Martes, agosto 21, 2018
SOS COSTA GRANDE

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 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El pasado viernes los diputados locales dieron un movimiento en falso que, dijeron, no darían. Nos referimos a la aprobación de la nueva Ley 701 de derechos y cultura indígena, que viene a golpear severamente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y su Policía Comunitaria, pues aunque no la elimina como indican los defensores de la CRAC-PC, sí modifica su nivel de actuación ante los delitos, sobre todo de tipo federal.

Los diputados aprobaron, en realidad, un paquete de 16 iniciativas por la vía fast track, a lo largo de las últimas dos semanas, además de las cuentas públicas del estado y municipios, algo insólito e inédito, por cierto.

Pero lo que hicieron con la Ley 701, incluidos perredistas, emecistas, verdeecologistas y el único panista que hay en el Congreso local, fue una soberana pifia que quedará para la historia.

Y es que el mismo día que dieron por aprobada la modificación al Artículo 14 Constitucional, también aprobaron la ley que deriva de este artículo, la 701. Jojojo. ¿Así o más inteligentes? ¿Así o más ambiciosos?

Cualquiera con mínimos conocimientos sabe que para que ellos pudieran aprobar una ley reglamentaria de un artículo constitucional, que fue apenas modificado, debieron esperar a que fuese promulgado por el gobernador del estado, como solicitante de la enmienda y como la autoridad indicada para hacerlo.

En este momento el artículo 14 no es legal, falta el último paso del trámite, y aun así ya hay una ley secundaria aprobada que emana de él. ¿Dónde se había visto tamaño sinsentido?

Por este error de trámite, definitivamente esa aprobación es una falsedad, sólo cobraron por el voto y así debe denunciarse, porque en ese lío se metieron todos los diputados, aun los que ya son electos por Morena, como Maricarmen Cabrera Lagunas, quien está siendo acusada por sus compañeros de partido, por esta actitud tan poco congruente y “sospechosa”.

El domingo el diputado local electo de Morena, Arturo Martínez Núñez, le reprochó públicamente a la diputada local en funciones, Maricarmen Cabrera Lagunas, por haber votado a favor de las reformas e iniciativas de Ley aprobadas el viernes.

“Yo le decía a Maricarmen, ojalá y hayan sido de productivos los tres años, lo que pasa es que si lo haces días antes de irte, pues nada más das da qué pensar, si no hay algo en lo oscurito, si no les urge”, recalcó en presencia de la diputada federal electa por Costa Grande, y que el 1 de septiembre se integrará a la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, la cual sólo atinó a bajar la cabeza.

Cabrera Lagunas es una de los tantos diputados que pudieron chiflar y comer pinole en la pasada elección, porque una argucia legal les dio la oportunidad de candidatearse sin renunciar al cargo. Fue así que era diputada del PRD en la legislatura que está por concluir, y al mismo tiempo promovía el voto a su favor por la coalición Juntos Haremos Historia, a propuesta del PES, en alianza con Morena.

Se esperaba de ella, sin embargo, que actuara con base en lo dispuesto por su nuevo partido; todo lo contrario, votó a favor de la disposición de quienes tienen la mayoría.

Y como dijo Arturo Martínez Núñez, eso es harto sospechoso, sobre todo en el caso de la Ley 701, porque el líder del Congreso, Héctor Vicario Castrejón, había tenido una reunión con los líderes de la CRAC-PC, y les había dicho que ellos no verían esa ley, sino que le tocaría analizarla a la legislatura siguiente, donde Morena será mayoría.

Vicario sabía del proceso, pero quisieron sorprender con un madruguete legaloide, y quisieron matar dos pájaros de un tiro, a cambio de unos pesos, claro, porque esto no lo hicieron gratuitamente. Y por dinero no dudaron en quedar como pentontos.

Sin embargo, bastará que se recurra a una controversia constitucional para que se eche abajo esta ley, no por su contenido, que no se ha dado a conocer, sino por un simple error de procedimiento.

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 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Reforma Educativa, ¿derogar o modificar? El equipo de transición en materia educativa de Andrés Manuel López Obrador, convocó este domingo a una Consulta por un Acuerdo Nacional sobre la Educación, para escuchar la voz y experiencia de aquellos vinculados con el sector educativo, especialmente el magisterio.

Desde la semana pasada se veía que ésta sería la ruta que tomaría el gobierno lópezobradorista, y la consulta la harán antes de la toma de protesta, para que una vez iniciado el gobierno se tengan ya las bases de su actuación. Debido a ello, los profesores de la CNTE-CETEG, exigieron desde la semana anterior que Andrés Manuel López Obrador cumpla con su promesa de derogar o abrogar la reforma educativa aprobada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y que no sólo se modifique el esquema actual.

Consideran que el nuevo modelo educativo apenas planteado por el titular de la SEP, Aurelio Nuño, es la prueba inequívoca de que la reforma fracasó y piden se anule de una vez.

