Martes, mayo 30, 2017
Estrictamente Personal

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Tendencias mexiquenses

Raymundo Riva Palacio

¿Quién ganará la elección para gobernador en el estado de México el próximo domingo? Nadie lo sabe con certeza, pero tampoco nadie puede descartar una sorpresa. “Está muy cerrada, pero vamos a ganar”, dijo uno de los colaboradores más cercanos al candidato del PRI, Alfredo del Mazo. “Les viene un tsunami”, afirmó uno de los estrategas de la candidata de Morena, Delfina Gómez. A una semana de la elección, lo único que parece cierto es que la final será entre dos, pero de la lectura interna que hacen los partidos no se puede extraer en estos momentos ganador seguro. Las encuestas internas de los partidos ubican a Del Mazo y Gómez cómodamente arriba de sus contendientes, pero todas registran un dato que puede ser perturbador para el PRI: el número de personas encuestadas que responden “no sabe” o no contestó”, oscila entre 17 y 23%, lo que ha sido negativo para los candidatos del PRI en el pasado, porque regularmente es un voto escondido en contra de ellos.

Las últimas encuestas públicas sobre el estado de México muestran un repunte en las preferencias electorales de Del Mazo. Según el estudio difundido por El Financiero el 24 de mayo, Del Mazo traía el 34% de las preferencias electorales, contra 29% de Gómez, muy arriba de Juan Zepeda, el candidato del PRD, con 19%, y Josefina Vázquez Mota del PAN, con 13%. En la muestra del periódico, sin embargo, se registra que alrededor de dos de cada 10 encuestados, no quisieron revelar su preferencia electoral, que es un porcentaje que de votar, alteraría cualquier muestra realizada. Esta ha sido precisamente la tendencia en las últimas elecciones, la más significativa hace casi dos años en Nuevo León, donde las encuestas daban una apretada victoria para Jaime Rodríguez, El Bronco, o incluso una derrota ante la candidata del PRI, Ivonne Álvarez, que resultó en una paliza dos a uno. El PRI también esperaba ganar las elecciones para gobernador en Veracruz, Tamaulipas, Quintana Roo y Durango el año pasado, y se fueron a la oposición por ese voto oculto en las encuestas.

Si las tendencias electorales en los dos últimos años han mostrado que esta variable ha sido tóxica para el PRI, la pregunta es porqué en el estado de México tendría que ser diferente. El alto porcentaje de las personas que no revelan por quién quieren votar genera preocupación por un lado, y optimismo por el otro, pero sobretodo, en función de las metodologías de cada partido, diferentes tendencias de voto y mayor incertidumbre.

El tracking poll del PRI, por ejemplo, que arrojó un cruce preocupante para ellos el 10 de mayo, tras el segundo debate, cuando Gómez superó a Del Mazo en una tendencia que parecía difícil revertir, mostró un cambio importante el mismo día en que se publicó la encuesta de El Financiero, aunque la ventaja del priista sobre la morenista no era como la traía el periódico, sino un poco más modesta, de dos puntos porcentuales. El tracking poll es una encuesta que mide diariamente a los candidatos y sirve para estrategia más que como proyección de voto.

Bajo esta advertencia, el tracking poll de Morena dice otras cosas. Por ejemplo, que la ventaja de Gómez es irreversible, al haber estado en algunos momentos dentro de ese registro, hasta en 10 puntos de ventaja sobre Del Mazo. La principal encuesta que tiene Morena para consumo interno, es de la firma Indicadores S.C., refleja esa diferencia, que con fecha del 28 de mayo confirma que en una semana prácticamente no se movió nada. En esta última señala que Gómez y Morena aventajan en las preferencias con 36.6% del voto, contra 25.4% de Del Mazo y el PRI, arrumbando a Zepeda y el PRD en 17% y a Vázquez Mota y el PAN con 14%. Pero una encuesta telefónica que mandó a hacer el PAN, cuyos resultados estuvieron listos el 25 de mayo, muestra al PRI con una significativa ventaja de seis puntos, 28.7% de la preferencia de voto, contra 22.2% para Morena, 16.1% para el PRD y 12.4% para el PAN, con un nivel de no respuesta de 17.3%.

Si sólo se observan las preferencias de voto la confusión puede ser enorme. Hay otros datos que dicen mucho del electorado. Uno de ellos fundamental, sobre todo en el estado de México, es la aprobación de los gobernantes. En la última encuesta de Morena, ubican al nivel de desaprobación del presidente Enrique Peña Nieto en 78.6%, y la del gobernador Eruviel Ávila en 65%. Los datos sobre aprobación presidencial son consistentes con la mayor parte de los estudios, donde 8 de cada 10 electores rechazan la gestión de Peña Nieto, aunque es superior por casi 15% el rechazo a Ávila. La desaprobación del presidente es algo que ha ido cargando toda la campaña Del Mazo, y en las elecciones el año pasado, el rechazo a Peña Nieto y los gobernadores, fueron claves en las derrotas del PRI. El otro dato a observar es la abstención. Según las muestras del PRI, esperan un nivel de participación de 42%, lo que ya le preocupa a los estrategas de Del Mazo, porque entre más gente salga a votar, consideran, más lo hará por la oposición. El resto de los encuestadores se debate si la participación será en 50 o 60%, lo que sería un récord histórico para el estado de México y de ser así, un probable campanazo electoral.

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Pleito huachicolero

Raymundo Riva Palacio

El negocio del robo de combustible es un gran negocio. Todos los cárteles de la droga han expandido sus actividades criminales hacia la ordeña de los ductos de Pemex porque es lo que más dinero les está dejando. Una célula de Los Zetas, que es la organización que comenzó la ordeña de manera organizada como un negocio colateral al narcotráfico y contrabando humano, obtiene un promedio de siete millones de pesos semanales. Diariamente, en la hoy famosa zona del Triángulo Rojo en Puebla, las ganancias que obtienen las bandas criminales por ese hurto es de dos millones de pesos diarios. Tan grande es el valor de esa actividad, que Pemex reconoce que el año pasado perdió 30 mil millones de pesos por el combustible que extrajeron de sus ductos. La merma financiera para Pemex es monumental, pero el problema, que es viejo, no había sido atacado de manera abierta y enérgica como hasta este mes. La muerte de cuatro soldados derrumbó la negligencia gubernamental, que era asombrosa.

Tuvieron que suceder dos ataques directos a soldados en el Triángulo Rojo, la de mayor incidencia de robo a combustibles, a principio de mayo –cuatro militares murieron en uno de los enfrentamientos con los criminales-, para que el gobierno cambiara su actitud y, tomara con seriedad el combate a esos grupos criminales. La decisión del presidente Enrique Peña Nieto para que se enfrentara en forma transversal el fenómeno criminal se dio únicamente al final de todo un año de conflicto en esa zona huachicol, cuya reacción, no prevención, es la narrativa de cómo este crimen les estalló en las manos.

