Jueves, julio 27, 2017
SOS COSTA GRANDE

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(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Cifras espeluznantes se expusieron ayer en el Congreso local. El diputado perredista Raymundo García Gutiérrez, reveló que Guerrero sigue siendo la entidad donde más personas mueren, seguido del Estado de México. En 2016, solamente nos superó Colima en cuanto a homicidios dolosos. Sin embargo, en lo que va de 2017, Guerrero encabeza la lista de este tipo de delitos.

La cifra es lo que es grave, pues en los primeros seis meses de 2017, murieron en esta entidad 1,052 homicidios dolosos; es decir un promedio de 6.5 personas fallecidas diariamente, seguido por el Estado de México, con 855.

Vale la pena revisar este escenario, a propósito del debate en torno a las policías comunitarias, policías ciudadanas y autodefensas, que amenazan con desatar un choque de trenes con el gobierno del estado, ante el anuncio de un posible y obligado desarme, una vez que se apruebe y reforme la ley de derechos y cultura indígena, luego de lo cual todos los grupos que desde 2013 a la fecha tomaron las armas, para autoprodigarse seguridad, quedarán al margen de la ley y tendrán que desmovilizarse.

El caso es grave y amerita una revisión de fondo. Es entendible que el gobernador esté interesado en marcarle un alto a estos grupos, sobre los que pesan denuncias por graves violaciones a los derechos humanos, por la secrecía con que se rigen, por los homicidios perpetrados en presuntos enfrentamientos y emboscadas.

Sin embargo, también es un hecho que este fenómeno fue impulsado por el mismo gobierno, durante la administración de Ángel Aguirre Rivero, quien no vio otra forma de combatir la alta criminalidad que financiando a estos grupos, copiando el modelo de la CRAC-PC, que dicho sea de paso también a él le tocó autorizar durante su gobierno interino.

Es obvio, también, que el gobernador tiene la presión del gobierno federal y del Ejército –que es el que realmente tiene la seguridad de Guerrero en sus manos-, para que neutralice a las autodefensas.

Parece que a corto plazo no hay una salida que no sea un rudo encontronazo entre autodefensas y gobierno, en el que los pueblos que dieron vida a estos sistemas, y que ahora los padecen –aunque sin tener otras alternativas-, quedarán en medio.

La UPOEG presume tener unos 6 mil hombres armados en por lo menos tres regiones de la entidad. Sería el grupo más numeroso, pero no el único. Es, también, el mejor organizado y el más fortalecido social y políticamente hablando, pues ya hasta una elección por usos y costumbres le otorgó el sistema, en Ayutla de los Libres, sin que este municipio sea mayoritariamente indígena.

Es un hecho que Bruno Plácido Valerio y varios de sus hombres, van por los cargos que se disputarán en la elección del año entrante. Él lo dijo así en su reciente reunión regional, que el embate es político porque ya vienen las elecciones, y al parecer al gobierno no le importa tanto la seguridad, como el control político de las zonas bajo la influencia de estos grupos armados.

Para sobrevivir, la UPOEG está organizándose en un consejo estatal, para democratizar la toma de decisiones, con representación de los comités municipales. Con esto se pretende evitar que los que dirigen los grupos se apoderen de ellos, manipulando las asambleas, sin tener a nadie por encima.

La opción parece interesante e incluso fue algo que trató de hacer para la CRAC-PC el ex coordinador Eliseo Villar Castillo, mismo que fue combatido férreamente desde el interior de la Coordinadora, hasta lograr su expulsión y posterior detención.

Decíamos que el argumento que enarbola la UPOEG y sus dirigentes, es la alta criminalidad que se padece, y exigen que se le dé solución al problema. De lo contrario, señalan, mientras no exista paz en la entidad, el derecho de los pueblos de auto protegerse sigue vigente.

El diputado Raymundo García propone reformas a la Policía Rural que en 2013 constituyó el propio Aguirre Rivero, subordinándola a la Secretaría de Seguridad, algo que no aceptaron Bruno y sus muchachos. La reforma iría en el sentido de que fuera una fuerza autónoma, coordinada entre sí. Será muy interesante ver el desenlace de las autodefensas en Guerrero.

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Misael Tamayo Núñez

Ayer anunciamos el retorno del Jefazo a la vida política, a través de los herederos de su tribu, a los que tras bambalinas él sigue conduciendo. A varios, incluso, ya les marcó línea, pues Ángel Aguirre Rivero tiene acuerdos no sólo al interior del PRD, sino también con el PRI, con el PAN, con el partido Movimiento Ciudadano, e incluso con el Morena. Los aguirristas están por todos lados, y se han convertido en el fiel de la balanza al interior del PRD en Guerrero. Como amenazaban con irse al Morena, siguiendo los pasos de René Bejarano, repudiando incluso el Frente Amplio Democrático diseñado para empoderar al PAN, entonces le mandaron a Héctor Bautista, el líder de AND, a quien muchos describen peor que Los Chuchos.

No es que sea un pecado, claro que no. Todo lo contrario, Aguirre da lecciones a políticos más jóvenes que no han sabido navegar en el violento mar de la política partidista. Pero no precisamente por sus atinadas decisiones, ni por su honestidad, mucho menos por su fidelidad al partido en el que milita ni a los estatutos que lo rigen. Lo suyo es la ganancia personal.

