Jueves, julio 27, 2017
Estrictamente Personal

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2018: ¿Osorio Chong?

Raymundo Riva Palacio

Una vez más, el presidente Enrique Peña Nieto dejó claro cómo, cuando menos hasta ahora, se definirá la candidatura del PRI a Los Pinos. Será quien esté mejor evaluado en las encuestas y recibirá todo mi apoyo, le respondió al secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, cuando le tocó de sus propias aspiraciones. Por ese método, como ha sido en todas las nominaciones a gobernadores en su sexenio, reiterado por el presidente, se ratifica lo publicado en este espacio hace varias semanas: Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, será el escogido. Sin embargo, pese a la ortodoxia presidencial, ¿sería Osorio Chong el mejor representante del PRI en 2018?

Osorio Chong es dentro del gabinete, quien más se acerca al arquetipo del viejo priista, que sabe combinar el oficio político con la mano dura y los castigos. Junto con José Narro, secretario de Salud y aspirante presidencial, es con quien quizás amplios sectores del PRI se sentirían más cómodos, y capaz de forjar alianzas tácticas con aquellos con quien difiere, que le permitiera añadir apoyos para su aventura. Eso debe agradarle a Peña Nieto, quien en momentos críticos, ha llegado a exclamar ante su gabinete: “¡No se les olvide que soy priista!”. Como le dijo a De La Madrid, se puede mover, pero dentro de los tiempos y formas del PRI.

La cohesión y estabilidad dentro del PRI es una de las preocupaciones del presidente. Osorio Chong conoce al partido. Fue el articulador de los respaldos de gobernadores priistas para Peña Nieto, cuando buscaba la candidatura presidencial, con lo que amarró la Secretaría de Gobernación, con poder y respaldo. Por ejemplo, el presidente le entregó la decisión de nombrar todos los delegados federales, que son los brazos políticos del gobierno federal en el país, y ante lo cual contados secretarios presentaron oposición, y le permitió absorber la seguridad pública dentro de su área, con lo cual juntó los instrumentos de gobernabilidad y represión.

Peña Nieto no piensa como muchos otros en el país. Para él, la gobernabilidad ha sido mantenida en el país gracias al secretario de Gobernación. Para Osorio Chong, según funcionarios en su entorno, además de ese logro, ha ocupado los espacios dejados por muchos secretarios y resolvió problemas que otros no fueron capaces de solucionar. Es decir, el país estaría más inestable e incierto sin su trabajo, una visión que, para sorpresa de algunos de sus interlocutores, ha llegado a expresar el presidente.

La aritmética favorece la candidatura de Osorio Chong. En las pocas semanas que faltan para la definición de la candidatura priista, no hay secretario de Estado que pueda alcanzarlo, objetivamente hablando, en los porcentajes de preferencia electoral. La forma como el presidente aprecia su trabajo y todo lo que le ha tolerado, apuntalan esta hipótesis de trabajo. Al secretario de Gobernación se le escapó Joaquín “El Chapo” Guzmán, tras un año de descuido del Sistema Federal Penitenciario, cuyos presupuestos fueron deshidratados. Tampoco le han costado las denuncias internacionales sobre el espionaje, que en parte se le ha achacado, pero además, prque la extendida intervención telefónica en México, en la cual se han visto afectado secretarios de Estado, no ha sido investigada ni frenada por él, quien es responsable de la seguridad interior.

Si estos dos ejemplos no son suficientes para mostrar deficiencia, incapacidad o perversidad incluso –dejar pasar lo que afecta a otros-, que deberían haber hecho levantar las cejas al presidente, la joya de la mala rendición de cuentas en Gobernación es la seguridad pública. Futuros subsecretarios de Gobernación afirmaban en vísperas del arranque del gobierno, que en tres meses se acabaría la violencia, porque la estrategia fallida del gobierno de Felipe Calderón iba a ser radicalmente modificada por una de prevención. No hubo nada de ello; ni siquiera presupuesto. Y en la actualidad, la violencia en cuatro años y medio de gobierno peñista superó a la del sexenio completo anterior, y el número de homicidios dolosos rompe récord cada mes. El abuso de la fuerza y la tortura como método de interrogación por parte de los policías federales, se ha registrado con alarma por gobiernos extranjeros.

En función de los resultados, el secretario de Gobernación es uno de quienes menos rendimientos positivos tiene. No se encuentra en el rango de los peores por cuanto a las metas propuestas y las alcanzadas, pero en lo que concierne a la sociedad, la seguridad pública que es lo que más le afecta, el retroceso es notable. Ese mal trabajo es lo que más ha aportado al descrédito del presidente Peña Nieto en el exterior, y lo que lo coloca en el umbral de las cortes internacionales-–el espionaje y el apoyo a los grupos paramilitares en Michoacán, como sus principales pesadillas.

La pregunta de qué tanto adjudica el presidente esas deficiencias a su secretario de Gobernación, se responde con la ausencia de señales que ello haya afectado su relación. Pero si hay algo detrás, no se verá hasta el momento que Peña Nieto decida su sucesor. Por lo pronto, el método de las encuestas le dan la candidatura. Pero esta decisión no será igual que tantas otras. Se juega la Presidencia, su tranquilidad la posibilidad de ser un adulto joven que pueda disfrutar las décadas que tiene por delante. Si la racionalidad por fuera del espejismo de las encuestas se anida en su cabeza, la candidatura designada puede esfumarse y Osorio Chong conformarse con algo que no sea Los Pinos.

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Narcopolítica en Tláhuac

Raymundo Riva Palacio

El operativo contra narcomenudistas en Tláhuac está tomando un giro político que afectará a la izquierda social que encabeza el jefe de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Inesperado para muchos, pero anticipado por las autoridades, las líneas de investigación abiertas desde principio de año contra el grupo criminal de Felipe de Jesús Pérez Luna, apodado “El Ojos” y abatido por comandos de la Marina el jueves pasado, conducen al delegado morenista Rigoberto Salgado y a su familia, sobre quienes la Marina, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, están determinando si no tienen nada que ver con ese grupo, o si fueron parte del entramado de protección institucional de los delincuentes.

Salgado, quien de acuerdo con funcionarios del gobierno de la Ciudad de México se ha mostrado muy nervioso desde la operación contra los narcomenudistas, fue llamado este lunes por la secretaria general de Gobierno capitalina, Patricia Mercado, para dar su versión sobre lo que está sucediendo en Tláhuac. No se sabe el resultado de esa conversación, enmarcada en el ámbito político, no dentro de las averiguaciones criminales. El delegado, quien el viernes defendió a los mototaxistas de Tláhuac, decenas de ellos al servicio de Pérez Luna, tiene sin embargo, razones más profundas por las que debe estar preocupado, como la bonanza de él y de su familia desde que asumió la jefatura delegacional, y el uso de recursos de origen sospechoso para su campaña electoral.

