Domingo, febrero 19, 2017
SOS COSTA GRANDE

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SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Retomemos algo que ayer divulgó el ex presidente de Acapulco, Félix Salgado Macedonio, en redes sociales: “Buen y feliz día a todos. El senador Armando Ríos Piter, va de candidato a Presidente de la República Independiente. Esto es, por recomendación de la clase intelectual domesticada en México, para así bajar un 0.5 punto a AMLO, suficiente para hacerlo perder nuevamente la elección. Piter sabe que la gente está hasta la madre de políticos y partidos, por eso busca la alternativa de presentarse como un candidato independiente, limpio, inteligente, guapo, ojos de color, pelo rizado, costeño cruzado con gringo y que puede atraer una parte de ese voto que le gana la hormona y no la neurona. “Sabe el muchacho su trabajo. Ha estado en el PAN (con Florencio Salazar Adame); PRD (con Zeferino Torreblanca Galindo) y ahora va de incólume independiente. Es posible su candidatura presidencial. El PRI sabe que Guerrero es perredista de color moreno. Por eso mismo, habrá que postular a un guerrerense con arraigo y simpatía entre la clase militante del voto duro, para llevarse esa parte de quienes se autodenominan Movimiento Jaguar, y socavar al PRD y a los simpatizantes de López Obrador (Morena). Ese es el cálculo del círculo del poder y sus aliados.

Piter hizo su anuncio en el Senado. Habrá que ver su respuesta, cuando lo haga en Guerrero. En mi opinión personal, si Piter tuvo miedo de entrar a la pelea por la Gubernatura y en lugar de Jaguar se volvió gatito, ahora menos podrá con el paquete de la República. Y como dice El Costeño: ” A mí no me hacen p….. Aquí mataron cuche”.

Es obvio que los líderes del PRD comprenden la celada en el deslinde de Ríos Piter. El Jaguar fue seducido por algún trato macabrón, de esos estilo PRI. Otras voces como Roberto Campos indican que habría sido el subsecretario de Gobernación, René Juárez Cisneros, su ex jefe, quien lo convenció.

Sin embargo, no es éste el punto. Lo interesante es qué hará el PRD, cómo se preparará para esta embestida; porque, por un lado López Obrador y su Morena le morderán un gran pedazo, y por el otro el Jaguar de la Costa hará de este partido otra gran sangría.

Los perredistas no pueden seguir diciendo que no les afecta la salida de Ríos Piter. Lo mismo dijeron de López Obrador, después de la elección de 2012, y ahora están con el Jesús en la boca, porque saben que Morena ha crecido en la misma proporción que el PRD se ha desbarrancado.

Es sumamente leviatánico, orgulloso y pueril, que se diga que cuando un activo del partido se va, por angas o mangas, no afecta. Preguntémosle a David Jiménez Rumbo si no le afecta que se le hayan salido los Reyes Torres o su compadre Celestino, así como tantos otros que se cansaron de la política de vedette que realiza.

Si Ríos Piter hiciera lo de Cuauhtémoc Cárdenas, que se retiró del partido, para disfrutar sus años viejos en la comodidad de su casa, viviendo de sus rentas, ahí sí podríamos decir que no afecta. Pero el senador se va a la vida pública, desde el ámbito ciudadano, y lleva un arsenal en contra del sistema de partidos, al grado de que empujará iniciativas de ley para reducir el financiamiento a los partidos políticos, algo que ya veíamos venir y que afectará primordialmente a los partidos de izquierda.

Además, el eliminar el financiamiento público deja abierta una ancha puerta para el financiamiento ilegal, por lo cual es un arma de doble filo, que el régimen político dominante, hasta ahora, no había querido abrir.

Es sumamente preocupante que el Jaguar ande suelto. Porque no va solo, sino arropado por grupos de poder que están viendo sus bonos bastante desinflados. Por lo tanto, no se enfrentan a una persona, sino al sistema mismo.

El PRD cambia, o se acaba. Y por cierto que las amenazas de sanciones, no serán el muro de contención que detenga a los perredistas, para tomar partido por opciones distintas.

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(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

¿Ha oído hablar de la Ley Golpista, amable lector? Es la ley que en otras entregas denominamos “Ley de Seguridad Interior”, la cual, justo ahora que se escribe esta opinión, está siendo discutida en el Senado de la República.

Concretamente, los senadores están diseñando la ruta que van a seguir para su discusión y aprobación, junto con el tema del mando mixto policial y la reglamentación al “estado de excepción” a que se refiere el artículo 29 de la Constitución”.

Esta ley, que es reclamada por las Fuerzas Armadas del país, y que fue diseñada por la Secretaría de Gobernación, abrió un debate sin precedentes en México, y dio lugar a una serie de advertencias de parte de reconocidos constitucionalistas, defensores de los derechos humanos, civiles, periodistas y un largo etcétera.