Sin embargo, Esteban Moctezuma Barragán, próximo titular de la SEP, detalló ayer que la consulta será efectuada bajo tres modalidades; una será digital con registro abierto de ponencias a través de la plataforma http://porunacuerdoeducativo; habrá también una consulta estatal participativa con 32 foros estatales, que serán llevados a cabo en diversos espacios universitarios entre el 27 de agosto y 29 de octubre; la tercera será un “Diálogo Social” con visitas de brigadistas voluntarios en todo el país.

“El propósito del acuerdo”, señaló el equipo a través de un comunicado, “es que participen docentes, estudiantes, padres de familia, autoridades educativas y todos los interesados en tener una consulta abierta, amplia, libre e informada para construir el Acuerdo Nacional para una Educación con Equidad y Calidad para el Bienestar de Todos los Mexicanos”. Lo que resulte de esta consulta, será lo que dicte lo conducente, y no sólo la exigencia llana de que la reforma educativa se derogue, sin tener con qué sustituirla.

Los profesores del ala democrática del sindicato magisterial reclaman, sin embargo, que AMLO cumpla sus promesas de campaña, pues fue la de “echar abajo” la reforma educativa una de sus propuestas más apoyadas.

Recordemos que el 12 de mayo, cuando se encontraba en campaña, López Obrador presentó un decálogo de compromisos educativos con miembros del magisterio en Oaxaca. Uno de ellos decía lo siguiente: “Se cancelará la mal llamada Reforma Educativa y en su lugar se hará uso de las facultades del Ejecutivo para detener las afectaciones laborales y administrativas al magisterio nacional”. Tres días después, en San Luis Potosí, el entonces candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia comentó que “no se va a seguir ofendiendo al magisterio nacional, se va a cancelar la mal llamada Reforma Educativa. No les gusta a los de la mafia del poder, pero no me importa. Tenemos la razón”.

A pesar de estas declaraciones, los planteamientos sobre la Reforma Educativa han cambiado, con propuestas del gabinete de López Obrador, que ahora exponen que no se derogará una de las reformas estructurales, sino que únicamente se le harán modificaciones.

Gerardo Esquivel, propuesto para el cargo de subsecretario de Egresos de Hacienda del gobierno de López Obrador, dijo que no se va a derogar, “sólo se va a hacer una reforma a la reforma”. Agregó: “Hasta donde yo sé, y entiendo que es lo que se ha acordado en el equipo, es que, entre otras modificaciones, se le retirará el componente punitivo contra maestros, se reorientarán los recursos en el sector y se modificará su implementación”.

Por otra parte, Esteban Moctezuma, próximo secretario de Educación Pública, reconoció que se llevará a consulta ciudadana y de los maestros el destino de la Reforma Educativa, cuestión que ya fue autorizada por López Obrador.

Expuso: “(El modelo educativo) lo vamos a elaborar en conjunto, va a haber una consulta. Esta consulta va a ser una forma de trabajo permanente, siempre va a haber un diálogo entre maestros, padres de familia (…). Tengo la autorización de Andrés Manuel de crear un consejo consultivo permanente (…) en donde estén las organizaciones civiles, maestros, líderes sindicales, alumnos, empresarios, padres de familia, y que el secretario esté obligado a consultar con este consejo sus decisiones, aunque no esté vinculado”, precisó Moctezuma el 17 de julio, dos semanas después de los comicios”.

Los maestros amenazan con movilizarse y la CETEG ya está promoviendo que para el inicio de clases, este lunes, sus integrantes no usen los esquemas del nuevo modelo educativo, sino que utilicen otros. ¿Podrá López Obrador contener esta avalancha de protestas?

Ayer, en el cuarto congreso nacional de Morena, AMLO confirmó esta consulta e hizo un llamado a profesores y padres de familia a participar, pues “se pretende avanzar en la construcción de consensos que permitan superar los rezagos de la pobreza, la marginación y la exclusión, y afrontar con equidad y calidad los retos del futuro”. Agregó: “Ante el compromiso de construir una verdadera transformación, la sociedad está llamada a reivindicar al magisterio y su rol en la conducción educativa, y a garantizar el derecho a la educación”.

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 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Los organismos fiscalizadores del estado se preparan para el proceso de entrega-recepción en municipios y el Congreso. No será fácil, pues los ayuntamientos están en medio de un caos administrativos, deudas, laudos laborales, recursos no comprobados (el caso del fertilizante, por ejemplo), obras en proceso y un largo etcétera.

Si quisieran realmente la Contraloría y la Auditoría ser estrictos en este proceso, no se quedarían sólo en la entrega-recepción, la cual es un mero trámite administrativo, para dar paso de una administración a otra, pero que en realidad nada resuelve de los asuntos que pudieran ser constitutivos del delito de desfalco de recursos, desvíos y otros.

Alegan que no es su trabajo reportar cualquier anomalía que detecten, y le dejan al gobierno entrante la opción de denunciar o no los desfalcos, algo que sabemos nadie hace porque nadie quiere problemas.