Dos de las razones más notorias, porque pudieron ser seguidas por todos los habitantes de la delegación, es la forma como en dos años las casas donde vivía Sandoval y su madre, tuvieron remodelaciones notables. La casa de su madre, una propiedad menor de 200 metros cuadrados y dos pisos, como es el estándar en la delegación para quienes se encuentran dentro de los rangos de clase media, se amplió con un lote que se convirtió en jardín, y con un tercer piso que parece un solario. La casa del delgado sufrió modificaciones más importantes. De una pequeña propiedad de un piso, se volvió una de tres pisos con una escalera de caracol y vigilada por una decena de cámaras en el exterior. Los ingresos del delegado no justifican ese tipo de obra, y tendrá que explicar de dónde salió el dinero para tan importantes modificaciones.

Pero quizás lo más importante, de acuerdo con funcionarios, es restaurante que hasta antes de ser delegado estaba en un pequeño local en Tláhuac, sin muchas posibilidades de sobrevivir. Uno quienes llegó a trabajar ese restaurante es un sobrino de él que según las pesquisas preliminares, también tiene un parentesco con Pérez Luna. Ser pariente de un delincuente no hace a nadie delincuente también. Pero en el caso del establecimiento, el local creció a tener casi el equivalente a cinco casas que, además, abrió dos sucursales en Querétaro. Los vecinos de Tláhuac denunciaron en su momento en la prensa que el restaurante había recibido recursos de la Delegación para expandirse, pero Sandoval lo negó.

El crecimiento del restaurante llamó la atención a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que está revisando los movimientos de dinero de ese negocio, mientras que las unidades de Inteligencia de la Marina y la policía capitalina están rastreando las rutas de abastecimiento del producto y poder establecer o descartar si a partir de los suministros, se pudieron haber enviado los cargamentos de droga para la banda de Pérez Luna. Hasta el momento todas son hipótesis de trabajo, iniciadas por el crecimiento extraordinario de un pequeño negocio que sólo creció en los dos últimos años y a la llegada del sobrino de Sandoval. Las sospechas de las autoridades tienen raíces en los vínculos del grupo de narcomenudistas que los ligan al Cártel de los hermanos Beltrán Leyva, que operan principalmente en la costa del Pacífico, y a Dámaso López, el “Mini Lic”, que encabeza una facción del Cártel del Pacífico, asentado en Sinaloa.

Sandoval tiene mucho que explicar a las autoridades, no sólo políticas, sino judiciales y financieras, sobre el origen de los recursos para hacer tantas obras, y aclarar de una forma menos retórica, sobre su señalada participación en el restaurante donde trabaja su sobrino. No tiene muchos espacios de acción. Hay información en poder de las autoridades que prueban que la policía en Tláhuac brindaba protección a Pérez Luna, que a su vez inyectaba recursos al gobierno delegacional. La banda de “El Ojos” está relacionada con cuando menos 29 asesinatos en los tres últimos años, incluidos a policías capitalinos, en varias delegaciones, además de comercializar marihuana, cocaína en piedra y solventes en ocho delegaciones.

Urge al delegado que se deslinde de los presuntos vínculos con la banda de narcomenudeo sobre la cual siguen las operaciones para destruirla en su totalidad. Las investigaciones van a acabar en él si no hay aclaraciones de su parte en estos momentos antes las autoridades capitalinas y federales, que también abrieron una línea de investigación sobre recursos financieros que presuntamente llegaron a su campaña de una empresa

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El Cártel de Tláhuac

Raymundo Riva Palacio

Como todas las operaciones que involucran a los comandos especiales de la Marina, la que realizaron el jueves pasado en las calles de la Delegación Tláhuac, en la Ciudad de México, fue quirúrgica. Se inició cerca del mediodía, cuando unidades de la Marina con el apoyo táctico de los grupos especiales de la policía capitalina, llegaron a la Delegación para catear un domicilio donde la información de inteligencia ubicaba a Felipe de Jesús Pérez Luna, apodado “El Ojos”, líder de una banda crecientemente poderosa dedicada al narcomenudeo. La investigación federal sobre este grupo llevaba siete meses, pero la decisión de acabar con ella se tomó hace unos dos meses, después de una plática entre el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y el secretario de la Marina, almirante Vidal Soberón.

Los comandos de la Marina tomaron el control del perímetro central de la operación, en donde uno de sus unidades fue directamente sobre Pérez Luna, y un equipo de apoyo aseguraba las esquinas que delimitaban la zona de acción, coordinados con la policía capitalina. Los halcones de la banda de Pérez Luna le advirtieron de su presencia, por lo que escapó de la casa que iban a catear y buscó huir. Los halcones, principalmente mototaxistas, intentaron de manera apresurada bloquear calles para permitirles el escape. Sin experiencia, como se aprecia en las fotografías, no pudieron bloquear ninguna vía. Los comandos los alcanzaron en una cocina económica y tratando de escabullirse en un vehículo. Los abatieron sin miramientos. Así es la Marina; no toma prisioneros. Unas cuatro horas después, la banda criminal había quedado descabezada.

La prensa rápidamente dio cuenta del operativo contra el que llamó Cártel de Tláhuac, tomando como referencia la calificación que utilizó El Universal para describir al grupo que controlaba el narcomenudeo en Ciudad Universitaria. La tipificación es errónea, sin embargo, y crea confusión sobre la escala del grupo. Un cártel de las drogas controla territorio; la banda de Pérez Luna no tenía ninguno bajo su dominio. Un cártel maneja la logística, organiza la producción, distribución y comercialización de sus drogas, mediante esquemas empresariales que involucran a bandas, a las cuales suministran el producto, armas, les llegan incluso a asignar zonas de venta en calles y ciudades (como hacen Los Zetas) y les cobran por todo; el grupo de Tláhuac compraba el producto del Cártel de los hermanos Beltrán Leyva y de la facción del Cártel del Pacífico que encabeza el llamado “Mini Lic”, Dámaso López.

