Martes, mayo 30, 2017
SOS COSTA GRANDE

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(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

En el Estado de México, los candidatos cerraron ayer domingo sus campañas, con un marcador incierto. La apuesta entre la sociedad es que el PRI perderá la mayor perla de su corona, a pesar de los cuantiosos recursos que encauzó el gobierno federal para apuntalar a Alfredo del Maza Maza. Los analistas, en cambio, consideran difícil que una izquierda divida logre hacerse del poder en el estado más rico del país, y más bien observan que la indecisión para crear una alianza en torno al candidato o candidata con mayor aceptación, hará que se pierda una oportunidad histórica para ello.

Un conocido perredista del estado escribió: “Orgullo, capricho, intolerancia, intereses personales y todas las bajas pasiones que enturbian la política es lo que están viendo las “izquierdas” en el proceso electoral del Estado de México. Cada uno de los actores llama a “la unidad” pero en torno a sus propios intereses. Nadie piensa en la urgente necesidad de sacar de esta podredumbre en la que nos ha metido el PRI durante casi cien años de gobierno. La violencia extrema, la gran pobreza, la desesperanza cotidiana no importa a nuestros “encumbrados líderes”; ellos tienen su vida y sus intereses resueltos. Que se friegue el pueblo… Mientras las ” izquierdas” se despedazan y los medios de comunicación vendidos ponen más leña al fuego, los priístas caciques del Grupo Atlacomulco deben estar muertos de la risa… No cabe duda que los “izquierdosos” somos como los cangrejos, en lugar de ayudarnos a salir, nos ayudamos a hundirnos más”.

El desánimo cunde entre los perredistas. Si el partido pierde las bases que hoy se están construyendo a favor de la izquierda en su conjunto, la elección presidencial del 2018 quedará a la deriva. La historia de 2006 y 2012 se repetirá, con consecuencias aún más funestas, porque la violencia no se ha ido, no se ha movido ni un ápice; al contrario, se ha incrementado. Ya no tenemos el petróleo como fortaleza, y a través de convenios comerciales nos han vendido al exterior como puercos flacos. Aun si ganara un gobierno de izquierda la elección del año entrante, nada está dicho: las dificultades ya están y posiblemente se incrementen.

Los agoreros señalan que de ganar la izquierda habrá caos, y ponen el ejemplo de Venezuela. Pero se olvidan del ejemplo de Brasil. Ese país dio el salto hacia la izquierda cuando la corrupción de la derecha fue insostenible (recordar el escándalo de los 90, con el presidente Fernando Collor de Melo –por cierto muy parecido a Peña Nieto).

En cuanto a los partidos, dan pena ajena. Cada uno, si ver los números de las encuestas, se daban por bien servidos y aseguraban el triunfo. Escribió ayer Celestino Cesáreo, el líder del PRD en Guerrero: “Juan Zepeda: Próximo Gobernador del Estado de México. Así termina la más exitosa campaña del PRD en los últimos años; animosa, ruidosa, alegre, masiva, está campaña unificó al perredismo en el país. El Joven candidato Juan Zepeda con su arrojo, su entusiasmo, su entrega y su preparación: le dio una “bocanada” de aire fresco al PRD. Los ecos de su campaña llenaron de entusiasmo al sol azteca en todos lados. Hoy fue el cierre de campaña. Pero aún quedan unos días de activismo. Caballo que alcanza gana. JuanSiPuede. Vota el 4 de Junio. Vota por el PRD. Vota JuanZepeda”.

Olvidan que la verdadera elección es el día de la elección, y que viene una semana tenebrosa, más que todas, para tratar de garantizarle al PRI su triunfo.

Lo cierto es que Zepeda estuvo a punto, este fin de semana, de negociar una alianza con Morena, misma que fue repudiada por la dirigencia nacional, que a través de redes sociales echó el caballo encima a su candidato en el Edomex. Eso fue más que evidente; por lo tanto, Zepeda no tuvo más que recular y llegar hasta el final, cerrando su campaña “como Dios manda”. La reunión del equipo de Zepeda con Ricardo Monreal, uno de los operadores del Morena, causó nerviosismo en la clase política nacional y trascendió que el gobernador del Edomex, Eruviel Ávila, presionó al PRD para que su candidato se mantuviera solo.

Trascender este cerco será sumamente difícil para la izquierda, sobre todo teniendo una dirigencia con pactos ya amarrados. Sebastián de la Rosa es uno de los pocos en Guerrero que está diciendo las cosas con claridad, con relación a una gran alianza de izquierda para 2018. A ver si lo oyen. En última instancia, él va ya como propuesta para la senaduría del PRD, por al CODUC. Y amarrando su cargo, lo demás, es lo de menos.

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SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Chilpancingo se ha tornado una ciudad peligrosa. A diferencia de lo que sucede en otras ciudades de la entidad, como Acapulco, donde los homicidios se desgranan pero aparentemente sólo entre los mismos delincuentes, en la ciudad capital aparentemente hay una política entre los grupos delincuenciales de tirarle a todo lo que se mueva, y eso deja a la población civil en la indefensión.

