Domingo, febrero 19, 2017
Estrictamente Personal

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ESTRICTAMENTE PERSONAL

La misteriosa corrupción de Odebrecht

Raymundo Riva Palacio

El 21 de diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el conglomerado brasileño Odebrecht y su filial petroquímica Braskem, aceptó su culpa por haber sobornado a políticos y funcionarios de 11 países entre 2011 y 2016, y aceptaron pagar multas por tres mil 500 millones de dólares, la mayor suma jamás desembolsada para resolver un caso de corrupción extranjero en las cortes de ese país, que sería entregada a los países que participaron en la investigación, Brasil, Estados Unidos y Suiza. Lo que nunca se hizo público es que México había participado en las pesquisas y que en vísperas de que se hiciera público el caso, el gobierno del presidente Barack Obama, excluyó al gobierno mexicano de colgarse la cuarta parte de la medalla.

Personas que conocen el caso dijeron que los propios ejecutivos de Odebrecht que estaban negociando cómo llegar a un acuerdo con los cuatro países, se mostraron sorprendidos porque el gobierno mexicano fue excluido, por lo que hicieron contactos con la PGR para tratar de llegar a un acuerdo bilateral similar, que evitara que les congelaran sus obras en este país y actuaran eventualmente contra sus ejecutivos. De acuerdo con documentos de la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York, Odebrecht pagó sobornos por más de 10 millones de dólares a funcionarios mexicanos entre 2011 y 2014 para asegurar que les dieran obra pública, con lo cual obtuvo un beneficio de 300 por ciento.

Uno de los casos que resaltó la Corte, como se describió en este espacio el 23 de diciembre, se refería a un evento en octubre de 2013, donde Odebrecht “aceptó pagar un soborno a un alto funcionario de una empresa paraestatal mexicana, controlada por el Estado, a cambio de ayudarla a ganar un proyecto. Entre o alrededor de diciembre de 2013 y finales de 2014, Odebrecht pagó a ese funcionario seis millones de dólares”. El conglomerado brasileño tiene un largo historial de negocios en México, al igual que su filial Braskem, y es posible ver sus actividades a través del portal de Transparencia del gobierno mexicano.

En 2014, el año que usa la Corte en Brooklyn como ejemplo de la corrupción en México, Odebrecht ganó la licitación de Pemex, a través de su filial Tag Pipelines–, del tramo dos del colosal desarrollo del gasoducto Los Ramones, que recorre los estados de Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas. El contrato fue de 935 millones de dólares. No existe en esta documentación ningún indicio de que este es el contrato por el cual se pagó el soborno.

Sin embargo, por las fechas señaladas, los documentos de la Corte neoyorquina sugieren que se dio durante la licitación del gasoducto Los Ramones, ganada por Tag Pipelines, que desde un principio levantó oposición y críticas por que el proyecto llevaba un sobreprecio de 60%, así como la exigencia que se frenara al entonces secretario de Energía en el gobierno de Felipe Calderón, Jordy Herrera, que conoció con detalle la obra cuando fue previamente director de Pemex Gas y Petroquímica Básica, el área que supervisó Los Ramones. Nunca pasó nada. Cuando Herrera dejó el cargo en Pemex, lo sustituyó Alejandro Martínez Sibaja, quien fue el primer funcionario que removió bruscamente José Antonio González, cuando sustituyó a Lozoya en la dirección general de la empresa. Oficialmente, Martínez Sibaja pidió su jubilación.

 

Los documentos de la corte neoyorquina no identifican a ningún funcionario corrupto, pero personas que conocen a ex empleados de Pemex estrechamente vinculados al ex director de la empresa, Emilio Lozoya, señalaron que uno de los más nerviosos por el escándalo de Odebrecht es Froylán Gracia García, coordinador ejecutivo de la Dirección General en la administración anterior. En este espacio se publicó en octubre de 2015 que una investigación en la Secretaría de Energía –que nunca fue reconocida oficialmente- buscaba comprobar acusaciones en su contra por actos de corrupción. La PGR también ha recibido información en los dos últimos años de que el ex director de Procura y Abastecimiento, Arturo Henríquez Autrey, presionaba a empresarios para que pagaran montos multimillonarios específicos que, dijeron a las autoridades, se entregarían a Lozoya. El ex director de Pemex ha reiterado en varias conversaciones a lo largo del tiempo, que las imputaciones son falsas y que sus colaboradores nunca participaron de actos de corrupción. Tampoco hay acciones en su contra.

La ruta de la corrupción de Oderbrecht en México iba a ser dibujada por sus ejecutivos cuando se acercaron a la PGR en busca de una negociación fuera de tribunales. De acuerdo con personas que fueron informadas de lo que quería intercambiar la empresa brasileña porque les permitieran seguir trabajando en México, eran detalles de cuánto dinero invirtieron en campañas políticas en Veracruz y Tamaulipas, en qué años y a quiénes. La relación de la empresa con funcionarios veracruzanos en particular, es estrecha. La embajadora en Brasil, Beatriz Paredes, incluso le organizó una visita a Sao Paulo al ex gobernador Javier Duarte, para hablar con los ejecutivos del emporio de la construcción latinoamericano.

Lo que ha pasado con la corrupción de Odebrecht en México es un misterio. Dejaron de buscar un acuerdo de colaboración con la PGR, y tampoco han tenido problemas para seguir trabajando en este país. En todo caso, a diferencia de lo que sucede en Latinoamérica, donde van apareciendo más políticos involucrados en su corrupción, en México no pasa nada.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

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Siete segundos para morir

Raymundo Riva Palacio

El jueves pasado, unidades de élite de la Marina respondieron indirectamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien le había dicho al presidente Enrique Peña Nieto que las Fuerzas Armadas de su país no tenían ni la capacidad ni el valor para enfrentar a los cárteles de la droga. En un operativo en Tepic para neutralizar al jefe de plaza en Nayarit y el norte de Jalisco del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, los comandos se enfrentaron varias horas con los criminales, que dejaron un saldo de 13 narcotraficantes muertos, contra ningún marino. De todo ese tiempo de refriega en barrios residenciales y en la cercanía del aeropuerto en la capital nayarita, lo que circuló profusamente en las redes sociales y los medios de comunicación, fue un video de siete segundos de duración, donde desde un helicóptero ruso de la Marina, dispararon una Barrett con balas trazadoras –que son modificadas para que una carga pirotécnica en su base permita que arda y se pueda ver su trayectoria en la noche- de 50 milímetros.