En los medios, algunos analistas mencionaron que el no que la autoridad rechazara que era un “cártel”, minimizaba el impacto del grupo criminal. Establecer la analogía por el sólo hecho de que venden droga, tienen personal armado y realizan actividades criminales, dicen los expertos, es una generalización equívoca. Paradójicamente, la violencia que generan los cárteles de las drogas es menor cuantitativamente que la que provocan las bandas de narcomenudistas. Los cárteles se habían repartido el país en territorios. Esta distribución tenía como premisa que debían arreglarse entre ellos para evitar una lucha entre cárteles que provocara la intervención del Estado. El presidente Felipe Calderón cambió la estrategia y en lugar de administrar el fenómeno, como había sido, atacando a uno o dos cárteles por sexenio, emprendió una guerra total. Esto motivó que ante la disyuntiva de ser aniquilados si no se fortalecían, los cárteles empezaron a pelear entre ellos modificando el mapa del narcotráfico y desatando la violencia en aquél sexenio, que se ha incrementado en el de Enrique Peña Nieto, desdoblándose co mayor crudeza también en las bandas de narcomenudistas.

La guerra entre las organizaciones criminales propiciada por Calderón incentivó el crecimiento de las pandillas y su realineamiento con los cárteles en términos de salida para sus drogas en las calles de la ciudad de México y como matones a sueldo. Una externalidad del narcotráfico es el narcomenudeo, que es lo que ha generado en los últimos 10 años que poco más del 92% de los delitos, sean del fuero común. El narcomenudeo es la parte más salvaje y violenta del negocio del narcotráfico, que se asocia gradualmente con robo, extorsión y secuestro. Los narcomenudistas en el país no controlan territorios, pero amenazan a las comunidades, como sucedió en Tláhuac, donde la presencia del grupo de Pérez Luna hacía muy difícil la vida cotidiana.

Ese grupo criminal manejaba el narcomenudeo en Tláhuac y una zona de Chalco, pero este año se extendió a otras delegaciones cercanas, como Ixtapalapa, Tlalpan y Coyoacán, y comenzaba a incursionar en Álvaro Obregón, y en el estado de México y Puebla. En pocos meses amplió su mercado de las zonas marginales de la ciudad a las de clases medias y altas, obteniendo recursos para ampliar su negocio y comprar armas. Este crecimiento es lo que llevó a Mancera a plantear al gobierno federal le necesidad de destruirlo. La capacidad de fuego de la policía capitalina, frente al armamento que estaba adquiriendo el grupo de Pérez Luna, obligó la intervención federal, que es lo que se acordó hace un par de meses y se ejecutó el jueves.

El problema y la violencia no cesará. Marinos y policías capitalinos están tras los lugartenientes de Pérez Luna para tratar de eliminar al grupo del escenario delictivo y buscar ser más rápidos en la aniquilación de sus cuadros, versus que esta banda recicle y restituya a sus jefes. La lucha no ha acabado; tampoco la violencia. De eso hay que estar conscientes.

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¿Ya se decidió Peña?

Raymundo Riva Palacio

El jueves pasado hubo frenesí en varias oficinas de alto nivel y redacciones de medios en la Ciudad de México. El lunes, anticipaban, se darán los cambios en el gabinete. Algunos nombres comenzaron a emerger, hasta que de un lugar que nadie tiene ubicado dónde, circuló una lista de lo que anunciaría el presidente Enrique Peña Nieto. Miguel Ángel Osorio Chong se mudaba de Gobernación a Desarrollo Social, donde salía Luis Enrique Miranda rumbo a Siberia. A Bucareli llegaba el secretario de Educación, Aurelio Nuño, sin identificar su remplazo. Pero el de Agustín Carstens al frente del Banco de México sería José Antonio Meade, quien entregaría Hacienda a José Antonio González Anaya, quien a su vez dejaría la dirección de Pemex en manos de Enrique Ochoa, cuya plaza como presidente del PRI sería ocupada por el senador Emilio Gamboa. En la lista de marras desaparecía el procurador Raúl Cervantes, cuyo despacho sería ocupado por el comisionado nacional de seguridad, Renato Sales.

Vaya sacudida la que anticipaba la lista anónima. De un jalón, nueve posiciones de gabinete ajustadas por el presidente, antes de su quinto y penúltimo informe de Gobierno. En vísperas de su tercer informe, Peña Nieto realizó 10 ajustes en su equipo, pero sólo seis de ellos tocaban posiciones dentro del gabinete. Esta lista rompe nervios cambiaba por completo la marcha de la sucesión presidencial. Leído bajo el horizonte de 2018, se podría interpretar que Nuño, como nuevo jefe de la política interna y de la policía, quedaría desplazado de la contienda, mientras que Osorio Chong, a quien cada semana le explota el barril con dinamita en donde está sentado y le añade puntos negativos a sus resultados en términos de seguridad y gobernabilidad, estaría enfilado a la unión tricolor. Por lo mismo, Ochoa, cabeza de playa de Nuño en el PRI, sería una pieza desechable, sustituida por Gamboa, confidente del presidente y cercano a Osorio Chong.

El equipo más próximo al presidente hoy en día, el de los tecnócratas, pierde la batalla, según la lista anónima. Adiós Meade a cualquier posibilidad de una alianza para la elección presidencial, con lo que sería irrelevante la mesa de Estatutos en la próxima asamblea nacional del PRI, donde el tema controvertido es que la modificación del candado sobre su militancia, que le impide ser abanderado de ese partido, pero ajustaría con sus más cercanos, como premio de consolación, el gabinete económico. Sales, a quien no quiere nadie en Gobernación, de quien depende, rompería ese ostracismo y falta de apoyo, y pasaría a ser par de quien lo oprime, Osorio Chong, en el gabinete, mientras que Cervantes, muy estimado en Los Pinos, pasaría a la reserva de desempleados como su sobrino, el ex consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos.

Menudo ajuste haría el presidente. Además de Osorio Chong, quien en la ruta copiada a la unción de Luis Donaldo Colosio en 1993, lo harían el contendiente más fuerte del peñismo para la candidatura, la lista deja a salvo, por omisión, al secretario de Salud, José Narro. Parecería tan clara la decisión presidencial del 2018 entre ellos dos, sin problemas de candados ni amenaza de fracturas en el PRI, como con otros aspirantes, que sería irrelevante mantener a Ochoa al frente del partido, a escasas tres semanas y media de su Asamblea Nacional. ¿Por qué haría todos esos ajustes tan cerca de la asamblea y de su penúltimo informe? La lista de marras no parece estar asida a la realidad, y aunque en este gobierno no dejan de asombrar a sus gobernados por la enorme e inagotable para hacer cosas extrañas y meterse cotidianamente en problemas innecesarios, no tiene mucho sentido.