No es para menos. Francisco Martínez Nery, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de Senado, anunció que la Comisión de Gobernación estaba tramando un posible albazo, para aprobar por la vía fast track; es decir, sin discusión o análisis, la Ley de Seguridad Interior, cuyas entrañas están contaminadas por el tufo golpista, pues se trata de darle al Ejército y a la Marina facultades metaconstitucionales, que van más allá de la declaratoria de un Estado de Excepción, el cuál sí está previsto en la Constitución, pero para aplicarse de manera temporal, concretamente en el artículo 29.

Abogados y juristas están informando que en su momento, cuando Felipe Calderón Hinojosa lanzó la guerra contra el narcotráfico en México, para contener el avance de los grupos delincuenciales, se propuso que se recurriera al Estado de Excepción, previsto en la Constitución, pero el presidente y sus asesores en materia de seguridad se negaron, lo mismo que diputados y senadores, pues se consideró que sería algo impopular, que la gente no lo aceptaría.

Sin embargo, la medida era la única salida posible a la crisis de seguridad, pues eso habría significado que la salida a las calles de soldados y marinos se hiciera en un marco de estricta regulación, pues el Estado de Excepción implica la supervisión directa del Poder Legislativo Federal, así como también obliga a las fuerzas armadas a rendir un informe periódico de sus actividades.

Todo lo contrario, se optó por sacar a la calle a los militares, para hacer labores policiales, algo que es absolutamente ilegal, anticonstitucional.

De lo que se trata ahora con la Ley de Seguridad Interior, es legalizar lo que el Ejército y la Marina ya han venido haciendo, y más allá, pero sin asumir las consecuencias de sus excesos, lo cual pone a los derechos humanos en su eslabón más débil.

Para colmo, una vez revisada la propuesta de ley, se descubrió que hay un apartado en el que se faculta a las Fuerzas Armadas mexicanas, a abrir la puerta a ejércitos extranjeros, para que realicen actividades en México.

Fue el PRD en la Cámara de Diputados el que advirtió que la Ley de Seguridad Interior, que pretende aprobar el PRI y su mayoría legislativa, contiene un artículo pernicioso. Concretamente el artículo 20 de la iniciativa que presentó el 4 de noviembre el coordinador del PRI, César Camacho Quiroz, y que se pretende avalar en los próximos días, se pueden establecer “acuerdos interinstitucionales” para que se realicen trabajos de seguridad interior.

“La redacción de la iniciativa no expresa claramente que sea el Ejército Mexicano el único que actúe en funciones de seguridad interior, lo que se puede interpretar, según el artículo 20, es que se abriría la puerta a lo que se denomina grupos interinstitucionales, sin dejar claro los alcances ni los límites de estos grupos”, dijo Alejandro Ojeda.

Ojeda, también vicepresidente de la Mesa Directiva, explicó que instituciones de la administración pública celebrarían acuerdos con otras instituciones de otras naciones, “como lo podría ser un acuerdo entre el Ejército Mexicano y fuerzas armadas del extranjero”.

Nos inclinamos, ante todo, por la opción de los constitucionalistas como Diego Valadez Ríos, quien recomienda no socavar la Constitución Política. El artículo 29 constitucional es la opción; ir hacia un Estado de Excepción temporal. El riesgo, dijo, es hacer de la excepción una norma, con lo cual se consumaría la militarización de la vida pública en este país. El Golpe de Estado, pues.

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(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El Jaguar se va, descubriendo el hilo negro de la política putrefacta de este país. Que los partidos han perdido su credibilidad, dice, para justificar su salida del partido que lo ha encumbrado y por el cual –si no se hubiese arredrado hasta en dos ocasiones-, hubiese ocupado la primera magistratura de Guerrero.

Sí, ni duda cabe. Los partidos están en crisis. Pero no es por sí solos que llegaron a ese descrédito, sino precisamente por aquellos que, habiendo recibido el voto popular en las urnas, convenciendo al respetable pueblo con su carisma, se olvidan de él y hacen de la política un juego de truhanes, una mesa de apostadores, un muladar de intercambio de favores.

¿A quién culpar? Ahora que el PRD es una maquinaria inservible, El Jaguar lo deja. Ahora que el otrora partidazo en Guerrero, ya no tiene amplias oportunidades y sí una encarnizada guerra interna por los despojos que dejó el Aguirrato y los pactos con la derecha (de la cual Ríos Piter salió alguna vez, habiendo estado de la mano del ahora secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame), entonces es hora de tirarlo a la basura.

Pero los partidos no son quienes lo dirigen. Como dice el panista Ruffo Appel, los partidos no son los Club de Toby, los partidos no son los de la “onda grupera”. La política no es de grupos, como opinan los priístas, la política es de tiempos y necesidades. La política es el arte para resolver los problemas que aquejan a las sociedades.