Si el nivel estatal está prácticamente libre en materia de rendición de cuentas, en los municipios es algo peor. Porque al menos a los gobiernos estatales los revisan dos instancias federales, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación. En cambio, a los ayuntamientos únicamente los revisa la Contraloría, instancia administrativa que depende del gobierno estatal, y la Auditoría General del Estado, que es un órgano del Poder Legislativo cuyo desempeño, sin embargo, es históricamente nulo, al grado de que se le conoce como “la tapaduría”.

Uno de los pocos auditores que hizo algo por resarcir los desfalcos de los presidentes municipales, ha sido Arturo Latabán López, quien no dudó en interponer por lo menos 12 denuncias penales en contra de igual número de ex alcaldes del periodo 2008-2012, a partir de denuncias que presentaron los alcaldes del periodo 2012.

Sin embargo, la Fiscalía nada hizo por investigar y lo más probable es que esos asuntos se cerraron vía el cochupo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, no se necesita ser adivino para ello, simplemente porque en la elección del 1 de julio varios de esos ex presidentes denunciados por desfalcos, volvieron a postularse, y algunos ganaron.

Es decir, que los corruptos volverán al poder, a hacer de las suyas nuevamente, con el visto bueno de sus partidos y del gobierno, y con el aval del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, que debió revisar los antecedentes de cada uno de ellos. Sin embargo, también esta instancia se lava las manos, pues basta que alguien le presente un oficio de no antecedentes penales o fiscales –cosas que se pueden conseguir fácilmente por la extrema corrupción que impera-, para que otorgue el registro.

¿Y si la Fiscalía tenía estos casos, de los que se supo nombre y apellido, por qué no actuó? Dicen que el diablo se esconde en los detalles.

Latabán renunció en 2014, faltando 4 años para que culminara su mandato como auditor general, junto con todos los auditores especiales, a partir de un escándalo que se generó porque dio a conocer los nombres de algunos ayuntamientos que tenían cuentas pendientes. Lo hizo, se dijo entonces, con tintes políticos, para afectar a los ex alcaldes, quienes todavía estaban en la fase de comprobación.

El caso es que en su lugar asumió el actual auditor, Alfonso Damián Peralta, quien a cuatro años de su gestión, no va ni atrás ni a en ancas. Al contrario, parece que se mueve en un círculo cerrado, y cuando se le pregunta de los ayuntamientos emproblemados, habla de números, pero no da nombres.

Ahí está la estrategia de la “tapaduría”, nunca decir nombres de los implicados para que, llegado el momento, tenerlos en capilla y pedir el cochupo correspondiente, para arreglarles las cuentas mochas.

Este es un círculo vicioso. El cuento de nunca acabar. En el próximo mes y medio, volveremos a vivirlo. Saldarán a relucir muchas cosas. El que se va, se irá por la puerta trasera. Los que llegan, alegarán que encontraron las arcas vacías y un cochinero administrativo. Pero nada de esto se reflejará en denuncias contra nadie. Así las cosas en Guerrero.

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SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El PRD tendrá que modificar su dirigencia estatal este mes. Mientras más pronto, mejor. Y aunque el dictamen del año pasado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dicta que se deben organizar elecciones internas, resulta ser que los líderes de lo que queda del partido en Guerrero ya se pusieron de acuerdo para que aquí todo se haga por consenso. Es decir, por acuerdos cupulares de ellos, tomados al calor de algún aromático café, por decir lo menos; y es que bien vale una santa borrachera este reparto, porque aunque el PRD esté en este momento en terapia intensiva, es lo único que le queda y tratarán de reinventarlo cuantas veces sea necesario, porque ellos mismos están enchufados al partido que de ser el partidazo en el poder durante dos periodos de gobierno, lo convirtieron en cenizas en este 2018.

Pero eso no es lo tragicómico, sino las ínfulas que todavía prevalecen en los líderes, incluido el malogrado candidato a la presidencia municipal de Acapulco, Joaquín Vadillo, de ascendencia verde ecologista por cierto, quien es uno de los nominados para dirigir el partido por el Grupo Aguirre.

Pues resulta que este chaparrito, en do de pecho gritó ayer que si llega a la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática en Guerrero, expulsará del partido a David Jiménez Rumbo.

¡Hello! Alguien que le informe por favor a este recién llegado al partido del Sol Azteca, que Rumbo renunció al PRD en un acto público, frente a los representantes de los medios de comunicación, anunciando también su adhesión a cualquier otro candidato en Acapulco. Y lo hizo nada más y nada menos por la nominación de Joaquín Badillo como candidato del PRD, sin ser él perredista, sino militante del Partido Verde, quien por alguna razón que aún se ignora en qué artes llegó al partido amarillo ya como candidato externo.

¡Caray!, lo que es no tener vergüenza. Se cumple el adagio del arrimado malagradecido, el que indica: “¿Quién a tu casa llegara y de ella te echará?

A partir de la nominación del tal Jacko Badillo en Acapulco, Rumbo y varios de su grupo anunciaron su salida, y comenzaron a moverse a favor del candidato del PRI a la presidencia de Acapulco, Ricardo Taja. También lo hizo a favor del candidato a senador, Manuel Añorve Baños.