Cualquiera que se precie de conocer a Peña Nieto, sabe perfectamente que las decisiones de tipo electoral, que es el contexto con el que se darán todos los ajustes en si equipo, no las consulta ni comenta con nadie. Alfredo del Mazo lo experimentó hace seis años, cuando sólo un par de días antes de que se decidiera la candidatura al gobierno del estado de México, el gobernador Peña Nieto le dijo que él no sería, como en la víspera se lo había comunicado a Luis Videgaray. Meade se enteró que lo iba a nombrar secretario de Desarrollo Social cuando se encontraba en su acuerdo de medianoche en Los Pinos como secretario de Relaciones Exteriores. Su llegada a Hacienda le fue notificada casi a punto de ser citado para ver al presidente, no para que le informaran, sino para analizar el control de daños que tendrían que hacer como consecuencia del relevo.

Se puede argumentar que esa lista no fue autorizada por el presidente, aunque cumplió el propósito, deliberada o inopinadamente, de calentar las fuertemente cargadas mentes sucesorias y ejercer presiones a definiciones prontas. Peña Nieto ha demostrado que no se le acorrala de esa forma, y mantiene sus tiempos electorales de manera firme. Hace unos días, por ejemplo, cuando el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, le pidió autorización para incrementar su exposición pública, pensando en la candidatura presidencial, recibió como única recomendación que lo hiciera dentro de la disciplina impuesta al gabinete en este tema y dentro de los tiempos establecidos por el PRI. Efectivamente, Peña Nieto genera mucha certidumbre y es predecible. De esta manera, se puede decir que el lunes podrán pasar muchas cosas, pero muy probablemente, ajustes en el gabinete de esa magnitud al menos, no habrá.

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El socavón, la estrategia fallida

Raymundo Riva Palacio

La premisa fue clara tras el análisis de las consecuencias del socavón en el Paso Express de Cuernavaca donde murieron dos personas: “si no se contiene de manera correcta este suceso, pondrá en tela de juicio proyectos como el tren México-Toluca y el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”. La discusión, dentro del equipo de estrategia de Los Pinos, urgía una serie de acciones para controlar los daños derivados de esa tragedia que contemplaba la renuncia del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza y, en una acción de poder, que el presidente Enrique Peña Nieto no se la aceptara porque él “no es el responsable directo”. El objetivo de la estrategia era que la responsabilidad se contuviera en el delegado de la dependencia en Morelos y en las constructoras, para que de esa forma, convertir a la Secretaría de víctima a victimario. ¿Qué sucedió? La estrategia no funcionó. Fracasó antes de nacer.

Una copia del documento para el control de daños y el manejo de crisis elaborada por los estrategas presidenciales, refleja lo que sucedió en las primeras 48 horas de la tragedia la semana pasada: una crítica generalizada en los medios de comunicación por la pasividad mostrada por las autoridades, y las primeras declaraciones equívocas del secretario Ruiz Esparza que sugerían que el gobierno quería eludir su responsabilidad. En el centro del primer diagnóstico de impacto que realizaron está el secretario, a quien observaron en un papel declarativo lleno de contradicciones y con un “bajo nivel argumentativo”, que generó más confusión y dio margen a que se pensara que se estaba protegiendo a la empresa constructora hispano-mexicana Aldesa.

La recomendación de los estrategas era que la empresa constructora, el supervisor y el realizador del proyecto ejecutivo de obra, debían hacerse responsables de la tragedia, y que no recayera en la SCT el papel de victimario. La realidad ha sido un deslinde generalizado de responsabilidades, donde nadie tuvo culpa alguna de nada. Aldesa, que ha enviado un equipo de ejecutivos a México para controlar el daño y manejar la crisis que enfrenta, rechazó el cuestionamiento sobre la integridad de la empresa. Epccor, la otra empresa que colaboró con Aldesa en la construcción del Paso Express, culpó al gobierno de Morelos por falta de mantenimiento y limpieza del drenaje.

La falta de control sobre los declarantes y la ausencia de un secretario firme que pudiera unificar una respuesta y homologar el mensaje, contribuyó al desorden comunicativo y a la crisis que no se detiene. La declaración del vocero de Epccor molestó a las autoridades de Morelos, que se agravó cuando Ruiz Esparza dijo que el delegado de la SCT en el estado, lo había recomendado el gobernador Graco Ramírez. La respuesta fue fulminante y abrió nuevos flancos al gobierno federal. Ramírez dijo no haber conocido jamás al delegado –al anterior, agregó, pidió que lo removieran por corrupto-, y comentó que el representante de la SCT lo había nombrado la Secretaría de Gobernación.

El documento retomó la información aportada por Ruiz Esparza a la prensa de que la tragedia había sido causada por una fuga de agua en un drenaje, consecuencia de lluvias atípicas en la zona. “La atipicidad de las lluvias en el centro del país es una variable fácilmente comprobable”, indicaron los estrategas. Roberto Ramírez, director de CONAGUA, dijo una semana antes que si bien se estaban registrando lluvias atípicas en el centro del país, en el promedio del año, había llovido menos en 2017 que en 2016. En la zona del socavón, empero, la lluvia fue de 54.4 milímetros, cuatro milímetros más que el promedio histórico.

La atipicidad de las lluvias y la responsabilidad sobre las constructoras que se sugería como “la narrativa gubernamental”, quedó hecha trizas antes de que comenzara a aplicarse. Ruiz Esparza no ha logrado que los ejecutivos de Aldesa ofrezcan una rueda de prensa, como se pide en el documento, para responder los cuestionamientos técnicos. Tampoco se preparó un análisis del suelo (mecánica de suelos) donde se realizó la obra “para atender cualquier otro riesgo y prevenirlo”, que de acuerdo con Óscar Callejo, subsecretario de Infraestructura de la SCT, fue responsabilidad única de la dependencia, con lo que deslindó, una vez más, a las constructoras.

Ruiz Esparza y su equipo demolieron la estrategia. Primero dijeron que no había peligro y que el subsuelo de la obra en el área del socavón estaba firme y estable. Después tuvieron que limitar el flujo por el Paso y más adelante suspenderlo. A los habitantes de la zona, a quien no habían volteado a ver salvo para asegurar que estaban seguros, tuvieron que desalojarlos a medianoche ante los riesgos de más víctimas. Los estrategas plantearon que se debía mantener en confidencialidad los montos del apoyo a las familias, pero el secretario declaró que se les daría un millón de pesos por “el mal rato que pasaron”, que fue una declaración que volvió a incendiar a la opinión pública por la insensibilidad, por lo menos que se pueda decir, del comentario.

“Mediáticamente, Gerardo Ruiz Esparza ha resultado y será señalado como el principal responsable. En materia de opinión pública, el asunto es altamente complejo y de alta densidad por la percepción de corrupción e incompetencia contra la actual administración y su ambicioso programa de infraestructura”, iniciaron los estrategas su documento. La estrategia pretendía evitar que las percepciones se convirtieran en la historia oficial de la tragedia. Lo que no anticiparon es que el fracaso del plan contribuirá a hacer realidad lo que querían impedir.