El asesinato, el pasado miércoles, de un estudiante de música de la UAGro, junto con un joven dueño de un negocio de micheladas y empleado de la SEG, cuando iban en una motocicleta por el bulevar Vicente Guerrero, nos muestra un drama que el gobernador tarde o temprano tendrá que enfrentar; de lo contrario, mientras él anda pacificando otras regiones, la ciudad sede de los poderes estatales está en un baño de sangre, donde además están muriendo inocentes.

Todo indica que estos jóvenes fueron confundidos por gente mala, dado que iban en una motocicleta. Por lo tanto, conviene que en las escuelas y en los hogares se comience a pedirles a los jóvenes que no usen ese tipo de transporte, para evitar ser confundidos con sicarios de grupos contrarios.

El drama en este caso se acentúa porque el joven músico, Darwin Barrientos, originario de El Ocotito y a quien se le consideraba una promesa en el mundo de la música, estuvo agonizando durante media hora, sin que los policías estatales y ministeriales que acudieron a resguardar el área le auxiliaran. Todavía vivo, el joven trataba de incorporarse, pero no lo lograba, mientras los policías observaban impávidos la situación.

Al contrario, evitar que un médico entrara a auxiliar, manteniéndolo fuera de la cinta amarilla. En algún momento, ya en el estertor de la muerte, el joven Darwin le agarra un pie a un policía ministerial; se observa en los videos difundidos cómo el joven agarra al hombre armado fuertemente, de modo que éste se agacha y literalmente se arranca la mano que apretaba su pierna. Justo en ese momento se observa cómo el joven expira violentamente. De inmediato, los policías tratan de revivirlo, pero ya era demasiado tarde. La ambulancia tardó en llegar 40 minutos, cuando ya los dos baleados estaban muertos. La impotencia se apodera de quienes observan este video, máxime porque de acuerdo con lo que se dijo en redes sociales, a unos pasos de donde sucedió el ataque hay un hospital, y bien se pudo evitar esta muerte, llevando al joven al servicio de urgencias.

Se abre también el debate en torno a la obligación de los policías, no a resguardar el área del crimen, sino a ver primero la preservación de la vida humana, por todos los medios.

Los policías, como robots, cumplieron con rigor lo que dicta el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, entre cuyos lineamientos está el preservar el área, dejando fuera a toda persona ajena. Ellos mismos no deben contaminarla ni levantar nada, hasta que lleguen los peritos. La primera policía en llegar a la escena, es la que comienza la cadena de custodia, y precisamente por este trabajo todas las corporaciones se retrasan en atender las emergencias, porque nadie quiere meterse a realizar el papeleo que les piden, máxime si se trata de asuntos que suceden en la noche.

Pero las autoridades deben revisar lo que compete a la atención de los heridos, pues en este caso se actuó con negligencia, atendiendo aspectos que no eran prioritarios. Tal vez los policías deban también tomar cursos de urgencias médicas, para actuar en caso de ser necesario.

Cabe decir que en las últimas semanas 4 estudiantes de la UAGro han caído víctimas de la violencia. Esto comienza a calar entre la comunidad universitaria, que ayer salió a marchar en Chilpancingo para demandar justicia por el caso de Darwin. La prevención se impone.

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(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El discurso de protección a periodistas llegó a Guerrero. Lo que era antes un terreno de veda para las autoridades estatales, o al menos un espacio no atendido, se ha retomado a raíz de la decisión del presidente Enrique Peña Nieto, para fortalecer a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

Ayer, el gobernador anunció que se tomarán acciones para la protección a periodistas y defensores de Derechos Humanos, mismas que se llevarán a cabo a mediano y largo plazo, pues serán bajo las pautas que determine la Secretaría de Gobernación federal en coordinación con la Secretaría General de Gobierno de Guerrero.

Astudillo anunció seis medidas que involucran a varias dependencias, como la de Salud, Comunicación Social, Fiscalía, Seguridad Pública y Gobierno.

La semana anterior, recordaremos, el presidente de la República anunció una serie de acuerdos para sacar a México del primer lugar en violencia contra la prensa y contra defensores de los derechos humanos, que lo han colocado por encima incluso de países en guerra.

Se antoja un tanto tarde esta reacción, pues la sangría en el gremio periodístico es fatal. Los informes internacionales establecen que México es uno de los países más peligrosos para que los periodistas ejerzan su profesión. 107 periodistas han sido asesinados del año 2000 a la fecha. El país es ubicado por la estadística de las plazas más peligrosas para el periodismo.

Sin embargo, fue hasta el asesinato del periodista Javier Valdez, el 15 de mayo en Culiacán, Sinaloa, que la Federación entendió que la gota había derramado el vaso.

Javier Valdez se convirtió en el quinto periodista asesinado este año en el país, y en el sexto en el estado de Sinaloa, de 2004 a la fecha. Los periodistas salieron a las calles a protestar. No fueron protestas ruidosas ni violentas, pero sí muy significativas. Y a diferencia de otras que se habían hecho en el marco del asesinato de otros compañeros, esta vez el gobierno federal, el presidente de la República mismo, salió a dar la cara.

Peña Nieto anunció, por primera vez, que las entidades federativas se enlazarán al mecanismo nacional de protección a periodistas, que desafortunadamente está un tanto burocratizado y centralizado, de modo que comunicadores en las regiones apartadas están realmente solos. Incluso se habla de que en los estados habría fiscalías especializadas en los delitos contra la libertad de expresión.