El presidente Peña Nieto tendría que haber estado muy bien informado del problema que se vivía, pues desde hace unos tres años promovió a quien había sido su jefe de seguridad en el gobierno del estado de México, el general brigadier Eduardo León Trawitz, como subdirector de Salvaguarda Estratégica de Pemex, que es el área responsable de los ductos. El general Trawitz sostenía reuniones regulares con los responsables del área logística de Pemex para discutir del robo de combustible, donde había acusaciones cruzadas. Ex funcionarios que conocen de esas reuniones, recuerdan que el general afirmaba que el robo tenía cómplices dentro de Pemex, mientras que los encargados de logística respondían que era responsabilidad de los militares la vigilancia.

El alegato del general es que tenía que haber complicidad en Pemex con los criminales porque para poder ordeñar un ducto se necesitaba, a fin de evitar una explosión letal, que no estuviera transportando combustible, información que sólo podría provenir del salón de control de ductos de la empresa. Esta idea sigue permeando en el gobierno federal y se está investigando en Pemex la posibilidad de complicidad con los criminales. Pero el alegato de los responsables de logística, sobre todo en el periodo 2014-2015, era por la información que se tenía en las áreas de seguridad del gobierno poblano, que la ordeña de ductos en el Triángulo Rojo estaba avalada y, en algunos casos, controlada, por los militares. Un enfrentamiento entre soldados y policía estatal en Amozoc, uno de los seis municipios de la zona huachicolera, por el manejo del combustible robado, hizo emerger la corrupción institucional, pero el expediente se congeló por el daño que haría a la imagen de los gobiernos, pero particularmente al Ejército.

Pese a esas señales de alarma, no se hizo nada. José Antonio González Anaya relevó a Emilio Lozoya en la dirección de Pemex a principio de 2016, y entre las cosas que cambió drásticamente, fueron las acciones en marcha para enfrentar la ordeña de ductos. Canceló el proyecto de desarrollo de trazadores que estaba realizando una empresa privada mexicana, por falta de presupuesto, y también paró una negociación con una empresa colombiana que vendía un sistema que utilizaba una especie de pelotas que corrían por los ductos y que en el momento que se registrara una perforación, tapaban el orificio.

El descuido se potencia porque en el Triángulo Rojo se incrementó el desafío de los criminales este año: el 11 de febrero asesinaron al regidor de Industria y Comercio de Quecholac, en un enfrentamiento contra huachicoleros; el 9 de marzo asesinaron a tres agentes de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto cuando investigaban a una banda dedicada al robo de combustible; el 16 periodistas y ONGs denunciaron amenazas de muerte de huachicoleros en esa zona; el 27, los habitantes de la zona atacaron un convoy militar para evitar que se llevaran dos camioneras con combustible robado; el 26 de abril los huachicoleros atacaron un destacamento militar en respuesta a un decomiso de otros vehículos con combustible robado; y en mayo, el 3, huachicoleros y pobladores de Palmarito atacaron a militares y mataron a cuatro soldados, y tres días después, cuando los militares se llevaban otras camionetas con combustible robado, volvieron a atacar a un destacamento militar en la misma comunidad.

Sólo así reaccionó el gobierno. El presidente ordenó el envío de dos mil 500 soldados a la región, para reforzar a los 500 policías estatales enviados para combate y control en la zona huachicolera. En Pemex restablecieron las negociaciones –aunque los costos se elevaron 100% en todo el tiempo de abandono-, y el secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, a manera de reclamo, afirmó: hubieron omisiones y fallas de autoridades para proteger el combustible mexicano. Tiene razón. Este problema ya cumplió 14 años de edad, que pudrió a las comunidades y corrompió a las autoridades. Otro capítulo más de la microhistoria mexicana.

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Fake news mexicanas

Raymundo Riva Palacio

Coahuila se ha convertido en el laboratorio mexicano de las fake news, este concepto que define la manipulación de un electorado a partir de la diseminación de información apócrifa. En la última semana, dos candidatos en ese estado han sido víctimas de las fake news, Guillermo Anaya, el panista que busca la gubernatura de Coahuila, y Humberto Moreira, presidente del PRI durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, y que quiere ser diputado local por el Partido Joven. En ambos casos, los creadores de esas fake news han utilizado a periódicos de la Ciudad de México como vehículos para mostrarlos como mentirosos, deshonestos y poco dignos para recibir el voto de los ciudadanos, a los cuales les han entregado documentación para lanzar denuncias, de origen anónimo, que descarrilen sus esfuerzos.

Hace tiempo los partidos entendieron que su voz había perdido credibilidad, por lo que las denuncias directas en conferencias de prensa o a través de sus espacios, no causaban el impacto que buscaban. Encontraron que esa misma denuncia, difundida por un medio de comunicación, tenía un efecto multiplicador y negativo contra el objetivo seleccionado. La semana pasada se publicó que Moreira tenía abierta una investigación en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre transferencias bancarias que su esposa y su cuñada habían hecho entre 2013 y 2016 por 62 millones de dólares, a cuentas bancarias en Mónaco y en las Islas Caimán, desde una cuenta en el Broadway Bank de San Antonio, Texas.

La publicación generó reacciones inmediatas de los partidos y los políticos, que exigieron a las autoridades mexicanas que se investigaran las acusaciones. Las secuelas de esa información aún rebota en la opinión pública, pese a que esa cuenta no existe. Una persona, después de esa revelación, intentó depositar 25 dólares en la cuenta del banco texano, pero le dijeron en las cajas que no existía. Un caso similar le sucedió a Anaya esta semana, al difundirse que tenía una cuenta en Banorte y otra en Barbados, que sumaban depósitos por 211 millones de pesos, pese a que en su declaración 3 de 3 sólo había reportado un ingreso neto mensual de dos millones. Anaya recibió de Banorte, a petición de él, una carta donde informó que la cuenta referida, no existía.

Verosimilitudes no es lo mismo que veracidad. No es la primera vez que se emplean fake news en los procesos electorales en México, que se volvieron relevantes y notorios como concepto durante la campaña presidencial en Estados Unidos, donde los grupos de extrema derecha simpatizantes de Donald Trump, desarrollaron sitios e información falsa para desacreditar a Hillary Clinton. Mucha de esa información falsa circuló a través de Facebook, donde de acuerdo con el medio digital BuzzFeed, de las 20 noticias apócrifas más relevantes, 19 afectaban a Clinton. El Centro Pew Research realizó un encuesta en diciembre de 2016 que encontró que el 64% de los adultos estadounidenses creían que las fake news habían causado mucha confusión sobre los hechos reales o temas de actualidad, mientras que el 23% de loas encuestados admitieron que habían compartido esas informaciones apócrifas.