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La comedia veracruzana

Raymundo Riva Palacio

Las imágenes de Javier Duarte al pisar territorio mexicano tras ser deportado por Guatemala, tienen una involuntaria comicidad. Su cara, y la de los agentes que lo acompañaron hasta la cárcel, se digitalizaron para que nadie pudiera enterarse quién era el misterioso personaje que todos sabían quién era. Sus manos también estaban digitalizadas para ocultar que iban esposadas. En el juzgado, ordenó a la prensa que logró acceso a su primera comparecencia, que no podían tomar fotografías ni videograbar la diligencia. Se trataba de salvaguardar el debido proceso, dentro de los parámetros del nuevo sistema penal acusatorio del ex gobernador de Veracruz, que para efectos de registro histórico, es su primer caso de alto impacto. El show, como dijo Duarte, comenzaba.

La primera escena fue el lunes, cuando el juez federal en el Reclusorio Norte le negó seguir su proceso en libertad por el temor de que se podía escapar. Era una discusión ociosa, dado que para que eso pudiera ser considerado, tendría que dejar de existir el presunto delito de delincuencia organizada, que es el único por el que está en la cárcel. La segunda fue la admisión de la PGR que ha acreditado sólo el 10% del dinero desviado del erario, en donde quieren amarrar el presunto delito de lavado de dinero. Este arranque tuvo sus cortinas de humo.

¿Cómo mantener la credibilidad de un caso que parece armado para que, si no se cae rápidamente, Duarte vea con nitidez la luz al final del túnel y mantenga alta su expectativa de recuperar la libertad en un tiempo que no impacte políticamente en el gobierno? Esta pregunta sirve como hipótesis de trabajo: ¿Será Duarte juzgado realmente por los delitos que presuntamente cometió? O ¿es una charada para satisfacer las jaurías de la opinión pública y gobernar –a contrapelo de lo que originalmente decían en Los Pinos- para la gradería? La duda surge a partir de lo que está sucediendo en el arranque del juicio al ex gobernador, cuya persecución judicial comenzó unos 10 meses después de haberse iniciado la investigación.

En febrero de 2016, de acuerdo con personas que conocen los prolegómenos del Caso Duarte, el entonces director del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez, entregó a la PGR todas las carpetas de investigación sobre el entonces gobernador de Veracruz, que fueron la base para iniciar la averiguación previa mucho tiempo después sirvió para pedir la orden de aprehensión. La documentación no mostraba un daño al erario por sólo 38 millones de pesos, que es lo que la PGR dijo al juez que tiene probado como desvío, sino por más de 400 millones de pesos.

Esto no incluye algunos “botines de guerra”, como llaman en el argot policial a los decomisos que son rasurados, como el que sucedió este año en un departamento que encontró la PGR en la colonia Del Valle de la Ciudad de México, donde descubrieron 400 millones de pesos en efectivo, de los cuales se repusieron alrededor de 200 al gobierno de Miguel Ángel Yunes en Veracruz, y el resto se destinó para la campaña del PRI para gobernador en el estado de México, según funcionarios que conocieron del decomiso. Este monto, no quedó registrado.

Entonces, como primera reflexión, se puede argumentar que las autoridades no están acusando a Duarte por todos los recursos que supuestamente desvió. No obstante, como en el caso del ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier, y de la maestra Elba Esther Gordillo, sólo se necesitan dos millones de pesos para mantenerlo en la cárcel. Los 38 millones acreditados a Duarte por la PGR, por ello mismo, son suficientes. Y con eso puede montarse el show pronosticado por el ex gobernador de Veracruz, para un público sediento de sangre. Pero el caso tiene otra lectura que no está en la superficie, y que deberá ser uno de los argumentos centrales de la defensa sobre la observancia del debido proceso.

Si se toman en cuenta los tiempos en que tardó en actuar la autoridad, se puede argumentar que por error o por perversidad se solicitó la orden de aprehensión hasta después de que Duarte pidiera licencia como gobernador, a mediados de octubre pasado, sin que mediara un juicio de procedencia para el desafuero. Esto significa que el ex gobernador puede argumentar que como tenía fuero constitucional, la orden de aprehensión violó el debido proceso y se tiene que fallar una nulidad de origen, por lo que el caso se caería en su totalidad.

Existe una discusión continua sobre si el fuero desaparece cuando se pide licencia para retirarse del cargo. Cuando Duarte la solicitó, Yunes, entonces gobernador electo de Veracruz y abogado que entiende bastante de estas cosas, dijo que seguía teniendo fuero, por lo que tendría que ser desaforado para ser procesado, en el caso de delitos federales por el Congreso de la Unión, y en el de los delitos del fuero común, por el Congreso estatal. Adicionalmente, hay una jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia que indica que cuando un servidor público que goza de fuero constitucional solicita licencia, no pierde la protección otorgada.

De esta manera, si se pensaba ejercer acción penal verdadera contra Duarte, la PGR tendría que haber pedido al legislativo un juicio de procedencia para pedir su desafuero. Al no hacerlo dejó sembradas las semillas para que Duarte camine hacia la libertad. El expediente, como se dice en el argot judicial “lo dejaron flojito” para que la defensa encuentre la puerta de salida, y Duarte no se desespere. Así está la justicia mexicana.

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Duarte, ¿inocente?

Raymundo Riva Palacio

Javier Duarte llegó a México extraditado por Guatemala para enfrentar acusaciones que tienen que ver con corrupción. Sin embargo, no hay que dar de brincos porque alguien al que se le adjudica saqueo de las arcas por cientos de millones de pesos, tenga que rendir cuentas. De hecho, las acusaciones que formularon la PGR y la Fiscalía de Veracruz ente el Tribunal guatemalteco para que autorizara su entrega, están llenas de errores y no prueban de manera contundente las acusaciones en su contra. Es decir, en las condiciones jurídicas actuales, las posibilidades de que Duarte derrote en tribunales a sus acusadores, son mucho más elevadas frente a la posibilidad de que sea sentenciado.

La extradición de Duarte se fincó en tres acusaciones, una de ellas federal, que es la de la PGR que lo acusa por delincuencia organizada y lavado de dinero, y dos locales radicadas en Veracruz, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición, y por tráfico de influencias e incumplimiento de un deber legal. Un análisis sobre las acusaciones, publicadas por la edición impresa de Eje Central establece errores en los documentos entregados a los tribunales guatemaltecos y contradicciones en las cifras del presunto daño que causó al erario.