Nótese que el concepto cambió, pues antes se decía fiscalía de atención a periodistas, pero una reforma le dio la dimensión que este tipo de homicidios o ataques tienen, y que es la de conculcar el derecho a la información y a la libertad de expresión, de modo que todo ataque a un medio de comunicación o a un comunicador, es, en esencia, un delito contra la sociedad.

Incluso los municipios se verán obligados a enlazarse al sistema de protección a periodistas, pues se anunció un esquema “transversal” entre autoridades locales, estatales y federales, para ello.

Hay escepticismo al respecto dentro del gremio periodístico, acostumbrado a luchar siempre a solas; sin embargo, parece que por fin se abrió el debate y no sólo en el nivel central, como siempre se hace, sino que también a partir de ahora, baja a estados y municipios.

La pregunta es que las autoridades locales están comprometidas con este proyecto, y si están a la altura del nuevo proyecto de protección a la prensa. La respuesta que los alcaldes le den a esta pregunta, determinará el éxito o el fracaso del proyecto de Enrique Peña Nieto y ahora también de Héctor Astudillo Flores.

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(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)En la Tierra Caliente no deja de haber ejecuciones. Anoche fue acribillado en su negocio en Ciudad Altamirano, el ex alcalde de Coyuca de Catalán y ex diputado local, Elí Camacho Goicochea, quien actualmente militaba en el PRI y se desempeñaba como asesor del gobernador, Héctor Astudillo Flores.

Éste sería el segundo ataque a un militante del PRI, en los últimos dos meses, pues también en Ciudad Altamirano fue abatido Modesto Carranza Catalán, ex síndico de Ajuchitlán del Progreso, y suplente del diputado totolapense, Saúl Beltrán Orozco. Además, días antes había sido secuestrado el ex diputado federal perredista, Catalino Duarte Ortuño, de quien aún no hay señales de vida y sus familiares dejaron de recibir llamadas de sus captores.

El ataque al ex diputado Elí Camacho provino, cabe decir, a dos semanas de que el gobierno del estado y la federación lanzaron un operativo relámpago para recuperar el municipio de San Miguel Totolapan, luego de lo cual tuvieron lugar una serie de bloqueos y quema de vehículos en las carreteras de esa región. El Ejército contribuyó a liberar las carreteras, fue detenido un jefe de un grupo delincuencial, y se lanzó una cacería sobre por lo menos 12 cabecillas de los bloqueos, según un comunicado del Grupo Coordinación Guerrero, para lo cual se reforzó la presencia policial y militar.

La consecuencia es funesta y recayó en Elí Camacho Goicochea, quien fue baleado ayer mientras estaba en la banqueta de uno de sus negocios, en Ciudad Altamirano, negocio que recientemente había abierto.

El mensaje también es escalofriante para la clase política, donde el año pasado fue asesinado el presidente municipal de Pungabarato, Ambrocio Soto Duarte, del PRD.

¿Qué sigue? Astudillo viene actuando con mucha firmeza en aspectos que ningún otro gobernador había tocado. Si recordamos, Zeferino no quiso saber nada del combate a la delincuencia. Aguirre, por su parte, dejó crecer los problemas. Pero Astudillo ha dicho que es ahora, o nunca más se podrá avanzar en este rubro. Nadie, sin embargo, ha querido destacar el arrojo del gobernador; nadie se ha expresado abiertamente al respecto, salvo tímidos reconocimientos de la oposición, que hasta hace poco pedía la destitución del mandatario, y el nombramiento de un comisionado especial de seguridad.

Tras el operativo en Tierra Caliente, sin embargo, la oposición fue acallada y, al contrario, muchos fueron los que comentaban a puerta cerrada todo lo que estaba en juego para Astudillo, quien al parecer se decidió a accionar en esa región a la que nadie le había apostado, con todo el riesgo que eso entraña.

De hecho, el modelo de seguridad que se adoptó en Tierra Caliente, fue llevado al seno de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), pues es precisamente el modelo del mando único policial, reforzado por las Fuerzas Armadas, vigilado debidamente desde un grupo de coordinación. Se dice que Astudillo estuvo personalmente dirigiendo el operativo y no se separó de esa tarea de vigilancia, pues a la Tierra Caliente primero fue personalmente, para luego enviar a su secretario de Seguridad Pública, y al fiscal general del estado.

Hemos dicho que Guerrero será para la Federación una especie de laboratorio en materia de seguridad, donde se ensayen las posibles soluciones, para replicarlas en otro lugar.

Sin embargo, a pesar del riesgo, no se adoptaron las medidas de seguridad necesarias para la clase política, y el mensaje para el gobernador vino pronto, con el asesinato de uno de sus asesores. ¿Será tiempo para que los hombres del gobierno se pertrechen?

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(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Mal y de malas, el alcalde de Zihuatanejo, Gustavo García Bello, salió a dar la cara por el asunto de la policía contaminada hasta que 31 de los detenidos fueron puestos en libertad y devueltos al municipio. Y lo hizo sólo para lavarse las manos del problemón en el que está metido, porque si bien liberaron a 40 uniformados (9 en las primeras horas de la detención y 31 posteriormente), parece olvidar que 20 más fueron vinculados a proceso y están en el penal de Las Cruces, en Acapulco, esperando una resolución de las autoridades federales, mismas que llevan el caso porque se les imputan delitos del fuero federal.