Previamente en México se utilizaron noticias falsas para descarrillar campañas. La primera muy notoria fue la campaña de Arturo Zamora, del PRI, por la gubernatura de Jalisco 2006, al publicarse que era investigado por la DEA por supuestos vínculos con el narcotráfico. Esa información falsa le costó la gubernatura, y se volvió a utilizar la misma especie en la campaña para senador, aunque en esa ocasión ya no tuvo impacto. En la contienda presidencial en 2012, le dieron a un columnista información que el coordinador de la campaña de Peña Nieto, Luis Videgaray, realizaba transferencias de recursos a través de una cuenta en Santander, con la ayuda de su madre, que era ejecutiva del banco. El columnista buscó a Videgaray para saber su opinión, y encontró que lo que le habían dado, no era cierto, por lo que no difundió nada. Al columnista le ofrecieron también la pruebas de que los hermanos del entonces secretario de Organización del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, tenían cuentas millonarios en Panamá, y cuando dijo que tendría que verificarlo primero para saber si eran reales, ya no le entregaron los documentos, mismos que fueron publicados dos semanas después en un medio que tuvo que admitir ante la amenaza de demandas, que eran falsos.

Aquellas noticias apócrifas eran ocasionales, pero en los dos últimos años las fake news, existentes antes de Trump, han sido utilizadas de manera sistemática en procesos electorales en México. Una de las formas más recurridas ha sido la plantación de encuestas apócrifas, un recurso que se incrementó en las actuales campañas, inclusive en diarios capitalinos sin historia en el uso y manejo de estudios demoscópicos. Las encuestas falsas han servido para generar confusión y crear condiciones disruptivas en las elecciones del 4 de junio, donde los políticos de todo sino han encontrado en la inmadurez política de los medios, vehículos eficientes para sus propósitos inmediatos.

Los políticos han encontrado en la aportación de documentación apócrifa, que el daño a su reputación es limitada y se transfiere el descrédito a los medios. A algunos no les interesa la mala fama pública, pero los más serios deberán reflexionar sobre sus controles editoriales internos para impedir que sean utilizados malamente en el futuro.

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Osorio Chong

“Se hacían depósitos mensuales de hasta 2 millones de pesos. Al acumular 20 millones de pesos, los fondos eran transferidos a una segunda cuenta, y las cuentas originales eran canceladas.

Las dos cuentas consolidadas de Luis y Eduardo Osorio Chong terminaban traspasando los recursos a una cuenta premier en la sucursal HSBC de Panamá. Y al consumarse la transferencia, también eran canceladas”.

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ESTRICTAMENTE PERSONAL

La fiesta inolvidable

Raymundo Riva Palacio

En Anzures, una colonia en la Ciudad de México de abolengo venido a menos, hay una casa donde los días son espectaculares. Se encuentra en una calle con nombre de astrónomo y es administrada por Froylán Gracia García, coordinador ejecutivo de la Dirección General de Pemex durante la administración de Emilio Lozoya. La casa no es distinta a las que hay en esa zona de la capital, pero lo que la distingue es su interior y lo que se da un promedio de dos veces por semana: empresarios y políticos, funcionarios federales y gobernadores, llegan ahí por invitación con el propósito de hacer negocios. Qué tipo de negocios realizan, está totalmente libre a la imaginación. Cuántos se han podido concretar, no se sabe. Pero en el momento en que se entra a la casa, eso parece irrelevante.

La planta baja dispone de una gran barra, que ha sorprendido por su tamaño a más de un invitado, donde hay todas las marcas de bebida para cualquier tipo de paladar y capricho. Se encuentra en un espacio abierto que de día puede funcionar meramente como bar, y en las noches se convierte, por la decoración y la iluminación, en una discoteca. Hay meseros elegantemente vestidos que ofrecen canapés a los invitados, aunque en la parte trasera de la casa hay un patio en donde se pueden dar comidas. Pero la joya de la casa es otra.

El atractivo para los grupos selectos que acuden, no más de 15 de preferencia, son las mujeres. Algunos de quienes han ido a esas reuniones las describen como espectaculares. Eslavas y brasileñas, únicamente, son acompañantes para quien quiera platicar con ellas, adiestradas a retirarse cuando los visitantes comienzan a platicar de temas que no sean para gastar tiempo en superficialidades. Pero están ahí para lo que deseen los invitados. En la planta alta hay suites, no oficinas, para quien busque una mayor privacidad.

Nadie sabe –o si lo sabe no le importa- si todo lo que suceda en esa casa es videograbado. Se desconoce, porque hasta ahora nadie lo ha descubierto, que existan micrófonos para grabar conversaciones. Por una extraña razón, nadie se pregunta que si todo es gratis, las mujeres, las bebidas, el servicio, en dónde está el negocio de Gracia García. Su nombre ha sido una fuente de conversación dentro del gobierno federal durante buena parte del sexenio, al haber sido la persona más influyente durante la administración de Lozoya en Pemex, que despachaba junto al entonces director de la empresa y por quien todos los asuntos relevantes tenían que pasar primero por el semáforo de su despacho.

La integridad de Gracia García fue defendida siempre por Lozoya, quien aseguraba que todas las insinuaciones e imputaciones en su contra eran falsas. Las autoridades abrieron investigaciones informales sobre el ex funcionario, y no se sabe si exista un expediente judicial actualmente en su contra. Gracia García ha sido señalado por inversionistas extranjeros y mexicanos como un funcionario que cobraba por gestionar citas con Lozoya –que el ex director de Pemex también ha negado-, y acusado de realizar negocios paralelos abusando de su delicado puesto de confianza.

Lozoya fue removido de Pemex después de meses de que el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, pidió al presidente Enrique Peña Nieto su cese, por lo que consideraba un desorden administrativo en la empresa, y por los presuntos actos de corrupción durante su gestión. Los señalamientos contra Lozoya crecieron después de su salida, lo que motivó que la intención de Peña Nieto de nombrarlo embajador de México en el Reino Unido se congeló por meses y finalmente se canceló. Una intentona del presidente del PRI, Enrique Ochoa, por incorporarlo al Comité Ejecutivo Nacional cuando fue nombrado en la institución, también fue desechada por el mal ambiente que tenía Lozoya en el gabinete. Nada legal hay hasta ahora en contra del ex director de Pemex, quien mantiene discretamente una consultoría en una oficina en las Lomas de Chapultepec.