Su objetivo era claro: usar la fuerza de su grupo político para hacer que Jacko Badillo mordiera el polvo en Acapulco, y que Beatriz Mojica Morga perdiera la candidatura al Senado, toda vez que la acusó de haber impuesto al empresario acapulqueño, y de desechar a los candidatos auténticos del PRD.

Por sus diarreas verbales, sin embargo, Rumbo tiene sus propios problemas. Bety Mojica lo demandó por ejercer sobre ella violencia política de género y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio la razón. Por lo tanto, vienen tiempos difíciles para el ex líder del Grupo Guerrero, quien por cierto dijo que pasada la elección, decidirían si mantenerse como agrupación civil, adherirse a otro partido, o bien crear un partido nuevo.

La CODUC, por ejemplo, hace una semana, bajo el liderazgo del ex diputado local Sebastián de la Rosa Peláez, anunció que se convertirán en un nuevo partido político, ante la imposibilidad de sumarse a Morena al ver que se repiten los mismos vicios de los demás partidos; y, desde luego, ante la inconveniencia de regresar al PRD, que a estas alturas ya está copado y cooptado por los que sobrevivieron al naufragio.

Triste historia la de Badillo. Terriblemente enana su mentalidad política, pues lo que se requiere es la reconstrucción del partido, no el revanchismo contra gente que ya ni siquiera es del PRD.

Al contrario, Badillo debe enfocarse en hacer que retornen los que se fueron, no en sacarse las espinas de su dolido corazón verde.

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SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El caso Tecoanapa se recrudece. La gente no cesa en sus manifestaciones, y mientras el caso es revisado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en el estado las marchas de la gente de Morena continúan para denunciar lo que consideran es un burdo fraude electoral, ya que a raíz del recuento de votos ordenado por el tribunal federal, a su par en el estado, quedaron en evidencia varias maniobras que son constitutivas de delito.

La más importante, es la evidencia de alternación de los paquetes electorales, a pesar de que se supone estaban en una bodega sellada y monitoreada por un equipo de video-vigilancia, el cual es parte de una costosa inversión que hizo el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), del estado.

El equipo del candidato electo, Henos Roque Ramírez, descubrió que la bodega donde se resguardaron las urnas con los paquetes electorales, tenía una puerta alterna que no se dio a conocer, por lo que aunque de frente tenía vigilancia, alguien pudo introducirse por esa otra vía de acceso.

Lo más grave es que el Consejo Distrital número 13, con sede en San Marcos, acepta que los paquetes fueron violados (pese a lo cual el Tribunal Estatal Electoral no consignó eso en sus actas a la hora de recibirlos), pero no ha entregado el video que Morena exige, con el pretexto de que las cámaras estaban desactivadas.

Recordemos que la primera ganadora de la elección fue la diputada local verde ecologista Carmen Liliana Castillo. Morena impugnó y pidió un recuento parcial de votos, en las casillas donde hubo irregularidades. Debido a esto se le redujeron votos a la legisladora y resultó ganador el candidato de Morena, Henós Roque, con 56 votos.

Entonces el Verde Ecologista pidió un recuento total, apegándose al principio de que cuando el número de votos entre un candidato y otro sea menor a un punto porcentual del total de sufragios, procede el recuento, y así lo hizo el Tribunal Estatal, descartando las casillas que ya se habían revisad en primera instancia.

En este segundo recuento, se fueron “apartando” votos que hasta la fecha no definen si se nulifican o se le asigna a algún candidato, pero da el caso que el triunfo volvió a manos de  Carmen Iliana del Castillo (por cierto esposa del candidato a diputado electo por el Distrito 13, el ex alcalde de Tecoanapa, Manuel Quiñónez), con una mínima diferencia de 4 votos.

Morena apeló este recuento por las irregularidades que se cometieron. La más grave es lo de la violación de los paquetes, pero no es la única. Por ejemplo, da el caso que para el traslado de los paquetes a Chilpancingo, uno de los magistrados debía acudir al consejo distrital y custodiarlos, pero no lo hizo, y se le dio instrucciones al presidente del Consejo Distrital, quien los trasladó ya violados y así los aceptaron.

Esto habla de una gravísima omisión de parte de los magistrados del TEE, y tendrán que responder por ello. Lo menos que pueden hacer, es reconocer esos votos que tienen “apartados”, y que no hallan a quién asignárselos. De contabilizarse estos votos, el candidato de Morena asume que él gana con 4 votos de diferencia, razón por la cual los tienen a buen recaudo, considerando que el candidato opositor tiene que aceptar a pie juntillas su decisión.

Afortunadamente para los que se consideran objeto de fraude, aún pueden recurrir al tribunal federal, para que revise las anomalías. Mientras esto transcurre, la gente sigue manifestándose, poniendo en evidencia la imparcialidad del TEE, pero también del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, que se gastó una millonada en la organización de estos comicios, como para que al final salieran con su domingo siete.