Por lo tanto, Armando Ríos Piter debe reconocer que no estuvo a la altura de los retos de la izquierda, que en su momento, cuando el destino lo colocó frente al dilema de luchar o buscar lo propio, optó por lo propio. Y entregó al partido, junto con David Jiménez Rumbo, Lázaro Mazón Alonso, Los Chuchos y sus representantes en Guerrero, y aún los históricos luchadores sociales, muchos de los cuales no vivieron para contar el desenlace trágico de la espuria alianza entre el PRD y uno de las falanges caciquiles del PRI, porque murieron en el trayecto víctimas de traiciones intestinas.

Igual que hizo Ángel Aguirre con el PRI de sus amores, ahora hace Ríos Piter con el PRD de sus desvelos. El partido que lo llevó al Congreso de la Unión, primero como diputado federal, precandidato a la gubernatura bajo la poderosa mano del Zeferinato, luego como senador y nuevamente como seguro y único candidato al gobierno de Guerrero. Estafeta que, sorpresivamente y para despecho de su grupo político, tiró a la basura y se replegó en la Siberia del Distrito Federal, en su propio destierro, acusando al PRD de estar bajo la pata de Aguirre.

Y eso es cierto, pero no es toda la verdad. Tan cierto como que se dice que Aguirre está de regreso, que habiendo muerto su hijo, él mismo tomará las riendas de su proyecto y se meterá subrepticiamente al partido, del cual nunca se ha ido, con la complacencia de la secretaria general del PRD en el país, Beatriz Mojica Morga.

Tal vez por eso Ríos Piter se va. Porque en el PRD quemó sus naves, ya no tiene aliados, salvo un pequeño grupo de fieles que aún le hacen el caldo gordo, los cuales esperaban la oportunidad de competir dignamente por los cargos de elección popular.

Como buen tribuno, Ríos Piter argumenta. Pero la realidad lo golpea en el rostro. Los partidos ya no le sirven al país. Nosotros diríamos que, todo lo contrario, los partidos son parte de nuestra historia. Los desechables son los políticos, que han hecho de los partidos una bazofia.

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(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Este sábado 18 de febrero, será la fecha para que el gobierno federal aplique un nuevo gasolinazo, el tercero programado del año, si bien el del 4 de febrero fue suspendido. Todo indica, sin embargo, que el del próximo fin de semana no tiene remedio, de modo que dejemos de preocuparnos por los migrantes en Estados Unidos, y ocupémonos de lo que está sucediendo en este país.

No olvidemos que el gobierno federal y la clase política en su conjunto es especialista en tender cortinas de humo, para evitar que la gente reaccione y debata.

Ya la iglesia católica advirtió que los gasolinazos son una tendencia suicida, empobrecedora e injustificable. Pidió que el gobierno busque otras alternativas, en lugar de gravar con el impuesto especial sobre productos y servicios los energéticos, porque eso simplemente nos pone en desventaja frente al exterior, al encarecerse la producción y trasiego de bienes y servicios.

Todos los economistas coinciden en que los gasolinazos son un dardo envenenado del gobierno federal, cuyo objetivo es tener dinero para sostener los gastos onerosos de la burocracia, y obtener recursos para salir avante en la elección que viene, con el propósito de impedir que se consolide un proyecto de izquierda.

Esto pareciera un sinsentido, ya que mientras más sangren a la población, más la ponen en su contra; no obstante, nos siempre se cumple esta premisa, pues no olvidemos que la democracia que se vive en México es relativa, no absoluta, y que es directa. Esto significa que el que saque más votos en una elección es el ganador, sin importar si votó una mínima parte del padrón. Además, que no se cuenta con los sistemas de primera y segunda vuelta, como tampoco se tienen colegios electorales que califiquen la elección con base no en el voto directo de la población, sino con base en el valor del voto por región, como sucede en Estados Unidos.

Por lo tanto, los partidos tienen campo abierto en las grandes masas empobrecidas, a quienes cooptan con programas de apoyos oficiales, o bien mediante dádivas. Los líderes de los partidos a eso se dedican, a visitar las colonias pobres, distribuyendo todo tipo de productos y materiales, levantando una gruesa capa de caciquillos de colonias y pueblos, a los cuales les dan dinero para que mantengan a la gente sujeta.

Debido a ello en Oaxaca, por ejemplo, el PRI volvió a retomar el poder, como en Chiapas lo conquistó el Verde Ecologista.

Si a esto le agregamos que el nuevo gobierno de Estados Unidos es de ultra derecha, no querrá a nadie de izquierda en su frontera sur, y seguramente condicionará apoyos al gobierno de Peña Nieto, para que se opte por un proyecto de derecha, algo que ya hemos ensayado en este país, con los resultados que ahora conocemos.

