, el viaje dura 16 horas y media, que si se añadiera el vuelo a Silao, sería menor el tiempo invertido porque no tendrían que cambiar de aeropuertos para llegar a su destino final. Conexiones cambiando aeropuertos desincentivan el pasaje, que a su vez reduce el número de vuelos y desacelera la expansión aérea.

Santa Lucía y el aeropuerto “Benito Juárez” parecen ser la peor combinación para la industria aérea en la Ciudad de México. Lo que es para un viajero asiático en términos de dificultad para la conectividad en la capital federal, es lo mismo para un viajero europeo o uno norteamericano, si se reduce el perfil de viajero, para efectos de argumentación, a un empresario o un inversionista con intereses en México. Conectar en la Ciudad de México a cualquier destino nacional, apunta a ser una pesadilla, lo que favorece a otros aeropuertos que podrían resultar como los beneficiarios colaterales por la decisión de cancelar la obra en Texcoco.

Si se piensa en El Bajío, donde se encuentra la región de mayor crecimiento y expansión económica en los cinco últimos años, con inversiones programadas para los próximos años, Silao es un destino con gran potencial. Los gobernadores de la región están diseñando un plan de desarrollo regional, del cual podrían beneficiarse con una ampliación del actual aeropuerto, que tiene 700 hectáreas adicionales donde pueden construir pistas y terminales. ¿Es muy difícil imaginarse que Aeroméxico y Ana, que tienen vuelos directos entre Japón y México, cambiaran su ruta Tokio-“Benito Juárez” a Narita-Silao ante los problemas de conectividad? Desde que abordan en Narita hasta que aterrizaran salieran de la terminal en Silao sería poco más de 13 horas, cinco menos que con las conexiones en Santa Lucía.

El aeropuerto de El Bajío ocupael noveno lugar en el país en total de pasajeros por año, pero ha crecido de manera asombrosa a un ritmo actual de 37%. En 2016 tuvo 614 mil 218, y este año ya van 740 mil 853. Otro aeropuerto que podría salir beneficiado es el de Cancún, el segundo en el país, que crece a un ritmo de 19%, al subir de ocho millones 147 mil 455 pasajeros el año pasado, a ocho millones 687 mil 946 en lo que va de este año. Cancún tiene cuatro terminales y dos pistas que, como ningún otro aeropuerto en el país, operan simultáneamente, lo que significa que podría ampliar fácilmente su nivel de operación sin gasto adicional. Aunque entre las 63 aerolíneas que ofrecen 106 destinos hay un alto número de charters europeos y norteamericanos, ya ofrece vuelos de conexión a 23 ciudades en México operados por 11 aerolíneas. Un empresario o inversionista europeo también tendría un ahorro importante de horas si decidiera usar a Cancún como su punto de entrada a México, y de ahí conectar a cualquier parte del país. Hace pocos años estuvo a punto de concretar ese objetivo con Air France, pero por razones de conectividad optaron por mantener su base en la Ciudad de México.

Para pasajeros europeos o norteamericanos, otra alternativa de aeropuerto de conexión podrían ser Houston, Dallas o Atlanta mismo, que sólo necesitarían negociar más rutas aéreas a destinos mexicanos para volar a ellos sin llegar a la Ciudad de México, lo que preconfigura el escenario de pesadilla en caso de que Santa Lucía se convirtiera en el aeropuerto dual del “Benito Juárez”.

Estos escenarios de conectividad a México tienen consecuencias lógicas. La inviabilidad de esos dos aeropuertos para ese propósito abre varias externalidades negativas. La primera sería una reducción en el número de vuelos internacionales a Santa Lucía o el “Benito Juárez, con lo cual, eventualmente, llevaría a que las aerolíneas mexicanas cancelaran rutas poco productivas, con lo cual varios destinos turísticos fue de Cancún, Los Cabos o Puerto Vallarta, o algunas capitales incluso, podrían quedarse sin servicio aéreo. El impacto de perder vuelos en la Ciudad de México traería costos de operación para las aerolíneas, donde lo primero que harían es recortar personal y, en el largo plazo, incluso cerrar sus operaciones. Santa Lucía distorsionaría todo el mercado y la industria. La mejor opción es que acompañe a Texcoco: matarla para no matar a la industria en la Ciudad de México.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