Tampoco tiene vinculación alguna con la casa en Anzures que administra y opera Gracia García, quien pese a la muy mala imagen en el gobierno peñista, no parece haber tenido mayor problema para montar su nuevo negocio y convocar a funcionarios, políticos y empresarios a utilicen la instalación para relajarse y alcanzar acuerdos benéficos para todos. La manera como Gracia García ha sido capaz de construir tan peculiar empresa, habla de la ligereza o frivolidad, además de irresponsabilidad con la que actores políticos y agentes económicos realizan los asuntos públicos.

La satanización de Gracia García dentro del gobierno debería de ser el semáforo rojo para evitar tener un trato directo o indirecto con él en cualquier tema de orden público. El que todo lo que puedan usar y gozar en esa casa sea de manera gratuita significa –porque no cabe pensar en la ingenuidad de los visitantes- que hay otro tipo de pago al ex funcionario de Pemex. Se desconoce si es una comisión acordada por cada negocio, como lo acusan de sus tiempos como el brazo derecho del ex director de Pemex, o algún otro tipo de beneficio. En todo caso, nada es gratis. Sobretodo ahí, en esa casa, donde varias personas que han asistido como invitados describen coincidentemente su experiencia como “una fiesta inolvidable”. Más se recordaría en el futuro si lo que sucede en su interior cada semana, fuera investigado para determinar si lo ahí acordado entre en el marco de presuntos actos de corrupción. Por lo pronto hay un exceso de cinismo, lo que no está penado por la ley, y muy en concordancia con lo que ha sido el sexenio al que le falta medio año para concluir.

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Presidencia cazará corruptos

Raymundo Riva Palacio

Finalmente, luego de más de cuatro años de gobierno, en Los Pinos cayeron en cuenta que junto con las reformas, un importante detonador del malestar de los mexicanos tiene que ver con la corrupción. El primero de mayo, el jefe de la Oficina de la Presidencia, Francisco Guzmán, le propuso al consejero jurídico en Los Pinos, Humberto Castillejos, uno de los funcionarios más influyentes en el presidente Enrique Peña Nieto, una estrategia para combatir la corrupción en el gobierno federal. Guzmán, revelaron funcionarios, solicitó a todas las secretarías un listado de trabajadores que pudieran ser acusados por corrupción, para que pudieran se explotado penal y mediáticamente y comenzó a trabajar de esta manera el final del sexenio, que se encuentra a sólo 17 meses de distancia.

La petición de Guzmán revela varias facetas sobresalientes del gobierno actual. Por un lado, la aceptación implícita del presidente Peña Nieto que la corrupción tiene infectado a su gobierno. Peña Nieto era refractario a la sola insinuación de corruptos en su administración, y todavía en diciembre, cuando se le preguntaba directamente sobre qué haría al respecto, respondía que su gobierno era el que más había hecho en el combate a la corrupción. La impresión que siempre dejaba era la de negación total a un fenómeno que se había convertido en su gangrena. No está claro en qué momento cambió su parecer, y autorizar acciones como las propuestas por Guzmán, pero en el primer trimestre del año, en una reunión con el equipo editorial de un medio en la Ciudad de México, uno de sus interlocutores fue  -según personas que estuvieron en ese encuentro-, brutal, por decir lo menos. Le dijo, no literalmente como aquí se apunta, que si no había pensado que una vez que terminara su mandato, podría ser acusado por corrupción. La cara de Peña Nieto, recordaron los presentes, cambió de color y fue evidente su enojo.

La otra faceta que sacó al descubierto la iniciativa de Guzmán, es la aceptación clara del conocimiento que hay en Los Pinos sobre la corrupción en el gobierno. Cuándo la reconocieron, no está claro. En qué momento les pareció que había rebasado todo lo tolerable posible, en el contexto de un régimen donde la colusión y las ilegalidades son parte del combustible que lo mantiene todavía, tampoco. La corrupción explotó a niveles no recordados por nadie, desde los primeros meses del gobierno de Peña Nieto, con la llegada de un alto número de mexiquenses a la administración pública federal. Los primeros en sentir la voracidad fueron los empresarios, quienes se quejaban que los niveles de corrupción del pasado, cuando les pedían un promedio de 10-15% de comisión sobre las licitaciones de obra pública que ganaran en un concurso, se había elevado hasta en un 40%, y escaló todavía más en los últimos meses, en algunos casos que comentan pero no denuncian públicamente, hasta 80%. Cínicamente, en el gobierno le están llamando “retorno de inversión”.

Las cifras son increíbles, incluso para un sistema donde la corrupción ha sido un estilo de vida y un método de operación cotidiana durante décadas. Sin  embargo, pese a que desde 2013 los empresarios comenzaron a expresar su malestar, dos miembros del gabinete consultados por este espacio en aquellos meses del incipiente gobierno, aseguraron no haber escuchado nada sobre este tema. La corrupción dentro del gobierno comenzó a permear en el gabinete hasta 2015, según algunos funcionarios, pero no pasó nada. Incluso, como mostró la actitud del presidente Peña Nieto, la negación era la constante. Después de la derrota del PRI en la mayoría de las elecciones para gobernador el año pasado y los números decrecientes del respaldo electoral al partido y a sus candidatos en las elecciones para gobernador en tres estados en junio, dentro del gobierno hay otro tipo de sensibilidad acelerada por la preocupación de perder el poder. Un funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende de la Secretaría de Hacienda, admitió que si un partido de oposición llegara al poder el próximo año y actuara con energía, “no alcanzarían las cárceles para tantos funcionarios” vinculados a actos de corrupción.

Ya fue demasiado para seguir manteniendo la ceguera. Incluso para los mexiquenses en Los Pinos. El encuentro de Guzmán y Castillejos en mayo transcurrió en esa dirección. Carne para el sacrificio de fin de sexenio, es lo que están pidiendo a las dependencias del gobierno, cuyas listas negras se están elaborando para que se trabajen con la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación. El enfoque se está haciendo en aquellas dependencias donde se manejen fondos públicos, o en áreas sensibles, como en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, donde se inició una auditoría por la venta de los dos últimos ingenios del gobierno, por tres mil 400 millones de pesos.

La cacería de corruptos ha comenzado. No hay pistas todavía de por dónde podrán venir los primeros señalamientos, más allá de las investigaciones en curso dentro de Pemex. Funcionarios federales indicaron que la estrategia no se limita al gobierno del presidente Peña Nieto, sino que también se está analizando a los gobernadores –priistas y de oposición- por el manejo de los fondos públicos. Se desconocen las razones por las cuales Peña Nieto autorizó a sus dos cercanos colaboradores a iniciar la persecución, pero queda claro que con esto, empezó a construir un puente para el día después que deje la Presidencia, levantado sobre la infamia pública de funcionarios.