El operativo fue quirúrgico, eficaz, con notoria capacidad de fuego y sin importar que hubiera daños colaterales. Abatieron al jefe de la plaza, Juan Francisco Patrón Sánchez, apodado El H2, y a toda su guardia petroriana. Pero tras el asombro por el impresionante operativo, surgieron las denuncias de abuso de fuerza y las versiones de que en la acción habían muerto menores. El secretario de la Marina, almirante Vidal Soberón, fue obligado por la opinión pública a dar la cara, y afirmó que no participó ningún menor en el operativo, ni se abatió a ninguno de ellos. El almirante explicó ante la prensa lo que, según su información, sucedió:

“Los 15 efectivos que llegaron al domicilio fueron recibidos con fuego real, aunque se insistió desde que llegamos, (y) se estuvo insistiendo durante toda la operación, que era la Secretaría de Marina y que pedíamos su rendición. Jamás se rindieron. En una casa de tres pisos y exactamente en el alto de la azotea ellos tenían una posición muy favorable desde la cual estaban disparando a nuestro personal y tenían una vista de 360 grados. Al ver esto se pidió el apoyo de un helicóptero artillado, el cual hizo fuego por un tiempo no mayor a siete segundos, con el único objetivo de que se retiraran de la azotea, cosa que se logró, ya mi personal no estaba resistiendo la cantidad de fuego de precisión que estaban efectuando ellos”.

El almirante Soberón se quejó de que sólo se estaban viendo esos siete segundos letales, y no toda la acción que duró, según la prensa nayarita, varias horas. En todo caso, de sus propias declaraciones públicas se puede argumentar que mintió y que los comandos de la Marina sí hicieron uso excesivo de su fuerza letal, en violación de la ley. El almirante Soberón dijo que se disparó desde el helicóptero a la azotea, pero en el video se aprecia que las balas trazadoras fueron dirigidas al frente de una casa, a la cual le provocaron daños en su base y paredes. El helicóptero realizó acciones aéreas lentas mientras enfocaba su objetivo, pese a lo que nunca fue alcanzado por ningún proyectil. La versión oficial es que les dispararon desde tierra pero nunca alcanzaron a la nave.

Las Fuerzas Armadas mexicanas disponen de un Manual del Uso de la Fuerza, en cuya regulación del uso de la fuerza, publicada el 22 de mayo de 2014, establece su legitimidad bajo los principios de oportunidad, proporcionalidad, racionalidad y legalidad. La proporcionalidad, como se especifica en el Capítulo 3, “se utiliza en la magnitud, intensidad y duración necesarias para lograr el control de la situación, atendiendo al nivel de resistencia o de agresión que se enfrente; se refiere a la relación entre la amenaza al bien jurídico tutelado del personal o de la población civil ajena a los hechos, y el nivel de fuerza utilizada para neutralizarla”.

En el operativo en Nayarit no hay forma de justificar la proporcionalidad establecida por la ley. El índice de letalidad fue de 12 muertos, lo que sugiere que se utilizó mucho mayor fuerza de la que se necesitaba.

Estos datos no son anormales para la Marina, cuyo índice de letalidad rompe todas las convenciones, inclusive supera al Ejército y a la Policía Federal, que rebasan las proporciones de muertos y heridos establecidos por la ley. Sólo como referencia, un estudio de la Cruz Roja Internacional de las guerras desde finales de los 70’s encontró una proporción de cuatro heridos por cada persona muerta. En México, según un estudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Ejército mata a ocho enemigos por cada uno que hiere, mientras que la Marina mata a 30 agresores por cada uno que hiere, que es un radio similar al resultado en Tepic el jueves.

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Fake news… made in Mexico

Raymundo Riva Palacio

El ciclo de información sobre su hipotética influencia en el presidente Donald Trump, tiene de cabeza al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, quien repite a cada periodista que le pregunta, no censuró ni reescribió el discurso del presidente el 25 de enero, cuando firmó una orden ejecutiva para la seguridad fronteriza y la inmigración. El canciller no parece estar públicamente a gusto con que el fondo de la relación con Estados Unidos se concentre en este momento a ese episodio que, paralelamente, ha desatado una investigación para saber quién o quiénes están filtrando tanta información de Los Pinos a la prensa.

No hay que darle muchas vueltas a este asunto, que se volvió viral desde ese día, cuando la cadena de televisión CBS difundió un reporte donde afirmaba: “El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, realizó personalmente cambios al discurso del presidente Donald Trump que anunciaba una orden ejecutiva para construir el muro fronterizo, según funcionarios mexicanos. Cuando Videgaray visitó la Casa Blanca en enero, el mismo día que Trump iba a firmar la orden ejecutiva, Jared Kushner, consejero de la Casa Blanca y yerno del presidente, le mostró el discurso que iba a dar ese día en el Departamento de Seguridad Territorial. Videgaray estaba horrorizado, según los funcionarios mexicanos. Si no cambiaban las palabras, probablemente separaría aún más las relaciones entre los dos países”.

Como Trump efectivamente no mencionó que México tendría que pagar por el muro en ese discurso, la versión de la CBS tomó carta de legitimidad, lo que obligó a que Videgaray dijera a través de su cuenta en Twitter, en inglés y en español: “Nunca pensé que llegaría el día en que yo usaría esta frase, pero hoy aplica: “FAKE NEWS”. El canciller parafraseó a Trump en su cruzada contra los medios, a quien acusa regularmente de producir fake news, que significa noticias falsas. Videgaray, quien asegura que esas filtraciones dañan la relación bilateral, se ha cuidado de especular sobre el origen de esa especie, al asegurar que provino de Washington. No parece ser así. La misma versión, casi verbatim, fue publicada por columnas políticas en la prensa de la Ciudad de México el 26 de enero, el segundo día del encuentro de Videgaray en la Casa Blanca. Como botones de muestra:

Templo Mayor de Reforma: “La delegación mexicana se enteró en pleno vuelo que ayer se ordenaría construir el muro. Por lo mismo, al aterrizar en Washington, expresó su molestia. Videgaray advirtió a sus anfitriones que esperaría que que el discurso del presidente no fuera ofensivo para México. Esto, aseguran, habría movido a Trump a moderar el tono hacia México”.

Bajo Reserva de El Universal: “Aseguran que el martes por la noche, cuando el presidente de EU difundió un tuit en el que anunciaba que el miércoles aprobaría la construcción del muro en la frontera con México, el canciller Luis Videgaray estaba volando hacia la capital estadounidense. Dicen que se hizo un fuerte reclamo que obligó a la contraparte a repensar el discurso. Y que la postura de Trump fue ‘matizada’, ante el extrañamiento mexicano”.