Para colmo, García Bello le echa más leña al fuego, indicando que todos, invariablemente todos los detenidos, son policías en funciones, aunque algunos efectivamente carecían de permiso para portar armas por no estar acreditados.

Además, expuso que esta policía él la recibió tal cual, de la pasada administración, lo cual significa que en sus 19 meses de gobierno él no hizo ninguna contratación…excepto una.

Y, curiosamente, de ese “excepto uno”, es el que está señalado por las autoridades federales (nótese que nos estamos refiriendo a la Procuraduría General de la República (PGR), y las Fuerzas Armadas del país, que en este momento forman parte de las fuerzas de seguridad pública), de tener nexos delincuenciales. Aclaramos: lo dicen las autoridades federales, no Despertar de la Costa ni ningún otro medio en lo local, estatal o nacional.

Al respecto, García Bello dijo que el ex director de seguridad pública de Petatlán había ingresado a la corporación 15 días antes de la redada de las autoridades federales en la academia municipal.

Pero hasta ahí. Alegando demencia con respecto a esta contratación, y sin responsabilizar tampoco a su secretario de Seguridad Pública (porque, estará usted de acuerdo conmigo, amable lector, que alguien ahí dentro es responsable de la contratación de este personaje), García Bello se lanzó contra algunos medios de comunicación locales, para tratar de zafarse de su responsabilidad, en lo que se antoja es una chicanada de su parte, pues los medios locales no fueron los únicos en cubrir este tipo de noticia, ni tampoco los primeros. La noticia, de hecho, dio vuelta al mundo a través de medios digitales y redes sociales, como hay constancia de ello.

Los medios locales tampoco se sacaron la nota de debajo del brazo, porque lo único que se estuvo haciendo fue hacer eco de las declaraciones del Grupo Coordinación Guerrero, dadas a través de su vocero, Roberto Álvarez Heredia, y se hizo con suma responsabilidad, entendiendo la magnitud del problema. Este medio, incluso, ni siquiera editorializó de ello, para evitar tocar fibras sensibles que enrarecieran aún más el clima político y social en el puerto, de por sí ya pestilente. En nuestra red de Facebook, solamente se estuvo enlazando a otros sitios, que publicaron del asunto, y opinaron de él.

Por lo tanto, si reproducir noticias oficiales es parte de una guerra sucia en su contra, el alcalde de Zihuatanejo no sabe con qué se come esto del derecho a la información.

Algo fundamental es que en una de sus primeras declaraciones, desde que estalló el problema y la academia de policía fue tomada, García Bello afirma que no le puso el dedo a nadie, que él no informó de la infiltración de su policía, aunque así lo dijo con todas sus letras Álvarez Heredia, cuando se le preguntó por qué el alcalde no estaba siendo llamado a cuentas. Concretamente el vocero dijo que el alcalde había “avisado a tiempo”. Incluso señaló el vocero que actuaron para evitar que en Zihuatanejo ocurriera otro “Igualazo”, dando por hecho la existencia de un problema al interior de la policía. Nótese una vez más que estas declaraciones las hizo el vocero, como también fue la presidenta del Congreso local, Flor Añorve, la que dijo que el hecho implicaba responsabilidades de parte del presidente que podrían llevarlo al juicio político. Otra diputada, correligionaria de García Bello, pidió que todas las policías y todos los alcaldes, de todos los municipios, fueran sometidos al mismo escrutinio.

Sin embargo, a sabiendas del problema en que eso lo coloca, como un vil “chivato”, García Bello viene a desmentir al vocero -no a los medios, aclaramos-, afirmando que no dijo lo que dijo. Sino que lo que quiso decir, es que él pidió la revisión de la situación de su policía desde el mes de abril, a raíz de que tras una revisión a la corporación, se le detectó que está muy bajo en el asunto de la certificación.

Sin desmentirlo del todo, dando por ciertas sus afirmaciones, sólo nos toca aclarar que los medios no inventamos las noticias, que sólo se replica lo que los actores políticos y sociales anuncian, dicen o externan. Y si en este quehacer el alcalde ha salido evidenciado, le sugerimos que hable con aquellos que, sin querer queriendo, lo incriminaron.

En cuanto a sus ataques a este medio, y que pretendió evidenciar el costo de nuestros convenios de publicidad, habría que recordarle que cada quien le pone precio a su trabajo y que no es un regalo, ni un chayote o embute, es un convenio de publicidad, regido por leyes comerciales y del cual debidamente se declaran impuestos ante Hacienda, pues no es algo que se otorgue bajo la mesa, sino mediante facturación. Despertar de la Costa vende su plataforma informativa, que es amplia; y somos nosotros, no él, los que determinamos el costo de los convenios, con base en los costos de producción, distribución e impacto político y social. Pero contrario a lo que rige en otros sectores comerciales, García Bello pretende ponerle precio a nuestro trabajo; quiere regalado pues, algo así como bueno, bonito, barato y de paso cómplice, que no se le cuestione ni se publiquen cosas en contra. A través de la prensa, pretende ponerle bozal al pueblo. Vea usted, amable lector, la virulencia con que García Bello reaccionó en contra de este medio, por imputaciones que le hicieron las autoridades a su administración, porque deslindar a la policía de su gobierno no puede. ¡Imaginemos qué pasaría si ese trabajo de investigación hubiera salido del lado de la prensa! Así es, para eso sirve la imaginación.