Cual viejo lobo de mar, Aguirre está haciendo lo que bien sabe hacer desde su juventud: sacar provecho de las circunstancias y acomodarse a ellas. Hoy busca colocar a “su” gente en los cargos de elección popular para 2018. Y no pudiendo él apadrinarlos directamente, les buscó padrino, pero quedando él como intermediario.

Aun cuando era priísta, su estrategia era la misma; es decir, no por cambiar de partido cambió su naturaleza. El Jefazo solía enviar a su gente a pelear los cargos por otros partidos, simulando disidencias, aunque luego volvieran al redil. Así vimos a connotados aguirristas en el Movimiento Ciudadano, en el PAN, hasta él mismo se fue del PRI de sus amores al PRD, con tal de no perder pisada al poder, aunque dicen los que saben que Aguirre no habría perdido tanto si se hubiese quedado en el tricolor, que hoy incluso fuera secretario de estado y uno de los hombres fuertes del peñanietismo, porque al fin y al cabo Peña Nieto es su padrino de sus bodas de plata. Pero Aguirre aplicó aquello de que primero mis dientes que mis parientes, y dejó el PRI adelantando con mucho su reloj político, forzando escenarios políticos y llevándose entre los pies (que no las pezuñas, como acusó el diputado Ociel García Trujillo al diputado Héctor Vicario Castrejón), al ex partidazo amarillo.

Hoy, para sobrevivir, la Izquierda Progresista Guerrerense (IPG), se pega a una de las tribus más manipuladoras, entreguistas y apóstatas de la izquierda: la ADN.

El líder de esta agrupación, tras el deceso de Ángel Aguirre Herrera, es Alberto Catalán Bastida. Y éste anunció el domingo, en un evento en Acapulco, que la Izquierda Progresista Guerrerense (IPG), determinó aliarse con Alternativa Democrática Nacional, de Héctor Bautista López, quien ha logrado encontrarles el lado flaco a Los Chuchos, y los trae literalmente como cuches en callejón. O le cumplen los caprichos, o se les va, dejándoles el partido más diezmado que hasta ahora. Por eso dejaron que Bautista impusiera candidato en el Edomex, a su joven delfín Juan Zepeda, en lugar de hacer una selección de candidatos como lo marcan los estatutos, dando la oportunidad a figuras de mayor renombre.

Y ya una vez con la candidatura del Edomex, Héctor Bautista se dedicó a negociar con ella –posiblemente asesorado por Aguirre, vaya usted a saber, amable lector-, con el gobierno federal y con el gobernador Eruviel Ávila.

¿Recuerda aquella noticia de que el jefe de la campaña de Zepeda ya estaba reunido con uno de los representantes del Morena en algún restaurante de Toluca? Se pensó que ahí se haría la negociación de la alianza con el partido lópezobradorista, pero la oferta que el PRI le hizo a Bautista era demasiado buena como para echarla por la borda: consistió en respetarles el gobierno delegacional de Ciudad Nezahualcóyotl, así como sus tres distritos electorales. En cambio, una alianza con el Morena habría implicado empoderar a este partido, dándole su primera gubernatura a tres años de su creación, y colocándolo en la ruta fácil de la Presidencia de la República.

Así descubrimos que el PRD ya no tiene una tribu manipulándolo, sino dos. Se tiene una dirigencia bicéfala: ADN y Nueva Izquierda. Los demás, no cuentan en este duopolio político, y por eso la negativa de López Obrador en caer en la trampa de estos dos tramposos.

En Guerrero, el PRD está en un grave pleito intestino, al grado de que ni las dirigencias del partido quisieron renovar, por decisión del Comité Ejecutivo Nacional. Previendo un escenario de desacuerdos estériles, es que Aguirre entró a escena, siendo el único que puede disciplinarlos a todos.

Pero, ¡aguas!, con su adhesión a la ADN, el ex gobernador estará por encima de Celestino Cesáreo Guzmán. No será un líder más en busca de espacios. Él palomeará a los aspirantes. Quieran o no, todos van a ir a inclinase ante él, como bien saben hacerlo, pues se sabe que aún los cita a la Ciudad de México y acuden, solícitos y complacientes.

Ángel Aguirre estará como líder máximo del PRD en Guerrero, para que me entiendan. El Jefazo está de vuelta. Más bien, nunca se fue.

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(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Las policías comunitarias y ciudadanas están en un proceso delicado. Este fin de semana, tanto la CRAC-PC como la UPOEG celebraron reuniones con los representantes de los pueblos donde tienen influencia, para revisar el marco legal en el que se mueven, de lo cual dependerá su subsistencia.

En el caso de la CRAC-PC, ya no pretenden atajar la derogación de la Ley 701, sino que presentaron su propio proyecto de reforma constitucional, y la creación de una nueva ley de derechos y cultura indígena y afromexicana.

Pero en este proyecto no entran el Sistema de Justicia y Justicia Ciudadana de la UPOEG (SSyJC), quizá el más viciado y el que menos controles tiene, a pesar de que su líder, Bruno Plácido Valerio, lo afincó precisamente en el modelo de la CRAC-CP, de la cual él mismo fue fundador junto con su hermano Cirino Plácido Valerio.