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ESTRICTAMENTE PERSONAL

Sin capitán de barco

Raymundo Riva Palacio

El asesinato de Javier Valdés Cárdenas esta semana, fue el catalizador de que algo está sucediendo en la guerra contra el narcotráfico. No está claro qué es, pero que enseña que esa lucha no puede seguir analizándose con las categorías hasta ahora utilizadas. El asesinato de Valdés Cárdenas fue producto de una inteligencia criminal diferente. El fundador y director del semanario sinaloense Ríodoce no firmaba los textos más penetrantes sobre el narcotráfico, por lo que la hipótesis sobre el qué había escrito para buscar pistas sobre presuntos asesinos es endeble. Es decir, pese a haber realizado una crónica a lo largo de los años a través de varios libros sobre el narcotráfico, no estaba directamente en la línea de fuego. Sin embargo, el respetado periodista, galardonado internacionalmente, era un símbolo en esta profesión que sobrevive en el ecosistema de la violencia, por lo que se puede argumentar que el crimen fue contra un objetivo de alto impacto pensado para que sacudiera todas las estructuras.

Así fue. La posición de la Fiscalía de Sinaloa que tiene como principal línea de investigación el que haya sido un robo de auto, no se sostiene: la dispararon 12 tiros de cuando menos dos calibres diferentes, lo que habla de al menos dos asesinos quienes, lo más importante, nunca intentaron robarse el vehículo. El crimen generó, como no había sucedido desde el asesinato de Manuel Buendía en 1984, un sentimiento de indefensión e impotencia en el gremio, particularmente entre aquellos que, a diferencia de los charlatanes y oportunistas en la profesión, saben cuándo las amenazas y los entornos significan algo. El crimen de Buendía fue en un inefable mayo, al cerrar un mes de inestabilidad política originado en Estados Unidos con denuncias nunca probadas de desvío de dinero del entonces presidente Miguel de la Madrid, y pocas semanas después de que Buendía había retomado una denuncia de los obispos del Pacífico donde alertaban por primera vez que las estructuras políticas estaban coludidas con el crimen organizado.

Ese crimen abriría una década de turbulencia narcopolítica. Casi una década después fue asesinado en Guadalajara el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, durante un extraño intento de asesinato de Joaquín “El Chapo” Guzmán, por parte de matones de los hermanos Arellano Félix, del Cártel de Tijuana. Posadas Ocampo fue acribillado en el aeropuerto de esa capital, a donde había ido a recoger al nuncio apostólico, Girolamo Prigione, quien lo iba a acompañar a la inauguración de una mueblería de un amigo del obispo, Eduardo González Quirarte, lugarteniente de Amado Carrillo, el inmortalizado -por las telenovelas- “Señor de los Cielos”, y quien era el encargado del Cártel de Juárez para penetrar y reclutar a generales.

 

Visto en la línea de tiempo histórica, el crimen Buendía comenzó una década de turbulencia, donde los sobresalientes de esa época incluyeron el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, que había infiltrado al Cártel de Guadalajara, por lo que sus jefes, Rafael Caro Quintero –a quien la PGR en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no actuó para impedirle que recuperara su libertad por un tecnicismo jurídico-, y Ernesto Fonseca, quien logró del Poder Judicial su liberación anticipada por enfermedad, y la irrupción maldita del narcotráfico en el Ejército, con la compra de protección del general de tres estrellas, Jesús Gutiérrez Rebollo, quien era el zar contra las drogas en el gobierno del presidente Ernesto Zedillo. Esa época trajo el magnicidio del candidato del PRI a la Presidencia, Luis Donaldo Colosio, y del secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu. Durante esos años, las instituciones se fueron debilitando y los cárteles de la droga fortaleciéndose y penetrando las estructuras políticas nacionales.

 

 

Lo que se sembró en aquellos años llegó a niveles de rebase en el gobierno del presidente Vicente Fox, donde Michoacán y Tamaulipas se habían convertido prácticamente en narco estados, lo que propició la guerra contra las drogas en el gobierno del presidente Felipe Calderón. La llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia trajo consigo una gran estrategia de lengua que se hizo añicos en el primer año de administración, y un rezago en la lucha contra la delincuencia organizada. El asesinato de Valdés Cárdenas se inscribe en el desbordamiento en el que se encuentra el gobierno frente a los criminales, y la notable falta de estrategia para combatirlos, pero no sólo como consecuencia de la incompetencia en materia de seguridad pública, sino como un desafío al Estado Mexicano.

Es ese algo que no se puede definir pero que se ve que existe, donde cambió la dinámica del crimen organizado y, por tanto, deberían de cambiar también las formas de combatirla. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, estuvo en Washington este jueves para concretar una nueva estrategia con Estados Unidos en este campo, donde abordarán el fenómeno desde un punto de vista del negocio que representa para atacarlo en todas sus facetas. Es decir, un combate integral que deje atrás el énfasis policial de Calderón. Pero un día antes, en respuesta a las presiones por el asesinato de Valdés Cárdenas, Peña Nieto anuncio un paquete de medidas para proteger a periodistas que sólo comprende un enfoque policial. La transversalidad acordada por Videgaray en Estados Unidos, ignorada por un presidente que, o no entienda nada de lo que le plantean, o no escucha lo que le dice su canciller. En todo caso, qué preocupante. El barco no tiene capitán.

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Recuerdos de las dictaduras

Raymundo Riva Palacio

Le llamaron la “Operación Piña” y se ejecutó la tarde del 24 de marzo de 1980, cuando el arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero, oficiaba una misa privada. Unos matones bajo las órdenes del mayor Roberto D’Aubuisson, acribillaron a monseñor Romero, un sacerdote que había sido conservador hasta que un sacerdote muy cercano, Rutilio Grande, fue asesinado por predicar por los pobres. Romero se concientizó y cambió de rezar por las élites a los que más necesitaban, con una prédica contra la violencia. Su asesinato aceleró lo que urgía frenar y se inició una larga noche donde fueron cayendo religiosos, líderes sociales, sindicalistas, maestros, defensores de derechos humanos y políticos. Todo aquello que significaba peligro para la Junta Militar, fue eliminado. Nadie con capacidad dialéctica, habilidad para organizar y recursos persuasivos, sobrevivió. La dictadura no permitía desafíos.

Aquellos eran los prolegómenos de una década de terror en América Central donde los líderes sociales aparecían asesinados o degollados en las orillas de las carreteras. Los escuadrones de la muerte, organizados por D’Aubuisson, liquidaban a quien no se plegara a la dictadura militar. El método de descabezar a quienes mejor preparación tenía y mayor capacidad intelectual mostraban, se extendió por la región. En Guatemala, los líderes sociales fueron los primeros en caer. Siguió Honduras, donde como en El Salvador y Guatemala, la verdadera guerra fue contra las ideas. No hay arma más letal que la mente, cuyo arsenal era visto por los regímenes militares incubado en la disidencia social.