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SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Ricardo Mejía Berdeja no quita el dedo del renglón para que se revise la situación de la Policía Preventiva Municipal de Acapulco, de la cual apenas la tercera parte de sus elementos está certificado. Partiendo del caso Zihuatanejo, el legislador emecista volvió a la carga.

Expuso que siendo la de Acapulco la corporación más numerosa, con más de 1,700 agentes, apenas unos 500 están certificados, y esto porque el gobierno de Luis Walton Aburto hizo ese esfuerzo. Lo que seguía, según Mejía Berdeja, era crear un fondo de recursos para liquidar a los policías que no pasaron los exámenes de control y confianza, para evitar que volvieran a estar activos.

Sin embargo, los policías que habían sido retirados del cargo, en tanto se definía su situación, fueron puestos de nuevo en acto cuando Walton pidió permiso para hacer su campaña por la gubernatura, lo que criticó duramente.

Posteriormente, a la llegada del perredista Evodio Velázquez Aguirre al gobierno municipal del puerto, el proceso de certificación no prosiguió, sino al contrario, la corporación no ha sufrido ninguna reestructuración.

Por lo tanto, lo dicho ayer por el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, en el sentido de que revisarán las corporaciones policiales de los municipios enlistados como “foco rojo”, abre la posibilidad de que, por fin, el gobierno del estado y la federación pongan orden en el nivel municipal, aunque la petición de los diputados es que los 81 municipios de la entidad sean investigados, comenzando por los presidentes municipales, pues estos son los responsables de la administración, y junto con los síndicos y, desde luego, los directores o secretarios de seguridad, son responsables directos de lo que suceda al interior de este sector del servicio público, hoy por hoy uno de los más necesarios para la población, pero también el más crítico y delicado, por su vulnerabilidad ante las presiones de los grupos delincuenciales.

Entre tanto, ayer, los gobernadores dieron también un espaldarazo al gobierno de Guerrero, y partiendo de lo que en esta entidad ha sucedido en las últimas dos semanas, anunciaron que respaldarán todas las acciones de la Sedena y la Semar en entidades con altos índices delictivos.

Con esto se consolida el relanzamiento de la colaboración entre los estados y la federación, para atajar las acciones de los grupos delincuenciales, pero también se abre un nuevo ciclo de presiones políticas para que desde el Congreso de la Unión se defina o bien la Ley de Seguridad Interior, que es la que realmente tiene el consenso al interior de la Comisión Nacional de Gobernadores, o bien el Mando Único Policial, esquema que estaría avalando el gobernador Astudillo, pues eso les permite actuar como gobiernos civiles en materia de seguridad, sin dejarle toda la carga y responsabilidad a las Fuerzas Armadas.

Pero la realidad es que el gobierno federal viene empujando porque el consenso político favorezca a la ley que les daría a los militares un amplio margen de acción.

En el caso de los gobernadores, la Ley de Seguridad Interior les quita presión en materia de seguridad, pues en adelante las policías estatales y municipales pasan al plano estrictamente preventivo, si bien se pueden signar convenios de colaboración con las fuerzas armadas en materia de combate a los grupos delincuenciales, algo que es utópico, pues desde luego que las reglas cambiarán y las decisiones serán de arriba hacia abajo.

Al parecer todos los gobernadores le están abonando a esta ley, y ayer se pronunciaron porque el Congreso federal avance en la resolución de la iniciativa enviada en enero pasado por el presidente de la República.

Pero entre tanto esto se define, la seguridad sigue estando en manos de las policías civiles, y en el esquema actual los gobiernos estatal y municipal tienen amplia responsabilidad. Por lo tanto, la exigencia de Mejía Berdeja no ha caducado.

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(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Las autodefensas llegaron a un punto de quiebre en Guerrero. No es la primera vez, claro, pero al menos es la primera ocasión en que el gobierno del estado no corre a ponerse de tapete, o manda al presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, como mediador. En esta ocasión, con base en un operativo mixto, el gobierno de la entidad tomó el control de la ciudad de Tierra Colorada, municipio que desde enero de 2013 está bajo asedio entre el FUSDEG y la UPOEG, autodefensas que antes eran una sola, pero que se dividieron precisamente por los intereses que se cocinaron en su interior. Hoy, ambos grupos se acusan mutuamente de servir a delincuentes.

¿Qué va a suceder en este tenor? Es preocupante. Porque no es lo mismo desmovilizar a una policía legalmente establecida, como sucedió en Zihuatanejo, que desmovilizar a las autodefensas, que no dejan de ser grupos armados, cuyos elementos son desconocidos y se ignora el número de ellos. En estricto sentido, tanto la CRAC como la UPOEG, el FUSDEG, la Policía Tecampanera de Teloloapan (alineada con la UPOEG), así como algunas otras que han surgido en la Sierra de Guerrero y la última en San Miguel Totolapan, en Tierra Caliente, son ejércitos. Así se les tipifica de acuerdo con los códigos militares, porque tienen una base social que los reconoce, un nombre, banderas e insignias, así como uniformes y códigos internos de conducta.