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SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Es casi seguro que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación modifique el veredicto que dio su par en el estado de Guerrero, con relación al reparto de las diputaciones plurinominales, por una sola razón: que el Partido del Trabajo no forma parte de la alianza lópezobradorista, como sí lo están Morena y el Partido Encuentro Social.

El 9 de julio, de acuerdo con los resultados de la votación, el IEPC determinó que correspondía 1 escaño plurinominal para el PAN, 5 para el PRI, 3 para el PRD, 3 al PT, 2 al PVEM, 1 a Movimiento Ciudadano y 3 para Morena.

Pero parece que a alguien por ahí en el Tribunal Electoral del Estado se les olvidó que Victoriano Wences Real, líder del Partido del Trabajo, reventó la alianza lópezobradorista, y se convirtió en estados y municipios en un competidor más de Morena y del PES. No conforme con romper la coalición, los 19 municipios que le asignaron en la mesa de la alianza, así como los 9 municipios, ya  no pudieron entrar en la alianza Morena-PES, porque lo hizo al vencimiento del plazo y a estos partidos les fue imposible incluirlos. Por lo tanto, se quedaron al garete y cada partido con candidato propio.

Aun así, recordemos que Morena ganó 13 diputaciones locales, y en alianza con el PES logró el triunfo en 5 más, con lo cual suman 18. El IEPC le asignó por lo tanto 3 diputaciones plurinominales. En total, esta coalición sumaba 21 escaños. Y si agregamos las 3 diputaciones plurinominales que se le asignaron al PT, los tres partidos sumaban 24, poco más de la mitad de las 46 curules que integran el Congreso local.

Pero decíamos que al magistrado encargado de la ponencia en la que se sustentó que a Morena se le quitaran 2 diputaciones plurinominales, la tercera y la segunda, y una más al PT de las tres que se le habían asignado, olvidó el pequeño gran detalle de que no son partidos aliados y, por  lo tanto no cuentan como bloque.

Pero el magistrado adujo que la coalición lópezobradorista sumaba 52 por ciento de las curules del Congreso local, con lo cual automáticamente quedaban estos partidos sobre-representado.

Al contrario, se tiene el antecedente de 2005, cuando por primera vez el PRD logró la mayoría en el Congreso local, con 18 escaños de mayoría relativa, más 4 más de representación proporcional, para un total de 22. Nadie puso objeciones. Si nos atenemos a ese supuesto, entonces Morena tenía derecho esta vez no a tres plurinominales, sino a cuatro. Al contrario, el IEPC le reconoció 3, pero el Tribunal le quitó 2, dejándolo únicamente con 19 espacios.

En otras ocasiones hemos tocado el ejemplo de 2012, cuando el PRD ganó los 28 distritos de mayoría relativa y debido a ello se le quitaron todas las diputaciones plurinominales, porque haberle asignado una más habría sido de verdad caer en la sobre-representación.

Todo lo contrario, esta vez el PRI obtuvo 5 diputaciones plurinominales, algo que se observa descabellado, porque solamente ganó 5 de mayoría relativa y se le asignó el mismo número de espacios de representación proporcional.

Asimismo, el Partido Verde tiene 3 escaños plurinominales, cuando sólo ganó 1 de mayoría relativa; en cambio, al PRD, habiendo ganado 4 distritos, solamente le dieron 3 plurinominales, por lo que reclamaba una más, y se la dieron.

El PAN y Movimiento Ciudadano no ganaron ninguna diputación, pero les asignaron dos a cada uno de representación proporcional.

Debido a todos estos desajustes, Morena recurrió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como lo está haciendo en el caso de otros estados, donde les fueron rasurados sus espacios plurinominales. El 1 de septiembre toma protesta la siguiente Legislatura, por lo que se tienen todavía 2 semanas para resolver este entuerto.

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SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Núñez, in memóriam)

Tras asumir como presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador ratificó que los delitos electorales pasarán a la categoría de “graves”. ¿Qué significa esto? Que no se les castigará sólo con multas administrativas, sino con cárcel y sin derecho a fianza. Valdría la pena también de que se castigarán de oficio, sin que medie denuncia de por medio.

El paso que se dará en materia electoral en el nuevo gobierno, es un asunto pendiente en el sistema político electoral de México, pues pese a que las leyes se afinan recurrentemente, también es cierto que los partidos y la clase política se refina y se inventa nuevas formas de delinquir en el ámbito electoral, hasta cometer fraudes evidentes que, no obstante, se maquillan y se toleran.

No se han dado suficientes detalles de este proceso, pero suponemos que vamos hacia una gran reforma político-electoral, que no sólo ataje a los mapaches, sino que también los encarcele y, desde luego, que en caso de que alguien llegue al poder por la vía del fraude, sea defenestrado ipso facto. Mientras que sólo procedan las multas millonarias contra los partidos políticos, y se sigan solapando prácticas de compra-venta de voto, difícilmente tendremos las tan anheladas elecciones transparentes.

