Jueves, octubre 18, 2018
SOS COSTA GRANDE

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 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El debate de la legalización de la marihuana cobra especial relevancia a partir de que este 17 de octubre, en Canadá termina la prohibición sobre la marihuana y se aplica la plena legalización.

En ese país, ni siquiera se llevarán controles como los que adoptó Uruguay el año pasado, sino que lo están considerando como un gran negocio internacional, que vendrá no sólo a arrebatar a los países pobres esa industria, que de por sí les pertenece, al ser la marihuana un cultivo tropical, sino que, al contrario, los mete aún más en aprietos, pues el mercado canadiense que no solamente será local, sino también internacional, y difícilmente, por el clima que tiene, logrará la producción que se prevé demandarán sus mercados. Luego entonces, tendrán que exportarla, así sea desde el mercado negro, donde la marihuana tiene costos duplicados.

En Uruguay, por ejemplo, el gobierno legalizó las drogas sin apoyo internacional, sólo considerando las libertades plasmadas en su Constitución, pero adoptó un modelo de control sanitario que bien puede ser adoptado en nuestro país. Los consumidores se dieron de alta en un padrón oficial digitalizado, y sólo con su huella tienen derecho a que se les vendan un máximo de 10 gramos de marihuana diariamente, en las farmacias que se enlistaron para venderla.

Hay que decir que la gente de ese país, los intelectuales y hasta los industriales, vieron con buenos ojos la medida, excepto los farmacéuticos, por los bajos niveles de ganancia que obtienen, a pesar de que les toca el trabajo de controlar la venta, en un esquema similar al de los medicamentos controlados.

Con la legalización en uruguay, vista a un año de distancia, se logró avanzar en aspectos importantes: primero, controlar el consumo. Segundo, controlar la calidad del producto. Tercero: Reducir su costo hasta en 70 por ciento.

Además, para aquellos que prefieran no comprar su marihuana legal en una farmacia, la ley uruguaya permite a los consumidores a cultivar marihuana en sus propias casas (hasta seis plantas) o a hacerse socios de “asociaciones cannábicas” privadas, con un máximo de 45 miembros que tienen permitido sacar un máximo de 40 gramos al mes de la cosecha de la asociación.

El único problema que les botó, tanto a los industriales como a los farmacéuticos, es el sistema bancario, que dado que ya es internacional, muchos no aceptan abrir cuentas bancarias cuyos ingresos provengan de la venta de marihuana.

Como alternativa se abrieron instituciones financieras domésticas, de influencia regional, que les permite a los involucrados depositar sus dineros.

Como ganancia adicional, Uruguay ganó en materia turística, pues gente de todo el mundo llegó a sus tierras a disfrutar de esa independencia.

Decíamos que el hecho de que Canadá haya legalizado el uso de la marihuana tendrá un impacto negativo en nuestro país y el resto de América Latina por dos motivos: porque potenciará el mercado negro, y porque nos quitará la posibilidad de que se implante aquí ese negocio, impulsando la economía desde el campo, la industria y el comercio.

Salvo que se ponga un control en la denominación de origen del producto (que sea obligatoriamente producido dentro de las fronteras de Canadá), lo que se avecina en el mediano y largo plazo es más competencia entre grupos delincuenciales, ahora por el mercado canadiense, que forzosamente será alimentado a través de Estados Unidos, donde también en algunos estados ya es legal esta droga, y se permite su cultivo y transformación.

El pleito de los países latinoamericanos seguirá siendo, entonces, con Estados Unidos, mientras que desde su frontera norte entra todo tipo de drogas, incluida los derivados de la amapola, y las drogas sintéticas provenientes de Asia. Entonces, el plan es mantener a México y otros países productores de drogas en stand by, negándoles la posibilidad de una amplia legalización, mientras que Estados Unidos y Canadá se apropian de un negocio ajeno, al que legalizarán cuando les resulte conveniente hacerlo. ¡Bravo! Que al cabo que los muertos los sigue poniendo México.

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 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Como siempre, Acapulco se ha convertido en un punto de referencia estatal. Lo que suceda en el municipio más importante del estado, afectará al resto de los municipios, pero muy particularmente a los de las dos costas, que reciben el impacto inmediato, y cuyas sociedades se entrelazan con la de ese destino de playa.

Para bien o para mal, Acapulco es y será la pauta en todas las áreas de la vida pública, pero sobre todo en turismo y seguridad. Aunque la entidad está dividida por regiones, y cada una enfrenta sus propias vicisitudes, si no se corrige lo que está sucediendo en el puerto acapulqueño, la entidad toda continuará padeciendo los estragos de la crisis que se desató desde 2006, pero que se fue recrudeciendo gradualmente hasta tomarse insoportable.

Muchos esfuerzos se han hecho por mantener a flote a Acapulco. Mucho dinero se ha invertido para que el puerto no se muera y continúe siendo una opción para el turismo nacional e internacional, pero como si fuera una maldición, nada parece ser suficiente.