Frentes Políticos de Excélsior: “Donald Trump, presidente de EU, horas antes de que una comitiva mexicana se reuniera con representantes de su gobierno, publicó un tuit enfatizando que la construcción del muro va. Cuando difundió el tuit, los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y de Economía, Ildefonso Guajardo, volaban rumbo a Washington. La declaración de Trump causó molestia y tensión diplomática, lo cual obligó a matizar la declaración”.

Rozones de La Razón: Con la novedad de que el martes, cuando Donald Trump colgó su tuit sobre el anuncio del muro, Luis Videgaray ya volaba hacia EU, lo cual provocó ayer un fuerte reclamo a la Casa Blanca, que hizo que empezara 45 minutos tarde la conferencia del mandatario, quien matizó su postura”.

No fueron las únicas que publicaron la misma versión que, adicionalmente, recogió el mismo error. No se encontraban volando Videgaray y Guajardo cuando Trump soltó su tuit, sino en Washington. Con una interpretación ligeramente distinta, “reescribir” en lugar de “matizar”, CBS difundió la misma filtración de, se puede argumentar, los mismos funcionarios mexicanos que dos semanas antes buscaron darle un spin victorioso a la visita de los secretarios en la Casa Blanca. Un spin similar, sin llegar al extremo de hablar de editar el discurso de Trump, fue publicado esa misma noche en The Washington Post, para decir que Videgaray había influenciado a la Casa Blanca para que realizaran modificaciones al texto. La Casa Blanca negó rotundamente que eso hubiera sucedido.

¿Quién filtró? Esta es una pregunta que se vienen haciendo en Los Pinos desde hace varios días. Quién está sacando información, real o falsa, de la casa presidencial que aterriza en las columnas y primeras planas de los diarios de la Ciudad de México. Hay investigaciones en curso para determinar quiénes son los responsables, pero si se analiza con cuidado la especie del papel de Videgaray en la Casa Blanca, se podrá llegar a conclusiones, sin mucha dificultad. Las huellas están claras y hay un patrón de filtraciones que siempre conduce al vecindario donde vive el presidente.

P.D. El secretario de Estado, Rex Tillerson, canceló su viaje a la Ciudad de México este miércoles, como se reportó en este espacio ayer. El viaje se había programado antes de la crisis de seguridad nacional en la que se encuentra la Casa Blanca. No hay una nueva fecha definida para la visita.

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El canciller de Trump

Raymundo Riva Palacio

Sin perder el tiempo, el secretario de Estado en el gobierno de Donald Trump, Rex Tillerson la una invitación de su contraparte mexicana, Luis Videgaray, para visitar México, por lo que este miércoles llegará para consultas bilaterales y un toque de cortesía, se espera, al presidente Enrique Peña Nieto. Tillerson vendrá con todo el aura que significa ser el canciller del país más poderoso del mundo, aderezado en este momento por un líder decidido a cambiar el orden de todas las cosas. Como casi todos en el primer equipo de Trump, Tillerson nunca había tenido un cargo público y viene del sector privado, cuyo último trabajo fue presidente de Exxon, una de las petroleras más grandes del mundo. Quienes lo conocen de tiempo saben que su interés se centra únicamente, en este orden, en Rusia, Canadá e Irán. Lo demás, era lo de menos.

México no está en sus prioridades estratégicas, según personas que lo conocen, aunque tampoco es distante. De hecho, mantiene una gran amistad con Emilio Lozoya, el primer director de Pemex en el gobierno peñista, despedido hace casi un año tras un largo enfrentamiento, paradójicamente, con quien ahora Tillerson tiene como su primer interlocutor, Videgaray. La última gran acción empresarial Tillerson al frente de Exxon fue en diciembre, cuando en alianza con la francesa Total, ganaron una licitación petrolera en México, donde invertirán más de seis mil millones para exploración y desarrollo de uno de los bloques en aguas profundas.

El petróleo es lo suyo. En una ponencia junio de 2012 en el Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York, la organización privada que reúne a los empresarios más ricos de Estados Unidos y a los ex funcionarios de gobierno estadounidense y líderes de opinión más influyentes en la política exterior, se refirió a la relación energética con México y Canadá. “Los tres países manejan sus recursos de manera distinta, pero los tres tienen una larga relación histórica en el libre comercio a través del TLCAN, y debido a él, tenemos una estrecha a través de sus economías y de las co-inversiones. Y ciertamente, entre los tres hay una larga relación histórica en suministro de energía”.

En esa plática, Tillerson expresó su esperanza de que la relación con México se profundizaría, gracias a la reforma energética, lo que abriría a Estados Unidos grandes oportunidades. La posición de Tillerson, aunque discrepa con la de Trump en libre comercio, siempre ha estado asociada a la idea de que la seguridad energética norteamericana forme parte central de las negociaciones trilaterales. La discrepancia de posiciones con su actual jefe expuso sus contradicciones durante la audiencia de confirmación en el Senado, cuando al admitir que comparte las preocupaciones de Trump en aquellos aspectos donde no hay beneficios para Estados Unidos, dijo que el libre comercio entre las naciones “es crítico para el éxito de nuestra política exterior”.

El discurso de Tillerson no es incendiario, ni proteccionista, ni reduccionista como el de su jefe. Cuando el senador de Nuevo México, Bob Menéndez, le pidió su opinión sobre el deseo de “aislar a México con un muro” y la retórica de Trump contra los mexicanos, respondió: “Yo nunca caracterizaría a todos los mexicanos con una etiqueta. México es un vecino confiable de mucho tiempo y un amigo de este país… Aunque probablemente tenemos diferencias en cuanto al reforzamiento de nuestras leyes de inmigración, aún necesitamos continuar cooperando con México en temas importantes de interés común, como el narcotráfico”.

Tillerson, por su conocimiento –aunque parcial- de México, puede ser considerado un aliado del gobierno peñista al compartir objetivos comunes y coincidir en que una buena relación es benéfica para los intereses de cada país. Su visita, sorprendente por la rapidez con la cual la programó, es una señal que puede ser vista con optimismo. No obstante, Tillerson llegará herido. Apenas la semana pasada, en uno de los múltiples arrebatos del presidente estadounidense, su propuesta de Elliot Abrams como número dos en el Departamento de Estado, aprobada después de una cordial plática del viejo halcón de la política exterior con Trump, se derrumbó cuando enteraron al jefe de la Casa Blanca de un viejo artículo donde lo criticaba. Trump no entiende de formas y desautorizó a Tillerson en la primera gran decisión que tomaba.