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Santa Lucía debe morir (I)

Raymundo Riva Palacio

El debate público sobre la cancelación del aeropuerto en Texcoco no cesa por ningún lado. Tampoco se ven espacios para que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador concurse su construcción y administración y se le entregue al mejor postor sin costo para el erario. Pero asumamos que López Obrador será consecuente con su promesa de campaña presidencial y respaldará lo que le dijeron sus dos asesores, José María Riobóo y Javier Jiménez Espriú: habilitar la Base Militar de Santa Lucía como aeropuerto civil, es la solución para evitar la saturación aérea y más barata que Texcoco. ¿Será cierto?

Para efectos de argumentación, asumamos que los estudios sobre la viabilidad de operar más de cuarenta vuelos por hora de manera simultánea entre el actual aeropuerto “Benito Juárez” de la Ciudad de México y Santa Lucía es posible y los aviones no chocarán a una altura de tres mil metros sobre Atizapán. Pensemos que no va a tardar 10 años en estar listo, sino los 36 meses que asegura López Obrador. Y que tampoco habrá oposición de los ejidatarios –a los cuales ya se les sumaron los grupos radicales de Texcoco-, ni hay daños ambientales. Imaginemos entonces, el aeropuerto civil de Santa Lucía, desde el punto de vista de un empresario asiático que va a visitar sus plantas en el Bajío.

Hoy, toma un avión en Narita, el aeropuerto que da servicio a Tokio, y 12 horas y media después aterriza en la Ciudad de México. Pensando que todo es muy eficiente, el paso por Migración y Aduanas lo demora una hora más. Sale del área internacional y si no tiene que conectar con un vuelo en una de las terminales distinta a donde llegó, tiene una hora y media para documentar su vuelo al aeropuerto de El Bajío, que dura poco más de una hora. Es decir, desde que despega en Narita hasta que aterriza en Silao, ese japonés invierte hasta su destino final alrededor de 16 horas.

Si es Santa Lucía o el aeropuerto “Benito Juárez” el punto de conexión de un vuelo desde Narita –en el entendido que ni financiera ni jurídicamente podrían hacer en ambas terminales aeropuertos domésticos e internacionales-, el viaje de un pasajero demoraría tres horas más. Esto, por las 12 horas y media de vuelo y la hora ideal para pasar por Migración y Aduanas. De ahí tendría que conectar con un servicio –quizás dedicado- que una los dos aeropuertos. Para efectos de argumentación, asumamos que como en Schiphol, Heathrow o Narita, la estación de ferrocarril –hacia Amsterdam, Londres o Tokio- estará bajando escaleras eléctricas que se encuentran dentro de la misma terminal, para conducir a los pasajeros a su  conexión.

Pese a que la conexión es en la misma terminal, los pasajeros caminan entre 300 y 600 metros aproximadamente, que a paso normal son unos ocho minutos, pensando que cargan una solo equipaje y uno de mano. En el caso de Heathrow, cuya distancia al centro de Londres es de 26 kilómetros, el traslado en el ferrocarril suburbano es de una hora y media, porque tiene varias paradas. En el caso de Narita, el aeropuerto se encuentra a 73 kilómetros de Tokio, para lo que usualmente se utiliza el Narita Express, que es un tren sin paradas, que tarda una hora y media. ¿En dónde se construiría la línea exclusiva para unir los dos aeropuertos? ¿Qué velocidad alcanzaría el transporte colectivo? No se sabe, pero para seguir la argumentación, tomemos el tiempo entre Schiphol y Amsterdam, que para cubrir una distancia de 20 kilómetros -la distancia entre Santa Lucía y el “Benito Juárez” es de 18 kilómetros-, el tren suburbano tarda unos 20 minutos.