En la elección que recién concluyó, por cierto, el INE tuvo un desempeño general bueno, por tanto que respetó los resultados y evitó cualquier maniobra para quebrantar la voluntad popular. Sin embargo, lo hizo porque de plano era casi imposible que consiguieran algo por la vía del fraude, dada la masiva participación ciudadana, pero también por la inquebrantable determinación del pueblo mexicano de cambiar de rumbo.

Pero no sucedió lo mismo en las elecciones locales, donde vimos de chile, de dulce, de amor y contra ellos, parafraseando a una amiga. Fueron muchas las denuncias de compra-venta de votos de parte de los candidatos, de todos los partidos. Sobre todo el PRI, el PRD, recurrieron a esta práctica para mantener a toda costa sus cotos de poder y conquistar los perdidos. De Morena no se puede decir eso, porque los candidatos andaban sin dinero, a la quinta pregunta, y sólo esperando que el efecto Peje les favoreciera.

Se presume que el INE mandó a los estados y distritos patrullas vigilantes, una especie de Cisen electoral, quienes estuvieron siguiendo a los candidatos del ámbito federal en sus recorridos, para revisar sus actividades y garantizar que no violaran la ley; pero no fueron parejos y las quejas de acoso y vigilancia extrema sobre candidatos de oposición fueron también la principal queja.

Pero quizá el caso más emblemático de esta elección, en el caso de los delitos electorales, fue el de los candidatos independientes, la ex panista Margarita Zavala, el ex perredista Armando Ríos Piter, y el independiente Jaime Rodríguez El Bronco, quienes consiguieron sus candidaturas de manera fraudulenta, presentando firmas apócrifas.

Pese a que el INE detectó esta maniobra, sólo desechó las candidaturas de Ríos Piter y del Bronco, aunque éste se logró colar vía el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ), instancia que obligó al INE a aceptar la candidatura del neoleonés. Y aunque a Ríos Piter le benefició indirectamente la impugnación del Bronco, no quiso que se revisaran sus firmas y terminó por convertirse en promotor del candidato del PRI.

¿Qué procedía en este caso? Un criterio netamente legal habría sido suspender las 3 candidaturas independientes. Lo que se impuso, sin embargo, fue un criterio político, dictado de alguna otra parte, y sólo se impuso una multa por ese pequeño gran detalle de presentar firmas apócrifas (aunque también se dijo que se pagó por ellas), para sostener sus candidaturas.

No dudamos que así como viene este recrudecimiento de la ley en materia de delitos electorales, también se afinarán las artes de los mapaches, de lo cual los morenistas no quedarán exentos, pues no siempre tendrán el efecto López Obrador a su favor.

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SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

ONU Mujeres viene pidiendo desde hace 5 años que el sector público de todos los países, así como las asociaciones deportivas, dejen de utilizar a las mujeres en eventos oficiales como “uso decorativo”.

De los pocos organismos que han hecho propia esta exigencia de Onu Mujeres, destaca la Fórmula 1, que en enero de este año anunció que eliminaría la figura de las “Grid Girls”.

El nuevo propietario de la Fórmula 1 hizo pública en enero pasado el fin de la tradición en este deporte, en las parrillas de salida de las “Grid Girls”, las chicas jóvenes elegidas para indicar el emplazamiento de las monoplazas.

Esta pequeña revolución en el ceremonial de la Fórmula 1 se hizo efectiva desde el primer gran premio de la temporada 2018, en Australia, a finales de marzo.

El nuevo propietario de la F1 dijo que esta tradición “no corresponde a los valores defendidos por nuestra marca y está claramente en contradicción con las normas sociales actuales”.

Agrega: “No pensamos que esta tradición sea apropiada o de acuerdo con la Fórmula 1 y sus aficionados”.

Curiosamente, en México pocos han hecho eco de esta petición, hasta el pasado lunes 6 de agosto, cuando el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, anunció la prohibición de la administración capitalina para contratar edecanes ni promotoras para eventos políticos, pues con ello se refuerza un estereotipo de género que ve a la mujer como un elemento decorativo.

El oficio emitido por la autoridad capitalina estuvo dirigido trabajadores del gobierno para que ya cesen ese tipo de contratación, dando indicaciones de que tampoco se les despida, sino que las reasignen a otras áreas de trabajo, “donde lo más importante sea su capacidad intelectual y no su físico”.

Un aplauso José Ramón Amieva, y la petición para que el resto de los gobiernos en estados y municipios de México, así como en la iniciativa privada, organismos deportivos e incluso en agencias de publicidad, hagan propia la exigencia de ONU Mujeres y comiencen a prohibir el uso de mujeres, de cualquier edad, para sus actividades de promoción y/o atención en sus eventos.

Sobre todo los gobiernos, deben prohibir de inmediato esta práctica. Y aunque se comprende que se necesita personal para la atención de invitados y público en general en caso de eventos, para ello deben contratarse lo mismo mujeres que hombres, y con atuendos formales.

El Congreso de la Unión y los congresos locales, más aún, deben evitar esta práctica, porque da el caso que es en estos ámbitos donde se observan a las chicas más guapas y voluptuosas sirviendo a los legisladores en sus sesiones, llevándoles agua o café, y usando incluso minifaldas.