De acuerdo con la explicación, la PGR presentó peritajes que no demuestran la ruta del dinero del presupuesto veracruzano presuntamente desviado por el ex gobernador, ni soportan los testimonios que acrediten el delito de delincuencia organizada. En el caso de la Fiscalía de Veracruz, sólo aportaron dos documentos y un par de testimonios, con las que pretende probarle al exgobernador cinco delitos. La debilidad del caso contra Duarte fue sintetizado en tres campos por Eje Central:

1.- Al no establecer que existía una estructura criminal para delinquir, no se podrán demostrar los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, que exige comprobar que tres o más personas se organizaron para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos tipificados por la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

2.- En el caso de los delitos del fuero común, los documentos que integran las dos carpetas, las 38/2017 y 56/2017, en las que se basan las acusaciones de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición, tienen su origen en las denuncias de un líder partidista, y en una de las auditorías que practicó el Órgano de Fiscalización Superior del estado (Orfis) en 2014 y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pero que apenas cubren un pequeño monto de los presuntos desvíos que se atribyen al gobierno de Javier Duarte, y que Orfis calculó en 24 mil millones de pesos en ese ejercicio fiscal.

3.- En la carpeta 56/2017, se vincula a Duarte por el presunto desvío de 220 millones de pesos de la Comisión de Aguas del Estado de Veracruz (CAEV), originado por la denuncia presentada el 13 de diciembre de 2016 por el Orfis. El expediente está tan mal integrado que ni siquiera los montos del presunto peculado coinciden con las auditorías federales. Y en el caso de la segunda carpeta, en la que se le acusa de tráfico de influencias por utilizar un helicóptero del gobierno del estado, cuando ya era gobernador con licencia, la autoridad ni siquiera prueba que utilizó sus influencias para beneficiarse del helicóptero, y tampoco acredita que como gobernador con licencia ya no tenía derecho a usar la aeronave.

La debilidad de la acusación y el hecho de que no haya sido deportado en automático, levantan suspicacias sobre una entrega pactada. ¿Por qué no lo deportó inmediatamente el gobierno de Guatemala si había violado sus leyes migratorias al entrar con pasaporte falso? La respuesta, dicha en un principio por los guatemaltecos, es que Duarte ingresó con uno real. Si fue el suyo, se puede alegar que la Secretaría de Gobernación, que era la resonsable de dar este seguimiento, no lo estaba buscando. Si fue un pasaporte real, con nombre apócrifo, tampoco hay investigación conocida de cómo lo obtuvo en la Cancillería mexicana.

La razón por la que no lo deportaran fue explicado –sin abundar porqué no fue un proceso mecánico sino hablado con México- por el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, como una medida para evitar que Duarte pudiera quedar libre, lo que es incorrecto, pues al fincársele el presunto delito de delincuencia organizada, no sería sujeto a fianza. De habérsele deportado, se podrían haber añadido delitos a las causas penales que se le siguen. Al ser extraditado, sólo lo pueden juzgar por los delitos establecidos en el documento entregado al Tribunal. Para que se le puedan añadir delitos en México, tendrían que volver a hacer un trámite en Guatemala para ver si el Tribunal acepta que se le añadan.

La extradición, en este sentido, es benéfica para Duarte, que parece más un reo protegido por las autoridades mexicanas que perseguido con toda cabalidad. Ciertamente, esta hipótesis podrá ser desmontada por la realidad de un juicio expedito y de acusaciones sólidas, en lugar de los que nos tienen acostumbrados, llenos de fuegos pirotécnicos y acciones cosméticas que ganan tiempo y desgastan a la opinión pública, procesos políticos, no legales, donde pagar las cuentas que deben no es el objetivo, sino apagar el incendio de la coyuntura. Esto, ya lo veremos.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

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La metáfora del socavón

Raymundo Riva Palacio

Las columnas políticas están saturadas con el clamor a que renuncie el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, por la tragedia en el Paso Exprés de Cuernavaca, donde la semana pasada dos personas murieron cuando al caer en un hoyo a la mitad de autopista. Lo absurdo de esta muerte desató la presión contra Ruiz Esparza, quien dijo no me voy hasta que así lo determine mi jefe –a quien le transfirió esa responsabilidad-, el presidente Enrique Peña Nieto, que ha probado ser protector de la incompetencia. Ruiz Esparza debió renunciar, no por culpable sino por responsable, o el presidente darle ese empujón y limitar el daño en él. Al no ser así, el socavón se convirtió en la metáfora de su gobierno, donde todo lo malo que sucede se le pega a él.

¿Por qué Ruiz Esparza debió haber sido cesado o, de manera políticamente responsable presentado su renuncia? Porque un servidor público debe regirse por la ética institucional. Pero si no bastara el compromiso para el presidente que le encargó una delicada responsabilidad, por mentiroso. El columnista Carlos Puig, lo documentó el viernes pasado en Milenio, al recordar que para presumir la obra de 14 kilómetros y medio que no era nueva sino era una ampliación del libramiento en Cuernavaca, el staff de propaganda gubernamental grabó un spot donde decía Ruiz Esparza: “El concreto asfáltico que estamos viendo aquí… es sin duda, un material más resistente. No tenían drenaje, entonces tuvimos que hacerles un drenaje para que la carretera en un momento dado tuviera circulación de agua y las casas de al lado pudieran desahogar también los líquidos de sus casas”.

La justificación que dio Ruiz Esparza tras el socavón, fue que las lluvias atípicas habían tapado un drenaje que tenía 40 años de viejo. Entonces, ¿dónde quedó el drenaje que construyó su secretaría? O fue una mentira flagrante, o hay un público caso de corrupción. ¿Cuál es de los dos secretario? La memoria corta ayuda a salirse por la tangente. Cuando se mostró que las autoridades en Morelos y los vecinos llevan más de ocho meses advirtiendo sistemáticamente sobre la mala obra y los riesgos con el drenaje, cesó al delegado de la SCT en Morelos y a cuando menos siete funcionarios más en las oficinas centrales. La omisión es una violación a la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos. El delegado, entonces, incumplió su trabajo. ¿De dónde salió?

El columnista Julio Hernández lo explicó el viernes en La Jornada. Hace ocho años, José Luiz Alarcón Ezeta, era director de la escuela de idiomas Harmon Hall, que fundó su padre. Lo nombraron delegado de la SCT por recomendación del gobernador Graco Ramírez, tras haber realizado actividades empresariales con Cuauhtémoc Ochoa. Este hombre, no lo menciona en la columna Hernández, es parte importante del círculo interno del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de quien fue funcionario cuando era gobernador en Hidalgo, y uno de los enclaves políticos de Bucareli en la Secretaría del Medio Ambiente. Sin ningún nexo previo con el gobernador, se puede alegar que su recomendación fue un favor político a Osorio Chong.