Los recuerdos de esas dictaduras caen como premonición en la realidad mexicana. De acuerdo con un seguimiento informativo de Eje Central, durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se ha incrementado el número de asesinatos contra líderes sociales y activistas. En 52 meses de administración, sintetizó la reportera et-biraí Nieto Morales, se cometieron 261 asesinatos: 17 contra sacerdotes, 123 contra líderes sociales —en su mayoría relacionados con la defensa de los derechos humanos—, 83 contra presidentes municipales y 38 contra periodistas.

A diferencia de lo que sucedió en el llamado Triángulo del Norte, donde las acciones represivas fueron emprendidas por los gobiernos militares, en México, “la mayoría de los ataques ocurrieron en municipios y regiones que coinciden con los lugares donde el crimen organizado estableció una estrategia para apoderarse del territorio. En todos los casos el común denominador es el contexto de violencia en la región en que se cometieron, ya sea por cambios en las administraciones gubernamentales estatales y municipales o por la presencia de nuevos grupos de organizaciones criminales”. Eje Central citó el informe “La Violencia de las Drogas en México”, del proyecto Justicia en México de la Universidad de San Diego, que afirma que en la mayoría de los homicidios contra alcaldes y sus familiares se usaron métodos del crimen organizada, que repercute en el aspecto social, dado que “el asesinato de posiciones políticas amenaza el proceso democrático y socava el imperio de la ley”. No es el sector político, sin embargo, el más afectado.

Periodistas y religiosos son los más atacados. De acuerdo con el reporte Panorama de homicidios en el actual sexenio del Centro Católico Multimedial, los sacerdotes son vulnerables a diversos ataques en la creciente ola de agresión, asesinatos y desapariciones “acaecidos bajo la mirada indiferente de las autoridades, sobre todo, en las zonas de alto riesgo, donde prolifera la inseguridad y operan los grupos del crimen organizado”. Nieto Morales explicó que el papel e influencia que llegan a tener los clérigos en las comunidades, los convierte en blanco del crimen organizado, pues los ataques en su contra generan temor entre los pobladores. En el caso de los periodistas, según la organización no gubernamental Artículo 19, “su labor diaria de informar a la población hechos que atañen a toda la sociedad, suelen incomodar a actores políticos, privados o del crimen organizado que buscan que sus intereses no sean expuestos ante una sociedad cada vez más harta de los abusos e ineficacia de las autoridades”. Lo inquietante es que el grueso de las agresiones no provino del crimen organizado, sino de gobiernos: en 2016 hubo 226 agresiones contra periodistas por parte de funcionarios públicos y 17 de los grupos del crimen organizado. Las agresiones cometidas por grupos criminales contra periodistas disminuyeron 51.43%, mientras que la de los gobiernos, se incrementó 37% (para un total de 53%) con respecto a 2015.

“Aunque los homicidios contra periodistas y sacerdotes llegan a ser los más difundidos e indignan a varios sectores sociales, los ataques contra activistas y líderes sociales representan el mayor número de crímenes contra personajes comunitarios clave en el país, pues ascienden a 123 en este sexenio”, indicó la reportera Nieto Morales. “Es decir, desde diciembre de 2012 hasta la actualidad, han sido asesinados cada mes dos líderes en promedio en el territorio nacional”. La numeralia de la muerte en México de quienes piensan, hacen y organizan, son un mal presagio, si se recuerdan las experiencias en América Central.

Ocho meses después del asesinato de monseñor Romero, seis líderes políticos del Frente Democrático Revolucionario, una organización paraguas que representaba a los diferentes sectores de la sociedad, fueron secuestrados, torturados y asesinados en San Salvador. La historia de ese país comenzó a reescribirse con la partición de ese pequeño país que se vio inmerso en una interminable guerra civil. Ese momento de inflexión no se necesita en México. Se vive todos los días sin que nos demos cuenta del ecosistema mortal en el respiramos.

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La guerra mexicana

Raymundo Riva Palacio

En 2013, el semanario inglés The Economist se dio a la tarea de establecer cuantitativamente la definición de un estado de guerra civil. “No cada lucha que involucre a grupos armados es una guerra civil”, apunto. “Varias medidas cualitativas pueden ayudar un simple conflicto de una guerra: ¿tienen los rebeldes apoyo político? ¿tienen posibilidad de ganar? ¿buscan sólo dinero? En la academia también se hacen distinciones cuantitativas. El problema es escoger el número. ¿Debería de ser la marca 25 muertos al año? ¿O 100? ¿O mil?”. Y agregó: “Arriba de la marca de mil, pocos dudan que es una guerra”. Sin embargo, no todos los conflictos violentos son percibidos como una guerra civil. México es un caso típico. Más de 50 mil muertos durante el gobierno de Felipe Calderón no fueron suficientes para que se pensara en México que había una guerra civil. Una suma que será mayor en el de Enrique Peña Nieto, seguramente tampoco será percibido como un conflicto que marcó al país. Pero eso es lo que tenemos.

En un análisis de Virginia Page en la Universidad de Columbia en Nueva York sobre paz y guerras civiles, la autora establece cinco criterios que definen un conflicto armado como guerra civil que, en México se cumplen todos: la guerra ha causado más de mil muertos; representa un desafío a la soberanía de un Estado internacionalmente reconocido; ocurre dentro de las fronteras de ese Estado; involucra al Estado como uno de los principales combatientes; y los rebeldes son capaces de mantener una oposición militar organizada y causar víctimas significativas al Estado. Como recordatorio, durante el primer trimestre de este año hubo seis mil 511 denuncias de homicidio doloso en el país; es decir, seis veces más de la cantidad estándar para calificar un conflicto como una guerra civil.

Las autoridades han negado, desde el gobierno de Calderón, que se viva una guerra civil. Es una guerra contra criminales, dijo siempre el ex presidente. En el gobierno de Peña Nieto, mientras las fuerzas de seguridad federales dejaron de combatir criminales durante ocho meses, se hizo algo que sólo se había visto en la guerra de Bosnia en los 90’s: el gobierno armó a un grupo (las autodefensas en Michoacán) para combatir y aniquilar a otro grupo (Los Caballeros Templarios). El gobierno peñista no tiene en su vocabulario político la palabra “guerra”, pero las acciones extra constitucionales en Michoacán entran en la tipología del genocidio, razón por la cual se está armando un expediente en Estados Unidos contra el presidente Peña Nieto, para llevarlo a una corte internacional, acusado de crímenes de lesa humanidad.