Lamentablemente, por ser el municipio que maneja mayores recursos, aunque en este momento esté en franca bancarrota, es también el más peleado entre la clase política, y donde más actos de corrupción se han cometido.

En cada cambio de gobierno, los que se van se llevan toneladas de recursos, y los que llegan, si bien al inicio se lamentan de la situación, no tardan y adoptan ellos mismos similares actitudes y latrocinios.

El caso es que la pasada elección marcó una pauta de cambio que, sin embargo, a la luz de los hechos, no se verá pronto. La gente pensó que  desplazando a los partidos tradicionales vendría para Acapulco una nueva realidad, y puede ser que sí se logre este cambio, pero no será automático.

La alcaldesa Adela Román, por ejemplo, apenas está sacando los demonios de las catacumbas de la administración. El fin de semana informó que fueron cesados 450 aviadores del Ayuntamiento porteño, de los cuales 100 pertenecían al DIF y los restantes a distintas áreas.

Además, pactó con el SUSPEG la cancelación de las basificaciones amañadas que hizo el gobierno de Evodio Velázquez Aguirre, 22 en total, que pertenecían a jefes de departamento, 11 directores y 11 nombramientos de policías otorgadas en los últimos días del gobierno anterior, al margen de la legislación laboral.

¡450 aviadores! ¿Cuánto representa en dinero? Lo ideal es que se les exhiba con nombre y apellido, y que se determine qué exactamente hacían, porque no es que se les quisiera agraciar con dinero público, sino que generalmente esas personas hacen trabajos políticos para el grupo en turno en el poder. Y resulta esclarecedor que 100 de los aviadores hayan estado precisamente en el DIF, organismo a cargo de la diputada local, Perla Edith Martínez Ríos, esposa del ex presidente Evodio Velázquez Aguirre, a quien el dirigente del PRI, Heriberto Huicochea, acusó en mayo pasado de estar desviando dinero del municipio para sostener la campaña de su mujer.

Lo peor es que Evodio logró meter a su mujer como candidata a diputada por el principio de mayoría relativa, pero también en el listado de diputada plurinominal, algo que es ilegal, pero que se le permitió porque, según la versión que fluyó en su momento, es que no sólo la campaña de Perla Edith estaba afincada con dinero del municipio, sino la de otros candidatos del grupo Nueva Mayoría, incluyendo algunos alcaldes.

No es de extrañar entonces que las finanzas de Acapulco estén tan castigadas, siendo el ex alcalde cabeza de un grupo político que logró meter 3 diputados al Congreso local, y que también jugó algunas alcaldías.

Imposible que un presidente municipal, teniendo el dinero del pueblo en la mano, no caiga en la tentación de apalancar a los de su grupo. De hecho, esa es una regla política no sólo en el PRD, sino también en el PRI.

¿Cambiará todo esto con Adela Román? El cambio se mide por grados. Puede ser que se logren avances, pero la corrupción no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Al PRD, por ejemplo, le llevó menos de 20 años pudrirse. ¿Cuántos le tomará a Morena transitar hacia la decadencia?

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 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Los cambios en materia de seguridad pública durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, próximo a iniciar, parece que serán radicales.

Por ejemplo, AMLO ha anunciado que hará una amplia convocatoria para que 50 mil jóvenes se inscriban a la Policía Federal, al Ejército y a la Marina, para robustecer a estas dependencias, a fin de contrarrestar la acción de los grupos delincuenciales.

La noticia impacta, porque serán los jóvenes los que empleados por el Estado, tendrán que pelear la guerra que otros comenzaron hace 12 años, y que no será para nada amable, aunque se quiera. El antecedente está en Colombia, donde el Ejército y la Gendarmería obtuvieron licencia para actuar y atacar en casos extremos, sin que por ello se le criticara ni mucho menos llevara a juicio. ¿Cuántos atropellos se cometieron en este contexto? No sabemos, pero la excepción constitucional se tuvo que tomar, ante tantos años de inseguridad que convirtieron a ese país en uno de los más inseguros del orbe, lugar que ahora ocupa México.

Desde finales de los 90, ya se advertía que México iba hacia la colombianización, pero la verdad que nadie imaginó cómo sería eso, hasta que comenzamos a vivirlo.

Por lo pronto, ignoramos cuál es el resultado de los foros Escucha, convocados, precisamente, para ir dándole forma al plan sexenal de seguridad, con la intención de pacificar al país. Lo cierto es que los foros programados no se desarrollaron en su totalidad, pues 5 de entidades, con el argumento de que el tiempo ya no alcanza para desarrollarlos. En Tamaulipas, Morelos, Tabasco, Veracruz y Sinaloa, la consulta no se realizó, pero los organizadores recogerán las propuestas que se les hagan llegar por escrito.

Sin embargo, eso parece un mero pretexto, porque se supone que cuando calendarizaron los foros, atendieron precisamente al factor tiempo.