Tomando estos referentes, una vez que el pasajero sale del área restringida y se dirige al transporte exclusivo para el otro aeropuerto, podría demorar entre ocho minutos caminando –si se construye como en las terminales mencionadas, que son de lo mejor en el mundo-, más el recorrido terrestre que podría sumar, idealmente, otros o 20 minutos. Estos 28 minutos se suman a las 12 horas y media de vuelo, que totalizarían hasta este momento casi 13 horas (en ningún caso se incluyeron los 10 a 20 minutos que tarda cada tren en llegar a la estación para ser abordado).

No se sabe en qué terminal documentaría el pasajero, pero parece difícil que las aerolíneas acepten montar dos operaciones de documentación simultáneas por razones de costo, por lo que es probable que sea en la terminal donde se embarcarán a su destino final. Entonces tendrían que llegar con dos horas de antelación, como se establece en las regulaciones de las aerolíneas para vuelos nacionales, con los cual ya suman 15 horas y media de vuelo, a lo que se le añade la hora de vuelo a Silao. Es decir, si todo sale bien, sin contratiempos, el viaje sería de aproximadamente 17 horas.

Una hora es suficiente desinhibidor para muchos, a lo que se le deben agregar los factores subjetivos de quienes tienen experiencia de conexión en distintos aeropuertos, de gran tensión por el alto riesgo de perder el vuelo por las usuales  contingencias imprevistas. En este caso se habla hipotéticamente. En términos reales, un cambio de aeropuerto para conectar en otro, sugieren los operadores de viaje que la escala sea de una a dos horas adicionales para garantizarlas. Es decir, el vuelo Narita a México se elevaría a 19 horas. Esto sería la muerte de Santa Lucía y, potencialmente, la del tráfico aéreo en la Ciudad de México tal y como lo conocemos. Lo argumentaremos.

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La polarización somos todos

Raymundo Riva Palacio

Si es difícil establecer con precisión cuándo nos empezamos a dividir como sociedad, es claro cómo la división ha escalado a la confrontación y el rencor, cada vez más abierto y violento. El choque en Twitter entre Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de Andrés Manuel López Obrador, y el director de la revista Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, por la imputación conspiracionista derivada de publicar una portada donde decían que el presidente electo se estaba quedando solo y se encaminaba al fracaso, tuvo una secuela condenatoria del semanario en las redes sociales que galvanizó la intolerancia ante quien piensa diferente. La intransigencia ha desbordado el campo de la libertad de expresión y se manifiesta de manera dogmática y fanática, en uno y otro sentido, para aniquilar política y moralmente al adversario. El pensamiento único que se quiere acabar, es lo que se está imponiendo como palanca de subordinación.

La división de los mexicanos se desveló como fenómeno en las elecciones presidenciales de 2006, cuyos síntomas que se venían dando desde años antes por razones políticas, económicas y sociales. Hace 12 años el desacuerdo viajó de las calles a las salas de las casas, donde las desavenencias, algunas veces belicosas, separaron familias. Nada aprendimos. La decisión de la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco avivó el creciente antagonismo social. No estamos en la discusión sobre una política pública, sino que la hemos pintado de conflicto de clases. ¿Nos estamos dando cuenta?

Muchos años han pasado en la indiferencia para neutralizar este fenómeno que nos va a ahogar. En enero de 2010, escribí en El País: “El discurso del odio es abusivo, es insultante, es intimidador y hostiga. Discursos de odio siempre han puesto su marca sobre las sociedades, y suelen subir de intensidad cuando van acompañados por tensiones políticas o asuntos públicos que de sí polarizan. En México, el discurso de odio se desató con la combinación de dos disparadores que coincidieron en tiempo y espacio. El primero fue la lucha política donde el gobierno del entonces presidente Vicente Fox se empeñó en que por un delito menor el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, fuera a la cárcel”.

La polarización se revitalizó hace unos días en las redes sociales, escasas 24 horas después de confirmarse la cancelación del nuevo aeropuerto, al aparecer la página en Facebook “Sí al nuevo aeropuerto en Texcoco”, donde se hacía un llamado a marchar el próximo domingo sobre Paseo de la Reforma para exigir que López Obrador rectifique. Paralelamente, la plataforma de Change.org tiene seis peticiones a favor y en contra de cancelarlo. La discusión no ha sido con  argumentos técnicos, económicos o inclusive políticos, sino con descalificaciones maniqueas y consideraciones socioeconómicas. Una vez más, la dialéctica de ricos y pobres, los buenos y los malos, los que defienden sus intereses corruptos contra los redentores de la pureza nacional.