Por sus omisiones y negligencias, con sus estrategias fallidas e ilegales como apoyar a miembros de la delincuencia organizada para limpiar de criminales a Michoacán, el gobierno ha contribuido a la creación o consolidación de zonas donde la guerra es abierta. El testimonio de Jorge Alberto Martínez, corresponsal de la agencia Quadratín donde describe lo que sufrieron él y otros seis colegas el sábado en la zona guerrerense de Tierra Caliente, dibuja detrás del drama personal escenas que sólo se ven en los ecosistemas bélicos: retenes militares y de grupos antagónicos a las fuerzas gubernamentales; enfrentamientos armados en las calles, con vehículos incendiados como barricadas para frenar los ataques de los adversarios y servir de trinchera, y capas de colaboradores dentro de la población, sometida por adoctrinamiento, complicidad o miedo, para que los apoyen con información, vigilancia y acciones armadas.

Lo que vivieron los periodistas en la zona de Arcelia el sábado pasado, es similar a como se vivía la guerra civil en El Salvador, donde a la zona de conflicto se llegaba en automóvil y se pasaban retenes militares y de las fuerzas de oposición, para adentrarse a tierra de nadie y llegar al corazón del conflicto del día. La diferencia con El Salvador, es que mientras en Guerrero y otras regiones del país los periodistas pueden atestiguar la guerra que se vive de manera cotidiana, con una frecuencia que aterra, en El Salvador un corresponsal, si tenía suerte, podía cubrir personalmente no más de tres enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla, al año. Ni esa, ni otras guerras civiles en el mundo han producido, en tan corto tiempo, tantos periodistas muertos como durante el gobierno de Peña Nieto en la guerra civil no declarada: seis en los cinco meses que lleva el año, y siguen contando.

Se pueden trazar otras analogías. En Belfast, cuando la guerra de colonización en Irlanda del Norte –con tintes religiosos-, estaban perfectamente determinados los dos bandos en conflicto y dentro de la violencia había un orden. Más peligroso era en Beirut, en la guerra civil en Líbano, pero la única frontera de terror era la línea verde que dividía a musulmanes de cristianos; una vez en cualquiera de los dos territorios, había certidumbre sobre la vida. México es más como los Balcanes en la partición de Yugoslavia, donde cruzando la frontera de los Cascos Azules de la ONU, todo era como en las zonas calientes mexicanas: posibilidades de ejecución sumaria, desapariciones, violencia dentro de las ciudades y el sólo orden de quien tenía las armas para decidir quién vivía y quién moría. Aquí, los periodistas se han convertido, como en otros conflictos en el mundo, en objetivos y daños colaterales. Igual que miles de mexicanos, hay que decirlo, atrapados también en este clima que mata.

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2 Data for these earlier cases are from Doyle and Sambanis 2000.

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Edomex: la maestra, con los maestros

Raymundo Riva Palacio

Las fotografías del sábado pasado en un evento de la candidata de Morena a la gubernatura del estado de México en Tlanepantal, no dejaron margen a la especulación. Delfina Gómez estaba flanqueada por Fernando González, el yerno de la maestra Elba Esther Gordillo, y con quien el hoy secretario de Educación, Aurelio Nuño, nunca se pudo poner de acuerdo sobre los términos y el lenguaje de la Reforma Educativa, y Rafael Ochoa, compadre de la ex lideresa del magisterio, y quien con una falta de cuidado la semana pasada, destapó el apoyo de esa dirigencia descabezada por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, a la candidata de Morena. Ya lo había diagnosticado la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota: Gómez y Gordillo, son la misma cosa.

Mecánicamente no, pero orgánicamente, Vázquez Mota tiene razón. Gómez no sólo es maestra, sino pertenece a la Sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la que anidó y encumbró a Gordillo, de la cual fue secretaria general de 1977 hasta 1988, cuando el entonces regente del Distrito Federal, Manuel Camacho –años después uno de los ideólogos y estrategas de Andrés Manuel López Obrador-, la llevó con el presidente Carlos Salinas para ungirla dirigente nacional en sustitución de Carlos Jongitud. Ochoa, desde entonces, fue lugarteniente de Gordillo.

La postura de la vieja dirigencia magisterial no es ideológica o de revanchismo contra el gobierno de Peña Nieto. Gordillo siempre mantuvo la política donde el apoyo a los maestros para cargos de elección popular no estaban condicionados al partido con el que buscaran candidaturas o competían en las elecciones. Para dar cabida plena a esas aspiraciones creó el partido de los maestros, Nueva Alianza, que abrió mayores posibilidades de negociaciones y acuerdos políticos. La maestra siempre decía que antes que respaldar a cualquier partido y cualquier candidato, estaban los maestros.

En las elecciones presidenciales en 2006, pese al rechazo de López Obrador a la alianza que le propuso Gordillo, la instrucción a los maestros fue que votaran por quien quisieran, salvo -esto sí en respuesta los agravios que había sufrido de su ex partido, el PRI-, a favor del candidato priista, Roberto Madrazo. Los maestros votaron en las dos circunscripciones del norte del país por Felipe Calderón, mientras que en las tres restantes por López Obrador. En las elecciones presidenciales de 2012 jugó con Peña Nieto, a quien conocía, y cuyo operador político era otro viejo amigo de ella, el hoy secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Sólo fue después de formalizar la alianza cuando supo que entre las prioridades de Peña Nieto como presidente, estaba la Reforma Educativa. Peña Nieto se la encargó a Nuño, quien encargó su redacción a Enrique Ochoa, actualmente presidente del PRI. Ochoa incluyó el detonador de una bomba social, al establecer que si no pasaban las pruebas que se les exigiría, los maestros podrían ser despedidos. Gordillo luchó con el jefe del equipo de transición, Luis Videgaray, para que la palabra “permanencia” dentro del sindicato, fuera garantizada sin amenaza alguna. Nunca movió a Videgaray de la postura original, pese al argumento biológico de Gordillo, de que no había necesidad de medidas punitivas en la reforma, ya que la edad se encargaría de jubilarlos durante el sexenio y los nuevos maestros podrían ingresar bajo las nuevas reglas propuestas.

La respuesta final fue la cárcel, y el presidente encargó a su íntimo amigo, nombrado subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, que cambiara de aliados. No forjaría una alianza con el relevo de Gordillo, Juan Díaz, sino que pactaría con la Coordinadora Magisterial, disidencia del sindicato desde hace cuatro décadas. El resultado de la acción fue que desde 2013, Peña Nieto compró un conflicto social que ha generado indiscriminadamente periodos de ingobernabilidad.

La disidencia magisterial se extendió por el país sin que el gobierno pudiera cooptarla, como buscaba Miranda, arquetipo de una clase política mexiquense acostumbrada a resolver conflictos con dinero. Nunca entendió la lógica política de la disidencia magisterial o sus tácticas, ni tendieron puentes con el magisterio oficial: en las elecciones para gobernador en 2016, los maestros votaron contra el PRI en Veracruz y Oaxaca. Y hace mucho dejaron de tenerlos como clientelas en la Ciudad de México y el estado de México, donde han votado sistemáticamente por la izquierda.