Más bien, los organizadores vieron que a donde vayan, la historia se repite una y otra vez, incesantemente: reclamos, exigencias, denuncias contra policías, agentes del Ministerio Público, fiscalías, jueces, etcétera, que conculcan el derecho a la justicia.
Lo más grave de todo son las desapariciones. Tentativamente, se tienen documentadas unas 40 mil personas desaparecidas, entre hombres, mujeres y niños, problema al que el gobierno le ha podido dar solución, ni mucho menos frenar, en todos sus niveles. Al contrario, en este asunto, el gobierno se ha convertido también en parte del problema, pues por sus raquíticos recursos en materia forense, y por no contar con panteones forenses, muchos cadáveres fueron enviados a las fosas comunes, al no ser reclamados, sin practicarles los estudios de genética correspondientes, y sin considerar que su calidad de desconocidos los hacían, precisamente, sujetos de búsqueda de parte de sus familiares.

Esto significa que muchas personas que hoy se buscan, estarán siempre en calidad de desaparecidas, aunque sus restos hayan estado en manos del gobierno, pero que ahora yacen en alguna fosa común, ante la incapacidad de los servicios forenses por resguardarlos.

El caso de los dos camiones con cadáveres en Jalisco, no es tan grave si consideramos que al menos están resguardados los restos, y no enterrados en alguna fosa común, sin la debida identificación. Cierto que lastima saber que hay más de 500 cuerpos deambulando en camiones frigoríficos, contratados precisamente para ello, pero más grave es saber que –como sucedió en Morelos-, hay miles de cadáveres en fosas comunes, mezclados unos con otros, sin posibilidad de identificarlos algún día.

Volviendo al tema, México sacrificará a sus jóvenes ahora como policías, gendarmes, soldados y marinos, para tratar de devolverle a este país algo de paz. Y la guerra fraticida continuará. Mexicanos contra mexicanos.

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 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Espantoso y absurdo desenlace se está propiciando en el caso de los feminicidas de Ecatepec, Estado de México, pues ayer Juan Carlos N quedó vinculado a proceso, pero no por el delito de feminicidio, pese a que confesó haber violado y asesinado a unas 20 mujeres, a las que posteriormente descuartizó y dio de comer a sus perritos.

También confesó haber vendido huesos de las chicas asesinadas a santeros, o bien puso restos de varias de ellas en cubetas con cemento. Incluso afirma que en varios casos desperdigó los restos por lotes baldíos.

Resulta que el Ministerio Público del Estado de México vinculó al conocido “Monstruo de Ecatepec”, por el delito de “contra el respeto a los muertos”.

El artículo 224 del Código Penal del Estado de México establece que comete este delito “quien oculte, destruya, mutile, sepulte, o exhume un cadáver, un feto, partes o restos humanos, sin los requisitos que exige la ley, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y de 30 a 60 días multa”.

Al momento de su detención transportaban restos humanos, Juan Carlos y Patricia su pareja sentimental ocultaron partes de los cadáveres de sus víctimas en ocho cubetas cubiertas con cemento y dentro de un congelador.

En comparación, en el caso del feminicidio, el artículo 281 del Código Penal del Estado de México especifica que, “el acusado podría ser condenado a desde 40 a 60 años de cárcel o incluso a prisión vitalicia, y a entre 600 a 5,000 días de multa”.

¿A qué juegan las autoridades del Estado de México, y por qué les está temblando la mano para perseguir ejemplarmente a esta pareja diabólica por el delito de feminicidio, y por qué están estableciendo en la averiguación previa un delito mucho menor, que les permitiría quedar libres en dos años?

Esto sin considerar que la filtración de un video del interrogatorio del inculpable podría dejarlo libre ipso facto, porque la defensa puede alegar que se violaron sus derechos.  Para ello, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por oficio, ya abrió una investigación. ¡Mal haya! Ahora resulta que un cobarde matón de mujeres tiene más derechos que 20 jovencitas violadas, asesinadas y descuartizadas de la manera más cruel.

En el video, el sujeto da pelos y señales de la manera en que las asesinó. Las recuerda por sus nombres y apellidos, lo cual es evidencia plena de que no está loco, sino que actuó con alevosía y ventaja, dado que tuvo tiempo de estudiarlas y atraerlas con engaños a su casa, donde les decía que junto con su esposa vendía ropa de papa para bebé.

Incluso, una de las mujeres asesinadas y desaparecida acudió a la casa de los feminicidas con su niña, y una vez que la mataron vendieron a la bebé.

¿Qué más pruebas necesita el Ministerio Público del Estado de México para fundar la acusación por feminicidio? Señalan que la indagatoria aún no concluye, y por lo pronto, para mantenerlos en prisión, los vincularon a proceso por un delito menor, porque no se trata de simples saqueadores de tumbas, sino de verdaderos homicidas.

La respuesta parece estar en la versión de que Juan Carlos N y su mujer  no actuaron solos, sino que pertenecen a una bien estructurada banda de feminicidas, que utilizan los cadáveres de las víctimas para todo tipo de actos, incluso satánicos.