La conexión entre el secretario de Gobernación y los delegados es importante recordar. De acuerdo con funcionarios federales, sobre el 80% de los delegados de la SCT fueron impuestos por la Secretaría de Gobernación. Es decir, ocho de cada 10, como en el caso de Alarcón Ezeta, el secretario Ruiz Esparza no tuvo ni voto ni veto. Los delegados federales son como subsecretarios en los estados donde están comisionados, aunque no todos son tan poderosos como los de la SCT, porque son los responsables de distribuir los recursos para las obras –esa dependencia es la que más gasta-, y repartir los trabajos entre los grupos regionales. Esa racional permitió al gobierno federal repartir las obras entre empresas de todo el país, lo que se modificó en el gobierno de Peña Nieto, donde los beneficiados notoriamente, incluso en tierras muy lejanas de sus orígenes, fueron mexiquenses e hidalguenses.

Cuando se extraña e indigna el presidente porqué tiene tan mal ánimo y ambiente en todo el país, haber roto la distribución regional de obras es una de las razones que debería de tomar en cuenta. El avasallamiento de los suyos y del secretario de Gobernación sobre los recursos de los contribuyentes es una explicación del porqué en todas las mediciones sobre percepción de corrupción que se hacen en el extranjero, el gobierno de Peña Nieto ha retrocedido significativamente en los rankings globales. En Gobernación, como en Comunicaciones y Transportes, el presidente no ha hecho nada por reparar las anomalías. Qué tanto sabe de lo que se hace en su gobierno, es una incógnita sin resolver.

En todo caso, el socavón es una metáfora continuada del sexenio peñista: un gobierno de cuates, donde el amiguismo se sobrepone a las capacidades; una tibieza en la mano presidencial que le impide sacrificar a quien no dé resultados o que le genere un conflicto innecesario; tortuguismo para tomar decisiones políticas y éticas. El viernes pasado hubo una reunión de gabinete en Los Pinos, donde se revisaron los avances del sexenio y los logros de la reforma energética. Del resto de los temas nada. Por cuanto a incompetencia, corrupción, inseguridad, violencia, ingobernabilidad, desprestigio, los calificativos que se convierten en sustantivos sobre su gobierno, ni una palabra revelada. Otro botón de este sexenio fallido.

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ESTRICTAMENTE PERSONAL

El sufrimiento de Videgaray

Raymundo Riva Palacio

La crisis que vive Jared Kushner por los contactos que tuvo con diplomáticos y emisarios del gobierno ruso durante la campaña presidencial en Estados Unidos, es la misma crisis que vive Luis Videgaray. El yerno del presidente Donald Trump, su consejero desde la campaña de 2016, está bajo fuego luego que su cuñado divulgara los correos electrónicos que muestran la planeación de una reunión con una abogada rusa que ofrecía información de su gobierno contra Hillary Clinton, por posibles violaciones a la ley electoral y de conspiración. La crisis la resumió el senador demócrata Chris Murphy, en una entrevista con la televisora MSNBC: “Si este fuera un mundo político normal, Jared Kushner estaría sin trabajo esta noche”. Si eso llegara a suceder, Videgaray será un daño colateral.

El esposo de Ivanka Trump está en medio del peor torbellino desde que comenzó la turbulenta Presidencia de su suegro. Un análisis en la edición digital de la revista Vanity Fair, señala que dado su amplio papel durante la campaña y la presidencia de Trump, la investigación en su contra continúa expendiéndose. La cadena de periódicos McClatchy informó que el Departamento de Justicia y los comités de Inteligencia del Senado y la Cámara de Diputados, también investigan si el equipo digital de la campaña de Trump, encabezado por Kushner, jugó un “papel como conducto o atajo de Moscú para influir en las operaciones en las elecciones”.

En una crónica analítica en The New York Times, se añadió que el escrutinio sobre Kushner se centra en qué tanto le dijo a Trump sobre la naturaleza de su reunión con la abogada rusa. El Times agregó que si minimizó lo platicado u omitió detalles significativos, “permitió a su suegro.., al vicepresidente de Estados Unidos y a muchos otros voceros, salir y repetir día tras día la mentira que nadie en la operación de Trump se había reunido con funcionarios u operadores del gobierno ruso”. El fuego le está subiendo tan rápido a Kushner, que la revista New York ventiló las versiones que podría renunciar.

La desgracia de Kushner sería la desgracia de Videgaray, a quien en la primavera de 2016, un banquero que lo visitaba regularmente cuando era secretario de Hacienda, ofreció acercarlo con el candidato Trump. Videgaray lo consultó con el presidente Enrique Peña Nieto, quien le autorizó iniciar los contactos. Un empresario conocido de Francisco Guzmán, jefe de la Oficina de la Presidencia, que tenía relación con Kushner, terminó de concretar el primer encuentro, en verano en un hotel en Nueva York, donde se reunión secretamente con Kushner e Ivanka Trump, y se planteó la posibilidad de la visita de Trump a México durante la campaña presidencial, discutida en el equipo del candidato en agosto.

El 30 de ese mes, se dio la visita relámpago de Trump a Los Pinos, que causó la crisis política más profunda del sexenio, al partirse el gabinete por la invitación. Peña Nieto mantuvo su apoyo a Videgaray, que sólo cambió días después cuando por sugerencia de funcionarios de la Casa Blanca, lo orilló a renunciar. Peña Nieto pensaba haber salvado un enfrentamiento con el presidente Barack Obama y con quien pensaba que ganaría la elección, Hillary Clinton. Tan pronto como ganó Trump, Peña Nieto reactivó a Videgaray, quien viajó a Nueva York en noviembre para otra reunión con Kushner, y establecer las bases de la relación bilateral.

Ya como secretario de Relaciones Exteriores, Videgaray preparó con Kushner la visita de Peña Nieto a Washington para hablar con Trump, que se frustró por las imprudencias del jefe de la Casa Blanca. El ánimo guerrero de Trump se apaciguó por la intermediación de Kushner, quien llevó a Videgaray a hablar con él en la Oficina Oval en los primeros días de la administración. Se volvieron a colocar ruedas a la relación bilateral, que tomó un curso de normalidad y contribuyó a la tranquilidad de los mercados internacionales. Kushner se convirtió en el enlace del gobierno de Estados Unidos con México, y Videgaray en el mismo papel de su gobierno.