Sin embargo, algo falló en el los cuatro años de la UPOEG (que en realidad nació a finales de 2010 como una organización gestora y de desarrollo regional –dado que la CRAC-PC no se dedica a eso, sino que sólo promueve la seguridad de los pueblos adheridos al sistema), que se convirtió en un frankestein de seguridad y justicia, hoy vinculado a escandalosos hechos delictivos, aunque sin negar su contribución en la pacificación de los pueblos donde tienen presencia, particularmente en la Costa Chica, donde

Ayer, Bruno Plácido Valerio propuso la creación de un Consejo Estatal de la UPOEG, reconociendo que en su corta vida como organización han venido copiando modelos y reproduciendo lo que otros pueblos hacen, en referencia a la CRAC-PC, sin tener los resultados esperados.

Quizás eso se deba a que el ámbito en el que la organización de Bruno Plácido se mueve no es indígena propiamente, salvo la zona mixteca y tlapaneca de Ayutla y Tecoanapa. Pero no así en el valle de El Ocotito, Tierra Colorada, Xaltianguis y Barra Vieja (en Acapulco), o en la Sierra, donde también tiene presencia.

Eso representa un problema real, porque los pueblos mestizos no tienen la disciplina de los pueblos originales, que aún se rigen por sus sistemas de usos y costumbres, se reconoce a la asamblea del pueblo como la autoridad máxima, y se tiene un grupo de “principales”, que se encargan de regular la vida interna de los pueblos.

La UPOEG tampoco cuenta con un reglamento interno, al menos no se ha hecho público. No se respeta la estructura de los coordinadores, y los comandantes de la Policía Ciudadana actúan por su cuenta.

Bruno Plácido sabe, sobre todo, que quedó rebasado por la estructura de seguridad, y que la UPOEG se diluyó como organización gestora, quedando únicamente su función de seguridad y justicia, pero sin garantizar imparcialidad y, como su nombre lo indica, un sistema que realmente reeduque a los infractores.

De la CRAC-CP, por ejemplo, se sabe que reeducan a los presos; que se deliberan sus casos en asambleas abiertas. De la UPOEG, al contrario, son muy pocos los asuntos que se ventilan y, más bien, son los coordinadores de cada municipio los que determinan lo procedente.

De lo que resulte de este nuevo esquema de consulta, propuesto ayer por Bruno Plácido Valerio, dependerá si consiguen impulsar su propio plan de reconocimiento oficial, pues de entrada la UPOEG-SSJC quedan fuera de la reforma sobre la Ley 701. Y contrario a la CRAC-PC, que ya presentó una iniciativa de reforma y una ley reglamentaria que sustituya a la ley a derogar, incluyendo a los pueblos afromexicanos, la gente de Bruno Plácido no tiene nada a la mano, pues desde el inicio se montaron en lo que ya se tenía.

Largo proceso le espera a la UPOEG, sobre todo ahora que se observa un claro distanciamiento entre Bruno Plácido y el gobierno estatal.

Para el resto de las policías, el problema es aún más grave, pues ni siquiera tienen estructura formal, ni mucho menos un sistema de justicia avalado por los pueblos.

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(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Parece que la decisión del Morena para adelantarse en la selección de quienes a partir de marzo próximo serán sus candidatos, puso nerviosos a muchos perredistas que tenían a este partido como opción B. Y es que pocos han hecho público su traslado a este partido y han expuesto las razones que los llevaron a tomar esta decisión. En su mayoría, se están sumando de manera subrepticia, sin dar explicaciones ni a sus ex compañeros, ni a sus nuevos compañeros, como queriendo no levantar olas ni llamar la atención.

Pero, sobre todo, destacan los seguidores del Morena que se desencantaron con el adelanto del proceso de selección, que se hará en esta última semana de julio y durante el mes de agosto, previo al arranque del proceso electoral, que está marcado para el 8 de septiembre.

¿Por qué? Porque seguramente estaban considerando trasladarse al Morena hasta que se agotaran sus posibilidades en su partido de origen, lo cual ocurriría en el primer trimestre de 2018, sobre todo en febrero y marzo, meses en que se llevará a cabo el periodo de campañas internas.

Pero como siempre, Andrés Manuel López Obrador y los líderes del partido, junto con los consejeros, sorprendieron a propios y extraños autorizando el adelanto de los tiempos. Y si bien a los que se elijan en las próximas 5 semanas no se les podrá llamar candidatos, son “coordinadores” y algo parecido, será un hecho que a partir de entonces su liderazgo estará siendo apuntalado y enraizado a las bases.

Esto preocupa a aquellos que, como ya dijimos, tenían al Morena como el colchón para su caída, pues no están dispuestos a quitarse la capucha antes de tiempo, sino que más bien estudiaban con sigilo sus posibilidades en su escenario actual, sin importarles el proyecto democrático, político, económico y social realmente.

En los próximos días sabremos cuántos de los amantes de AMLO y Morena toman la decisión aliarse, o si se quedarán en sus partidos, para ver qué les toca.

También veremos a aquellos que, aun pasado el proceso de selección interna de los candidatos, se sumarán al Morena no en busca de un reparto de cargos y prebendas, sino por convicción, y porque desean dar la pelea política desde otro ángulo, sin engordar a ese adefesio PAN-PRD, que Los Chuchos y sus muchachas pretenden construir, llamado Frente Amplio Democrático.

 

Sistema anticorrupción

en Guerrero

 

Otro que se adelantó a los tiempos políticos, fue el gobernador Héctor Astudillo Flores, quien ayer instaló en Acapulco el comité del programa estatal de ética, transparencia y combate a la corrupción.