Si es así, 2018 será una guerra. ¿No podría ser la embestida contra los migrantes parte de esta estrategia? Pensando mal, todo es posible. Que Trump esté sembrando miedo para facilitar al gobierno de Peña Nieto el traspaso de poder a uno de sus iguales, no precisamente de su partido. Por lo visto tampoco desea a una mujer; de hecho, ya la precampaña de Margarita Zavala parece agotada, y más bien está resurgiendo el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, que tiene un estilo más bronco que la señora de Calderón.

Entre tanto son peras o manzanas, prepárese para otro nuevo gasolinazo, así hasta llegar a la liberación total del precio de las gasolinas, pues el plan es que a finales del mes de marzo, la gasolina cambie de precio cada hora, sea a la alza, o a la baja. Pero no espere rebajas, porque aunque el dólar haya bajado casi a los 20 pesos, el IEPS seguirá a la alza.

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(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

En el Congreso local está sucediendo algo fundamental, a lo cual debemos poner sumo cuidado. Para quienes no saben, se discute la iniciativa de ley del sistema anticorrupción de estados y municipios de Guerrero, que debe empatarse con el sistema anticorrupción nacional. Vital esta ley en nuestro medio, en donde hasta ahora nada se sabe del destino de los corruptos; mejor dicho, que andan como si nada, buscando todavía cómo llegar de nuevo a las presidencias municipales y diputaciones.

Curiosamente, el debate de la iniciativa del gobernador llegó justo cuando estalló el escándalo de los nexos delincuenciales y actos ilegales del diputado priísta Saúl Beltrán Orozco, ex alcalde de San Miguel Totolapan, lo cual está dificultando la estrategia del PRI para sacar adelante la ley, dado que es demasiado light, a decir de los opositores, sobre todo del Partido Movimiento Ciudadano, quienes están proponiendo que se elimine el fuero constitucional de una vez por todas, el cual consideran que es una sistema de protección rancio y caduco, que niega el discurso de perseguir la corrupción y abatirla.

Coincidimos con el MC. El fuero constitucional no debe ser un impedimento para llamar a cuentas a los funcionarios públicos que ocupan cargos de elección popular, y que incurren en faltas y delitos. Estamos en contra de los delicuentes con honra, aquellos que en lugar de ser entregados a la justicia, son protegidos por sus compañeros de bancada, quienes a su vez los intercambian por otras cabezas, igualmente corruptas, de otros partidos. De eso se trata el famoso juicio de revocación de mandato, que no enjuicia a nadie, sino que protege a todos.

La iniciativa del gobierno estatal es que no sólo se mantiene el fuero, sino que se mantiene también el esquema para el desafuero, que es el voto de las dos terceras partes del Pleno. Es decir, que no se pretende hacer justicia, sino proteger al delincuente, pues basta convencer a unos cuantos diputados que se abstengan de votar, para que las cuentas no salgan y entonces el sujeto que es reclamado por la justicia, se salga por la tangente.

Hoy por hoy, personas a las que el Congreso local no entrega a la justicia, desaforándolos mediante un juicio de revocación de mandato, se pasean como Juan por su casa, siendo los ejemplos más claros de la impunidad, que es madre de la corrupción.

Nos preguntamos quién está asesorando al gobernador en esto de la ley anticorrupción. Es extraño, porque en otras entidades, incluso priístas, ya están a la vanguardia en esto. Además, el mismo Héctor Astudillo se ha pronunciado a favor de la eliminación del fuero; sin embargo, el legajo que envió al Congreso no lo contempla, si bien se entiende que es necesaria una reforma constitucional.

El día que los servidores públicos sepan que no hay fuero protegiéndolos, irán con pies de plomo, se les bajarán los humos y se les acabará lo chicharronero. Nada como quitar el sarape que los cobija, para eliminar los cacicazgos.

Hay otros muchos detalles en la ley anticorrupción, que no se ha dado a conocer realmente al pueblo, pero que ya está a debate en el congreso local.

La rebatinga continuará, pero insistimos en que estamos en un momento histórico para dejar de proteger a los delincuentes. Es una afrenta, por ejemplo, que el ex gobernador que nos prometió incluir el referéndum y el plebiscito en la nueva constitución, sea ahora acusado de alta corrupción con casi 9 mil millones de pesos desviados.

Para colmo, ha trascendido que Ángel Aguirre Rivero ¡está en los primeros lugares de preferencia electoral en el estado¡, cuando debería estar en la cárcel por sus excesos.

El gobernador nos haría un flaco favor si insiste en que el fuero se mantenga. Eso es sólo retrasar la justicia para este pueblo en cuya pobreza se han montado muchas fortunas.