Los dos han armado el andamiaje de la relación y preparado la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que fue el principal tema en su reunión el martes pasado en la Casa Blanca, cuando el escándalo ruso aumentaba su velocidad. Esa polémica se intensificó desde entonces. El martes, los señalamientos contra Kushner eran por la sospecha que él era el filtrador de los comprometedores correos electrónicos de Donald Trump Jr. Hoy, el coliseo washingtoniano está gritando que lo degraden y, de preferencia, que lo destituyan. Trump no ha dado señales de estar fastidiado de su yerno, como sugiere la revista New York que ya sucede en su entorno. La realidad, sin embargo, es que Kushner está dejando de ser un activo para convertirse en un lastre, y nadie sabe si saldrá fortalecido de este episodio, o se retire antes de que lo destruyan.

Videgaray es un daño colateral de lo que le suceda. Depende de él para agilizar y dinamizar la relación bilateral y la renegociación comercial. Sin Kushner, las cosas podrían salir, pero podrían no, o sufrir bloqueos, porque se quedaría sin la persona con derecho de picaporte en la Oficina Oval que le resuelve en forma expedita las cosas. Videgaray necesita triunfar en este campo, que lo es prácticamente todo, que le permitiría ser interlocutor en la decisión sobre la candidatura presidencial en 2018, y allanar el camino para una vida transexenal. El problema es que la sobrevivencia de Kushner, no depende de él.

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Espionaje, señor Peña, you have a problem

Raymundo Riva Palacio

Espiar ilegalmente en México a mexicanos por el hecho de tener posiciones críticas al gobierno, es una acción condenable que exige explicación y sanción a quien o quienes lo hayan hecho, dentro del gobierno –funcionarios actuando al margen de la ley- o fuera de él. Pero espiar ilegalmente a extranjeros en territorio mexicano, coloca al gobierno en el umbral de un problema internacional. Las autoridades pueden mantener su negligencia para investigar casos de espionaje a mexicanos y burlarse de la rendición de cuentas. Pueden ignorar, deliberadamente o no, conocer a los autores intelectuales de semejante actividad, e incluso solapar a los responsables. Pero pretender lo mismo cuando hay extranjeros involucrados tiene implicaciones internacionales, como sucede con el espionaje al grupo de expertos internacionales que coadyuvaron en la investigación de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, revelado esta semana.

Como reacción directa ese espionaje difundido a través del periódico The New York Times, el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa, afirmó en el programa “La Nota Dura” transmitido por El Financiero-Bloomberg, que nunca recibió del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ningún reclamo por la sospecha de que sus comunicaciones privadas estaban siendo intervenidas. No lo sabían. Los investigadores le dijeron al diario que no fue sino hasta que difundió el método mediante el cual se intervinieron los teléfonos de activistas sociales, abogados de derechos humanos y periodistas, que sospecharon que ellos también habían sido objetivo de esos ataques. El Citizen Lab, de la Universidad de Toronto que verificó que esas intervenciones habían sido realizadas por un programa llamado Pegasus, confirmó que así había sido.

Pegasus es un software que vende una empresa israelí llamada NSO Group, que de acuerdo con el Times, sólo puede ser adquirida por gobiernos. De ahí la sospecha informada que el espionaje se originó en alguna oficina del gobierno federal, y la instrucción del presidente Enrique Peña Nieto para que la PGR investigara. Han pasado varias semanas desde que dio la instrucción y no ha sucedido nada. El argumento es que una investigación de esta naturaleza lleva tiempo. Lo inverosímil no es la demora para dar resultados, sino que no sepan claramente quién o quiénes, dentro o fuera del gobierno, tenían acceso a Pegasus. Lo mismo se puede alegar del CISEN, que de acuerdo con funcionarios federales, no tiene ese software, contradiciendo lo que los contratos del NSO Group sostienen.

El espionaje ilegal es un tema de seguridad nacional. Si la PGR y el CISEN, que tiene la tecnología para investigar de manera más expedita el espionaje ilegal, no saben nada, es más grave que si funcionarios en esas dependencias hubieran abusado de su autoridad, pues reflejaría una incompetencia monumental del gobierno en términos de la seguridad del Estado. No es creíble que desconozcan su origen y a los autores. La hipótesis que el gobierno sí sabe quién espió y está encubriendo a los responsables, la fortalece el cabildeo del PRI en el Congreso para impedir que sean llamados a comparecer el secretario de Gobernación, el procurador general y el director del CISEN. En toda democracia, como asegura el presidente Peña Nieto es México, que el Congreso llame a que los funcionarios involucrados en temas delicados expliquen sus haceres y procederes, es una práctica normal. Que el PRI esté impidiendo que vayan a comparecer, sabiendo que los coordinadores no hacen nada que no les ordenen desde Los Pinos, daña más al presidente Peña Nieto de lo que el propio presidente o su equipo creen. No se beneficia el presidente de este blindaje contra la transparencia, sino que indirectamente lo inculpa.

Ciertamente, en el caso del espionaje doméstico, el gobierno puede soportar las críticas e ignorarlas, así como manipular al Congreso para que no moleste al Ejecutivo. Sin embargo, eso no lo podrán hacer con el espionaje extranjeros, que violó tratados y acuerdos internacionales, con lo cual podría ser sujeto el presidente, como jefe del Ejecutivo, a un litigio en cortes internacionales. Sólo como botón de muestra, la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, establece que nadie puede ser sujeto de interferencia arbitraria o ilegal de su privacidad, y tiene derecho a la libertad de pensamiento, a expresarse y a diseminar información por cualquier medio sin ser sujeto a coerción o intimidación, gozando de la protección de la ley contra esos ataques.

Las garantías individuales y los derechos contemplados internacionalmente, fueron violados con los mexicanos y los extranjeros. Los mexicanos no tienen muchas opciones, ante la pasividad e indiferencia de las autoridades, pero no los extranjeros. El espionaje contra ellos no tiene muchos precedentes. La analogía en la memoria es el espionaje global de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos en su guerra contra el terrorismo. No obstante, el hoyo legal que salva al gobierno de esa nación fue el Acta de Vigilancia de Inteligencia en el Extranjero de 1978. El mexicano no tiene nada por el estilo. El espionaje fue grotesco y masivo, y el encubrimiento se encuentra bajo los mismos parámetros.

El presidente debe reflexionar sobre lo que está sucediendo en su gobierno, sean o no algunos de sus colaboradores responsables directos de ello, y actuar en consecuencia. Si no hace algo al interior de su equipo, entonces se le recomienda contratar un equipo de abogados y preparar su defensa en cortes internacionales, porque alguien va a pagar por esto y, hasta ahora, la única cabeza responsable a la vista es la de él.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

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