Aunque trate de hacerse pasar como “loco” y diga en los medios que hizo lo que hizo por odio a las mujeres, en realidad tiene una red de cómplices, consideran María Guadalupe, madre de Arlet Samantha Olguín, y María Eugenia, mamá de Nancy Noemí Huitrón, abuelita de la niña de dos años, Valentina (quien fue recuperada sana y salva). Ellas consideraron que la magnitud de los crímenes no puede ser oculta sólo por dos personas, como maneja la Fiscalía del Estado de México.

“Queremos justicia, ellos no están enfermos, saben muy bien lo que hacen, estudian a las familias y a sus víctimas, no podemos decir que están enfermos”, indicaron en un video.

Ambas mujeres creen que difundir la imagen de la pareja sin cubrir los ojos hará que más personas los reconozcan, porque actuaban ganándose la confianza de sus víctimas para después asesinarlas.

Las madres confirmaron que están a la espera de los resultados de pruebas genéticas para que se confirme la presencia de sus hijas en los restos encontrados.

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 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Los diputados federales protestaron el martes en San Lázaro, por la ola de feminicidios que se está registrando en 15 estados del país, principalmente, aunque en realidad todo el territorio nacional, teniendo el Estado de México como el asiento de este delito.

Adicionalmente, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes un punto de acuerdo que condena los feminicidios en todo México, principalmente en el municipio mexiquense de Ecatepec, y urge a las autoridades a combatir este crimen.

Diputadas de todas las bancadas, con excepción del PRI, coincidieron en que la situación es alarmante en el Estado de México, pues a tres años de haberse emitido la alerta de género en 11 municipios, la violencia contra mujeres y niñas ha crecido. Las legisladoras incluso pidieron citar a comparecer al gobernador Alfredo del Mazo, quien en campaña prometió disminuir el problema.

“(Enrique) Peña Nieto, Del Mazo, ¿qué necesitan para parar la ola feminicida en México? ¿Qué sentirían si atentaran contra su madre, si tienen, contra La Gaviota, contra las niñas de Palacio o alguna amiguis del clan?”, cuestionó la diputada Claudia Angélica Domínguez, del PT.

Las diputadas de Morena, PRD, PT, PES y MC subieron a tribuna, junto con algunos diputados, para exigir a las autoridades de los tres niveles de gobierno trabajar contra la impunidad, a fin de que no haya ni una muerta más.

“Es indignante que un gobierno simule su interés por las mujeres repartiendo tarjetas rosas, llamándolo el programa más importante de su mandato”, dijo Ruth Salinas Reyes, de MC.

Este debate surge forzosamente a propósito del caso del feminicida de Acatepec, Estado de México, quien en su interrogatorio reveló ser una persona cuerda completamente, consciente de lo que es el bien y el mal, pero que sobre todo no es adicto a ninguna droga. Aun así, cuando fue detenido llevaba junto con su esposa una carriola con restos humanos, y confesó haber matado a una veintena de mujeres jóvenes, en un rango de 3 kilómetros a la redonda de su vivienda, sin que las autoridades dieran con él, pese a que tenían testimonios de que varias de las mujeres desaparecidas habían acudido a casa del sujeto, en busca de ropa de paca para bebé.

Acatepec y otros municipios del Estado de México se ha convertido en un infierno para las mujeres. Pero ¿cuántos de esos feminicidios están relacionados realmente con la delincuencia organizada, y cuántos son producto de mentes enfermas como la del “Monstruo de Acatepec”?

El sujeto detenido actuó al margen del consumo de drogas, y esto viene a romper el esquema de las autoridades, que en el caso concreto pensaban que estaban ante una red de trata de blancas, cuando en realidad estaban frente a un feminicida serial.

Lo cierto es que la sociedad está enfermando. La violencia es cada vez más notoria incluso en las escuelas, donde el bullying se ha disparado entre los niños y jóvenes, al grado de que algunos han muerto. En los pueblos, individuos sospechosos han sido linchados a manos de turbas enardecidas, y nadie ahí arriba en el gobierno atina a hacer algo.

Poco a poco nos vamos convirtiendo en un país sin ley, donde las instituciones están minadas y desligitimadas. Las cifras expuestas en los discursos ante la Cámara de Diputados referían que es un peligro ser mujer en México: casi 14 mujeres son asesinadas al mes en el Estado de México por razones de género y otras entidades como Veracruz y Oaxaca registran datos similares.

De manera global, siete mujeres mueren al día en todo el país y hay 15 estados con alerta de género, con escasos resultados, entre ellos Guerrero.

Lo más fácil para las autoridades es negar el feminicidio, y catalogar la muerte de mujeres o su desaparición, como parte de las redes criminales, a las cuales las mujeres se involucran, sea como parte activa, sea como novias, esposas, amantes o hijas de los delincuentes.

Pero la verdad es que eso es un lugar común. No se investiga, esa es la realidad. Recuerdo a un ex procurador de Justicia en el gobierno de Zeferino Torreblanca, quien era muy pragmático; ante cualquier homicidio preguntaba qué calibre de arma se había usado, y si era un calibre mayor, automáticamente lo catalogaba como “del fuero federal”, y simplemente no investigaba. Este fiscal era más cañón que bonito, pero sus sucesores no cantan mal las rancheras. ¿Hasta cuándo?