Por lo tanto, para combatirlos, el gobierno estatal estará en franco riesgo de provocar una revuelta civil, como ha sucedido en otras partes del país, en que se levantaron grupos armados en diferentes épocas y con distintos objetivos, como la Liga 23 de Septiembre, las guerrillas de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, pasando por el EPR y el ERPI, los cuales prácticamente ya se desdibujaron.

La diferencia entre estos grupos es que los guerrilleros enarbolaban banderas ideológicas e iban contra el gobierno. Además, andaban a salto de mata, al margen de la justicia. Mientras que las autodefensas están trabajando incluso en colaboración con el gobierno y tienen cierta base constitucional –ya que la Carta Magna reconoce el derecho a la seguridad del pueblo-, pero el ingrediente de riesgo ahora es la delincuencia, que parece se está fundiendo con estos grupos, o incluso los está utilizando.

¿Cómo llegó Guerrero a esta crisis? Lo más grave es que de las arcas estatales se estuvo alimentando a estos grupos armados con recursos públicos. De Ángel Aguirre Rivero se han dicho muchas cosas: que saqueó al estado, que su gobierno fue nepótico, que descuidó la seguridad propiciando el surgimiento de grupos sumamente agresivos como los que se pertrecharon en la zona centro y la zona norte, surgidos a su vez de otros que fueron desmantelados. Pero poco se le ha investigado por el surgimiento y fortalecimiento de las autodefensas, tanto en la Costa Chica como en la zona de la Montaña, que posteriormente se desplazaron hasta la zona Centro, la Sierra, y Norte. Si alguien debe responder por este caos, es precisamente Ángel Aguirre, quien utilizó a la UPOEG –otrora un grupo de gestión y desarrollo-, convirtiéndolo en un grupo armado que luego pasó a ser el SSJC-PC (policía ciudadana), para tomar el control de Ayutla y Tecoanapa, donde un grupo de Los Rojos tenían su nido.

Esto lo hizo luego de que no pudo manipular a la CRAC y su Policía Comunitaria, cuyos coordinadores y consejeros se negaron a que Bruno Plácido actuara como actuó en Ayutla y Tecoanapa, en enero de 2013, sorprendiendo a todos y usando camisas verdes de la Policía Comunitaria. Aclarada la confusión, Bruno tuvo que crear su propia autodefensa, que fue alimentada con dinero público estatal. La UPOEG parió al FUSDEG en el valle del Ocotito, cuando el grupo de esa zona que originalmente aclamaban a Bruno, lo expulsaron, replegándolo hacia la Costa Chica, no sin antes acusarlo de trabar ligas con delincuentes. Bruno, por su parte, hizo lo propio con el FUSDEG y se dedicó a reorganizar a su grupo, para retomar el control del Ocotito recientemente, a sangre y fuego.

Ahora, el propio ombudsman Ramón Navarrete Magdaleno ha advertido que las autodefensas pasaron de la escopeta a las armas de alto calibre, y urgió al Congreso local a crear un marco legal para su regulación.

Demasiado tarde. El problema ya está engendrado, surgió del seno del mismo gobierno, y nadie es culpable de ello, salvo el complaciente ex gobernador, quien usó a las autodefensas para pacificar zonas críticas, sin comprometerse él de lleno, e invirtiendo lo menos. Así de fácil. En lugar de costosos operativos, tan fácil como echar al pueblo contra el pueblo. Y ahí están los resultados.

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(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El estado de Guerrero tiene los reflectores del país y del mundo. Se está cocinando aquí, por si no lo había notado, amable lector, un ensayo harto interesante en materia de seguridad, que puede salvar al país de la ya famosa Ley de Seguridad Interior que se discute en el Congreso federal, y más bien consolidar el Mando Único Policial, en un esquema mixto, como el gobernador guerrerense, Héctor Astudillo Flores, lo proyectó desde el inicio de su gobierno.

Esto con la salvedad de que en el esquema que se está ensayando, no entran las policías municipales, por obvias razones, pero también porque estas corporaciones son las menos capacitadas.

Ni duda cabe que el gobierno del estado se está preparando para dar ese salto. La Secretaria Técnica del Consejo Estatal de Seguridad Publica, Nybia Solís, dijo esta semana que la meta que tienen de reclutamiento de nuevos elementos para la Policía Estatal para este año, pueda ser superada, además de que están reclutando personal para el sistema 911 de emergencias.

Con lo que ha sucedido desde el pasado jueves 11 de mayo, pasando por la incursión en Zihuatanejo, donde fue desmovilizada la policía municipal, hay un ensayo de coordinación que, de ser exitoso, será importado a otras entidades.

El secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, quien presidió ayer en Acapulco una reunión del gabinete de seguridad nacional, anunció de hecho que convocaría a una reunión urgente de gobernadores, para tratar el tema.

Dio a conocer que llegarán a Guerrero más de mil elementos más del Ejército Mexicano y descartó que sea necesario designar un comisionado de seguridad federal para la entidad. Al contrario, Osorio Chong avaló completamente el trabajo de seguridad del gobierno estatal, y anunció que está siendo respaldado sin limitaciones.

Ojo, amable lector. De lo que resulte en Guerrero, se verá si es posible o no contener un poco más la promulgación de la Ley del Interior, que le daría en exclusiva al Ejército y en genera a las Fuerzas Armadas del país, las tareas de seguridad.