0 29

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Seguimos insistiendo, amable lector, que los connacionales que volverán en masa a México, al concretarse las deportaciones del gobierno estadounidense, no necesitan de espectáculos políticos como el que vimos hace tres días en el Aeropuerto de la Ciudad de México, cuando 135 de ellos fueron recibidos por el mismísimo presidente de la República, Enrique Peñag Nieto, en lo que fue un exceso de politiquería. Y es que, ¿y luego qué? ¿Qué sucedió con esos 135 hombres que un día se fueron de sus pueblos para ir en pos del sueño americano? ¿Qué les resolvió el pomposo recibimiento del presidente? ¿Se les garantizó empleo, y su exitosa reinserción al mercado laboral, etcétera?

Obviamente no. Por lo tanto, la lección queda aprendida. No necesitamos que los políticos nalgas prontas vayan a donde no los llaman, para darse pantalla. Esa es una treta harto sobada, que aunque no ha dejado de ser providencial para omnubilar el entendimiento del respetable público desinformado, no deja de ser parte de un rancio protocolo político inútil.

¿Qué queremos? Una política discreta y de resultados. Estamos cansados de los vedettes de la política, pero que en los hechos son bien poco eficaces. Ya hemos dicho que la ineficiencia es una de las peores caras de la corrupción.

Los repatriados no necesitan verle la cara a ningún político. Vienen a reunirse con sus familias. Lo que requieren es encontrar acciones de gobierno firmes, que les permitan en el menor tiempo posible reinsertarse al mercado laboral, para mantener a sus familias.

Saben, desde luego, que no será lo mismo. Vienen de ganar dólares, y vuelven a ganar devaluados pesos, presionados por la carestía provocada por el mañoso “gasolinazo”, que no será uno, sino muchos, hasta que en marzo se vuelvan de tal modo virales, que el precio de la gasolina ¡estará cambiando cada hora! De hecho, en estos días comienza este experimento en los estados de la frontera, y poco a poco se irá extendiendo hacia el sur.

No imaginamos si quiera cómo será eso. Nunca nos dijeron que comprar gasolina sería lo mismo que ir a comprar dólares, cuyo precio varía conforme el mercado de valores se va deslizando durante el día. Por lo tanto, ¿de qué nos sirve ver a los políticos pavoneándose en los aeropuertos, con cara de comprensivos, si la realidad aplastará todas y cada una de sus palabras? Por favor, señores gobernadores, presidentes, diputados, evítense la pena de ir a dar el pésame, de un muerto que ustedes provocaron.

Primero, porque estos hombres y mujeres que están por regresar, no se fueron por su gusto. Tampoco fueron de vacaciones a Disneyland, mucho menos a gastar sus fortunas, como sucede con la clase política de alcurnia. Estas familias se fueron a buscar una vida honesta, a un país extraño, pero que había tenido hasta ahora oportunidades de trabajo para los extranjeros, oportunidades que este país les negó, merced a una política económica que desmanteló a todos los sectores productivos, mientras ellos se atascaban en la danza de los millones.

Por lo tanto, ¿a qué viene ahora esa supuesta solidaridad? Tengan un tantito de pena, propia y ajena, por favor.

Ahora mal, la repatriación de mexicanos no es nueva. El gobernador Héctor Astudillo Flores comentó a la firma del programa “Somos Mexicanos” que la expulsión de migrantes comenzó con el gobierno de Brack Obama, quien habría deportado a lo largo de sus 8 años de gobierno a unos 3 millones de connacionales, sin importar si se trataba de personas que tenían cuentas con la justicia estadounidense o no.

Lo que sí es nuevo es la atención del gobierno de todos los niveles para recibir a los connacionales que, teniendo un status migratorio ilegal, son deportados solos o con sus familias, y obligados a reinsertarse en sus ciudades de origen.

En realidad el “Somos Mexicanos” es algo que debió existir siempre, ante la inevitable huida de los connacionales al vecino país. Debe existir también, para ayudar a los que emigran en el interior del país, para ir a levantar cosechas de las trasnacionales en los estados del norte, para los cuales prácticamente no hay nada.

Por eso hablo de hipocresías y de falacias. Paremos este tipo de politiquerías, y optemos por una política centrada y de resultados.

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(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

En el marco de la renegociación del tratado de libre comercio con los países del norte, México tiene mucha tela de donde cortar. Sólo es cuestión de que los tecnócratas a cargo del gabinete de economía, se asesoren lo suficiente con juristas internacionales, en materia de leyes en la materia, para hacer que tiemble el coloso del norte, quien pretende no retirarse del tratado pero sí renegociarlo.

Y es que, como opinan analistas internacionales, la dependencia comercial de Estados Unidos con el resto de los países del planeta, es descomunal, al grado de que cualquier decisión de Donald Trump terminará afectando a su propia gente, causando un desastroso efecto bumerang.