0 16

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Sinaloa, Chihuahua, Durango, Guerrero, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Oaxaca, concentran el mayor número de hectáreas habilitadas para cultivar amapola, y producir goma de opio. En total, 24 mil 800 hectáreas, lo cual hace de nuestro país el tercer productor mundial de la adormidera, cuya goma es base para diversos productos conocidos como opiáceos.

Pero esa superficie cultivable es siete veces menor a la que tiene Afganistán y menos de la mitad de Myanmar (antes Birmania), ambos países del sudeste asiático, el primero de los cuales está ocupado por militares de los Estados Unidos, desde hace casi 20 años.

Desde ese país que fue devastado por la guerra contra el terrorismo desatada a partir del ataque a las torres gemelas de Nueva York, en 2001, se surten opiáceos a prácticamente todos los continentes, y al continente americano llegan nada más y nada menos que vía Canadá, el principal socio comercial de Estados Unidos, para el cual, sin embargo, no hay sanciones ni condicionantes de ningún tipo.

Al contrario, a sabiendas de que 94 por ciento de la goma de opio que entra a Canadá proviene de Afganistán, tal y como lo ha reconocido el gobierno de éste país, y que de ahí entra por la porosa frontera norte a las entidades más densamente poblados de los Estados Unidos –obviamente como un negocio ilegal-, convendría revisar si Washington ha hecho el mínimo pronunciamiento por ello.

Todo lo contrario, parece que al vecino país le conviene recibir droga del sudeste asiático, pero no de México, país al que ha condenado por partida doble, obligándolo a enderezar una guerra contra los grupos delincuenciales, guerra que además financia con préstamos exorbitantes para que la prolongue a través de las Fuerzas Armadas del país, y de paso vende las armas tanto al gobierno como a los cárteles del narcotráfico.

Esta posición hipócrita y ventajosa de parte de Estados Unidos, ha provocado una mortandad en México, que parece no tendrá fin.

Afortunadamente, ya los legisladores están haciendo eco de la propuesta que en 2015 hizo el gobernador Héctor Astudillo Flores, para que se le permita a Guerrero cultivar amapola con fines medicinales, considerando que en este sector nos pasa como en las gasolinas, que somos productores de amapola y goma de opio, pero compramos la morfina, derivado base para la producción de analgésicos que se le recetan a la gente con enfermedades terminales; así también, aunque somos productores de petróleo, importamos la gasolina desde los Estados Unidos, país que se queda con el negocio de los hidrocarburos.

Este martes, el senador Manuel Añorve Baños presentó la iniciativa de la legalización de la amapola con fines medicinales. En el documento que leyó en tribuna, hace algunas consideraciones, entre ellas, que Guerrero ocupa el primer lugar de una decena de entidades en donde se produce amapola, tarea en la que se ocupan unas 120 mil personas, que siembran y cosechan la amapola en zonas aisladas de la Sierra y la Montaña, donde desafortunadamente las políticas neoliberalistas los condenaron a producir un cultivo ilícito, dado que los cultivos tradicionales no tienen mercado y tampoco tienen manera de comercializarlos.

Muy claro, sin atajos ni rebuscos, Añorve plantea que la legalización de la amapola con fines medicinales lleva como propósito, por un lado, reducir los índices de violencia; pero, por otro, impulsar el desarrollo de medicamentos derivados de la amapola, para cubrir con la demanda nacional de este tipo de paliativos, al mismo tiempo que se busca proteger a los campesinos y productores agrícolas que, actualmente, tienen en el cultivo de la amapola su sustento y su estilo de vida.

Con la despenalización de la amapola y su autorización para venderla en el mercado exterior con fines medicinales –algo que hace una veintena de países y que no son productores de la adormidera-, el gobierno mataría dos pájaros de un tiro: provocar la paz y aprovechar este gran mercado para mejorar las condiciones de vida de las familias campesinas.

Veremos si en el gobierno siguiente se considerará esta propuesta, o si continuarán dándole largas a una solución de raíz, sólo para quedar bien con Washington, país que se surte del opio que proviene de Afganistán, en gran medida.

0 18

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El novelón que se desató en el Congreso local, terminó ayer con el beso de Acatempan entre el coordinador de la bancada de Morena, Pablo Sandoval Amílcar, y los legisladores que el pasado viernes hicieron vacío en la sesión en la que se repartirían las comisiones legislativas, pero cuya ausencia evitó que Morena aplastara a sus contrincantes, y tuvo que negociar algunos espacios.

Los legisladores Carlos Cruz López y Marco Antonio Cabada Arias, en ausencia de la diputada también faltista Teófila Platero Avilés, justificaron su falta a tan importante sesión diciendo que tuvieron asuntos personales que atender. Cabada tuvo problemas personales y Cruz López tuvo que ir al dentista.