La crítica es que él formará parte de ese comité, lo mismo que su secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, serán juez y parte en el sistema de vigilancia que pretenden implementar para amarrar manos a los manirrotos.

Sin embargo, conviene aclarar que esta iniciativa es paralela a lo que dicta el Sistema Nacional Anticorrupción, que apenas se instaló en el país, que ni siquiera comienza a caminar y que aún carece de un fiscal.

Lo que Astudillo pretende es crear su propia red de monitoreo, comenzando por abrirle la panza a la administración estatal.

Anunció por ejemplo, a promover la transparencia en todos los niveles del gobierno, con el propósito de regresar la integridad y la ética de los servidores públicos. También anunció la creación de un programa para reordenar las finanzas públicas a través de la bancarización de todas las operaciones de la administración, así como transparentar los procedimientos de adjudicación de obras públicas y adquisición de bienes y servicios, cosas por demás oscuras en todos los gobiernos, incluso los municipales.

Otras de las acciones será depurar y publicar padrones de beneficiarios de programas sociales y cumplir con la ley general de transparencia que obliga a los sujetos obligados a difundir información pública de oficio. ¿Qué tal?

Eso sin contar que los diputados locales deben comenzar a armonizar el marco jurídico local con la ley secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción, para construir el Sistema Estatal Anticorrupción.

Es decir, que mientras eso sucede y se empantana en discusiones partidistas, el gobierno estatal avanza por su cuenta, sin importar siquiera los tiempos políticos. Esperemos que se tengan resultados pronto, sobre todo en los niveles municipales. Apenas esta semana, se divulgó la noticia de que vecinos de los pueblos detuvieron al presidente de Tecoanapa, porque dejó tiradas unas 20 obras en comunidades y colonias, sin que la Auditoría o la Contraloría hagan algo al respecto, sino todo lo contrario.

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(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Este pasado martes estuvieron en Guerrero los titulares de Hacienda, José Antonio Meade; y de Gobernación, Miguel Osorio Chong. Ambas visitas fueron forzadas. Los escenarios en que se presentaron no corresponden a la investidura de cada funcionario y más bien tanto Meade como Osorio andan meneándose ya en el terreno político, en una especie de medición de fuerzas, previo a la asamblea nacional del PRI, a celebrarse en el mes de agosto de donde, se dice, habrá algunas sorpresas.

Meade estuvo en la Montaña con el gobernador Héctor Astudillo, poniendo en marcha un sistema de agua. Y Osorio Chong se montó en un evento de la Sedatu, en Chilpancingo, para entregar cuartos del programa social que impulsa esa dependencia.

El más protagónico fue Osorio. Habló de temas inevitables, como la matanza del penal de Las Cruces, de la cual, afirmó, “se habrá de decir con claridad que fue lo que sucedió; hemos venido trabajando con los estados para que el recurso que se tiene para los centros penitenciarios sea aplicado y bien aplicado”.

Calificó como complejo lo que sucede en los penales, por lo que consideró que se debe trabajar más en temas como la corrupción dentro de los penales, “cómo van haciéndose de las autoridades y después actuando en autogobiernos y después actuando en riñas dentro de los penales que tampoco podemos permitir”.

Incluso fue implacable con los movimientos de autodefensa que han surgido en Guerrero los cuales, dijo sin empacho, sirven o pueden servir a grupos delincuenciales.

Detrás de todo, sin embargo, no está el interés de ambos funcionarios por resolver los problemas que aquejan a los guerrerenses. Sólo vinieron a darse baños de pueblo, a ponerse en la mira de los priístas que irán como delegados a la asamblea nacional del partido, y a dejarse ver y sentir.

Con la visita de Meade, sobre todo, se toman como ciertos las versiones que indican que está metido de lleno en la pelea por la candidatura presidencial y que, para colmo, es uno de los favoritos del líder del PRI, Enrique Ochoa Reza, para lo cual en la asamblea éste propondrá que se elimine el requisito de la militancia partidista, para allanarle el camino.

A Osorio, por su parte, lo estarían apoyando los priístas de la vieja guardia, representados en el partido por Claudia Ruiz Massieu, porque consideran que la apertura que está impulsando Ochoa Reza desdibujará al partido, como ha sucedido con el PRD.

La intención, de entrada, es sentar las bases de una candidatura ciudadana, pero en el fondo la cúpula priísta estará siguiendo la línea marcada por Luis Videgaray Caso, ex titular de Hacienda, quien supone que Meade Kuribreña, al haber formado parte del gabinete de Felipe Calderón Hinojosa, tiene contacto político con muchos panistas de alto nivel, que podrían apuntalar su candidatura, en lugar de apoyar una alianza con el PRD.

En la elección de su candidato presidencial, sin duda, el PRI se juega el todo por el todo; no solamente su permanencia en Los Pinos, sino incluso su imagen política, su identidad y hasta su militancia.

Sin embargo, falta conocer la reacción de los priístas de viejo cuño. Conociéndolos, podemos adelantar que podrá más la disciplina que la necesidad de rescatar al partido de esta nueva embestida tecnócrata, como les pasó con Carlos Salinas de Gortari, a los que el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado no pudo hacer frente y se apoderaron del partido y del país. De ese grupo de tecnócratas, educados en el extranjero, salió lo que López Obrador llama “la mafia del poder”, e incluye a la generación de los “Golden Boys”, del cual Enrique Peña Nieto es el principal representante, pero también los gobernadores que se alzaron al poder en sus respectivas entidades federativas, y que hoy están acusados de ser los principales saqueadores, ladrones de cuello blanco, deshonestos, manipuladores e, incluso, locos.