Por ejemplo, México es consumidor fanático de muchísimos productos gringos, que van desde cervezas, cigarrillos, autos, alimentos de todo tipo, ropa, calzado, perfumes y un largo etcétera. Por ley, constitucionalmente hablando, el gobierno tiene facultades para proteger a su población, ante cualquier cosa que se considere es un peligro; por ejemplo, en el caso de los cigarrillos que se consumen profusamente en el país, basta que se compruebe que son nocivos para la salud, para que el gobierno mexicano prohíba su importación. Automáticamente se reactivaría la producción de tabacos nacionales.

En el caso de las golosinas, de la cual está inundado nuestro mercado, sobre todo de chocolates, está comprobado que se utiliza en ellos aceite de palma, que es altamente dañino para la salud. Pues adiós a los Milkyways, Snickers, Ferrero Roché, entre otras muchas marcas. ¿El resultado? Bienvenidos los chocolatitos mexicanos, que sean hechos a base de cacao, sin sustitutos. De inmediato, esto impactaría positivamente hacia el sector productor de este cultivo.

De los refrescos de cola, ni qué decir. Somos el país que más consume gaseosas, al grado de que México es escenario mundial de la guerra de las colas. Su impacto en la salud es gravoso, al grado de que también somos el país con mayor obesidad infantil y general, así como hay una pandemia de diabéticos. Creo que es hora de volver a los Jarritos y a los refrescos mexicanos.

Y así sucesivamente.

¿Qué haría el gobierno de Estados Unidos cuando México llegara con este paquete bajo el brazo, para prohibir la importación de productos inútiles y altamente nocivos para la salud?

Ahora mal, aunque una de las cláusulas del tratado permite que alguno de los socios se retire con tan sólo 6 meses de aviso, eso pudiera ser una propuesta del presidente de la República, pero faltaría la decisión del Poder Legislativo, pues recordemos que los tratados comerciales, si bien es el poder ejecutivo el que los propone y los negocia, diputados y senadores (congresistas y senadores en el caso de los Estados Unidos), tuvieron que dar su anuencia.

Por lo tanto, que no panda el cúnico. Las baratijas gringas se pueden conseguir en otro lado, para satisfacer los más exigentes paladares de adictos a la comida chatarra, como para que nos rasguemos las vestiduras.

Pensando en esta misma dinámica, ¿qué sí le dolería a México? Es bueno saberlo, porque es obvio que Donald Trump llegará a la mesa de negociaciones aplicando la misma lógica. Pues, bueno, somos dependientes de las gasolinas, el gas y el diésel, porque nuestros gobernantes prefirieron robarse el dinero de Pémex que construir refinerías. También les vendemos frutas y legumbres, así como ganado. Pero les compramos maíz y frijol, los principales alimentos en nuestra mesa.

No obstante, si la Unión Americana se cierra, aún tenemos el sur como zona de intercambio comercial, en condiciones de mayor equilibrio.

Decía el fundador de este diario, que si el cura se muere, la misa no se suspende. Por lo tanto, si Estados Unidos se retira del tratado comercial, quedan el resto de América, Europa, Asia y África, para hacer mercados.

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(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El peso mexicano se fortalece frente al dólar. Si el día 20 de enero y posteriores llegó a sobrepasar la barrera de los 22 pesos por unidad, actualmente se consigue en 21. Se trata de una recuperación importante pero aún no es definitiva. Nuestra moneda sigue siendo demasiado volátil, fluctuante, y eso la hace débil. Por lo tanto, las recomendaciones de los economistas se mantienen, en cuanto a la necesidad de ahorrar, evitar inversiones y endeudamientos; y, en general, el consejo es esperar.

¿Qué es, sin embargo, lo que hay que esperar? La definición de los acuerdos sobre el Tratado de Libre Comercio que, como ya se anunció, su renegociación comenzará en tres meses. Es decir, hacia mayo de este año, si no es que antes, el peso sufrirá una nueva etapa de estrés, que dependerá de los rubros que Estados Unidos, como socio mayoritario de esa triada, quiera retirar, para convertirlos en mercados nicho dentro de sus propias fronteras.

En resumen, el peso ganó terreno frente al dólar cuando se canceló la reunión del presidente enrique Peña Nieto con su homólogo Donald Trump, así como tras la noticia de que la discusión del TLCAN iniciaría de manera pausada, y para lo cual el gobierno mexicano convocará a los diversos sectores productivos de la nación a una consulta.

Los economistas sostienen que hay factores tanto externos como internos que apunta hacia una trayectoria de fortalecimiento del peso; pero debemos tener cuidado, porque está demostrado que un simple twitter puede derrumbarlo todo.

Aún no son claras las políticas de Donald Trump; nos referimos no sólo al aspecto económico, sino también migratorio y geopolítico. Siendo el país del norte el de mayor influencia mundial, lo que se defina en la Casa Blanca, y aun cuando Trump enfrenta la peor de las oposiciones en su propio territorio, eso no libra a nuestra moneda de sufrir sus embates.