Un día antes, Teófila Platero afirmó que no se enteró que habría sesión, aunque es obvio que siendo tan importante esta reunión, todos los partidos, pero sobre todo Morena, convocaron a sus miembros para estar presentes, pues de ello dependía que lograran algún espacio.

Fueron 33 las comisiones que se repartieron, y los cargos a disputar eran la presidencia, la secretaría y las vocalías. Y todos sabemos que las comisiones más peleadas son las que tienen que ver con el dinero, Presupuesto y cuenta pública y Hacienda; la de vigilancia y evaluación, Auditoría. Y la de asuntos políticos.

Los faltistas, que fueron acusados de traición por sus compañeros, al grado de que se filtró que recibieron 1 millón de pesos para ausentarse –algo que no está probado pero que tampoco sería descabellado, porque en realidad así se estila-, se defendieron con excusas pueriles que, de ser ciertas, nos coloca de inmediato ante una terrible realidad: que en la pasada elección se montaron en la escena pública personajes ineptos e inmaduros, que fueron capaces de atender asuntos de casa, cuando en el Congreso local sus curules quedaron vacías, en una sesión importantísima no sólo para el partido al que pertenecen y por medio del cual llegaron al poder, sino también para el pueblo en su conjunto, pues del reparto de comisiones depende mucho el trabajo que la presente legislatura pueda hacer.

Terrible escuchar a un diputado ya viejo, que ya no se cocina al primer hervor, decir que no se enteró de la sesión, o que fue al dentista –sin afirmar que se tratara de una emergencia-, o bien que atendió asuntos personales, rango en el que entran muchísimas opciones, desde limpiar la casa, cuidar a los niños, hacer el súper, cocinar, o salir con amigos, atender a parientes, incluso echarse al sillón a ver una película. Todo esto mientras que en el Congreso local, donde trabajan desde el 1 de septiembre pasado, el empleo que les da de comer quedó botado.

Estos tres diputados morenistas fueron la comidilla en medios y redes sociales. Ellos se defendieron como gato panza arriba y entre verdades y mentiras, entre bromas y veras, sacaron de su ronco pecho la animadversión que tienen contra el coordinador de su bancada, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, a quien acusan de ser poco menos que un virrey, pues además es delegado del partido con funciones de presidente, y será el representante del gobierno federal en Guerrero a partir de que AMLO tome posesión.

Aseguraron que este personaje los acotó, los limitó y dibujaron un escenario bastante duro para ellos, pues casi casi están hablando de una dictadura de Morena en la persona de Sandoval Ballesteros.

Sin embargo, siendo sinceros, ninguno de los errores del líder morenista justifica el error de ellos de haber faltado a una sesión por demás vital, y debido a lo cual quedaron fuera del reparto de espacios. En sus explicaciones se salieron por la tangente, pero confundieron la amnesia con la magnesia, y terminaron exhibidos como ignorantes, flojos, ineptos y, de paso, envidiosos.

Si algo tienen ellos contra Sandoval Ballesteros, simple, deben decirlo al interior del partido y promover algún recurso de inconformidad, porque con conferencias de prensa no lograrán nada.

Sandoval Ballesteros ya se reunió con ellos, y dejó en manos del partido la evaluación de este caso, como debe ser. Se debe investigar qué sucedió, porque el asunto huele mal y debe ser expuesto, para evitar otro numerito de esa naturaleza.

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 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Andrés Manuel López Obrador anunció ayer desde Michoacán que en su gobierno pondrá fin el “charrismo sindical”, y que se impulsará la democracia al interior de los sindicatos.

Esto es algo fundamental si quiere derrumbar definitivamente los cimientos del partido de Estado que por muchos años fue el PRI, pero también los cimientos de la corrupción de las instituciones más importantes del país, como Educación y Salud, cuyos sindicatos son parte del problema, no de la solución.

“Me dicen que qué va a pasar con el SNTE. ¿Qué va a pasar? Que va a haber democracia sindical. También que eso quede claro: libertad y democracia sindical. Ya el gobierno no va a proteger a ningún dirigente sindical. ¿Quiénes van a elegir a los dirigentes? Los trabajadores. Voto libre y secreto. Se acaba el charrismo sindical, para que quede claro. No le vamos a quitar el derecho a nadie, todos tienen derecho, y, al final, van a ser los trabajadores los que van a decidir de manera democrática”, dijo el presidente electo.

Posteriormente destacó la importancia de la democracia en todos los ámbitos de la vida nacional: “Democracia en la escuela, democracia en los sindicatos, democracia en la sociedad, democracia como forma de vida, eso es lo que vamos a llevar a cabo, en eso también consiste la transformación”, afirmó.

La aclaración es pertinente ahora que Elba Esther Gordillo está nuevamente en la escena política, dispuesta a recuperar el control del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Desde su exoneración por el delito de delincuencia organizada en contra del sindicato magisterial, en agosto pasado, y su libertad, la meta planteada era que “La maestra” recuperaría el control del sindicato que le dio tanto poder desde la época de Carlos Salinas de Gortari, hasta su encarcelamiento al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, en que la PGR recurrió de manera apresurada a fincarle responsabilidades que durante el juicio en su contra no pudo sostener del todo.