Tillerson no es un pro cónsul de Trump, y como su canciller, lo que diga y haga en Washington será valorado y tomado en cuenta. El problema con este notable y notorio revés de Trump a su canciller, es que le restó legitimidad, y dio fuerza a quienes en la Casa Blanca, como siempre sucede, buscan incidir más que el secretario de Estado en política exterior. Históricamente, la relación tensa e intensa se da entre el canciller y quien encabece el Consejo de Seguridad Nacional. Pero ahora, Tillerson tiene dos obstáculos más, el yerno de Trump y su super consejero –Israel, Medio Oriente y México los temas en donde más está involucrado-, Jared Kushner, y el jefe de estrategia de la Casa Blanca, Stephen Bannon, quien tiene la visión de que México es un Estado fallido y hay que actuar en consecuencia.

La tarea de Tillerson, por lo que México se refiere, es traducir a Trump las razones por las que debería mantener el status quo en la relación con México. El canciller de Trump entiende el valor de la sociedad, pero no se le ve la fuerza para imponer su visión en la Casa Blanca. Su visita es útil, pero no habrá que colocar en ella sola la restauración de la relación trilateral a como estaba, parece historia, hace 26 días.

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El fracaso de la marcha

Raymundo Riva Palacio

México es un país tan dividido, que ni siquiera Donald Trump, el enemigo común, logra generar unidad. Este domingo se dio la última pincelada del desacuerdo nacional al darse dos marchas para protestar contra la beligerancia obscena del presidente de Estados Unidos contra los mexicanos, cuyos organizadores no sólo fueron incapaces de conciliar sus diferencias sino que cruzaron descalificaciones recíprocas. Las marchas, escribió ingeniosamente Salvador Camarena en las páginas de El Financiero el viernes, son de quien las trabaja.

Organizaciones que durante años han trabajado más codo con codo que a codazos por la agenda de una mejor seguridad pública, se lanzaron por su lado a convocar su marcha frente a la amenaza externa, porque como sucede con todas las cosas en México, se politizó por razones domésticas que terminaron arrollando el objetivo común: el sí o el no que en esa marcha se valiera una condena al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Las dos marchas, asimismo, fueron rechazadas por la izquierda, convencida que era un respaldo al presidente.

Cada quien según sus intereses, expuestos el domingo desde la racional del vacío ideológico y el interés particular, colocados por encima la búsqueda de unidad. La sociedad mexicana es mayor que el presidente en turno, que el gobierno, que los políticos y los sindicatos, que los medios, los periodistas y tantos savoranolas que emergen de todos lados, pero no es activa, sino pasiva, y quienes tienen la capacidad para organizar protestas terminan aplastando a quienes tienen deseos de participar en una acción colectiva y formar un frente común que si bien no cambiará las cosas de un día para otro, exprese que los ciudadanos no son actores de reparto en este país, sino figuras centrales de la vida pública.

Los marchistas del domingo y la mayoría silenciosa o gritona, o la que buscó el sabotaje y descalificación en las redes sociales, son espejo de la realidad nacional. En Paseo de la Reforma, se manifestaron el agua y el aceite. Los organizadores de una de las marchas pidieron que se enfocara todo a la protesta contra Trump, bajo el argumento, expuesto por Laura Elena Herrejón, de Movimiento Pro Vecino, impulsora de la marcha “Mexicanos Unidos”, que el objetivo era uno, el repudio al presidente de Estados Unidos, porque la ropa sucia se lava en casa, y no podían ni debían ligarla con una condena a Peña Nieto.

En el otro extremo, María Elena Morera, de Causa Común, quien comenzó a organizar la marcha “#VibraMexico”, que incorporó críticas a las políticas gubernamentales, denostó a Isabel Miranda de Wallace, de Alto al Secuestro, que caminó junto con Herrejón el domingo, al decirle que era una insensatez organizar otra marcha el mismo día a la misma hora. Las palabras se trasladaron a hechos y con hostilidad y gritos, se obligó a la señora Wallace a retirarse del Ángel de la Independencia, donde confluyeron. La intolerancia total en medio de la marcha que condenaba la intolerancia de Trump. La mezquindad patriotera y los intereses particulares, como siempre.

La cultura corporativista de los de arriba no cambia. Lo mismo se puede alegar sobre las organizaciones que no dejan de aprovechar coyunturas para desquiciar la vida cotidiana de los mexicanos para presionar a las autoridades a atender sus problemas. ¿Dónde estaba la Coordinadora Magisterial que el jueves inició en la Ciudad de México su temporada de protesta rumbo al 15 de mayo y la negociación salarial? ¿Dónde las centrales campesinas que tan bien se organizaron para protestar contra el gasolinazo? ¿Y Antorcha Campesina? ¿Y el Movimiento de los 400 Pueblos? ¿Dónde esas organizaciones que son grupos de interés con fachadas de luchadores sociales? Son todos lo mismo. Apelan a los ciudadanos para la enajenación colectiva y la manipulación de las masas que les ayuden a litigar sus temas en el ámbito al que pertenecen, las élites.

Todos unidos contra Trump, hasta que esa unión no choque con sus intereses, percepciones y convicciones. Una encuesta telefónica en el El Financiero el 31 de enero, tras la cancelación del viaje de Peña Nieto a Washington para hablar con Trump, mostró que el 72% de los consultados aprobó la decisión del presidente de cancelar su viaje, contra el 23% que la desaprobó, lo que parecía haber generado un sentido de unidad nacional. Sin embargo, el mismo estudio mostró que si bien el 40% creía que la actitud de Trump sí había propiciado la unidad de los mexicanos, el 56% afirmó que prevalecían las divisiones. Aún así, el 56% de entrevistados dijo que acudiría a un llamado del presidente a salir a la calle para mostrar su respaldo ante Trump.

Peña Nieto nunca hizo ese llamado, y quienes lo hicieron de manera autónoma, no recibieron el respaldo que algunos esperaban porque creían ver su mano detrás de las movilizaciones ciudadanas. Alrededor de 18 mil personas, según las autoridades, marcharon este domingo. Para el tamaño de este país, o marchas anteriores con objetivos específicos, correlacionado con los altos decibeles registrados contra Trump en las redes sociales, el levantamiento de un muro principista y moral contra el presidente estadounidense este domingo, fue un fracaso.

Las marchas de protesta y la campaña en redes sociales en contra de ellas, enseñaron lo dividido de un país que no aprende de sus experiencias históricas. Hay un ruido ensordecedor en la arena pública mexicana que no se traduce en acción colectiva. Ciertamente, Donald Trump tiene en México un lechón con su manzana en el hocico, listo para comerse.