La fotografía de Gómez con González y Ochoa muestra que la alianza con los maestros por parte de López Obrador, está consolidada. Hace unos dos meses hubo acercamientos de uno de los colaboradores más cercanos de López Obrador con uno de los miembros del grupo compacto de Gordillo, pero cuando le llevaron la propuesta concreta al próximo candidato presidencial de Morena, pidió que mantuvieran el diálogo y los puentes, porque aún no estaba listo para oficializar el acercamiento. El sábado ya se socializaron. Lo que aún no se ha dado a conocer es que de tiempo atrás hay miembros del equipo de López Obrador en contacto permanente con el entorno de Díaz, líder del SNTE, con lo cual se puede apreciar que el ejército de maestros que tantos años sirvió al PRI, apostará por la izquierda.

Los maestros son fundamentales en las elecciones. No sólo como promotores de candidatos y partidos en las aulas y con los padres de familia, sino como funcionarios de casilla, que sigue siendo hoy en día, el lugar donde se deciden las elecciones. Tener vigilantes en las urnas es fundamental. López Obrador, ya está claro sobre su valor estratégico. Las elecciones mexiquenses serán la primera prueba.

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ESTRICTAMENTE PERSONAL

La muerte del spot

Raymundo Riva Palacio

El espectacularmente torpe, fallido y mentiroso spot donde se comparaba a Alfredo del Mazo con John F. Kennedy y Justin Trudeau para sugerir que las dinastías políticas no son malas sino exitosas, y justificar a un tercer Del Mazo como gobernador en el estado de México era positivo, chocó con la realidad. En el cuarto de guerra de Del Mazo, rechazaron tajantemente el spot. “Haría más daño que beneficio”, confió uno de los asesores del candidato del PRI a la gubernatura. La revelación en este espacio del spot, causó confusión en el equipo de Del Mazo, donde no todos estaban enterados de su existencia, que ratificó el argumento de la columna “El spot de Del Mazo”, sobre la confusión y la crisis en la campaña, por los múltiples opinadores y tomadores de decisión en el entorno del candidato.

El spot surgía en el contexto de datos negativos frente a la candidata de Morena, Delfina Gómez, y desnudaba el desorden de los equipos del priista. “La campaña de Del Mazo –se apuntó-, ha venido arrastrando crisis consecutivas, en buena parte por el alto número de personas que opinan e intervienen en las decisiones, tomadas en Los Pinos, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Casa de Gobierno en Toluca, por encima muchas veces, incluso, del propio candidato. Los nervios se han extendido más allá del equipo de campaña, y las presiones que llegan de fuera está orillando, a decir por las nuevas estrategias para posicionar al candidato, a situaciones extremas”.

De acuerdo con asesores de Del Mazo, la primera versión del spot fue presentada en el cuarto de guerra hace aproximadamente un mes, donde unánimamente lo descalificaron. El spot no fue preparado por la responsable de la campaña de aire –opinión pública, imagen y encuestas- de Del Mazo, Alejandra Sota, sino por un externo, cuyo nombre no se ha revelado. Una segunda versión, con fecha del 9 de mayo, fue circulado este martes al equipo de campaña y a varios líderes del PRI, pero tuvo el mismo final. No se va a enviar al Instituto Nacional Electoral, a donde ya llegaron los siguientes spots, sobre el salario rosa, y donde ofrece Del Mazo mano dura en materia de seguridad.

La génesis del spot, la manera como llegó, la confusión que generó en el equipo de Del Mazo al ser difundido públicamente este jueves, son la narrativa de lo que está sucediendo en la campaña del priista. Los procesos de toma de decisión en la campaña no se toman de una manera vertical con líneas de mando definidas, sino que atraviesan transversalmente por la multiplicidad de equipos que trabajan en forma simultánea tácticas y estrategias, donde  no hay homogeneidad ni en los criterios ni en la información que maneja cada una de las áreas que varias veces se traslapan y duplican trabajos. Tampoco hay mandos únicos, sino que se multiplican, con lo que se dificultan los tramos de control y responsabilidad.

Por ejemplo, a la campaña de aire, que es como se conoce al área que trabaja la opinión pública y es responsable de los estudios de opinión, que recae en Sota, se sumó Gisela Rubach, una veterana consultora. Parecen un tándem que ha venido trabajando integralmente desde hace varias elecciones, pero no es así. Rubach es independiente de Sota y sus planteamientos no necesariamente son los mismos. En Chihuahua, la estrategia de Sota fue hecha a un lado y se privilegió la de Rubach, con la que finalmente se perdió la gubernatura. En el estado de México la dinámica es similar, y aunque Sota es también la responsable de imagen y estrategias mediáticas, Rubach fue quien tomó la preparación de Del Mazo en vísperas del segundo y último debate el martes. Al traslape de tareas se le llegan a añadir las dierencias conceptuales que se puedan tener de una campaña, a partir de las diferentes premisas y objetivos que se buscan, que en ocasiones llegan a confrontarse.

Las contradicciones se vuelven, de esa manera, algo cotidiano. El spot der Del Mazo es el ejemplo. Quien elaboró decidió que las comparaciones con Kennedy y Trudeau eran un buen apoyo para la línea discursiva del candidato sobre su experiencia ante la falta de ella de Gómez, no forma parte del equipo que se encuentra bajo el mando de Sota, ni tampoco Rubach tiene su carta de nacimiento. “No es del equipo de campaña”, dijo uno de los operadores de Del Mazo, “siempre hay un proactivo”. Pero no son solamente voluntarios que quisieron hacer un promocional casero. Son personas que tienen acceso a los más altos niveles de gobierno y que piensan que sus contribuciones aportan al candidato.

Esta fragmentación en el proceso de toma de decisiones produce confusión y enfrentamiento dentro del equipo de campaña. Un caso similar es sintomático. En la elección presidencial de 2000, el equipo del candidato del PRI, Francisco Labastida, carecía de orden y disciplina, lo cual favoreció la multiplicidad de decisiones, y generó contradicciones, con lo cual se despilfarraron 20 puntos de ventaja de Labastida sobre Vicente Fox, que finalmente ganó la Presidencia. Este antecedente debería servirle a Del Mazo y a todos en su entorno, porque la desorganización, convertida a veces en anarquía, como en el caso del spot, puede estar cavando su tumba electoral.

 

Nota: En la columna anterior se mencionó que George H.W. Bush gobernó ocho años, lo que es incorrecto. Sólo estuvo un periodo de cuatro años en la Casa Blanca.

 

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