De concretarse la maniobra de Ochoa Reza, estaríamos, además, en el plan de Estados Unidos. Porque no sería Enrique Peña Nieto poniendo a su sucesor, sino el amigo del yerno de Donald Trump, Luis Videgaray Caso.

¿Alguna posibilidad de cambio ahí? Ninguna. Por un lado, lidiaremos con una extensión del Calderonato. Por otra, la bota de los halcones americanos estará nuevamente sobre nosotros.

Por eso en Washington no quieren a López Obrador. Le temen los halcones de la CIA, porque los gobiernos de izquierda los consideran “no alineados”, y maniobran hasta que los revientan. Antes los mataban, como al primer presidente de izquierda en Chile, Salvador Allende. O impedían su llegada al poder, como ocurrió con Cuauhtémoc Cárdenas en 1988. Ahora, los dejan gobernar, pero hacen de su gestión un infierno, como en Venezuela. O, incluso, se vengan de ellos, encarcelándolos por pequeños errores, como a Ignacio Lula da Silva, en Brasil. Prepare su voto, amable lector. Y sea consciente de lo que le venden y de lo que compra. Es obligación de cada ciudadano estar informado.

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(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Hay un debate nacional, amable lector, lectora, que no sabemos por qué artes no ha podido cuajar. Tiene que ver con la eliminación de delitos graves en el código penal federal (y su réplica en los estados), que permitió –tan sólo en el Distrito Federal-, que unos 4 mil reos que fueron detenidos por el delito de portación ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, queden en libertad.

Y es que éste y otros delitos fueron eliminados del catálogo de delitos graves, y ahora se les considera delitos “no graves”, por lo cual los indiciados pueden alcanzar libertad en lo que se define su situación.

Para un país como México, en donde la portación de armas está forzosamente ligado a delitos graves de orden común o federal, resulta inadmisible que los diseñadores del nuevo sistema de justicia penal hayan incurrido en semejante despropósito.

Pero es peor que aun cuando ya se dieron cuenta, los legisladores no hayan subsanado ese problema, ni a nivel federal, ni en el nivel estatal.

En su soberanía, los gobiernos estatales pueden modificar sus códigos penales, y añadir al listado de delitos graves todos los que consideren que son lesivos de derecho, pero no lo han hecho. La legislatura actual, mayoritariamente priísta, está más ocupada en preservar sus propios privilegios, en destruir a sus enemigos políticos desde la tribuna, que en salvaguardar al pueblo de los errores del sistema penal que desde el año pasado entró en vigor en Guerrero, el cual –siendo mayoritariamente garantista-, le da al indiciado plenas garantías.

Peligrosos infractores de la ley han sido arropados por el manto de la impunidad que trae consigo el nuevo sistema de justicia, el cual no dudamos que sea bueno en otros países, pero en nuestro país, en donde no existen instituciones preparadas y maduras para este modelo, se ha convertido ya en un lastre.

Por ejemplo, es inadmisible que si alguien va a denunciar el robo de su casa habitación, aún se le exija la presentación de testigos, cuando lo que procede es que la autoridad que tomó la denuncia (del nivel que sea –y aquí entran también las policías municipales), se constituyan en el lugar de los hechos y comiencen la indagatoria, preservando en lo posible las pruebas que se encuentren en el lugar.

A esto me refiero cuando digo que las instituciones del país no están preparadas para este nuevo procedimiento, y eso ha entorpecido la justicia para miles de ciudadanos.

En cuanto al uso de las armas, delito que no es aislado en nuestro país, es urgente que los gobernantes impulsen ante el Congreso federal el endurecimiento de penas para la portación de armas.

Los legisladores se resisten a ello, cabe decir, porque consideran que las cárceles se saturaron por delitos que, en realidad, no ameritan cárcel. Pero no es el caso de la portación de armas de fuego, sean o no reglamentarias.

Sin embargo, somos realistas. Tal parece que la tendencia en México es a la del armamentismo. Si durante el gobierno de José López Portillo se consumó el desarme nacional, endureciendo las penas por la portación de armas, que pasó a ser un delito federal, esto con la idea de pacificar al país, lo de hoy es todo lo contrario. Y es que desde la sociedad civil se demanda que, ante la ineficiencia del gobierno para garantizarnos paz, se les debe permitir a los particulares portar armas, o tenerlas en sus hogares. Incluso, recién se aprobó la ley de la defensa propia, de modo que si alguien irrumpe en una casa, tratando de matar a alguien dentro, se le puede asesinar sin correr el riesgo de ser acusado de homicidio.

No sabemos qué decisión tomarán los legisladores en este asunto, pero deben analizar debidamente el problema. Primero, que el portar un arma no es casual, generalmente portan armas quienes tienen algo que hacer con ellas. Y ahí está el peligro: hay ocasiones en que no se tienen evidencias de culpa de alguna persona que porta armas, aunque sea delincuente; por lo tanto, suele consignársele por el delito deportación de armas, que es lo más fácil de probar, pues se tiene el objeto a la vista. Pero, sobre todo, porque es la proliferación de armas una de las razones por las que este país es inseguro, pues cualquier hijo de vecino las puede portar, así sea menor de edad.