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ESTRICTAMENTE PERSONAL

El propagandista del presidente

Raymundo Riva Palacio

La comunicación social y política del gobierno mexicano está hecha bolas. Decirlo parece un lugar común, pero la frase encierra muchos de los secretos por los cuales el presidente Enrique Peña Nieto no encuentra la forma de comunicarse y persuadir a sus gobernados, que lo tienen muy mal evaluado. El más importante es que lo que todos vemos, no es la realidad. Vemos al director de Comunicación Social de Los Pinos, Eduardo Sánchez, salir a dar siempre la cara para fijar posiciones del presidente, y a los responsables de esas áreas en el gobierno federal hacer lo mismo, con el mismo guión. Arriba de todos, sin que nadie en la opinión pública lo vea, se encuentra Alejandro Quintero, el hombre que mueve los hilos de la comunicación gubernamental y que llegó a Los Pinos en abril del año pasado para evitar que el presidente siguiera cayendo por el precipicio. Hasta ahora, ha fracasado.

Quintero ha sido un hombre muy importante en la mercadotecnia política en los últimos 15 años. Como vicepresidente corporativo de Comercialización y de Ventas de Televisa durante todos esos años, creó los multimillonarios convenios de promoción de los políticos en las influyentes pantallas de la empresa de Emilio Azcárraga, e inventor del llamado Plan de Acción, que construyó la narrativa de Peña Nieto desde la gubernatura del estado de México a Los Pinos. Quintero se ufanaba de haber sido él quien había hecho a Peña Nieto presidente, por lo cual les debía todo a él y a Televisa. El poderosísimo Quintero, sin embargo, cayó de la gracia en Televisa, de donde salió en no muy buenos términos en diciembre de 2014.

A Quintero responsabilizan los ejecutivos de Televisa –sin que se haya podido comprobar nada-, de haber sido el autor de una denuncia anónima en la Comisión de Valores y Cambios de Estados Unidos, conocida por su acrónimo SEC en inglés, que mencionaba el ocultamiento de ingresos monumentales que se escondían a los inversionistas –y por tanto esquilmaban sus utilidades-, producto de convenios con políticos que querían un buen tratamiento informativo y una promoción disfrazada de noticia, que no entraban por los conductos institucionales de la empresa. La denuncia generó gran preocupación en Televisa, porque de haberse comprobado el hecho, habría generado multas a la empresa en la Bolsa de Nueva York, donde también cotiza, y eventuales penas de cárcel para los responsables. Un despacho de auditores en Nueva York, contratado por Televisa, no encontró sustento en las acusaciones.

Quintero reapareció en la clase política en abril del año pasado, cuando el presidente Peña Nieto, urgido por mejorar su comunicación con la sociedad, lo contrató. No entró en las nóminas de la Presidencia y no se puede rastrear lo que cobra a través de los conductos oficiales porque no salen de ahí sus honorarios, que de acuerdo con personas conocedoras de la industria, se calculan en 100 millones de pesos anuales. Además de los honorarios, son los privilegios que le dio Peña Nieto lo que han llamado mucho la atención. Quintero prácticamente no va a Los Pinos, y las reuniones de trabajo las realiza en su casa en Monte Cáucaso, en las Lomas de Chapultepec, a donde acuden puntualmente los funcionarios de la Presidencia.

Es Quintero quien da las líneas generales a Sánchez, a Alejandra Lagunes, responsable de medios digitales del gobierno, y a otros funcionarios de la casa presidencial, sobre cómo debe venderse a Peña Nieto en las diferentes plataformas. El asesor, sin embargo, ha resultado un fiasco, si se ven los resultados. En mayo del año pasado, cuando apenas estaba tomando posesión, la aprobación presidencial era de 32%, contra 62% de rechazo. En agosto, con su operación de prensa y propaganda en marcha, la aprobación se había caído tres puntos y la aprobación subido ese mismo porcentaje.

En noviembre, Consulta Mitofsky reportó una aprobación de 24% contra una desaprobación de 69%, y en diciembre, Reforma registró el mismo nivel de aprobación pero una desaprobación de 73%. En enero de este año, este mismo diario registró una aprobación de 12% contra una desaprobación de 86%, mientras que la encuesta del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública del Congreso, publicada también en enero reflejó una aprobación de 6%, contra una desaprobación de 88%, que son cifras similares a las que tienen en Los Pinos de sus estudios privados.

Hasta finales del año pasado, cuando menos, el presidente no percibía a Quintero como un fracaso, ni estaba convencido de que los tropiezos de su gobierno y su mala aprobación tuvieran que ver con la comunicación social o con el mensaje, que confunde o identifica como una misma cosa. Lo que ha sucedido en materia de comunicación durante las últimas seis semanas ha subrayado que, a diferencia de lo que piensa el presidente, sí tiene un problema de mensaje, que es la narrativa, y de comunicación, que es cómo se presenta esa narrativa. La mala operación comunicativa sobre el gasolinazo abrió los espacios para los esfuerzos de golpeteo y desestabilización contra su gobierno, mientras que la atropellada forma de enfrentar al aparato propagandístico de la Casa Blanca, logró que el presidente Donald Trump arrasara a Peña Nieto.

El cambio que hizo el presidente en la cabeza de la propaganda gubernamental ha fracasado totalmente. Están los datos demoscópicos y están las reacciones de la sociedad en las calles para soportar el argumento que la llegada de Quintero no le benefició y sí, en cambio, profundizó el daño a su imagen, legitimidad y consenso para gobernar.

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Con Trump no hay manera

Raymundo Riva Palacio

El Premio Nobel de Economía, Joseph Stieglitz, estuvo la Ciudad de México la semana pasada para ofrecer dos conferencias –una pública y una privada-, y entrevistarse con cuatro miembros del gabinete. El presidente Enrique Peña Nieto no tuvo tiempo para recibirlo, como parecía que lo haría, y perdió la oportunidad de tener una opinión informada de lo que pasa en Estados Unidos. De otra forma, habría escuchado lo que dijo ante un grupo selecto en el Club de Industriales el viernes del presidente Donald Trump: todo lo que prometió durante su campaña lo va a cumplir, pero lo hará peor de cómo lo ofreció. Es decir, a cavar trincheras.

Stieglitz recomendó no abrir el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, como dice Peña Nieto que hará, y negociar sólo los temas no incluidos porque no existían en su momento, como el comercio digital o el sector energético, cerrado en México en ese entonces. Habría que acelerar la diversificación en todos los campos ante la posibilidad –no lo dijo textual Stieglitz- que el TLCAN que quiere Trump, sea inaceptable. Por la velocidad con la que Trump está cambiando el orden mundial, urge analizar no sólo los escenarios para la negociación comercial, sino si, en función de qué utilidad tendría entrar a ese proceso con un equipo que dependerá del humor de su presidente, sus necesidades coyunturales y hasta la dinámica de confrontación dentro de la Casa Blanca, vale la pena ir a una negociación llena de incertidumbres.