No se sabe quiénes están calentando a la sociedad, si son espontáneos como siempre hay, o grupos interesados que están manipulando e incendiando los ánimos. Hay consignas que podrían haber salido de las fábricas de desestabilización que alimentan el rencor y la desunión. Hay otras actitudes  estomacales que son comunes en las redes, enajenadas e insatisfechas con el estado de cosas, donde aflora el resentimiento social y la indignación que se ha vivido en este país desde hace varios años contra todo lo que se identifica como el status quo. Si hay manos interesadas detrás, proveen el alimento que están pidiendo los hambrientos para expresarse vitriólicamente. En este sentido, la polarización somos todos.

Lo que se está fomentando y potenciando es el discurso del odio. En junio de 2016 publiqué en este espacio que la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación había contabilizado entre 15 mil y 20 mensajes de odio diarios en las redes sociales por razones de género, racismo y orientación sexual. No han cambiado las cosas, e incluso, hablando empíricamente, parecería que este desacuerdo se ha profundizado.

La semana pasada, Nancy Gibbs, que fue directora de la revista Time y es profesora en la Escuela “John F. Kennedy” de la Universidad de Harvard, publicó un ensayo en ese semanario a propósito de la profunda división y encono en Estados Unidos, donde apuntó: “Estamos teniendo una clase magisterial sobre el odio porque no tenemos otra opción. Se ha movido de la parte de nuestro carácter que trabajamos más duro para suprimir la parte que podríamos cuando menos ignorar. El odio se resbala de sus fronteras y corre libremente a través de nuestra política, las redes sociales, la prensa y nuestros encuentros privados. Y entre más viaja, más fuerte crece. La gente no está acostumbrada a despreciar a nadie, nunca, ni a encontrarse tan atemorizada o apaleada por lo que ven como una división donde se está preparado para pelear mano a mano”.

En todos lados experimentamos la polarización. En 2005 le pregunté a Carlos Slim si no le preocupaba que en algún momento habitantes del oriente de la Ciudad de México fueran a las colonias en el Poniente a romper vidrios, como consecuencia de la desigualdad y la inconformidad con el estado de la economía, alimentados por el peligroso discurso clase que se oía en México. Me dijo que era un exagerado. Eso fue hace ya 13 años, prematuro el diagnóstico para ese entonces, pero que en la actualidad, a nivel de actitudes y emociones, ya comenzó. La división y la confrontación pueden haber llegado para quedarse, o como escribió Nancy Gibbs, no está en nadie, los políticos menos, salvo en nosotros mismos, que eso no suceda.

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La maquinaria de Andrés Manuel

Raymundo Riva Palacio

Al arrancar su gira de agradecimiento en Nayarit a mediados de septiembre, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que por la difícil situación económica y social por la que atravesaba el país, “posiblemente” no podría cumplir con todas las promesas que hizo en campaña, a las cuales les invertiría “hasta donde nos alcance el presupuesto”. Aquella afirmación se modificó. El viernes dijo que todo lo prometido será cumplido, sin sorpresas presupuestales. Los expertos no saben cómo va a acomodar López Obrador sus promesas con lo constreñido del presupuesto, pero esperarán a que presente su paquete económico para 2019, para ver los acomodos logra hacer.

Un borrador del presupuesto al que se tuvo acceso, muestra en dónde aparecerá una sorpresa, no en términos presupuestales sino cómo, dentro de los acomodos empieza a construir un régimen de muy largo plazo. Al cruzar los egresos con los planes de la Cuarta Transformación, se puede apreciar que su base social recibirá recursos directos como nunca antes habían tenido, supervisados y controlados por 32 comisarios políticos en cada entidad y 16 representantes en cada alcaldía en la Ciudad de México, con lo cual podrá ir edificando una maquinaria política-electoral como no se ha visto en décadas—quizás nunca antes bajo el régimen político que estará vigente hasta el 30 de noviembre.