La defensa de Gordillo Morales logró demostrar las debilidades de la averiguación previa en su contra, y primero consiguió que le dieran prisión domiciliaria, argumentando su avanzada edad y deteriorado estado de salud. Esto ocurrió previo a la elección del 1 de julio, con lo cual el PRI y el resto de los partidos de oposición hablaron de un acuerdo entre La Maestra y el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, para que las huestes magisteriales que aún le eran fieles, así como un amplio sector del PANAL, partido del magisterio que nació bajo la sombra de Elba Esther, apoyaran el proyecto lópezobradorista.

Pero la gran sorpresa vino cuando Elba apareció en escena, en agosto pasado, ya libre de todo cargo, con una nueva y pulcra imagen, cirugía incluida, que le quitó lo grotesco a su rostro y la catapultó a una nueva etapa de su liderazgo.

Así, mientras otros líderes sindicales como el de Pemex, Carlos Romero Deschamps, están en el filo de la navaja, “La Maestra” ya hasta anda estrenando nuevo esposo y lista para pelear la dirigencia del SNTE.

Sólo que si nos atenemos a lo que está diciendo AMLO, Elba Esther tendrá que ganarse el voto de los profesores, pues se supone que ya no habrá imposiciones. La democracia no parece ser compatible con el sector sindical, gracias a que por muchos años fueron estos la columna vertebral del PRI, y su manejo mediante imposiciones era vital para controlarlos.

Ningún otro caso será tan importante en este país como la democratización del SNTE, porque en este sindicato hay un ala disidente bastante activa y reactiva -como lo vimos este fin de semana en Acapulco-, y cuyos líderes repudian a Elba Esther, pese a que podríamos decir que es la principal víctima de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, pues hubo de ser encarcelada en 2013 para impedir su oposición, que ya estaba preparando.

Confiamos en que AMLO cumplirá su palabra de democratizar los sindicatos, que siguen siendo la parte más rancia de la democracia en este país, y a cuyos liderazgos podridos los partidos deben someterse. Pero con Elba, más que con cualquier otro líder, el presidente electo se jugará el todo por el todo.

0 25

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, definió la fórmula que seguirá para reducir los salarios de altos funcionarios del gobierno federal, y aumentar el de aquellos que perciben menos ingresos.

“El que gane en el gobierno federal menos de 20,000 pesos va a tener aumento de sueldo; el que gane más de 100,000, ¡para abajo! Esa es la fórmula”, indicó en Acapulco, en su reciente visita.

AMLO defendió su plan de reducción de salarios, a pesar de que se han advertido posibles amparos por parte de funcionarios para evitar el recorte monetario, situación que podría llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Ya en el Senado de la República, de hecho, al perder su derecho a bonos, unos 700 empleados presentaron sus renuncias y pidieron su liquidación. El órgano administrativo de la Cámara de Senadores anunció que para finiquitar a estos empleados gastará alrededor de 650 millones de pesos.

Los empleados del Senado perdieron el bono de productividad y el bono extra de aguinaldo, así como vales de despensa, lugares de estacionamiento, seguros de vida y el seguro de separación individualizado; en éste último se concentra el plan de ahorros de cada uno de ellos.

Como podemos ver, el plan de austeridad camina ya en el Poder Legislativo federal, aunque el Senado es la institución más avanzada en esta materia. En la Cámara de Diputados no han querido profundizar más allá de la reducción de algunas prebendas, y en el gobierno federal aún falta por ver cómo se hará este proceso.

Lo que sí va quedando claro, es que el plan de austeridad no tendrá marcha atrás. Y, lo más importante, es que no sólo se reducirán sueldos, sino que también se homologarán, para que no haya empleados de tercera, cuarta y hasta quinta categoría, que son los que realmente hacen la chamba, contra funcionarios de alto nivel que perciben sueldos estratosféricos.

En lo local, los ayuntamientos se han pronunciado por el adelgazamiento de la nómina, pero nada han dicho acerca de reducir sueldos, sobre todo de los altos funcionarios, incluidos el alcalde, síndicos y regidores.

Al contrario, parece que en las primeras sesione de Cabildo que se han desarrollado el asunto fundamental ha sido el sueldo que percibirán los ediles, como siempre ocurre, así como sus bonos extras, con los cuales hacen lo que ellos llaman “gestoría”.

De no sumarse los ayuntamientos a un plan de austeridad específico, con la pena pero lamentamos informarles que continuaremos atascados en el dilema de tener un gobierno rico, frente a un pueblo cada vez más empobrecido, que además tiene que soportar servicios caros y malos, así como un interminable subdesarrollo en sus pueblos, en áreas vitales como la salud, la educación, caminos y carreteras, agua potable y alcantarillado, urbanización, etcétera.