Con Trump no hay de otra. Despachar en la Oficina Oval no lo contuvo, y los contrapesos en su país no se ven capaces de frenarlo en el corto plazo, el tiempo en el cual se mueve y juega el futuro de las relaciones de México con Estados Unidos. La posibilidad de un proceso de desafuero por violaciones a la Constitución, tampoco parece estar en el horizonte próximo. Dos años al menos para ello, dijo Stieglitz, cuando los republicanos estén más seguros de no poner en riesgo la elección en el Congreso en 2018.

Si Peña Nieto no lo escuchó, podría revisar un ensayo publicado en abril pasado en el Harvard Business Review sobre porqué Trump no entiende sobre negociaciones, de Deepak Malhotra y Jonathan Powell. “El próximo presidente de Estados Unidos necesitará ser un negociador extremadamente efectivo”, escribieron. “Abundan los conflictos armados, las parálisis políticas y las crisis diplomáticas. El presidente será llamado a resolver la guerra en Siria, manejar las complejas relaciones con Rusia e Irán, lidiar en puntos calientes como Corea del Norte, Libia y Ucrania, manejar las tensiones con China, y revivir una relación bipartidista en el Congreso. Irónicamente, el único candidato presidencial que ha subrayado su talento como gran negociador, es quien precisamente tiene los instintos equivocados y la inexperiencia para el tipo de conflictos que el presidente enfrentará”.

Malhotra y Powell explicaron que el enfoque de Trump no sería sólo ineficaz, sino desastroso, por la forma como desconoce que negociar con empresarios no es lo mismo que hacerlo con gobiernos. La diferencia crucial es el objetivo, expusieron. Al negociar un contrato de negocios, se calcula cuánto dinero está sobre la mesa para considerar todas las formas en la cuales se pueda llegar a un acuerdo para captar mayor parte del valor creado. Pero para negociar en un conflicto de alto riesgo, hay que convencer a la otra parte de aceptar su solución, sin tratar de aplastarla, y colaborar para alcanzar un acuerdo que evite el desastre. En ese sentido, recordaron cómo Trump usaba la palabra “derrotar” al hablar de México, China y Japón.

“La idea prevaleciente en una negociación donde se dé un juego de suma cero, es peligroso en el contexto de conflictos prolongados y negociación internacional compleja. Cuando se negocia con personas electas al otro lado de la mesa… no eres sólo su adversario, sino también un socio cuyo trabajo es ayudarlo a pensar de manera más creativa para vencer la desconfianza y, lo más importante, para vender ese acuerdo a sus gobernados. Aún las propuestas más generosas pueden ser rechazadas si la otra parte es humillada… y no puede presentarse como victoria”, apuntaron.

“Trump no entiende esas dinámicas, como es evidente en su posición de política exterior más articulada: construir un muro en la frontera con México que pague el gobierno mexicano. El extremo de esa posición alcanzó un crescendo cuando el ex presidente Vicente Fox anunció fuerte y obscenamente que México nunca iba a pagar por el muro. ¿La respuesta de Trump?: ‘El muro acaba de elevarse tres metros’. Esto parece ser su forma de decir, ‘si rechazan mi oferta ridícula, escalaré las cosas para hacerlas aún más ridículas’. No estamos familiarizados con ningún contexto de negocio legítimo donde esta táctica haya dado resultados”.

El ensayo es una radiografía. ¿Cambiará Trump? No parece, cuando menos en el corto y mediano plazo. ¿A dónde irá la negociación con él? A mayor confrontación. Pensar en atrincherarse y acelerar la diversificación como propone Stieglitz deber ser la prioridad, y antes de que tire Trump el TLCAN a la basura, que sea México el que plantee que no hay condiciones para seguir dentro de ese acuerdo, y que el comercio bilateral se rija por las reglas de la Organización Mundial de Comercio, donde si Trump quiere violar las normas y pelearse con México, lo hará con el mundo. ¿Será difícil? Sin duda. Sin embargo, peor será cuando se llegue al mismo destino, pero empujados a patadas por Trump.

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Qué quiere Trump

Raymundo Riva Palacio

Conforme pasan los días comienza a tomar forma y sentido lo que en un principio parecían disparates absolutos del presidente Donald Trump y sus asesores en la Casa Blanca. Temas como el que los cárteles de la droga mexicanos pagarán parte del muro en la frontera con México o el envío de tropas estadounidenses a este país para combatirlos, empiezan a enseñar qué es lo que el nuevo gobierno en Washington está persiguiendo: un Plan Colombia, renovado y vigorizado, para México. Esto es, que ante la insuficiencia del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para hacerse cargo de la seguridad interna y enfrente con éxito a las organizaciones criminales trasnacionales, que temen puedan ser utilizadas por terroristas que atenten contra Estados Unidos, sea Washington quien tome las decisiones cómo enfrentarlos, con qué fuerza, intensidad y recursos humanos extranjeros operando en territorio mexicano.

Los dichos de Trump y sus asesores muestran el cuerpo de lo que desea de su relación con México y el gobierno de Peña Nieto, al que no consideran un aliado confiable en el combate contra los cárteles, sino un enemigo, como se ha descrito en este espacio en los últimos días. Este diseño significaría el fin de la soberanía mexicana en cuanto a la definición de tomar decisiones independientes y autónomas en Los Pinos, mediante un cambio cualitativo monumental en lo que ha sido la cooperación bilateral en esa materia durante los 10 últimos años: la lucha contra las drogas dependería estratégica y tácticamente de Estados Unidos.

El Plan Colombia fue firmado en 1999 por los presidentes Andrés Pastrana y Bill Clinton, con el objetivo de promover el proceso de paz, combatir la industria del narcotráfico, revivir la economía y fortalecer “los pilares democráticos” colombianos. Detrás de todo ello había una estrategia contrainsurgente y la sospecha que también las FARC, la longeva guerrilla colombiana, tenía relación con grupos terroristas del Medio Oriente. Quien se encargó de la operación en campo del Plan Colombia, fue José Rodríguez, quien era el jefe de Estación de la CIA en Bogota, y quien fue enviado a México posteriormente, donde estuvo hasta septiembre de 2001, cuando regresó rápidamente a Washington para hacerse cargo de la guerra contra el terrorismo como número tres de esa agencia, bajo cuya dirección encontró Estados Unidos la pista para descubrir a Osama bin Laden. Para entender las señales que está enviando la Administración Trump, hay que recordar lo que ha sucedido sucedió desde el relevo presidencial.