De resultar exitoso este ensayo, entonces la Federación optará por un esquema mixto, y sólo falta definir si estarán contempladas las policías municipales, algo que de entrada se antoja inviable, por el bajo nivel de certificación en ellas, pero también porque son es eslabón más débil en la cadena de seguridad.

De paso, los alcaldes no quieren perder los recursos que se les asignan para esta tarea, aunque en realidad usen los dineros para otros asuntos, menos para los que fueron etiquetados.

En el aspecto político, podemos afirmar que Osorio Chong se juega en Guerrero su futuro como candidato a la Presidencia de la República. Si hay éxito en este esquema mixto de coordinación estado, federación y fuerzas armadas (descartando al municipio y a la PIM), entonces hay posibilidad de que el gobierno federal recupere algo de credibilidad, concretamente Osorio Chong, frente a un electorado amedrentado, desesperado y enojado por los altos índices de violencia.

Astudillo, por su parte, crece en estatura política, pues se está atreviendo a hacer lo que ningún gobernador había hecho, desde el inicio de la escalada de violencia, en 2006, cuando gobernaba Zeferino Torreblanca Galindo, pasando por el fallido gobierno de Ángel Aguirre Rivero y su sustituto, Rogelio Ortega Martínez. De ahí que se deban cuidar los más mínimos detalles, pues, por ejemplo, en el caso de los reporteros que fueron retenidos en Acapetlahuaya, el pasado fin de semana, cuando volvían de la Tierra Caliente hacia Chilpancingo, pudo gestarse una desgracia que en este momento tendría al gobierno astudillista en capilla.

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(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Los días jueves y viernes, San Miguel Totolapan, la Tierra Caliente y Guerrero en general, estuvo en el filo de la navaja, y fue una acción decidida del gobierno estatal, encabezado por Héctor Astudillo Flores, lo que evitó mayores tragedias.

Desde el martes, como recordaremos, comenzó la escalada de violencia en la zona de El Tequilero, cuando unas 100 familias de San Antonio La Gavia llegaron a la cabecera municipal de San Miguel Totolapan, en busca de refugio, pues anunciaron que había bajado Raybel Jacobo de Almonte, líder del grupo de Los Tequileros, a reclutarlos para encabezar un grupo de autodefensa, como ya lo habían hecho los de la cabecera municipal.

Así se supo que El Tequilero estaba vivo y andaba como Juan por su casa, a unos cuantos kilómetros de la cabecera municipal, a pesar del aparatoso operativo de seguridad que se montó en ese municipio, a raíz del paro de profesores y del secuestro de un ingeniero de la cabecera, que derivó en la creación de un grupo de autodefensa, para expulsar a quienes bajaban de la sierra a secuestrar familias enteras.

Al día siguiente miércoles 10 de mayo, por la madrugada, las autodefensas de la cabecera municipal, quienes se hacían pasar por gente común y alegaban no tener nexos delincuenciales, incursionaron en La Gavia y se enfrentaron a sus contrarios, con saldo de 8 muertos y varios, según informes extraoficiales.

Eso, sin embargo, no fue lo peor. Lo más grave es que el Ejército quiso entrar a La Gavia y no se lo permitieron, sino hasta unas 10 horas después. Entre tanto, se dijo, cuatro de los asesinados fueron quemados, pues pertenecían a la familia De Almonte, mientras que los otros cuatro estaban identificados con el grupo delictivo La Familia Michoacana.

El gobernador del estado se desplazó el jueves directamente a La Gavia, para enterarse personalmente de los detalles y lo que vio, oyó y le dijeron, seguramente lo llevó a tomar decisiones drásticas, de modo que en conferencia de prensa, por la tarde de ese día, anunció un plan de 10 puntos para recuperar el control en San Miguel Totolapan, y para el viernes ya estaban movilizándose fuerzas militares y estatales.

Aunque se le había dicho al gobernador que la autodefensa de Totolapan, no trabajaba a favor de ningún grupo delincuencial, y que sólo querían la detención de El Tequilero, con la incursión de las fuerzas policiales y militares, quedó demostrado lo contrario. Durante tres días, la Tierra Caliente ha estado bloqueada por grupos de civiles armados, y pobladores de diversas comunidades, desde Arcelia hasta Ciudad Altamirano, Totolapan y Tlalchapa.

El saldo es escalofriante: “Grupos de la delincuencia incendiaron 8 autobuses, 14 camionetas de 3.5 toneladas, un tráiler, 4 camionetas tipo torton, una grúa y un vehículo particular. Se encontraron abandonados 3 autobuses, 46 vehículos de pasajeros tipo Urvan, 38 taxis, 5 tráilers, 18 camionetas tipo torton cerradas, dos camiones y tres vehículos de volteo también utilizados por estos grupos para el bloqueo de carreteras”, informó el gobierno estatal ayer.

Es decir, que aunque el viernes por la tarde ya habían logrado replegar a la autodefensa, que les opuso resistencia en el puente de entrada a San Miguel Totolapan, en el resto de la región se desató la furia del grupo opositor al que opera en la zona serrana.