Es necesario que se pongan límites a los sueldos en los ayuntamientos, porque al no haber nada que los limite, entonces nada más su boca es medida.

Este asunto suele también utilizarse de manera perversa. Por un lado, los alcaldes suelen mantener a los regidores y síndicos calladitos, concediéndoles jugosos sueldos. Pero, por otro lado, eso es un arma de doble filo, porque cuando ya no les es suficiente, vuelven a presionar para obtener más. Así los hemos visto infinidad de veces, de modo que los regidores en los ayuntamientos se convierten en ciegos, sordos y mudos cuando de representar al pueblo se trata, porque están debidamente “maiceados”. En cambio, toman cualquier asunto de pretexto para jorobar a los alcaldes y sentarlos a negociar incluso pagos directos y en efectivo porque se mantengan quietos, pero también suelen pedir la construcción de obras y otros beneficios.

Como podemos ver, hay muchas cosas por resolver al interior de los ayuntamientos y ojalá que los alcaldes sean entendidos y aprovechen los tiempos para poner límites, que aunque de inicio les resulten incómodos, es la única manera de prevenir la rapiña que hay en esos cargos cada tres años, porque los ediles saben que se vienen a sentar nada más y a cobrar los días 15 y 30 de cada mes, siendo un pesado lastre para los ciudadanos.

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 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador, estuvo ayer en Acapulco, para presidir una reunión general cuyo tema central sería la seguridad, pero también los programas de inversión que la siguiente administración federal tiene contemplados para Guerrero; esto según lo anunció un día antes el gobernador Héctor Astudillo Flores.

La visita de AMLO forma parte de su gira de agradecimiento que ha estado realizando por todos los estados de la República, por lo que por la tarde encabezó un mitin en el zócalo del puerto de Acapulco.

De entrada, se observa una relación cordial entre el futuro presidente y el gobernador de Guerrero, algo que para nosotros como ciudadanos es más que significativo, pues la experiencia dicta que cuando los mandatarios estatales se fajan contra los federales, o los municipales con los estatales, lo que cosechan es desdén, bloqueos en las gestiones y un mayor atraso para todos.

Aplaudimos, por lo tanto, la madurez que ha mostrado el gobernador Astudillo con relación al nuevo gobierno federal, que dicho sea de paso coincide en muchos aspectos con su propio proyecto de gobierno, que no ha avanzado a pesar de que durante los últimos 3 años caminó de la mano de un gobierno federal afín.

Por ejemplo, en el tema de seguridad, Astudillo propuso por primera vez en la historia de esta nación la legalización de la amapola con fines medicinales, para desinflar la burbuja de la violencia que se vive en Guerrero, y que tiene que ver más con los pleitos entre bandas delincuenciales, que con movimientos sociales y armados. Estos se vivieron en el pasado, pero la violencia tipo vendetta vino a reducirlos a la nada.

Por ejemplo, en el caso del cuarto aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, éste se confunde con el de la matanza de estudiantes de 1968, en la Ciudad de México, pese a que se trata de contextos y circunstancias distintos.

Los 43 son parte de los casi 40 mil desaparecidos en este país, en el contexto de la guerra contra el narcotráfico que desató el ex presidente, Felipe Calderón Hinojosa, mientras que el Movimiento del 68 reivindica algunos reclamos de democracia y su represión fue claramente un crimen de Estado, cosa que ya han reconocido organismos nacionales e internacionales.

Aunque los padres de los 43 y sus abogados buscan que el Caso Ayotzinapa sea también considerado como un crimen de Estado, dado que participaron fuerzas policiales civiles y militares, lo cierto es que esto se da en un contexto de colusión con bandas criminales, concretamente con Guerreros Unidos, y que involucra a “alguien” ahí dentro de las corporaciones, pero que definitivamente no fue una acción dictada desde el gobierno como tal.

Creo que vale la pena hacer estas precisiones, para no perder el lid histórico. Ya lo dijo AMLO, que el caso del 68 fue producto de la intolerancia y la represión de un gobierno que quiso apagar un conflicto estudiantil a sangre y fuego, en lugar de privilegiar el diálogo. Para encubrirlo durante años hablaron de un complot extranjero comunista para desestabilizar al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, usando a los estudiantes, pero en realidad no fue tal, sino que en el marco de un conflicto entre planteles escolares que causaron disturbios en Tlatelolco, la orden que se dio desde la Secretaría General de Gobierno, fue la de enviar al Ejército y no a antimotines. Las fotografías de las tanquetas militares entrando a uno de los barrios más antiguos y habitados de la ciudad, para desarticular un mitin estudiantil, no dejan lugar a dudas de que el presidente de la República fue mal informado.

El Caso Ayotzinapa es con mucho diferente. En éste, las policías actuaron como brazos armados de un grupo delincuencial, al perseguir, detener y entregar a los estudiantes para su ejecución y desaparición. El elemento “narcotráfico” lo hace un tema aparte y especial, que el gobierno de AMLO debe tomar como punto de referencia para afincar la política de pacificación que anunciaron.

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