No pocos memes hay en las redes a propósito de esto, y hasta fuimos testigos de un caso vergonzoso, cuando para las elecciones presidenciales de 2012, el candidato de Nueva Alianza, Gabriel Quadri, fue captado observando morbosamente a una edecán de vestido blanco entallado, que estaba pasando las tarjetas de las preguntas a los candidatos.

Para el mexicano común eso fue un asunto de chiste. Tan propensos somos al albur, que no captamos lo grosero de la escena. Primero, porque los organizadores llevaron a una mujer a ese evento, como si fuese a asistir a una discoteca. Segundo, porque uno de los hombres que aspiraba a gobernarnos entonces, fue incapaz de guardar la compostura y actuar naturalmente.

A propósito de la hipersexualización de la sociedad actual, vinculada a internet y redes sociales, no puede el gobierno ser parte del problema, sino de la solución. Estamos ante una sociedad precoz y mucho más pervertida que las generaciones anteriores. Nos guste o no reconocerlo. Esto lo vemos en el incremento del bullyng, en donde hay niños que se han filmado golpeando a otros; hay niños matando niños. Las violaciones, los feminicidios desgarradores, infanticidios y un largo etcétera.

Por lo tanto, en este tenor, congresos y cabildos deben hacer su parte, y la decisión que tomó esta semana el gobierno capitalino, debe convertirse en ley, y ser obligatoria. Ahí tienen diputados locales electos y regidores, que se andan peleando antes de asumir el cargo, una de sus tantas responsabilidades.

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SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Los partidos perdedores de la elección del 1 de julio están entrando en una dinámica forzada de purga y recomposición. Y aunque en el PRI hubo un cambio de mando y todos esperan una transición aterciopelada, lo cierto es que en las bases la gente está tan molesta, que ya están pidiendo la cabeza de varios dinos, incluido al presidente Enrique Peña Nieto, y el canciller Luis Videgaray Caso, entre otros entre los que figura Carlos Romero Deschamps, uno de los líderes sindicales más corruptos de la historia del país.

Por supuesto, esto puede ser solamente parte de una catarsis, pero la solicitud es justificable. Baste saber que la votación del pasado 1 de julio para el partido tricolor fue la más baja de su historia: 61 por ciento menos respecto a la elección federal de 2012; casi 20 por ciento menos de los votos que obtuvo en 2006 y 45 por ciento menos de los votos que registró en 2000, cuando por primera vez perdió la Presidencia ante el panista Vicente Fox Quesada.

De los 300 diputados federales que logró para la Cámara Baja en 1994, en la pasada elección cayó a 43 curules. En el Senado de la República, de los 95 legisladores que colocó en 1994, ahora sólo pudo instalar a 12. Además, no obtuvo ninguna de las nueve gubernaturas que se disputaron el pasado 1 de julio.

Pese a ello, la cúpula se resiste y Claudia Ruiz Massieu atinó apenas a crear una comisión de diagnóstico, para revisar, dijo, lo que sucedió hacia dentro y fuera del PRI, así como en los gobiernos emanados de este partido, y que provocó tan estrepitosa e histórica caída.

Es en la Ciudad de México, donde nació una agrupación de priístas jóvenes en su mayoría, aglutinados en el Grupo Refundación, Movimiento de Reflexión y Propuesta, quienes ya entregaron a la presidenta del partido la expulsión de los responsables de la debacle priísta, encabezados por Enrique Peña Nieto y “su pandilla”, los otrora llamados “Golden Boys” del Estado de México.

Así mismo están solicitando la comparecencia de personajes como Manlio Fabio Beltrones Rivera, Aurelio Nuño Mayer, Miguel Ángel Osorio Chong, Luis Videgaray Caso, Enrique Ochoa Reza, Emilio Gamboa Patrón y César Camacho Quiroz, “así como de todos aquellos personajes que desde la Presidencia de la República, las coordinaciones parlamentarias en las cámaras de Diputados y Senadores, la dirigencia nacional del PRI y las gubernaturas de los estados, tienen, sin duda, responsabilidad en la crítica situación que vive nuestro instituto político”.

Los jóvenes priístas, que ya se ubican a sí mismos en el ala disidente del partido, son enfáticos en su misiva: “Deben comparecer y si tienen responsabilidad, tienen que ser sometidos a los órganos de justicia partidaria para su expulsión. No aceptamos el borrón y cuenta nueva”.

A pesar de ser una exigencia fundada, no creemos, sin embargo, que el PRI vaya a profundizar a ese nivel su famosa “refundación”. Como dijimos, están considerando una transición aterciopelada, un borrón y cuenta nueva, para meter a los militantes en la dinámica de esperar otra oportunidad de acceder al poder.

Su reflexión es, no obstante, bastante interesante porque es algo que los ciudadanos dijimos desde diversos medios: Que los cambios constitucionales que impulsó Peña Nieto a través del Pacto por México (PRI-PAN-PRD), fueron contrarias a los estatutos y los documentos básicos del partido.