El 10 de enero, en la audiencia de confirmación como secretario de Seguridad Territorial, se publicó el cuestionario al general John Kelly, quien dijo que las ganancias de los cárteles son ilimitadas y las condiciones en aquellos países que satisfacen la demanda de drogas a Estados Unidos y que son razón importante por la que un alto número de indocumentados son usados por los cárteles utilizan la frontera con México como un acelerador. “Hay algunas excepciones a esta tendencia calamitosa. Una es el milagro en Colombia, que ha dado la vuelta de ser un Estado fallido, a uno que exporta seguridad a la región… Si me confirman, presionaré a México por una alianza y ayudaré a otras naciones a frenar el flujo de drogas e indocumentados”.

El 23 de enero, en la audiencia de su confirmación como secretario de Estado, Rex Tillerson, dijo que los intereses de Estados Unidos estaban mejor protegidos durante la colaboración militar con el Plan Colombia. “Ha hecho una dramática diferencia y puede ser considerado un éxito de la política exterior tanto para Estados Unidos como para Colombia”, añadió. “Colombia es uno de nuestros aliados más cercanos en el hemisferio y un importante socio comercial”.

El 29 de enero, el jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Reince Preibus, declaró a la cadena CBS en el programa “Face The Nation” que aunque no se había tomado una decisión final de cómo pagaría México por el muro de Trump en la frontera de Texas, una de las opciones era que parte del costo la asumieran los cárteles de la droga. Desde septiembre el equipo de transición de Trump preparó una propuesta, que permite entender eso que parecía locura. El plan se refiere a la creación de un Fondo de Seguridad Fronterizo Conjunto donde los dineros y propiedades decomisadas a los cárteles mexicanos, sean utilizados para la construcción y mantenimiento del muro.

El 6 de febrero, en una entrevista con la cadena Fox, Trump relevó que durante su conversación telefónica con el presidente Peña Nieto hace dos viernes le ofreció la ayuda de Estados Unidos porque “tenía un problema” con los cárteles de la droga, aunque no quiso confirmar ni negar que lo había amagado con enviar tropas a territorio mexicano para combatir esas organizaciones criminales a las cuales el Ejército, de acuerdo con versiones periodísticas matizadas pero no desmentidas, no enfrentaba por incapacidad o miedo. Trump ha ido confirmando a pedazos detalles de esa conversación que el gobierno mexicano ha desmentido, y que mantiene silencio sobre los señalamientos últimos del presidente y sus secretarios.

Al revisar la bitácora de las declaraciones estadounidenses, lo que se perfila es una línea de acción que camina hacia un Plan Colombia, cuyo diseño embona con el modelo de cooperación que busca el gobierno de Trump de México, y da coherencia a un eventual cronograma estadounidense. Se puede argumentar la existencia de un segundo plano a lo que parecían bravuconadas de Trump y su equipo que no se está viendo con claridad en México, más peligroso incluso, de lo que se ha anticipado. Cuidado, es lo que hay que tener.

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Ultimátum a México

Raymundo Riva Palacio

En el fondo de todos los problemas que tiene el presidente Enrique Peña Nieto y su gobierno, y México y los mexicanos con el presidente Donald Trump, es que cree que este país es un Estado fallido, donde la autoridad no manda ni impone, sino que la ley es manipulada por los criminales. Sus ideas, expresadas desde 2014 en las redes sociales donde habló de lo corrupto del Poder Judicial mexicano después de haber perdido un juicio por un fraude inmobiliario en Baja California, se ampliaron y profundizaron con la asesoría electoral de Stephen Bannon, quien llegó con él a la Casa Blanca como el cerebro del nuevo destino de Estados Unidos, que tiene la convicción que el gobierno peñista está rebasado por los criminales y, a la vez, ligado a ellos.

Dentro de este andamiaje conceptual, este domingo Trump volvió por sus fueros durante una entrevista con Fox News, donde afirmó que el gobierno de Peña Nieto no era capaz de contener los problemas ni tampoco a los narcotraficantes. Sus palabras son un eco de lo que sucedió recientemente en la Casa Blanca, cuando el canciller Luis Videgaray y una reducida comitiva de funcionarios mexicanos que iban a la primera plática sobre los temas prioritarios de la agenda bilateral, se enfrentaron con la fuerza y la furia de Bannon.

No había nada más importante que el tema que Bannon colocó en la mesa de negociación para abrir boca: México es un Estado fallido. Videgaray buscó contextualizar con las realidades de la relación bilateral, pero es inútil. En este espacio se ha referido el señalamiento en Brietbart News, un día después de las elecciones presidenciales de 2012: los mexicanos eligieron a un presidente vinculado a los cárteles de la droga. En las dos últimas semanas se ha dado un reciclaje a las acusaciones de Brietbart News contra Peña Nieto, como que el Cártel de Juárez inyectó dinero a su campaña presidencial. Brietbart News y Bannon son lo mismo. Lo que él hace en privado, lo expone el portal en público, lo magnifica y lo vuelve viral.

Pero no son sólo declaraciones o agresiones en la mesa de negociación, como Bannon hizo con Videgaray y los mexicanos en la Casa Blanca, o los mensajes de Trump a través de Twitter. Hay datos concretos de cómo y por dónde vienen las presiones contra el gobierno mexicano. Los más claros, en la Sección 9 de la orden ejecutiva sobre seguridad fronteriza e inmigración, firmada por el presidente Trump el 25 de enero, el mismo día en que inició la primera ronda de conversaciones entre los dos países, y horas después de que el presidente estadounidense aseguró que México pagaría por la construcción del muro fronterizo. El párrafo en esa sección del documento, dice textualmente:

“Requerimientos de información sobre Asistencia Extranjera. El jefe de cada departamento ejecutivo y agencia deberá identificar y cuantificar todas las fuentes de ayuda o asistencia federal directa e indirecta al gobierno de México sobre bases anuales durante los últimos cinco años, incluida la ayuda para el desarrollo bilateral y multilateral, la asistencia económica, la ayuda humanitaria y la ayuda militar. Dentro de 30 días a partir de la fecha de esta orden, la cabeza de cada departamento ejecutivo y agencia deberá entregar esta información al secretario de Estado. Dentro de 60 días a partir de la fecha de esta orden, el secretario deberá entregar al presidente un reporte consolidado reflejando los niveles de esa ayuda y asistencia que se ha entregado anualmente durante los últimos cinco años”.

Las áreas competentes del gobierno del presidente Peña Nieto en esta materia, no están familiarizadas con esta orden ejecutiva, y mucho menos con la Sección 9. El canciller Videgaray tampoco informó al presidente y al gabinete de la forma como el gobierno de Trump está priorizando sus objetivos en la relación con México. Videgaray ha dicho al presidente que la negociación con el equipo de Trump va por muy buen camino, y públicamente ha declarado que nunca como antes los habían tratado de bien como esta nueva administración en Washington. Por supuesto que es falso. La Sección 9 es un ultimátum a México, y representa lo único concreto en estos momentos en la relación bilateral. El problema es que sólo anticipa un acto de represalia no por lo que viene, sino por lo que ya pasó y es percibido como una realidad en la Casa Blanca: Peña Nieto y su gobierno no son confiables en la lucha contra los criminales. Peor aún, como insiste Bannon a través de Brietbart News, son cómplices.