Nuestro peso seguirá siendo muy volátil, además, porque el gobierno mexicano carece de una estrategia concreta que establezca posibles cambios en el TLCAN; es decir, que nuestro país aún no sabe qué va a negociar y bajo qué circunstancias o bajo qué condiciones.

Esto es, quizá, lo más grave de todo. Nuestro país está desmantelado y sufre una tremenda dependencia del exterior, sobre todo alimentaria, pero también financiera y, desde luego –como apenas nos fue revelado-, ya no tenemos la fortaleza del petróleo.

Ahora mal, aunque el peso está recuperando valor, lo cierto es que puede tratarse de un espejismo, porque todo dependerá del resultado de la política comercial de México, política que para nuestra desgracia no depende de nosotros en este momento, son de los asociados.

Por lo tanto, el pronóstico es que todo 2017 será de extremo riesgo para inversionistas y ahorradores, así como también para las empresas. Hay algo que quizá no nos han dicho: que la planta productiva y de servicios del país (excepto algunos nichos que se fortalecerían con el abaratamiento de nuestra moneda, como el turismo), está en riesgo de desmantelamiento.

Sin embargo, los gobiernos, aunque perciben este riesgo, están dejando pasar la oportunidad de adelantarse a los tiempos.

De hecho, así comenzó el año: con un presidente escondido y de vacaciones, dejando que el país se convulsionara por el gasolinazo, y un puñado de gobernadores atados a las decisiones de su jefe. Nada pudieron hacer hasta que Peña Nieto salió a dar la cara.

Para colmo, las elecciones vienen a ser un ingrediente de riesgo, en lugar de fortalecernos. Conforme se acerque el ciclo electoral, y según se comporten las fuerzas políticas, el peso lo irá resintiendo. Por lo tanto, el llamado para todos es a la prudencia, a evitar la guerra de lodo, las campañas de odio, y a demostrar que lo que importa es México.

Si todo sale bien, la volatilidad del peso se mantendrá en la banda de 20 a 22 pesos. Pero si algo se hace mal, para fin de año estará rozando los 23 pesos. Palabra de economistas.

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(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

¿Se canceló el gasolinazo? ¿Quién dice tal cosa? Solamente se suspendió por dos semanas, por lo que el 19 de febrero estaremos forzosamente ante un nuevo incremento al precio de los hidrocarburos, no obstante que el dólar se debilitó frente al peso.

¿Qué está sucediendo entonces? Que el presidente Enrique Peña Nieto, por un lado quiere evitar que el país se levante. Por otro, no halla cómo tapar el boquete financiero de su administración, y mantener un mínimo de funcionamiento.

La encrucijada es terrible, al grado de que su mismo equipo está dividido, pues mientras unos apelan a que se estipule un precio único para las gasolinas y el diésel, en lugar de estar haciendo incrementos agresivos, otros apelan a aumentar la recaudación, so riesgo de suspender la marcha de programas sociales y de obras.

Se logró la suspensión temporal del gasolinazo, primero, por la presión pública de partidos, representantes sociales e, incluso, la iglesia. Pero, sobre todo, porque se sopesó una potencial crisis política y social, con un riesgo real de desequilibrios, la cual sería aprovechada por la oposición.

No en balde fueron los empresarios los primeros en aplaudir la suspensión del gasolinazo, si bien eso es ilusorio, pues dentro de dos semanas estaremos ante el mismo dilema.

En resumen, la suspensión del segundo gasolinazo del año es una decisión política, no económica. El país perdió con esta maniobra 40 mil millones de pesos, en tan sólo dos semanas, algo que tiene enardecidos a los titulares de Hacienda y Economía. Saben que se perdieron recursos valiosos que se le sacarían al pueblo con la venta de hidrocarburos, vía el Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios (IEPS), el cual, al aumentar el precio de las gasolinas, automáticamente también se incrementaría, dando lugar a una recaudación millonaria, como cosa de magia.

Ya líderes del PRD habían advertido que la suspensión del gasolinazo del 4 de febrero no era la solución real al problema, sino que el gobierno federal carece de una estrategia real de contención de precios de los hidrocarburos, que podrían alcanzar, al ritmo planteado, precios estratosféricos, desatando la más terribles de las crisis económicas.

El dilema es castigar al pueblo o castigar al gobierno. Si nos preguntan a los ciudadanos, es obvio que si hay un boquete financiero y algo se debe sacrificar, ese debe ser el gobierno. Urge, por lo tanto, un plan de austeridad real, de mayor alcance, que implique el adelgazamiento de las nóminas, el despido de asesores, la reducción de gastos suntuosos de manera real, no simulada; la homologación de sueldos para cargos similares, y un largo etcétera.