Definitivamente, no sólo el PRI traicionó a sus bases, violó sus estatutos y traicionó a México, sino que también lo hicieron los partidos aliados, el PRD y el PAN, quienes nunca explicaron a sus militantes las razones que tuvieron para sostener y mantenerse en esa alianza que hundió al país.

Fueron esas “reformas con un tufo de corrupción que terminaron dañando al PRI”, acusaron los disidentes.

Veremos al paso de los meses que faltan del gobierno de Peña Nieto, si este reclamo cobra fuerza o se debilita. Lo más seguro es que asistiremos a la misma puesta en escena: Que el partido que emanó de la Revolución, mediante el cual se diseñó el reparto del poder de la gran familia revolucionaria, no está agotado, sólo está en un bache histórico. Como dicen los políticos, ninguna derrota es para siempre.

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SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Núñez, in memóriam)

Para quienes no entendemos mucho de economía, sobre todo en lo relativo a términos como micro y macro economía, siempre nos han asustado con que un incremento al salario mínimo desataría una mayor inflación, por aquello de que las empresas, tanto industriales como de servicios tendrían que incrementar sus costos de producción, siendo la nómina uno de los rubros más fuertes en todo proceso empresarial.

Es así como desde finales de los 80 se determinó regular la inflación a partir de regular los sueldos, y la base ha sido el salario mínimo. Y aunque ningún patrón paga esa cifra, salvo negreros y usureros, el salario mínimo es el tope oficial para medir ingresos y tasar impuestos, por ejemplo, así como calcular todos los costos de todos los procesos económicos.

Durante 25 años esa ha sido una verdad inalterable en México; por eso llama la atención  el anuncio de Luisa María Alcalde Luján, asesora del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador en temas de trabajo y previsión social, quien está anunciando que el salario mínimo aumentará gradualmente en el nuevo gobierno hasta situarse en 176.72 pesos, aproximadamente, y sin riesgos de inflación.

De entrada, parece una locura y una propuesta arriesgada. Ese es justamente uno de los fallidos intentos del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, para recuperar la estabilidad económica de ese país, pero que ha desatado una feroz inflación.

Entrevistada por El Economista, la también ex diputada federal afirmó que el aumento al salario se dialogaría y consensaría, “sin imposiciones”, con empresarios. “No es riesgoso, es estabilizador”, aseveró.

Es decir, que el incremento al salario de los trabajadores dependerá, en parte, de la buena voluntad de la clase patronal, con lo cual se evitaría la inflación. Eso significaría que los patrones renunciarán a parte de sus ganancias, y se comprometerán a no incrementar sus precios para recuperar el incremento, como suelen hacerlo, siendo ésta la única manera de que un aumento en el sueldo base de los trabajadores evite el efecto inflacionario en el mercado, pues ese costo no se verá reflejado en el producto o servicio final.

Está muy ojona para ser bonita, ¿no es así?

No quisiera pensar que la justicia social que enarbola el proyecta lópezobradorista esté prendido con alfileres, pero definitivamente no puede ser de otro modo. El incremento al salario mínimo de ser en parte consensuado, pero también en parte exigido, para ir zanjando las distancias que marcan a patrones y empleados.

Pero también está la otra versión, la de pequeños y medianos empresarios, que prácticamente están reventados, habiendo absorbido ya un incremento a las gasolinas del 20 por ciento, desde el gasolinazo a la fecha; esto pese al oneroso subsidio oficial que se ha tenido que aplicar este año, de lo contrario estaríamos hablando de incrementos superiores a 30 por ciento.

Y la verdad esto es lo que más daña y encarece los procesos de producción, sobre todo porque el gasto se lo lleva Pemex, o la CFE, o Telmex, y no se queda en los mercados locales, mediante el consumo de bienes y servicios.

Hoy por hoy, la mayoría de las empresas mexicanas, las que sostienen la planta productiva, sobreviven de puro orgullo, porque sus ganancias se han reducido al mínimo al grado de hacerlas inviables. Y si además se les exige un incremento al salario mínimo, pero sin darles un alivio en las otras cargas, podremos augurar que el proyecto de AMLO en materia salarial está fracasado, porque el trabajador tendrá que elegir entre ganar poco, por mucho tiempo; a ganar bien, pero por unos cuantos meses, pues sin lugar a dudas las empresas, que ya de por sí están sumamente castigadas, tendrán que bajar cortinas, muchas de ellas endeudadas.

Y como para asustarnos un poco, hay que saber que el incremento al salario mínimo ya no es si el gobierno mexicano quiere, sino que es una de las exigencias de sus socios en el tratado de libre comercio, Estados Unidos y Canadá, que ven en esa parte una competencia desleal, pues los empresarios y maquiladores de esos países, prefieren trasladar sus plantas a México, para aprovechar la mano de obra barata y las prácticas de outsourcing.

Por lo tanto, creo que a partir de enero próximo el proceso anunciado por Luisa María Alcalde Luján, comenzará a hacerse una realidad.

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