El 25 de marzo próximo, dos meses antes del inicio formal –si no se adelanta- de la renegociación bilateral del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el secretario de Estado, Rex Tillerson, le entregará al presidente Trump el reporte, que dirá, de acuerdo con las cifras oficiales, que de 2011 a 2015, una docena de agencias del gobierno de Estados Unidos otorgaron mil 600 millones de dólares a México, particularmente con recursos del Pentágono, el Departamento de Estado y la Agencia para el Desarrollo Internacional.

¿Qué hará Trump con esa información? Se puede pensar que cancelará toda la asistencia a México, y que utilizará esos fondos para financiar parte del muro fronterizo. Pero el mensaje, si toma algún tipo de represalia y no lo toma como parte de los elementos para una negociación bilateral, será altamente ominoso: Trump no ve a México como socio o aliado; es su enemigo y actúa en consecuencia. Qué quieran en México, qué piensen o qué le diga Videgaray al presidente, lo tiene sin cuidado.

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Pleitos en el gabinete Premium

Raymundo Riva Palacio

Los hechos: la Secretaría de Hacienda anunció que el gasolinazo de principios de febrero se aplazaría 17 días, porque hay forma de absorber con los ahorros del gobierno la no recaudación de poco más de mil millones de pesos. Los dichos: el subsecretario de Hacienda, Miguel Messmacher, reconoció que la decisión fue política. El interlineado: enfrentados tecnócratas y políticos, en la reunión de gabinete el jueves en Los Pinos para ver el rumbo a tomar, la decisión fue temporal porque el presidente Enrique Peña Nieto no pudo resolver en forma determinante. Por tanto, el pleito entre secretarios continúa.

El choque dentro del gabinete se viene arrastrando desde hace dos meses, cuando ante la explicación técnica del porqué de la liberalización de los precios del combustible para subsanar un hoyo fiscal estimada por Hacienda en 200 mil millones de pesos, el presidente dijo que el no hacerlo repercutiría en programas sociales que tendrían que ser cancelados. En año de elección en el estado de México, que está en su cabeza más que el conflicto que tiene con el presidente Donald Trump, según personas que han hablado con él en las dos últimas semanas, suspender programas sociales afectaba sus estrategias electorales.

Un gasolinazo adelantado para 2017, argumentado técnicamente por el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray a los diputados priistas en septiembre del año pasado, empataba con el diseño electoral para el estado de México al estilo mexiquense: abrir las arcas para ganar votos. El candidato, para cerrar el círculo, fue Alfredo del Mazo Maza, que presidía la Comisión de Presupuesto –la que distribuyó el dinero a los estados-, y primo de Peña Nieto. Lo circunstancial, como todos estos datos, se alinearon no obstante en beneficio de la casa presidencial en su lucha porque el PRI mantenga el poder en el estado de México y fortalezca ese granero de votos para 2018.

Lo que ni Peña Nieto ni Videgaray tomaron en cuenta el año pasado, fue el deterioro social, con un incremento de casi 10% en el empeoramiento del humor social el año pasado, y la pérdida de legitimidad del presidente que crea las condiciones para la ingobernabilidad, al ser menos de ocho de cada 10 mexicanos los que aprueban su gestión. Este distanciamiento con la realidad social y política llevó al presidente, aunque consciente que sería una medida antipopular, a no tomar provisiones a finales del año pasado. Incluso, la oficina de su vocero instruyó a los comunicadores gubernamentales en diciembre a no salir a los medios porque, explicaron, nadie estaba viendo al gobierno en esas fechas.

Las discusiones en el gabinete tenían otro tono. La voz más fuerte del bloque opositor al gasolinazo fue de Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Urbano y Territorial, quien expuso los problemas políticos que esto podría representar para el gobierno de Peña Nieto. El secretario de Salud, José Narro, añadió que el humor social era tan negativo, que esa medida repercutiría principalmente en el presidente. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, planteó varias veces las complicaciones de gobernabilidad iba a provocar esa medida. Pero en las reuniones de gabinete antes de fin de año, los derrotaron los tecnócratas. Peña Nieto se fue de vacaciones convencido de que había que liberalizar los precios. La reacción social y la violencia callejera lo sacudieron, y según cercanos, su ánimo se desplomó como nunca antes en el sexenio.

El gasolinazo arrancó con movilizaciones sociales y vandalismo. Si bien hubo expresiones espontáneas o por imitación que se sumaron a los saqueos, se registraron acciones coordinadas para atacar tiendas y robarlas. La entidad que más sufrió fue el estado de México, donde hubo más de 600 incidentes, decenas de ellos a la misma hora y día en el inicio de las protestas, de acuerdo con datos de los organismos empresariales mexiquenses. La movilización social, muchas de ella organizada, no se ha frenado. Todos los días hay actos de protesta en todo el país, aunque la prensa ya no registra con detalle la bitácora de la rebelión.

Las reuniones en el gabinete reiniciaron en enero, donde el presidente estaba dubitativo sobre los reiterados llamados de los secretarios más políticos, que tenían que buscarse alternativas. Hace poco más de 15 días se puso sobre la mesa suspender el gasolinazo y compensar fiscalmente con un ajuste del gasto público. Varios secretarios expresaron lo que eso significaría. Robles, la voz más frontal contra Hacienda, expuso hace menos de dos semanas que un ajuste más en Sedatu, de sí muy devastada presupuestalmente hablando, era como liquidarla.

Peña Nieto arrancó la semana pasada sin haber tomado ninguna decisión. Una nueva propuesta se había colocado sobre la mesa: se matizaría el presupuesto con un tope de pérdida de recursos fiscales de 40 mil millones de pesos que se compensaría con reducciones en el presupuesto. El jueves en la reunión de gabinete donde se tomaría la decisión, los tecnócratas volvieron a frenar a los políticos, aunque ya no fue en forma tan contundente como a finales de 2016, pero con un espacio de dos semanas para seguir negociando el gasolinazo.

El dilema del presidente está en que se necesita reducir el hoyo fiscal para evitar recortes en programas y una baja en la calificación que repercutiría en el acceso a recursos por un lado, y la gobernabilidad por el otro. No da señales de saber qué hacer. Mientras sigue en medio de sus dudas, la batalla táctica y política entre sus secretarios de Estado.

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