Más armas, no significa mayor seguridad, sino todo lo contrario. Eso en México, es una verdad insoslayable.

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(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Hay dos noticias en el plano electoral que nos importa conocer y discernir correctamente. Las dos son malas, porque a los ciudadanos, como usted sabe, amable lector, nos tocan puras duras, casi nunca las maduras.

La primera, es que los perredistas, aprovechando las lagunas en la ley electoral que los diputados les regalaron, lograron que el Tribunal Estatal Electoral les permita a quienes ocupan cargos de elección popular en este momento, y que aspiran a reelegirse en tales cargos, continúen ejerciendo hasta el primer trimestre de 2018.

Es decir, los alcaldes, síndicos, regidores y diputados, estarán en activo mientras que sus partidos llevan a cabo las precampañas para elegir candidatos, lo cual sucederá en los meses de febrero y marzo próximos.

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), había considerado la conveniencia de que los que busquen la reelección, se separen de sus cargos en cuanto comience el periodo electoral, lo cual ocurrirá el 7 de septiembre próximo.

De este modo, el IEPC trató de suplir el tremendo error que cometieron los diputados cuando votaron la ley electoral, autorizando la reelección, pero sin modificar los tiempos. De este modo, la representación del PRD en el instituto, interpuso una demanda ante el Tribunal Estatal Electoral, para que el IEPC cumpla con los plazos legales ya establecidos, que aplican para todo funcionario público; esto es, que se separen de sus cargos, hasta 90 días antes de la elección.

De este modo, si pensábamos que los presidentes municipales que buscan una candidatura para reelegirse se separarían de sus cargos una vez que dieran su segundo informe de gobierno, para dar paso a los suplentes, pues no.

Sin embargo, más allá de pasiones y agandalles, es necesario que así suceda. Que la cordura quepa en los aspirantes y a la reelección, y dejen los cargos, porque no podrán estar en misa y andar en la procesión. El pueblo sabe distinguir muy bien entre lo que es una acción de gobierno, y lo que es un acto proselitista.

Al separarse del cargo, el servidor público vuelve a lavarse con baños de pueblo. Puede presumir los logros de su gestión, sin responsabilizarse de los errores, porque al fin y al cabo ya hay otra autoridad municipal al frente de los negocios. Incluso, se estila que aunque anden en precampañas siguen mangoneando los dineros, porque solamente cambia la cabeza, el resto del equipo se queda: Tesorería, Obras Públicas, Oficialía Mayor, etcétera.

Veremos, entonces, quiénes se dejan seducir por el canto de las sirenas, y quiénes escuchan la voz de la experiencia, y ponen tierra de por medio entre el desgate del poder público, y la construcción de una nueva candidatura.

 

14 partidos

 

Otra mala noticia es la que ayer nos dio la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC): que el presupuesto electoral correspondiente al financiamiento de los partidos políticos, se pactó tomando en cuenta la existencia de 7 de ellos. Pero resulta que en el proceso de registro de nuevos institutos políticos, el sistema electorero que nos rige parió 7 más: dos de tipo nacional, y 5 de influencia estatal.

Aquí aplica literalmente aquello de “éramos muchos y nos parió la abuela”.

Al haber más burros, tocará obviamente de menos olotes. El dinero tendrá que dividirse para permitir que a esos 7 nuevos partidos con presencia en Guerrero, les alcance para montar sus oficinitas, para comprarse sus camionetas de lujo, para teléfonos celulares, viáticos, comilonas en los Sanbons, Vips y otros restaurantes, etc.

La noticia no es buena para los partidos tradicionales, pero resulta peor para el pueblo, porque finalmente somos nosotros los que veremos cómo se despilfarran decenas de millones de pesos, en una quimera democrática.

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(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Se agrava la crisis económica en el país, derivada de la reducción en la producción petrolera. Al menos eso explicó José Antonio Meade, titular de Hacienda y Crédito Público, quien hizo un llamado a los secretarios de Finanzas de todos los estados a realizar un esfuerzo mayor en la recaudación, sobre todo en el impuesto predial, “con el propósito de seguir afrontando con responsabilidad los retos del exterior”.

Bueno eso dicen, que los retos son del exterior, cuando lo que realmente sucede es que los errores son del interior. Lo cierto es que las plataformas de Pemex dejaron de producir en los últimos meses algo así como 2 mil millones de barriles diarios, que equivalen en materia de ingresos a 2 puntos porcentuales del PIB (Producto Interno Bruto).

Los estados están esperando recortes mayores en lo que resta del año 2017 y la mala noticia es que de seguir esta tendencia, aunque a los gobiernos municipales este año no les redujeron el financiamiento del Ramo 33, cuidando precisamente el contener algún estallido social por falta de obras públicas en municipios y comunidades, nadie garantiza que en 2018 no serán afectados directamente.

Tal vez por eso se esté considerando eliminar el programa de subsidio al Fertilizante, que fue parte medular de la campaña de Astudillo el entregarlo completamente gratis a los productores. Y es que este programa descansa sobre todo en los municipios, quienes desembolsan la mayor cantidad de recursos, pero tomándolos del Ramo 33, cuyo destino debe ser las obras públicas de tipo social.

En septiembre se conocerá el monto del recorte del gasto público para 2018. Meade anunció que apenas se está construyendo y que se presentará al Congreso dentro de dos meses, para su análisis, modificación y aprobación, cosa que se viene haciendo allá por el mes de septiembre.