El argumento es que los hidrocarburos deben aumentar su precio, porque se corre el riesgo de cancelar programas sociales. La respuesta del pueblo sería: “Que se cancelen”. ¿Por qué? Porque si seguimos por la ruta de los incrementos, la gente que recibe los apoyos de asistencia social, también aumentará de tal manera, a causa de la hambruna, que no habrá dinero que alcance.

Por lo tanto, urge que se frenen los gasolinazos de manera definitiva, no temporal. Fueron planificados como meras medidas recaudatorias, pero son innecesarios, dado que en contraparte se tiene un gobierno obeso. Si se adelgaza el sector oficial, automáticamente la necesidad de recursos también decrece.

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(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Valga la presente entrega para retomar el programa de austeridad para Guerrero, dictado por el gobierno de Héctor Astudillo Flores, que incluye, por un lado, castigo a un sector específico de la economía estatal, y el apoyo a otros que aparentemente reditúan mayores ganancias políticas.

No entendemos, de otro modo, cómo por un lado se castiga a los medios de comunicación que generan empleos, con la reducción del gasto en materia de comunicación social, y por el otro se privilegia a sectores como el de Transportes, que de por sí ha sido desde siempre un nidal de corrupción.

Cuando me refiero a medios de comunicación, no hablo de pasquines, ni de medios on line que dependen exclusivamente de una persona. Tampoco de comunicadores free lance, que no están sujetos a las normas de algún periódico, sino que ellos son su propio patrón. Hablo de los proyectos periodísticos serios, de empresas que generan empleos, tienen gastos estratosféricos, pagan impuestos y hacen toda una derrama económica indirecta a través de voceadores. Pero, lo más importante quizá, es que estos medios le dan voz a la población, generando un equilibrio fundamental en toda sociedad democrática.

Tal vez sea esto lo que incomode, porque siempre ha sido así.

Traigo a colación este tema, amable lector, porque este fin de semana un sitio de Facebook denominado Guerrero & Sus Noticias, publicó una lista de medios y comunicadores que data de la época de Ángel Aguirre Rivero, pero que argumenta se trata del listado de contratistas de medios y servicios de comunicación del gobierno de Héctor Astudillo Flores.

Es una lista real, que en su momento fue publicada y que está plagada de irregularidades, pues claramente se benefició en el gobierno anterior a individuos, sobre las empresas. Para el gobierno de Aguirre era más importante quedar bien con los amigos, compadres y agraciados del régimen, que sustentar a las empresas que generaban empleos. La lista no miente y se invita a conocerla.

Pero hay que decir que ese listado no concuerda con la realidad actual. A la llegada del gobernador interino, y estando Misael Habana de los Santos como director de comunicación social del gobierno del estado, todos los convenios fueron reducidos en una gran proporción. Supongo que según el sapo la pedrada. ¿La razón? Se alegó que Aguirre había desfalcado al gobierno y no había dinero para sustentar los convenios de difusión de obras y acciones de gobierno. Pero la realidad fue que Habana de los Santos, en contubernio con otros periodistas “on line”, constituyeron por lo menos 5 empresas periodísticas fantasmas, a las cuales destinaban cada mes millones de pesos; para eso fue el descuento a los medios formales.

A la llegada de Astudillo, la directora de comunicación, Érika Luhrs Cortés, tomó como base el tabulador dejado por Ortega, no el de Aguirre, el cual estuvo vigente a lo largo de 2016.

Y justo cuando todos estábamos esperando que se diera algún equilibrio, a causa del gasolinazo se decretó la reducción de 30 por ciento del gasto de comunicación, lo cual no se discute sobre todo si es algo estrictamente necesario. Lo grave es que no se hizo una depuración del padrón de prestadores de servicios, no se analizó qué medios sí generan empleos y cuáles son implemente membretes, y se aplicó la norma parejo, poniendo en grave crisis a los medios que por ahora están haciendo el triple esfuerzo de mantener talleres, venta de calle, y a la vez difundir en medios on line, creando por lo menos tres plataformas de difusión, siendo la más importante la venta de calle, que aún incide en el lector que no accede a redes sociales. Es decir, nuestro esfuerzo es triple o cuádruple.

Esto, evidentemente, socava el criterio del gobernador al lanzar el plan de austeridad, que tiene que ver con el sostenimiento de empleos fijos, por encima de los intereses de personas o familias.

No estamos tratando de decir que no se le debe asignar recursos a los free lance, a los periodistas en particular, o a los que operan casi como panfletos y que sólo se distribuyen en las oficinas de gobierno, los cuales –para desgracia del estado- son mayoría. Lo que nos urge plantear es que se está tasando con el mismo rasero a estos y a los medios que sí generan empleos, que tienen encima una gruesa nómina que pagar semana con semana, talleres y que además generan empleos indirectos a través de los voceadores y publicistas.

Vale la pena que el gobernador tome en cuenta estos parámetros, además de que se los que manejan su política de difusión sepan que los medios están regionalizados, no hay ninguno propiamente estatal.

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