El gobernador fue enfático en señalar que el gobierno del estado no podía estar en medio del chantaje de dos grupos delincuenciales, a cuyos líderes señaló por su nombre.

En medio de un sinfín de críticas, Astudillo estuvo personalmente dirigiendo el operativo, desde el cuartel del Grupo Coordinación Guerrero. A Tierra caliente se desplazó el fiscal general del estado, y el secretario de Seguridad, Pedro Almazán.

Hubo voces que en medio de la quema de vehículos y el bloqueo de carreteras, seguían pidiendo a un comisionado nacional, señalando que la actuación del gobierno del estado era fallida. Lo que vimos, en cambio, fue un gobierno decidido a actuar en un conflicto añejo, que data de hace muchos años, y que ya ha hecho una probada historia de sangre.

El gobernador así lo señaló ante los medios que parecen olvidar el origen de ese problema: “Hay algunos medios de comunicación que no ubican el asunto. Es un problema contra dos grupos delincuenciales: el “Tequilero” y la Familia Michoacana, que ahí lo representa “El Pez”. El problema es contra dos grupos delincuenciales, no es contra un pueblo, no es contra un grupo de la sociedad… es meterse en medio para evitar que continúen los conflictos entre dos grupos delincuenciales”. (sic)”.

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SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

 

Familiares de las víctimas de desaparición forzada, que tienen varios años organizándose en otras partes del país, como Tamaulipas y Jalisco, por ejemplo, están cobrando fuerza también en Guerrero, estado que figura entre los primeros lugares en este tipo de delitos.

Así descubrimos que mientras a lo largo de diez año, en Guerrero los espectáculos de muertos de mil formas (los delincuentes tuvieron que reinventar la muerte), en los estados del norte presuntamente en paz, Jalisco entre ellos, la muerte se paseaba por todos los rincones, pero sus ejecutores escondían sus preciosas cargas en fosas comunes, como para no atraer la atención del gobierno –quizás en un pacto amistoso con los gobernantes-, y para no dejar su huella de terror.

Fue en el Norte donde comenzó el delito de trata de personas. Fue en el Norte donde comenzó a exigirse la alerta de género, por el incremento de mujeres asesinadas. Fue en el Norte donde se descubrieron las primeras fosas clandestinas, como la de San Fernando, en Tamaulipas, donde también se comenzó a documentar el calvario de los migrantes centroamericanos, y se habló de ejecuciones extrajudiciales.

Sin embargo, en Guerrero desde 2012 a la fecha la dinámica comenzó a cambiar. Iguala es el ejemplo más claro de esto, pero no el único. Ahí, recordaremos, la ciudad era un gran panteón clandestino. Hasta antes de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, poco se sabía del infierno que estaban viviendo los igualtecos, quienes veían cómo desaparecían sus hijos e hijas, hermanos, esposos, y nadie decía ni podía hacer nada, pues quienes operaban no sólo en Iguala sino en toda la región Norte, tenían el visto bueno y la complacencia de los gobiernos municipales, por lo menos.

El caso de los 43 normalistas vale en toda su extensión, porque fue la gota que derramó el vaso y vino a destapar una cloaca en Igualapa, así como a evidenciar la complicidad de los grupos delincuenciales con los grupos de poder.

No es que sean los únicos desaparecidos; de hecho, son los menos, pues en las colinas de Iguala hay por lo menos 200 casos más.

Enviados de la CNCH revelaron ayer que de mil 155 desaparecidos que tiene registrados en el estado de Guerrero, solamente 188 han sido encontrados. Es decir, un escaso 16 por ciento.

Lo grave es que hay cientos de cadáveres apilados en los Semefos, y ahora también en el panteón ministerial de Chilpancingo, pero estos no concuerdan con los que los están buscando. Cierto que hay un gran rezago en cuanto al trabajo forense de identificación y confronta, y es algo que el gobierno debe acelerar, para entregarle los restos a los familiares; de lo contrario, estos grupos continuarán creciendo, manifestándose y declarando en torno a una verdad que parecía oculta.

El movimiento por la localización de los 43 inspiró a otros. Abrió las puertas para los colectivos de Iguala, pero también para los de Chilapa, donde además de los muertos, hay decenas de desaparecidos en la denominada ruta del horror, que incluye a Tixtla y Chilpancingo, zona de disputa entre Los Rojos (ahora Los Jefes), y Los Ardillos. Tremendo.

Hay en Acapulco una fosa común donde fueron depositados restos de cuerpos no identificados y no reclamados. Era algo que legalmente estaba permitido, hasta que permeó el reclamo de las familias víctimas de desaparición forzada. Entonces, por orden judicial, un cuerpo no puede ser aventado a cualquier agujero sin antes realizarle las pruebas de identidad necesarias. Al contrario, el gobierno debe preservar los cuerpos, clasificarlos e identificarlos plenamente, para en caso de que alguien los reclame.

La fosa de Acapulco debe ser abierta, como ya sucedió con dos de ellas en Morelos, y como se está abriendo otra en Veracruz. Mientras no se haga, se identifique los restos y se entreguen a sus dolientes, se estará dejando abierta una puerta ancha para la denuncia civil. Será un espectáculo dantesco, lo sabemos, pero es necesaria y justa la exhumación de los cadáveres. Mientras haya familiares reclamando a sus desaparecidos, el reclamo estará vigente.

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