Como el año pasado sucedió, apueste usted, amable lector, que nuestros legisladores nos tienen reservadas algunas sorpresas. Recuerde que en 2016, los diputados federales aprobaron en lo oscurito, liberar el precio de los hidrocarburos, y adicionalmente autorizaron el incremento de hasta 4 puntos porcentuales del Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios (EIPS), por cada libro de gasolina, lo que se conoce ahora como “El Gasolinazo”, y que vino a darle en la torre a los planes de crecimiento de empresas y gobiernos.

A la noticia de nuevos recortes a los gobiernos estatales, el gobernador de Banco de México anunció que la inflación (traducida como encarecimiento de los bienes, productos y servicios), está en su máximo nivel, y lo que sigue de ahí es la bancarrota de los negocios que en lugar de crecer se ahogan en costos de producción y deudas.

Para este fenómeno que afecta directamente a quienes nos movemos en la micro-economía, no hay plan de contención alguno. Simplemente se está dejando a la suerte a la gente, lidiando con un escenario de crisis sin precedente.

Para colmo, el partido de oposición más importante del país, el PRD, está en la dinámica de darnos más de lo mismo. Lejos de oponerse a lo que parece ya un escenario sin esperanza para los mexicanos, se están prestando para apuntalar el retorno del PAN a Los Pinos, artífices junto con el PRI de la reforma energética que nos dejó en cueros, sin el recurso que nos hacía fuertes frente al exterior.

La maniobra del Frente Amplio Democrático viene a corroborar que los principales líderes del PRD estuvieron de acuerdo en la reforma energética, y sólo abandonaron el Pacto por México, cuando vieron que eso afectaría severamente su membresía. Es decir, no es que no estuvieran de acuerdo en ella, sino que sólo simularon estar en contra, y tampoco quisieron evitarla, pues habría bastado un llamado al pueblo, sumándose a la demanda de Morena, para que la reforma se detuviera, pues el pueblo no fue consultado, requisito que marca la Constitución en tratándose de asuntos como el petróleo, que tengan que ver con la seguridad nacional.

El pueblo de México ha sido traicionado por la seudoizquierda, un partido que a pesar de su nacimiento y su bautizo en sangre, se derechizó desde hace tiempo, por así convenir a los intereses de quienes lo dirigen.

En las próximas elecciones, los veremos mentir aún más, mientras a través de redes sociales exhiben los privilegios que obtuvieron a cambio de su voto y de su silencio. Sí, viajes a Rusia y a Medio Oriente, por ejemplo, todo pagado en dólares, de uno de nuestros legisladores, es apenas una muestra de lo que se obtiene cuando se renuncia a los ideales que alguna vez se enarbolaron, frente a un pueblo hambriento y sediento de justicia.

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SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

La tragedia del agujero que se abrió en la vía rápida de la autopista en Cuernavaca, demuestra por enésima ocasión que estamos en el México de los impunes. La corrupción, dicen todos, es el lastre del país. Pero más que la corrupción, es la impunidad, entendida ésta como la protección de personajes, empresas, partidos y gobiernos, por encima de las leyes vigentes, lo cual propicia más corrupción. Un círculo vicioso, pues.

Si queremos acabar con la corrupción, primero tendremos que limitar la impunidad, el proteccionismo oficial, la picha que a todos cobija.

El titular de Turismo en Guerrero, Ernesto Rodríguez Escalona, ufano, dijo que a pesar de la tragedia en la autopista de Cuernavaca (atajo que costó algo así como 2 mil 200 millones de pesos –aunque el presupuesto original era de 1,100 millones–, y con lo cual se pretendía acercar aún más el puerto de Acapulco a la zona centro del país, salvado los embotellamientos en la ciudad de la eterna primavera), las vacaciones en los destinos turísticos costeros no se verán afectadas.

Y resumió esa tragedia en algo que refleja la grave insensibilidad en la clase política: “No pasa nada”. ¿Así o más insensible el eterno aspirante a la presidencia municipal de Acapulco?

Pero sí pasa algo. Pasa que gracias a la corrupción y la impunidad del régimen gubernamental en turno, un consorcio de empresas españolas construyó ese tramo carretero al doble de su costo, encimándola en viejas redes de agua potable y alcantarillado, mismas que ya habían perdido su vida útil. Por eso es que el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, señaló que tenían “40 años funcionando bien”, y echó la culpa a las “lluvias atípicas”, así como a la acumulación de basura. Una obra nueva, montada sobre infraestructura caduca. Y aún dijo que no, que no se cayó la carretera, lo que colapsó fue un drenaje de aguas pluviales ya carcomido, que provocó un socavón en la parte de abajo. O sea, que si se cayó lo que sostiene la carretera, entonces se cayó la carretera.

Lo grave es que la SCT lo supo, pues el alcalde del lugar se los notificó por escrito, que la red de drenaje y alcantarillado pluvial antigua, estaba a punto de colapsar, pero nadie le hizo caso.

Esos vicios de construcción no tardaron en mostrarse, costando la vida de dos hombres, padre e hijo, que durante doce horas estuvieron agonizando dentro de un agujero de 9 metros de profundidad, hasta que “rescataron” el vehículo en el que viajaban, con ellos muertos dentro.