De acuerdo con el borrador del presupuesto, tendrá 12 programas sociales bandera, algunos ampliamente conocidos como el programa de la pensión aumentada para los adultos mayores y el programa de empleo para  jóvenes, pero también agrícolas, forestales y educativos, que incluirá la construcción de cien universidades en las zonas marginadas del país, así como otros de empleo de mano de obra intensiva, para la construcción del Tren Maya y de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, para la que tiene presupuestado 50 mil millones de pesos.

Los programas sociales recibirán de 300 mil a 324 mil millones de pesos anuales, entre 25 y 27 mil millones cada mes, según el borrador del presupuesto, con lo cual casi incrementará en 400% el presupuesto anual de Prospera, el principal programa social del gobierno federal, que asciende a 82 mil millones de pesos. El dinero que entregará López Obrador será mediante transferencias electrónicas, lo que hará impoluto ese programa social en términos de política pública, pero sobre todo, será un recurso que al no tener intermediario alguno, como es Prospera y los programas sociales que lo precedieron, no habrá ningún desvío.

Cada peso que salga del presupuesto, llegará íntegro a cada beneficiario del padrón que será controlado y supervisado por los comisarios del gobierno federal, manejados desde Palacio Nacional por Gabriel García Hernández, quien será el coordinador general de Programas de Desarrollo. García Hernández, senador de Morena, fue secretario de Organización de ese partido –uno de los tres que integraban la nomenklatura al servicio de López Obrador-, responsable de haber creado, junto con los hijos del presidente electo, 60 mil comités territoriales y seccionales que operaron durante la campaña presidencial.

García Hernández, quien también fue el apoderado legal de la asociación civil Honestidad Valiente, mediante la cual se recaudaron fondos para la campaña presidencial de López Obrador en 2006, será responsable también de 300 coordinadores regionales, que trabajarán en los 300 distritos electorales en los que está dividido el país. Es decir, a través de él, López Obrador tendrá el control directo de una estructura político-electoral, que utilizará los recursos de los programas sociales para construir lealtades y dependencias a largo plazo para él y para su proyecto.

Lo más cercano que se recuerde de este tipo de división del país en capas, bajo el control del Ejecutivo, fue el Programa Nacional de Solidaridad, implementado por el gobierno del presidente Carlos Salinas a través de comités de Solidaridad con un delegado en cada entidad, mediante el cual se administraban los programas sociales, sin que el recurso pasara por el gobernador. Ese modelo rompió con el clientelismo manejado por el gobernador en turno, que creaba lealtades y dependencias para él, y el corporativismo, al perder poder los sindicatos poder porque no pudieron disponer de recursos para poder seguirlos manejando discrecionalmente para premios y castigos.

Aquello fue el principio del fin del PRI como maquinaria electoral, que después de las elecciones intermedias de 1991 donde arrasó el partido, tuvo su último jalón en las elecciones presidenciales de 1994, celebradas en medio del miedo tras el asesinato del candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio. El PRI ya no volvió a ser un partido dominante. El modelo de López Obrador es todavía más ambicioso que el diseñado por Salinas, porque además de tener el control de los programas sociales en el Ejecutivo,  través de ellos construye su maquinaria político-electoral transexenal.

En paralelo, el presupuesto incorpora la otra parte de la pinza para el control: la reducción de los dineros para los partidos políticos. Al deshidratarlos bajo el argumento de la austeridad republicana, los dejará sin dinero para operar, e incluso, para cubrir sus gastos diarios de administración. Los partidos de oposición, disminuidos en el voto y acotados por la disminución de las participaciones presupuestales, se convertirán en figuras testimoniales en el Congreso y el Senado, impotentes e incapaces de evitar el surgimiento de un gigante llamado Morena.

El presupuesto no ha sido terminado de afinar, como reconoció López Obrador, y está revisando los gastos de operación y subsidios para que existan los recursos necesarios para sus 12 programas bandera cabezas de playa para un modelo de país que atienda a las generaciones venideras de acuerdo a su proyecto de muy largo plazo.

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