Gerardo Ruiz Esparza, salió a dar explicaciones estúpidas acerca de las razones del agujero en una autopista recién construida e inaugurada por el presidente de la República apenas en el mes de abril. Le echó la culpa a la lluvia, cuyo torrente fluye por un arroyo que es su cauce natural, pero que entubaron hace 40 años como parte de la urbanización del sitio, y sobre el cual se montó la carretera nueva, pero sin resolver la caducidad de esa red. Bastaba con hacer una nueva alcantarilla, colocar un tubo de mayor capacidad y con materiales modernos, para resolver el problema. Pero, claro, había que hacer una obra cara a menor costo, para que sea mayor la ganancia. ¿O no se estila así en todos los niveles? Mire a su alrededor amable lector, y sabrá de lo que le estoy hablando. Abundan las obras que no pasan la prueba de las lluvias, y que al término del trienio municipal, ya están inservibles.

Menos de tres meses les duró el gusto de la autopista de Cuernavaca. La obra es a todas luces fraudulenta, y dada la fecha de su inauguración, es fácil comprender a dónde se fue el dinero agregado. Adivinó: a las elecciones del Estado de México, porque las obras públicas son la manera más sencilla de robar el presupuesto, mediante compadrazgos y contratos de obra entregados a los amigos y compadres.

La impunidad permea en varias líneas. Ruiz Esparza es el responsable directo de esa obra, pero no lo veremos fuera del gobierno, mucho menos en la cárcel, pues para ello es el operador de los multimillonarios negocios del sexenio en obra pública, que benefician a Enrique Peña Nieto y su camarilla.

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(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Este pasado fin de semana reapareció en escena David Jiménez Rumbo, por la Costa Chica. Tenía meses callado, él tan acostumbrado a hacer declaraciones sonoras. Pero, claro, ya comenzó a moverse el escenario político y es tiempo de salir a visitar a las ovejas (que no borregos, aclaro). Sobre todo, es tiempo de moverse para promover el Frente Amplio Democrático que la dirigencia nacional se sacó de la manga, sin consultar siquiera al Consejo Político Nacional, y el cual está siendo promovido por diversas tribus del partido en todas las entidades, para que den su visto bueno.

Así, mientras la IDN de René Bejarano y Oscar Chávez dice NO al FAD, el Grupo Guerrero de David Jiménez Rumbo, dice SI a una alianza con el PAN, con el argumento de que ya fueron dos veces a la campaña presidencial con Andrés Manuel López Obrador y perdieron, mientras que el PAN ha ganado por sí solo dos veces la presidencia de la República.

La CODUC de Sebastián de la Rosa dice SÍ al FAD, pero matiza, pues pone como condición de que el candidato sea del PRD, algo que –lamentamos decirlo-, no se le cumplirá al don Zorrillo, pues difícilmente los blanquiazules van a apuntalar a un partido que está en el cuarto lugar de preferencia electoral a un triunfo seguro.

El caso es que la gran idea del Frente Amplio Democrático está desnudándolos a todos. Lo sentimos por aquellos que están actuando como en 2010, cuando el PRD hizo gobernador a Ángel Aguirre Rivero. Parece que David Jiménez Rumbo no aprendió su lección, pues fue el primero en decirle sí al Jefazo, con el argumento de que cualquiera menos el delfín de Zeferino Torreblanca, pero también fue el primerísimo aliado al que Aguirre botó como tapón de sidra de la Secretaría de Desarrollo Social, junto con su gente, y l mantuvo en la lona por muchos meses, hasta que llegó el proceso de 2015 y el PRD lo hizo diputado federal plurinominal por Michoacán, aprovechando que su acta de nacimiento dice que nació en suelo michoacano, pero eso fue un mero premio de consolación, y para evitar que el jefe del otrora poderoso grupo chavarrista hiciera un sainete.

Las declaraciones de Rumbo son desesperanzadoras para muchos perredistas, incluso para aquellos que son de su mismo grupo político. Lo mismo pasa con el Zorrillo, quien está llevando a su gente a un pacto contra natura, dicen ellos, pues en realidad no les importa el país, sólo sus privilegios. Gente como Sebastián de la Rosa saben que ante los pactos de la cúpula bien poco pueden hacer los de abajo, salvo pensar en sí mismos, y nadie quiere ser héroe en esta historia, todos quieren continuar sus carreras políticas.

Así, mientras Sebastián de la Rosa promueve el FAD con la excepción planteada –que sabe no se la tomarán en cuenta-, algunos de sus seguidores, como el ex alcalde de San Luis Acatlán, Vicario Portillo Martínez, se reunía con gente de la IDN en Marquelia, en una reunión regional, para repudiar el frente con la derecha y pugnar porque el partido opte por una alianza con la izquierda.

En esa reunión, por cierto, estuvieron prominentes aguirristas, como el ex secretario de Desarrollo Rural, Humberto Zapata Añorve, quien anunció que la orientación que ellos están pidiendo es apoyar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Y aunque estos tienen resabios por Morena, dada la actitud beligerante de sus dirigentes, están planteando que no irán por el partido, sino por el candidato.

Nada está dicho en el PRD. El hecho de que los líderes nacionales del partido se salgan con la suya –como parece que sucederá-, no significa que esté todo dicho. Falta ver qué harán las bases, las tribus inconformes y los liderazgos intermedios, que son los que realmente tienen bajo su liderazgo la membresía del partido.

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